nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de julio de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, el 16 de marzo de 2026, comparece la abogada Carla Nicole Cañón Rubio, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone acción constitucional de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en rechazar la solicitud de su representada de retiro de fondos previsionales efectuada de conformidad a la ley N° 18.156, lo que vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el actor presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales cumpliendo con todos los requisitos para ello, sin embargo, el 12 de marzo de 2026 la recurrida le comunicó su negativa, invocando fundamentos genéricos y sin motivación concreta, cuáles son: “Certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar afiliación” y “Título profesional se encuentra demasiado borroso para acreditar cuándo se obtuvo”.

En cuanto a la primera causal del rechazo, sostiene que certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no es genérico, toda vez que señala el nombre completo del titular, número de cédula, fecha de la primera afiliación, número de semanas cotizadas, último empleador y las contingencias cubiertas, esto es, enfermedad, invalidez, vejez, muerte y otras, de forma tal que se satisfacen todas las exigencias de la Ley N°18.156 y de la Circular N°553 de la Superintendencia de Pensiones.

Se otra parte, en cuanto a la exigencia de legalización o de apostilla de aludido certificado de afiliación, asegura que: (i) tal requisito no está previsto en la normativa pertinente; (ii) es sabido que resulta imposible apostillar documentos de origen venezolano, atendida la crisis consular de dicho país; (iii) la autenticidad del documento se puede verificar electrónicamente; (iv) se acompañó una declaración jurada notarial de afiliación, que constituye una prueba supletoria suficiente para tales efectos y; (v) el Oficio Ordinario N°12954, de 2025, de la Superintendencia de Pensiones, que invoca la recurrida como fundamento, no tiene fuerza de ley, no ha sido publicado en el Diario Oficial y no puede derogar ni restringir los requisitos establecidos.

En cuanto a la segunda causal de rechazo, relativo a que el título profesional se encuentra demasiado borroso, asevera que: (i) el documento está apostillado y tiene todos los datos del titular; (ii) el documento puede ser verificado electrónicamente y; (iii) la recurrida no indicó qué dato en específico no puede leerse, por lo que su representado se ve en la imposibilidad de subsanarlo.

Previa referencia a las garantías que entiende afectadas, solicita que se ordene a la recurrida a que reconozca la documentación acompañada, procediendo a emitir un nuevo pronunciamiento respecto a la solicitud de devolución de fondos previsionales y efectuar dicha devolución dentro de un plazo razonable.

Segundo: Que, el 25 de marzo de 2026, la abogada Romina Dalbosco Cornejo, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. evacuó el informe requerido, a través del cual solicita el rechazo del presente arbitrio, por estimar que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario de parte de su representada.

Expone que, en lo relativo al título profesional acompañado, la recurrida no cuestiona su validez, sino que se le solicitó al recurrente que acompañe una copia de mejor calidad, toda vez que la copia presentada es ilegible, lo que dificulta identificar cuándo el recurrente obtuvo la calidad de profesional.

De otra parte, en lo relativo al certificado de afiliación presentado, explica que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 18.156, el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, la circular N° 553 de la Superintendencia de Pensiones, el Libro II Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, y el Oficio Reservado N° 2966, de fecha 3 de agosto 2023, emitido por la División de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, los trabajadores extranjeros efectivamente pueden estar exentos de la obligación de cotizar en Chile, siempre que cumplan con ciertos requisitos legales, entre ellos, que se encuentren afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile que les otorgue prestaciones en materias de enfermedad, invalidez, vejez o muerte y que el documento que acredite tal calidad, se encuentre debidamente legalizado y apostillado.

Explica que la aludida normativa exige que los documentos emitidos fuera del país se encuentren debidamente legalizados, entendiéndose por tal, entre otras alternativas, el atestamiento de un agente diplomático acreditado en Chile por el Gobierno del país en que se otorgó el documento, cuya firma debe ser certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República.

Afirma que, si bien en el caso de Venezuela no existe representación diplomática acreditada, ello no exime del cumplimiento de los requisitos de legalización establecidos en la ley.

Asevera que la recurrida no cuenta con facultades para reemplazar, interpretar o dejar sin aplicación un requisito legal, como lo es la legalización consular exigida por el ordenamiento jurídico nacional, de forma tal que la imposibilidad de legalización de documentos no le puede ser imputada, y tanto menos traducirse en la obligación de aceptar documentos carentes de la debida autenticación legal, se forma tal que el actuar de la recurrida se ha ajustado estrictamente a la normativa vigente.

De otra parte, en cuanto a la posibilidad de verificar la validez del documento en cuestión a través de un enlace web, señala que la simple remisión a un portal de internet para validar documentos no cumple con los requisitos exigidos pro la legislación chilena para acreditar la validez de documentos extranjeros.

