Protección contra Colegio nombre reservado y de la Fundación nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen nombre reservado y nombre reservado, en representación de su hijo nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado y de la Fundación nombre reservado, en su calidad de sostenedora, por haber incurrido en el acto que califican de ilegal y arbitrario consistente en la cancelación de la matrícula del referido estudiante de Segundo Medio. Actuación que consideran lesiva, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, debido proceso y derecho a la educación, garantizados por la Constitución Política de la República.

Exponen que el día 1 de diciembre de 2025, el alumno halló en las inmediaciones del establecimiento un objeto de plástico con forma de arma. Sostienen que, lejos de ocultar dicho elemento o utilizarlo con fines de intimidación, el menor procedió a entregarlo de manera voluntaria e inmediata a las autoridades escolares al ingresar al recinto. Aduce que, no obstante, esta conducta la autoridad del colegio decidió aplicar la sanción máxima de expulsión.

Explican que la decisión de la dirección se fundó en un proceso de investigación que concluyó que la permanencia del estudiante representaba un riesgo real para la comunidad, resultando en el rechazo de una apelación interna con fecha 18 de diciembre de 2025. Alegan que tal determinación no consideró la trayectoria escolar previa del alumno, quien carecía de sanciones anteriores, provocándole un grave perjuicio emocional y académico.

Sostienen que el acto es ilegal por infringir la Ley General de Educación y los principios de un procedimiento previo, racional y justo. Argumenta que no se convocó a un consejo disciplinario ni existió un acta formal que acreditara un análisis de proporcionalidad. Asimismo, califican el acto de arbitrario por carecer de fundamento razonable, al ignorar la entrega voluntaria del objeto y la naturaleza no funcional del mismo.

En definitiva, solicitan que se declare ilegal y arbitraria la cancelación de matrícula, se deje sin efecto dicha medida y se ordene la reincorporación inmediata del alumno nombre reservado, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Carta de acción de protección; 2) Documentación de prueba no especificada adjunta al correo; y 3) Notificación de rechazo de apelación emitida por la Directora del Colegio nombre reservado.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe, don nombre reservado, en representación de la Fundación nombre reservado, entidad sostenedora del Colegio nombre reservado, solicita el rechazo total e íntegro de la acción deducida, argumentando que esta carece de fundamentos y sustento jurídico, toda vez que no existiría un actuar ilegal o arbitrario por parte del establecimiento.

Sostiene una versión contrapuesta a la del recurso, señalando que el día 27 de noviembre de 2025, el estudiante nombre reservado ingresó al colegio con una pistola a balines, la cual fue utilizada en reiteradas ocasiones dentro del recinto. Alude que el proceso de indagación se inició el 1 de diciembre, tras ser requisada el arma por una docente, oportunidad en la que el propio estudiante reconoció ser el propietario del objeto y haberlo utilizado en el establecimiento, lo cual fue ratificado por testimonios de otros alumnos involucrados. En consecuencia, afirma que la medida de cancelación de matrícula se fundó en la gravedad del hecho, el riesgo provocado a la comunidad educativa y las reiteradas infracciones al reglamento interno por parte del menor.

Argumenta que se dio estricto cumplimiento a la normativa vigente, incluyendo el Decreto N° 315, el DFL N° 2 y la Resolución Exenta N° 482 de la Superintendencia de Educación. Asegura que se respetaron todas las etapas del debido proceso, informando oportunamente al alumno y su apoderada, permitiéndoles presentar descargos y garantizando el derecho a apelación. Hace presente que la reconsideración de la medida fue sometida al Consejo de Profesores, el cual decidió de manera unánime mantener la expulsión el día 17 de diciembre de 2025, quedando la resolución firme y ejecutoriada.

Denuncia la improcedencia del recurso alegando que el acto no es ilegal, pues el porte de armas —sean reales o con apariencia de tales— está tipificado como una falta gravísima en su Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE). Asimismo, descarta la arbitrariedad, señalando que la decisión no es fruto del capricho, sino que se inserta en el ejercicio de la autonomía y libertad de enseñanza que la Constitución garantiza a los establecimientos para organizar su proyecto educativo y disciplina interna.

