nombre reservado con FISCO DE CHILE - MOP XV REGION

Santiago, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado ingeniero, domiciliado en domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra del Fisco de Chile, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción representada legalmente por doña nombre reservado, Abogada Procuradora Fiscal, ambos con domicilio en domicilio reservado, en razón del acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la terminación anticipada de la contrata que servía como funcionario, mediante la dictación de la Resolución Exenta N° 3529 de fecha 23 de noviembre de 2018, por medio de la cual se decreta la no renovación de su contrata, vulnerando con ello sus derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N°s 1, 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que en enero de 2007 ingresó a prestar servicios para la recurrida como auxiliar a contrata, tenía 19 años. Indica que durante el periodo, se desempeñó en diversas reparticiones dependientes del Ministerio recurrido, desarrollando servicios de administración, al mismo tiempo que cursó estudios para obtener un título profesional, lo que se verificó en el año 2014, obteniendo el título de Ingeniero Comercial en la Universidad del Pacífico.

Señala que pasó a formar parte del equipo de profesionales del área de Fomento y Desarrollo, de la División de Asociatividad y Economía Social. Obtuvo un segúndo título profesional el año 2016, como Ingeniero Comercial y Licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas.

Añade que durante los años en que trabajó para la recurrida, ha procurado ejercer sus funciones de la mejor manera, siempre calificado en Lista 1. Refiere que su desvinculación, obedecería a la asunción de las nuevas autoridades políticas del país, lo que habría repercutido en que por primera vez en sus calificaciones fue incorporado en lista 3, la que luego de ser apelada, quedó en definitiva en lista 2. Lo anterior demuestra un ánimo persecutorio de sus jefaturas, el que raya en acoso laboral.

Los argumentos dados para la no renovación de contrata, no resultan ser efectivos -un importante deficit de competencias profesionales; no cumplimiento satisfactorio de las labores encomendadas; no entrega de reportes requeridos sobre los fondos concursables para proyectos que tiene el Gobierno regional lo que conllevó a que la SEREMIA no pudiera postular a ningún proyecto; no cumple con los plazos establecidos por su jefatura para la entrega de tareas; ausentarse de su trabajo en forma reiterada; no posee los conocimientos ni el perfil requerido para desempeñarse como profesional de apoyo a la gestión de la SEREMIA.

Sostiene que la decisión impugnada constituye un acto administrativo ilegal y arbitrario, porque no existen fundamentos que permitan sostener la necesidad de su desvinculación, no siendo efectivas la razones dadas para ello.

Analiza la normativa aplicable, Ley N° 18834, jurisprudencia judicial y de la Contraloría General de la República, para sustentar su reclamo, la que avalaría el mismo.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, sostiene que el actuar de la recurrida afecta aquellas consagradas en el artículo 19 N°1, por el daño sicológico ocasionado, por la impotencia al ser injustamente privado de su empleo: el artículo 19 Nº2, al haber recibido un tratamiento diferente frente al resto de los funcionarios cuyas contratas si son respetadas en cuanto a su vigencia; el artículo 19 Nº16, al impedir que su contrata sea mantenida en el tiempo, limitando la posibilidad de desarrollar su empleo en un Servicio Público; y artículo 19 Nº24, al afectarse profundamente la propiedad existente en relación a las remuneraciones que como funcionario pùblico percibe por su trabajo.

Por lo antes expuesto, solicita se ordene dejar sin efecto la resolución impugnada y todos y cada uno de los actos administrativos derivados de la misma, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, informando la parte recurrida a través de don nombre reservado, Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, solicita el rechazo del presente recurso.

En primer lugar, refiere que la Resolución Nº3529 de 23 de noviembre de 2018, versa sobre la no renovación de la contrata que servía el actor y no sobre término anticipado de ella como entiende el recurrente.

Analiza la normativa legal y jurisprudencial aplicable al efecto y señala que considerando la facultad legal que compete a la autoridad, el acto impugnado no resulta ser ilegal ni arbitrario.

Los empleos a contrata en la Administración Pública son esencialmente precarios, encontrándose sus autoridades legalmente facultadas para no renovar las contratas, sin necesidad de acto administrativo alguno que le ponga término por cuanto expira por el solo ministerio de la ley, no obstante aquello y de acuerdo a la jurisprudencia emanada tanto de los Tribunales de Justicia, como las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República, dichos actos deben comunicarse por escrito, fundamentados, motivados y notificados al efecto, presupuestos que en la especie se cumplieron.

