nombre reservado con SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Santiago, seis de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece la abogada Makarena García Dinamarca, quien deduce acción de protección constitucional a favor de nombre reservado, ingeniero en administración pública, y en contra de la Subsecretaría de Evaluación Social, por haber incurrido en el acto arbitrario e ilegal de poner término a su contrata el 23 de noviembre del año pasado, afectando las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2º, 16º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando se acoja el recurso, adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, invalidando el procedimiento administrativo que dispuso su desvinculación, con costas.

Expresa que el recurrente comenzó a prestar funciones para la recurrida el 1 de febrero de 2013 en calidad de funcionario a contrata, como analista de remuneraciones, ello luego de un proceso de selección a través de concurso público, para posteriormente, a partir del 1 de diciembre de 2015, fue contratado en la planta profesional grado 8º EUS, de acuerdo a la resolución Nº 119515/2015 de 28 de diciembre de 2015, grado que mantuvo hasta la desvinculación.

Refiere que durante los cinco años que prestó servicios a la recurrida, siempre fue pre calificado en lista Nº 1, salvo en 2018, que obtuvo un puntaje de 4,4, en su calificación sin cambio de nota, en instancia de apelación ante la autoridad del servicio el 28 de noviembre del año pasado. Explica que esta última nota no fue justificada, agregando que la carta nunca llegó a su domicilio, razón por la cual, apeló a la calificación el 28 de noviembre pasado, sin que a la fecha exista una respuesta de la autoridad a dicha apelación, quedando aún la instancia de reclamo ante la Contraloría General de la República.

Refiere que dentro de las anotaciones de mérito con las que cuenta, existe una de 29 de enero de 2015, en que el Jefe de Departamento de RRHH don nombre reservado, indicó que destacaba su alto compromiso, interés y dedicación respecto al proceso de contratación a honorarios, los cuales fueron tratados con máxima prioridad por el funcionario, logrando con esto poder pagar 33 honorarios de un universo de 36 en un tiempo muy acotado.

Alude latamente a la trayectoria profesional y académica del protegido, quien cuenta con una serie de perfeccionamientos y capacitaciones.

Señala que el 26 de noviembre de 2018, a través de dos compañeros de trabajo tomó conocimiento de la no renovación de su contrata, aparentemente en razón que en marzo 2018 fue detectada una regularización del monto del viático por reajustes de la tabla que no incluyó todos los cometidos, por lo que la jefatura del departamento le solicitó a través de correo electrónico de 4 de abril la revisión y regularización correspondiente, situación que hasta esa fecha no había finalizado.

Asimismo, tuvieron en consideración que el recurrente contribuía negativamente a la resolución de los conflictos, unido al hecho que el protegido ha cometido una serie de errores con un alto impacto en los funcionarios y en los procesos de la recurrida, por ejemplo, un error en cálculo de bono de retiro de un trabajador, lo que se refleja en su última evaluación de desempeño, en la que obtuvo una de las calificaciones más bajas de la Subsecretaria, quedando en lista 3 condicional.

Añade que el 29 de octubre de 2018 presentó ante el 2º Juzgado de Letras del Trabajo una demanda de tutela laboral por vulneración de Derechos Fundamentales, RIT 1652-2018, invocando el artículo 19 Nº 1, 4º y 16º de la Carta Fundamental, en contra de la Subsecretaria de Evaluación Social por actos que sus superiores jerárquicos habrían realizado en contra del protegido, hechos que además fundamentan la resolución de la ACHS, Resolución de Calificación del origen de los accidentes y enfermedades Ley Nº 16.744, Nros. 603207118052018 de 18 de mayo de 2018 Nº de caso código Nº 4620199, en la que se declaró que fue detectado como agente de riesgo: liderazgo disfuncional de estilo autocrático, el empleador tiene la obligación de readecuar el puesto de trabajo o cambiar al trabajador con la finalidad de cesar la exposición al agente causante de la enfermedad profesional.

Alega que el acto recurrido carece de motivación, unido al hecho que es posterior a la presentación de su demanda de tutela laboral.

Señala que no ha sido objeto de sumario administrativo alguno, así como no le ha sido aplicado en todos los años de desempeño, sanción disciplinaria alguna, no resultando pertinente atribuirle responsabilidad administrativa.

Añade que le asiste el principio de estabilidad en el empleo y confianza legítima creada por la Contraloría General de la República.

En cuanto a las garantías constitucionales que acusa afectadas, refiere que lo ha sido la igualdad ante la ley, desde que ha sido sometido a un trato desigual, carente de justificación racional, basado en diferencias arbitrarias y en ausencia de proporcionalidad.

En segundo término, expresa que ha sido vulnerado el derecho de propiedad sobre los intereses anexos a su empleo.

Y por último se refiere a la libertad de trabajo, sosteniendo que ha sido afectada, en razón que no ha podido continuar ejerciendo las funciones como personal a contrata como lo hacía habitualmente.

Culmina la presentación, solicitando se acoja el recurso, adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, invalidando el procedimiento administrativo que dispuso su desvinculación, con costas.