Agrega que la constancia presentada por el recurrente fue un documento erróneo en cuanto a su naturaleza, pues no acreditaba la afiliación efectiva ni la cobertura previsional exigida, y carecía de la legalización requerida para producir efectos legales en Chile. Asimismo, hace referencia al Oficio Ordinario N°12954 de fecha 17 de julio de 2025, emitido por la Superintendencia de Pensiones, que establece que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas ni apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para acreditar la exigencia en cuestión.

Finalmente, la parte recurrida argumenta que acceder a lo solicitado por la recurrente implicaría apartarse del principio de igualdad ante la ley y otorgar un trato diferenciado e injustificado sin respaldo legal suficiente, vulnerando la igualdad de trato que corresponde a todos los afiliados en circunstancias similares.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -es decir, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, conforme a lo señalado, el acto impugnado en estos autos consiste en la comunicación de fecha 12 de marzo de 2026 mediante la cual la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por la recurrente en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 18.156, fundándose dicha decisión en el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios exigidos para acceder a dicha devolución.

Quinto: Que, según el artículo 7 de la Ley N° 18.156, los trabajadores extranjeros que hubieren registrado cotizaciones previsionales en una administradora podrán solicitar su devolución, siempre que hayan cumplido previamente con las condiciones del artículo 1° del mismo cuerpo legal. Entre estas, se contempla que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social extranjero que otorgue prestaciones, al menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que haya expresado su voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato de trabajo. Esta normativa ha sido complementada y precisada por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones emitido por la Superintendencia de Pensiones.

Sexto: Que, en la especie, del mérito de los antecedentes allegados al proceso, se observa que la recurrente acompañó una constancia electrónica de cotizaciones ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Si bien este documento pretende acreditar su afiliación al sistema previsional venezolano, el mismo no cuenta con la debida apostilla o legalización exigida por la normativa vigente, requisito esencial para que dicho documento produzca efectos legales en Chile.

Séptimo: Que, en efecto, la exigencia legal de legalización o apostilla establecida expresamente en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil que dispone que "Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas. La autenticidad de las firmas y el carácter de estos funcionarios se comprobará en Chile por alguno de los medios siguientes:

1°. El atestado de un agente diplomático o consular chileno, acreditado en el país de donde el instrumento procede, y cuya firma se compruebe con el respectivo certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores;

2°. El atestado de un agente diplomático o consular de una nación amiga acreditado en el mismo país, a falta de funcionario chileno, certificándose en este caso la firma por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores del país a que pertenezca el agente o del Ministro Diplomático de dicho país en Chile, y además por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República en ambos casos; y 3°. El atestado del agente diplomático acreditado en Chile por el Gobierno del país en donde se otorgó el instrumento, certificándose su firma por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República".

En dicho sentido, la legalización o apostilla constituye una formalidad sustancial que permite dotar de autenticidad y fuerza probatoria a documentos públicos emitidos en el extranjero, razón por la cual no puede reprocharse a la AFP recurrida el haber desestimado el documento por carecer de esta formalidad.

Octavo: Que, de otra parte, en cuanto al rechazo fundado en la ilegibilidad del título profesional, puede advertirse de los documentos acompañados por la recurrida que aquel, atendida la calidad de la imagen, efectivamente es ilegible, no siendo bastantes para suplir dicha deficiencia la “certificación electrónica de firma de autoridad” y la apostilla respectiva.

Noveno: Que, en este contexto, la resolución de rechazo dictada por la administradora no se presenta como un acto ilegal, en la medida que encuentra sustento en normas legales y administrativas expresas. Tampoco se divisa arbitrariedad en su emisión, toda vez que se han aplicado de manera razonable y objetiva los requisitos previamente establecidos por el ordenamiento jurídico, sin apreciarse elementos de discriminación, irracionalidad o desvío de poder. Por el contrario, el actuar de la AFP Uno S.A. se ajusta a las facultades que le otorga la ley para verificar el cumplimiento de las condiciones necesarias para proceder con la devolución de fondos previsionales.

Décimo: Que, por lo demás, no se priva a la recurrente de la posibilidad de obtener la devolución de sus fondos en el futuro. En tal sentido, el rechazo actual no constituye una afectación definitiva o irreparable de sus derechos, sino una negativa basada en el incumplimiento de requisitos objetivos que pueden ser eventualmente subsanados.

Undécimo: Que, en atención a todo lo anterior, no se configura en la especie la existencia de un acto ilegal o arbitrario que justifique acoger la acción de protección intentada, la cual, como ha sido señalado reiteradamente por la jurisprudencia de los tribunales superiores, exige la existencia de un derecho indubitado, actual y evidente, cuyo ejercicio se vea afectado por una acción u omisión contraria a derecho.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-9012-2026.