En el caso particular, el señor Subsecretario a través de Resolución Administrativa Exenta N° 3529, de 23 de noviembre de 2018, procedió a informar al señor nombre reservado la decisión en orden a no renovar su contrata por las circunstancias que en el acto se contienen, ergo, la contrata del señor nombre reservado ha expirado por causa legal, pues al llegar al 31 de diciembre, la autoridad superior ha determinado no renovar su contrata, lo anterior sin perjuicio, como se ha señalado de dar estricto cumplimiento a la formalidades de forma y de fondo de los actos administrativos ello en concordancia con la Ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, particularmente en su artículo 11. Por tanto, resulta necesario destacar, que la actuación de esta Entidad Pública al emitir el mencionado acto administrativo, se ha ajustado plenamente al ordenamiento jurídico, en cuanto ha cumplido con todos los requisitos de validez para que tenga plena eficacia. Por lo demás, cabe manifestar que la Resolución Administrativa Exenta aludida sólo ha sido la manifestación de una facultad que posee la jefatura en orden a comunicar la decisión de no renovar una contrata fundada y motivada, de conformidad a las exigencias establecidas tanto por la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia así por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de República contenida, entre otros, en el dictamen N° 6-400, de 2018, impuesta a todos los órganos de la Administración del Estado, sin que pueda estimarse que ese acto sea ilegal en los términos sostenidos por el recurrente.

Ahora bien, como latamente expone en su informe, la resolución contiene todos los elementos de fundamentación y motivación que hicieron plenamente comprensible la decisión de la autoridad, ajustándose aquella a las instrucciones tanto de la Contrataría General de la República como de los Tribunales Superiores de Justicia en orden a fundamentarla, motivarla y notificarla.

De acuerdo a lo dicho, estima que en la especie no se han vulnerado las garantías constitucionales que se denuncian como amagadas, por lo que no siendo el acto impugnado ilegal o arbitrario, pide el rechazo del recurso en todas su partes.

Tercero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que la recurrida no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura de la resolución impugnada se desprende que la autoridad administrativa sí fundó su actuar, contiene el acto administrativo aludido todos los razonamientos que le llevó a no renovar la contrata del recurrente, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la ley N° 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar el juicio de la autoridad administrativa. Lo cierto es que el acto está motivado y el hecho que el recurrente no comparta los argumentos de la autoridad recurrida no lo torna en infundado.

Quinto: Que toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la ley N° 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. No se ha discutido que el recurrente fue nombrado “a contrata” para desempeñar funciones profesionales en el Servicio de Gobierno Interior a contar del 1 de junio de 2015 “y mientras sean necesarios sus servicios”, siempre que no excedan del 31 de diciembre del mismo año, dictándose luego su renovación sucesiva. El Decreto impugnado decidió no renovar dicha contrata para el año 2019 pero, de acuerdo al tenor del artículo 10 de la ley N° 18.834, “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año…”. Consecuentemente, la Administración, si tiene facultades para hacer cesar la contrata en cualquier tiempo antes del 31 de diciembre de 2018, con mucha mayor razón puede decidir no renovar la contrata para el año 2019, y no será esta decisión la que ponga término a su contrata, sino la llegada del plazo respectivo, que está contemplado en la ley. A mayor abundamiento, y tal como ya se consignó, en la especie el acto que decidió no renovar la contrata está debidamente motivado y no corresponde a los tribunales hacer un juicio, al menos en sede de protección, de tales fundamentos.

Sexto: Que, entonces, la contrata del recurrente no se terminó por decisión de la autoridad, esto es, no es la Resolución Exenta N° 3529 la que decidió poner fin a su empleo, sino el simple transcurso del tiempo, pues la letra c) del artículo 3° de la ley N° 18.834 señala que empleo a contrata es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución y que, conforme al artículo 10 de la misma ley, nunca pueden durar más allá del 31 de diciembre de cada año, según se encarga de señalar el artículo 10 de la citada ley, de suerte que ni siquiera ha debido la autoridad dictar la antedicha resolución, bastaba para terminar la contrata el que se cumpliera el plazo del último día del año 2018. Y lo que haya dicho la Contraloría General de la República sobre este particular no obliga a la judicatura.

Séptimo: Que, por todo lo dicho, sólo corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, la decisión de la administración de no renovar la contrata del señor nombre reservado, no es ni ilegal ni arbitraria y se plasmó en una resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 2° letra c) y 10 de la ley N° 18.834 y 11 inciso segundo de la ley N° 19.880, a lo que debe agregarse que las controversias que puedan existir acerca de dicha fundamentación supera los márgenes del recurso interpuesto.

Octavo: Que, en todo caso, ninguna de las garantías que se dicen amagadas merecen este adjetivo. En efecto, la afectación sicológica que dice padecer el recurrente, Nº1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como consecuencia del acto que reclama, no resulta ser justificada en autos; la igualdad ante la ley -N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República- debería haberse acreditado demostrando que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que el recurrente, lo que no ha sucedido. El derecho de propiedad, garantizado en el N° 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como muchas veces se ha dicho, no guarda relación con el caso sub judice, pues ciertamente no existe un derecho de propiedad sobre el ejercicio de una función pública, no tuvo nunca la recurrente el derecho de dominio sobre su empleo a contrata. Y la garantía del N° 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental sólo está protegida por el artículo 20 del mismo texto en lo que hace a la libertad de trabajo, la que ciertamente no se ha conculcado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida en estos autos, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redactó la Ministra señora María Soledad Melo Labra.

N°Protección-90142-2018.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora María Soledad Melo Labra e integrada por la Ministro señora Jessica González Troncoso y por el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.