nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de julio de dos mil veintiuno.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de don nombre reservado, por haber incurrido en actuaciones ilegales y/o arbitrarias.

Indica que la conducta se concretó en daños irreparables a la honra que pudieron ser constatados y en una constante y grave amenaza que afecta a la recurrente tanto a su integridad física y psíquica, como a su patrimonio.

Esa actuación, señala, constituye por sí misma y atendida su gravedad, una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que el artículo 19 de la Constitución Política del Estado señala en los números 1° y 4°.

Expone que la recurrente, en el ámbito y desarrollo de su vida personal se encontraba en una relación de pareja con quien fuera representante legal de las empresas Imprenta Grecia S.A., y Complementos Gráficos Publicitarios Ltda., don nombre reservado, actividad que se ha visto gravemente mermada a raíz de los avances tecnológicos, debiendo recurrir a una severa reducción de gastos y consecuentemente número de operarios y trabajadores. Dentro de los despidos se encuentra el recurrido Señor nombre reservado.

Pese a los esfuerzos desplegados para reactivar las empresas estas no pudieron repuntar, debiendo el señor nombre reservado no continuar con sus actividades empresariales, sin perjuicio de lo cual y; consciente de las acreencias generadas en favor de los ex trabajadores, actualmente se encuentra trabajando en calidad de empleado para cumplir con sus obligaciones, como lo hizo en parte, hasta donde tiene conocimiento.

Ahora bien, por la circunstancia de ser la ex-pareja del representante legal de la ex-empleadora del recurrido, la hace responsable de actuaciones no imputables a sus actos, de manera antojadiza, con el solo objeto de perjudicar y enlodar su imagen, por hechos que no le corresponde hacerse cargo, existiendo además un aparato jurisdiccional donde él debe recurrir. Alega que no le corresponde a ella ser responsable legal, moral, y éticamente por actuaciones que no son de su persona.

Indica que los descargos y actuaciones debe efectuar el recurrido nombre reservado en contra de su ex empleadora en la instancia y sede pertinente, esto es ante Juzgado laboral competente, más nunca en contra de la recurrente a través de redes sociales como Facebook, con las graves consecuencias que ello provoca.

No se trata pues, en ningún caso, de “daños menores” que puedan fácilmente revertirse. La gravedad de esta situación, asegura, además del evidente e irreparable menoscabo moral por afectar la honra, credibilidad, honestidad, integridad de la recurrente, la deja expuesta, a diario, a toda suerte de recriminación, a ser tratada por su entorno social y laboral casi como una delincuente, todo ello por las nefastas consecuencias que se están produciendo a partir de la publicación que el recurrido efectúo en las redes sociales y en diferentes grupos de Facebook.

Como garantías fundamentales vulneradas, refiere en primer lugar el derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona, reconocido en el artículo 19 N° 1º de la Constitución Política de la República. La conducta en que ha incurrido el recurrido resulta ilegal o, en su caso, arbitraria, en la medida que no por el hecho de contar con acreencias laborales contra su ex empleador Imprenta Grecia S.A., cuyo representante legal actualmente es su ex-pareja, se encuentra habilitado para efectuar publicaciones que resultan solo favorable a sus intereses en cuanto a deshonrar no solo y directamente al representante su ex empleador, dejando de lado toda consideración o respeto por la situación que afecta a terceros, cual es el caso de la recurrente, quien sin ser responsable de las acciones del señor nombre reservado, se ve enfrentada al escrutinio social.

Estima que los daños que imputa a la conducta del recurrido constituyen una evidente afectación o, a lo menos, grave amenaza al derecho que, como cualquier habitante de nuestro país, a no verse afectados en su integridad física y psíquica.

En efecto, continúa, esos daños involucran la honestidad, integridad, años de esfuerzo, sacrificio y trabajo, el reconocimiento de su labor profesional y de su calidad de profesional, que repercuten en un irreparable menoscabo moral, sino también, perjuicio pecuniario al verse enfrentada con la casi certeza de sufrir despido laboral; es decir, afectan la tranquilidad emocional y espiritual que cualquier persona desea mantener en la privacidad de su vida.

Solicita que se acoja la acción, declarando que debe restablecerse el imperio del Derecho, sobre la base de cesar en forma inmediata en la publicación y propagación de cualquier acto que implique o pueda implicar afectación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales invocadas, sin perjuicio, además, de establecer su obligación en orden a proceder, también en forma inmediata, a reparar mediante desmentido a través de los mismos medios de publicación redes sociales y a entera satisfacción de la afectada, los graves daños que ellos actualmente producen, todo ello, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que, informando el recurrido hace presente que la publicación ya fue eliminada, incluso antes que la recurrente presentara la acción, y antes que en causa seguida ante el 11º Juzgado de Garantía de Santiago, donde la recurrente, se querelló contra él, con motivo de la misma publicación en comento, por el delito de injuria y calumnias, se fijara audiencia a solicitud de la fiscalía, para comunicar, la decisión de no perseverar en la investigación por cuanto, durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación.