SEGUNDO: Que la Subsecretaría del ramo, evacuando el informe requerido pide el rechazo del recurso con costas.

En primer lugar, afirma que la materia discutida no es posible de ventilarse en el marco de una acción cautelar como la de protección, por cuanto escapa a su naturaleza jurídica.

Explica que en la especie no existe arbitrariedad e ilegalidad alguna, desde que la contratación del protegido regía para 2018 hasta que fueran necesarios sus servicios, sin que le asistiera el principio de protección de la confianza legítima, dado que no existe ningún acto administrativo o declaración de voluntad alguna de la Administración en orden a renovar la contrata del funcionario para el año en curso.

Agrega que no se ha generado ningún tipo de derecho para el funcionario sino que en el mejor de los casos una mera expectativa, como ha sido reconocido por la jurisprudencia.

Afirma que la resolución recurrida no adolece de falta de fundamentación, como sostiene el protegido, por cuanto, fueron citados los documentos o antecedentes que se tuvieron en consideración para no renovar la contrata, tales como el segundo informe del desempeño, que corresponde al periodo que media entre marzo de 2018 y julio de 2018, teniendo en consideración las condiciones personales, capacidad de gestión y rendimiento, con la descripción de la situaciones o cualidad del funcionarios evaluado que se ponderaron al momento de asignar las notas, además de las asignadas en la precalificación.

De igual forma, consigna que consta en el acta de la segunda sesión de la Junta Calificadora de la Subsecretaría recurrida, de 4 de octubre de 2018 que por unanimidad de sus integrantes se determinó mantener la calificación del protegido, esto es la nota 4,49 la que lo ubica en lista Nº 3, esto es, condicional. En relación a la apelación de la calificación sancionada por la Junta Calificadora de la Subsecretaría de Evaluación Social, señala que fue declarada inadmisible por extemporánea de acuerdo a Resolución N1 01 de 2 de enero de 2019. Respecto al hecho que la no renovación se debería a la demanda de tutela laboral presentada por el actor, aduce que no es materia propia del conocimiento del presente recurso atendida la naturaleza cautelar de la acción de autos.

En cuanto a las garantías constitucionales que acusa afectadas, refiere que no se ha vulnerado la igualdad ante la Ley, dado que se ha ceñido al procedimiento administrativo que prevé la ley, y ha quedado suficientemente fundado el acto administrativo controvertido.

Respecto a la libertad de trabajo, sostiene que no ha sido vulnerada, atendido que a través de ella se busca resguarda el derecho a buscar un trabajo, aunque sin garantizar que se obtenga el pretendido u otro satisfactorio.

En relación al derecho de propiedad, afirma que nunca el recurrente ha tenido un derecho de propiedad sobre su empleo, como máximo una mera expectativa no amparada por la presente acción cautelar.

TERCERO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, atento los antecedentes que se han tenido a la vista, estimamos que la Subsecretaría de Evaluación Social no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura del acto impugnado se desprende que la autoridad administrativa sí fundó su actuar, que la Resolución Exenta 0449 de 23 de noviembre de 2018 sí expone todos los razonamientos que llevaron a la recurrida a dar por terminada la contrata de la recurrente, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar el juicio de la autoridad administrativa. Lo cierto es que el acto está motivado y el hecho que la recurrente no comparta los argumentos de la Subsecretaría de Evaluación Social no lo transforma en infundado.

QUINTO: Que por todo lo dicho sólo corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, como ya se indicó, la decisión de la administración plasmada en la Resolución Exenta 0449 de 23 de noviembre de 2018 de la Subsecretaría de Evaluación Social de poner término a los servicios del señor nombre reservado por las razones que allí se señalan, no es ni ilegal ni arbitraria y se plasmó en una resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 2° letra c) y 10 de la ley 18.834 y 11 inciso segundo de la ley 19.880, a lo que debe agregarse que las controversias que puedan existir acerca de dicha fundamentación superan los márgenes del recurso interpuesto.

SEXTO: Que, en todo caso, ninguna de las garantías que se dicen amagadas lo han sido realmente. En efecto, la afectación a la igualdad ante la ley -N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República- debería haberse acreditado demostrando que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que la recurrente, lo que no ha sucedido. El derecho protegido en el N° 16° del mismo artículo de la Carta Fundamental sólo lo está en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en su inciso cuarto, esto es, en lo referido a que ningún trabajo puede ser prohibido, con las excepciones que allí se señalan, hipótesis las anteriores que no se satisfacen en la especie. Y el derecho de propiedad, garantizado en el N° 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como muchas veces se ha dicho, no guarda relación con el caso sub judice pues ciertamente no existe un derecho de propiedad sobre el ejercicio de una función pública, pues no tuvo nunca el recurrente el derecho de dominio sobre su empleo a contrata.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida en estos autos, sin costas.

Se previene que el ministro señor Astudillo no adhiere a lo expresado en el fundamento sexto, por estimarlo innecesario.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro (S) señor Figueroa.

N° 89966-2018 Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Miguel Vázquez Plaza e integrada por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras y por el Ministro (S) señor Gonzalo Figueroa Edwards.