Para acreditar sus alegaciones, la recurrida incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Expediente disciplinario del estudiante nombre reservado; 2) Reglamento Interno del Colegio nombre reservado; 3) Mandato Judicial otorgado por escritura pública de fecha 21 de junio de 2024.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: A efectos de resolver el presente caso resulta oportuno considerar que el artículo 6 letra d), del D.F.L. n°2 de 1998, del Ministerio de Educación, prescribe que los Establecimiento particular subvencionados, cuya naturaleza ostenta el Colegio nombre reservado, como exigencia para impetrar el pago de subvención contar con un Reglamento Interno, que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados, que deberá señalar las normas de convivencia.

La norma citada dispone que la medida de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrá aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme lo dispone esta ley.

Asimismo, define que se debe entender por afectación grave de la convivencia escolar, como aquellos actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.

Además, impone al Director del establecimiento educacional “la obligación de iniciar un procedimiento sancionatorio para el caso en que algún miembro de la comunidad educativa incurra en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a esta ley”.

Esta misma norma, en los párrafos siguientes establece las etapas del procedimiento sancionatorio, que comienza con la notificación por escrito, los plazos y los derechos que le asisten al sancionado de presentar prueba, los principios que lo informan, y el derecho a pedir reconsideración.

QUINTO: De la revisión de los antecedentes se advierte que la decisión que se impugna por esta vía ha sido adoptada claramente por el órgano establecido por el D.F.L. n°2 de 1998 del Ministerio de Educación, que recae en el Director del Establecimiento de Educación Colegio nombre reservado, actuación que se ha ejercido conforme al protocolo previsto para casos de afectación grave a la convivencia escolar, según lo contempla el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE 2024) de este establecimiento.

En efecto, según ha quedado establecido, la mencionada autoridad ha aplicado estrictamente el Reglamento de Convivencia escolar, que establece el catálogo detallado de las conductas que considera faltas disciplinarias y de convivencia de tipo leve, graves y gravísimas.

Así, en el número IV establece las medidas disciplinarias, letra e) Cancelación de matrícula, que las faltas gravísimas traen aparejada la sanción de expulsión o cancelación de matrícula, conforme a un protocolo de actuación para esta sanción.

En el punto 7.4 letra d) del Reglamento, que contiene un catálogo detallado de conductas que constituyen faltas gravísimas, entre otras: “Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos”.

De esta manera no cabe sino concluir que el Director del establecimiento individualizado no ha incurrido en ilegalidad alguna al disponer la medida de cancelación de matrícula objeto de esta acción constitucional, desde que, como se ha venido señalando, se ha impuesto esta sanción por haber cometido el estudiante una falta gravísima, la que se encontraba previamente descrita en el Reglamento de Convivencia escolar, la que ha sido precedida del respectivo proceso disciplinario, en que el afectado ha podido ejercer los derechos previstos en la ley.

Asimismo, se descarta arbitrariedad en la decisión que se impugna, toda vez que fue adoptada dentro de un proceso que contempla las etapas propias de un debido proceso, que consta de la notificación inmediata al apoderado, el derecho a ser oído, luego un periodo breve para recabar antecedentes, la dictación de la resolución, su notificación, la información del derecho a recurrir de esta resolución, ante el mismo órgano, la opinión del consejo de profesores y la resolución del recurso. Derecho que fue ejercido por la madre del alumno, que interpuso recurso de apelación ante la autoridad que dictó medida de cancelación de matrícula, desestimándose el recurso, luego de recabarse la opinión del consejo de profesores.

Por último, cabe consignar que la versión que se describe en el presente recurso, de que el alumno se encontró el arma a las afueras del colegio y la entregó voluntariamente, difiere largamente con los antecedentes que constan del proceso disciplinario, puesto que en éste se estableció, mediante la declaración de los testigos, que el alumno en cuyo favor se recurre, ingresó al colegio con la pistola a balines y efectuó varios disparos al interior de éste, reconociendo, además, que el artefacto era de su propiedad, hechos que configuraron la infracción grave y la sanción prevista para ésta.

SEXTO: De esta forma, habiendo establecido que el Director del Colegio nombre reservado no ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna al imponer la sanción de cancelación de la matrícula al alumno por quien se recurre, sino que ha ajustado su actuación conforme a las normas legales que regulan la materia, y conforme a los principios del debido proceso y proporcionalidad establecido en la ley y el respectivo Reglamento de Convivencia del establecimiento, que establecen la sanción de cancelación de matrícula frente a una falta gravísima a la convivencia, como aconteció en el caso de marras, no cabe sino rechazar la acción constitucional intentada.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por nombre reservado y nombre reservado, en favor de su hijo nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado y de la Fundación nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó el Ministro (S) señor Carlos Escobar Salazar N°Protección-9-2026.