Refiere que la publicación en cuestión se refirió exclusivamente a la terminación de los vínculos laborales que mantenía con sus trabajadores, entre estos el recurrido, y la expareja de la recurrente en su calidad de director de las entidades jurídicas Imprenta Grecia S.A., y Complementos Gráficos Publicitarios Ltda., reconociendo además, la recurrente tener conocimientos de la existencia de pasivos laborales a favor de esa parte y otros trabajadores, además, de conocer muy bien el estado de la empresa y labores de su expareja, con respecto a los motivos que tuvo en su momento para incumplir sus obligaciones o ¨acreencias laborales¨ como lo señala en la acción, pero también señala que actualmente su expareja, ¨se encuentra trabajando en calidad de empleado para cumplir con sus obligaciones, como lo hizo en parte, hasta donde tiene conocimiento¨, conocimiento, que no es del todo acabado, puesto que en sede laboral la causa se aleja de esa realidad, no así en la querella presentada en su contra, donde incluso, su expareja, fue presentado como testigo.

Más allá de la inverosímil afirmación realizada en el sentido que los descargos debe hacerlos ante el Juzgado laboral competente, lo cierto es que, en efecto existe un procedimiento judicial en curso, ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, RIT N° O-2270-2020, en cual se demuestra que el recurrido ha ejercido oportunamente su acción por despido injustificado, nulidad del despido, cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales y reconocimiento de unidad económica o empleador común, procedimiento laboral que es mencionado incluso en la misma publicación imputada como lesiva de derechos fundamentales.

En este sentido, hace presente que incluso la misma recurrente reconoce en su escrito que los hechos contenidos en la publicación de Facebook impugnada y acusada como “injuriosa”, se ciñen estrictamente a la deuda laboral que don nombre reservado posee insoluta con sus trabajadores, de la cual ella tenía conocimiento.

En este sentido, estima adecuado recordar que el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República no es sinónimo de una garantía absoluta, por el contrario posee sus límites tanto en la ley, como en la necesaria ponderación que el sentenciador deba realizar entre la libertad de expresión y la honra.

La supuesta divulgación de comentarios “injuriosos” a la cual el recurso se refiere no es otra que los hechos estrictamente relacionados con la causa laboral seguida ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo, procedimiento laboral que conforme a lo establecido en el artículo 425 del Código del Trabajo, en concordancia al artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales, se encuentra regido por el principio de publicidad.

Como consecuencia de ello, el nuevo procedimiento laboral está exento de secretismo, lo que conlleva que cualquier persona con un mínimo conocimiento digital pueda ingresar desde cualquier ordenador a la página web del Poder Judicial y acceder así a la misma información que fue publicada en su red social Facebook con fecha 29 de septiembre de 2020, información que se encuentra controvertida en estos autos, ya que, a entender del recurrente ha resultado “injuriosa” y “afecta” su honra, sin embargo, no son otros que los hechos contenidos en la causa laboral, contra su expareja.

Respecto al derecho a la honra y al honor, no es un derecho absoluto, pues su protección admite límites. Dicho derecho debe ser debidamente ponderado con la libertad de expresión, en especial cuando las posibles expresiones injuriosas han sido emitidas a través de un medio de comunicación digital, como sucede en este caso.

Pese a que con las expresiones manifestadas por escrito se muestran señales de impotencia, tristeza y enojo, esto no obedece a una venganza o un ajusticiamiento. En apoyo a su afirmación, cita jurisprudencia.

Concluye que tal como lo ha dispuesto la jurisprudencia, de considerarse que el acto recurrido constituye un atentado al derecho a la honra de aquellos en cuyo favor se recurre, se ha establecido como medida idónea para el restablecimiento del imperio del Derecho y la debida protección de los afectados, la orden de retirar las publicaciones cuestionadas –lo cual ya se ha hecho- y abstenerse de realizar otras nuevas concernientes a los actores –compromiso el cual, esa parte asume desde ya.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que el acto que se tacha de ilegal y arbitrario está constituido básicamente por la realización de publicaciones en una red social que la recurrente estima desdorosa y lesiva a sus derechos fundamentales;

QUINTO: Que, sin embargo, cabe destacar sobre el particular que el asunto ya se encuentra sometido al imperio del derecho de momento que se sustancia en la actualidad un proceso penal por delito de acción penal privada ante el 12° Juzgado de Garantía de esta ciudad (Causa RUC N° 2010053624-3, RIT N° 5022-2020). Al ser así, a estas alturas no existe medida de cautela que pueda o deba adoptarse a propósito de esta acción constitucional porque, de hacerse, implicaría emitir algún tipo de pronunciamiento anticipado acerca de un asunto pendiente ante el juez natural y competente;

SEXTO: Que, en cualquier caso, la recurrente dispone también de la alternativa de acudir al administrador de la respectiva plataforma informática requiriendo la eliminación de las publicaciones que reclama, haciendo uso de los mecanismos dispuesto para ese fin.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido a favor de doña nombre reservado, en contra de don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-90048-2020.