Protección contra Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, ocho de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparecen Gabriela Hilliger Carrasco e Isadora Castro Zumarán, abogadas de la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes, y Francisca Javiera Vargas Rivas, abogada de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, y deducen recurso de protección en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos de nacionalidad colombiana, y en contra de la Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones (Departamento de Refugio y Protección Internacional), por la omisión arbitraria e ilegal en que habrían incurrido al no haber emitido pronunciamiento acerca de sus solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados, lo que vulneraría los derechos que la Constitución Política de la República les reconoce y protege en los Nos 1 y 2 del artículo 19.

Luego de señalarse la situación particular de cada una de las personas en cuyo favor se ejerce la acción indican que las autoridades recurridas no han entregado una respuesta favorable dentro de un plazo razonable a las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, habiendo transcurrido más de 3 años 5 meses en el caso de nombre reservado, 3 años 10 meses en el de nombre reservado, 7 años 7 meses en el nombre reservado, 5 años 3 meses en el nombre reservado, 6 años 8 meses en el de nombre reservado, 10 años en el de nombre reservado y 2 años 9 meses en el de nombre reservado.

Esta omisión sin fundamento transgrede las Leyes Nos 19.880 y 20.430 y carece de toda razonabilidad, de modo tal que cabe calificarla de arbitraria e ilegal, produciendo la vulneración de los derechos fundamentales mencionados.

Segundo: Que evacúa informe el Servicio Nacional de Migraciones y pide el rechazo del recurso.

Argumenta que las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de todos los recurrentes se encuentran en tramitación y que no se ha dictado respecto de ellos medida alguna que ponga en peligro su permanencia en el país, encontrándose todos ellos en condición migratoria regular con visación de residencia temporal, en calidad de titular y por un periodo de 8 meses, que se prorrogan regularmente.

En cuanto al tiempo de tramitación la autoridad migratoria indica que el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a seis meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas. Lo anterior, añade, significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que ha sido reconocido por los tribunales como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de naturaleza migratoria, sin que ello, por sí solo, implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición en el país.

En razón de lo anterior considera que no existen antecedentes objetivos que den cuenta de un actuar negligente o de una conducta omisiva que infrinja las disposiciones de las Leyes Nos 19.880 y 20.430 y el Reglamento de esta última.

Tercero: Que evacúa también informe la Subsecretaría del Interior y pide igualmente el rechazo del recurso.

Argumenta al efecto que el artículo 19 de la Ley N° 20.430 establece que el otorgamiento, rechazo, cesación, cancelación o revocación de la condición de refugiado será resuelto por el Ministerio del Interior, a través de Resolución del Subsecretario del Interior, exenta del trámite de toma de razón, teniendo en consideración los antecedentes y recomendaciones emanadas de la Comisión que se establece en el artículo siguiente. Por su parte, el artículo 20 crea la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, organismo encargado de asesorar al Ministerio del Interior y de proveer la información necesaria para decidir respecto del otorgamiento, rechazo, cesación, cancelación o revocación de la condición de refugiado.

Agrega que tal como informó el Servicio Nacional de Migraciones, consta que actualmente todas las solicitudes de la parte recurrente han sido recibidas y acogidas a tramitación por dicho Servicio, encontrándose actualmente en tramitación ante aquel, lo que implica que a la fecha la Subsecretaría del Interior no ha tenido intervención en la tramitación de las solicitudes de autos, siendo la etapa previamente señala una anterior respecto de aquella en que le corresponde comenzar a conocer del asunto.

Finalmente manifiesta que las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado son sometidas a un análisis particularmente exhaustivo, lo cual significa una tramitación más extensa que la esperada por las personas que las realizan y ese análisis exhaustivo se encuentra plenamente justificado, dada la importancia, tanto jurídica como práctica, que implica reconocer a una persona extranjera como beneficiaria de una protección especial por parte del Estado, en base a antecedentes específicos y fundados que permiten a la autoridad tener por acreditada la existencia de un temor fundado de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política; o por encontrase amenazada su vida, seguridad o libertad por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva da derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en su país de origen, entre otras circunstancias igualmente graves.

Cuarto: Que la jurisprudencia invariable de la Corte Suprema, refrendada por la doctrina, sostiene que el recurso de protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política constituye una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que adopten de inmediato las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, asimismo, han sostenido de manera uniforme que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado. Finalmente, se sostiene también uniformemente que para acoger una acción como la de la especie es menester constatar el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado.

Dicho de otro modo y en lo que específicamente interesa, el recurso consagrado en el artículo 20 de la Carta Fundamental ha sido concebido como una acción eminentemente cautelar, que tiene por objeto brindar protección inmediata, pronta y eficaz ante privaciones, perturbaciones o amenazas en el legítimo ejercicio de derechos y garantías reconocidos por la Constitución, frente a ataques o peligros que requieren de una actuación pronta para ser eficaz, mas no para crear situaciones jurídicas definitivas o consolidadas. Por lo mismo, su ejercicio deja a salvo los demás derechos que pueda hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, no sólo en relación al recurrente, sino también respecto de aquel contra quien el recurso se deduce.

Quinto: Que de conformidad a lo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 19.880, los órganos que forman parte de la Administración del Estado deben regir su actuar por el principio de celeridad, que impone a la autoridad la obligación de impulsar de oficio todos sus procedimientos, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente, además, con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8° de la misma ley, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental del artículo 9°, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por otro lado, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad, señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Sexto: Que dentro de este escenario normativo descrito también es relevante destacar especialmente que el artículo 27 de la aludida ley dispone que “salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”.

Ahora bien, atendido el claro tenor de este precepto y sin perjuicio de coincidirse con las autoridades informantes en el sentido que se trata de un término no fatal, no cabe sino sostener que atendida la data de las peticiones de reconocimiento de la condición de refugiados formuladas por los recurrentes existe una clara vulneración de la normativa precitada, pues a la fecha no existe pronunciamiento alguno de la autoridad respectiva debidamente fundado, con antecedentes concretos y precisos, comunicada a los recurrentes, lo que trae aparejado el desconocimiento del resultado de su petición, habiendo transcurrido en todos los casos un período de tiempo más que considerable y en unos hasta escandaloso.

La Corte no desconoce el volumen que han alcanzado las peticiones en materias de reconocimiento de la condición de refugiado, pero en este caso, como se dijo, se han superado con largueza los plazos razonables.

Séptimo: Que, en estas condiciones, la omisión evidenciada lesiona el derecho a la igualdad de trato que favorece a los recurrentes de conformidad con el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, dado que no existe razón atendible que justifique que no se proceda a su respecto del modo que regula la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos.

En tales condiciones, el recurso habrá de ser acogido, en los términos precisos que se dirá.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge el recurso deducido por las abogadas Gabriela Hilliger Carrasco, Isadora Castro Zumarán y Francisca Javiera Vargas Rivas en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, sólo en cuanto el Servicio Nacional de Migraciones deberá emitir, dentro de los 60 días siguientes a que esta sentencia quede ejecutoriada, el informe técnico necesario a fin de que la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado proponga al Ministerio del Interior el reconocimiento o rechazo de tal condición respecto de las personas nombradas y éste resuelva a través de la Subsecretaría del Interior.

Comuníquese por la vía más expedita.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

N° 8997-2026.