nombre reservado con HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DR. LUIS VALENTIN FERRADA

Santiago, veintiuno de enero de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, enfermera, domiciliada en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra del Hospital Clínico El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada, representado legalmente por don nombre reservado, médico, por la omisión ilegal y arbitraria que perdura al día de hoy, la cual viola sus derechos establecidos en los numerales 2°, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando se adopten todas las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, en especial que la recurrida debe incorporarla en sus funciones y pagarle las remuneraciones desde el mes de abril de 2020 hasta la sentencia definitiva, con expresa condena en costas.

Funda la acción deducida en la circunstancia que fue contratada el 26 de mayo de 2014, con grado 10, como enfermera clínica en el servicio de pediatría hospitalizados, en calidad de contrata, la que fue prorrogada en más de seis oportunidades, hasta el mes de marzo de 2020.

Agrega que durante su permanencia en el Hospital recurrido fue calificada en lista 1, no obstante haber sido objeto de diversas conductas de hostigamiento y acoso laboral, por sus jefaturas, durante varios años, hasta que en el año 2019 presentó un reclamo al Instituto de Seguridad del Trabajo (I.S.T.) donde fue tratada por casi tres meses por supuesto déficit factor adaptativo.

Expresa que la decisión de denunciar el acoso laboral, implicó severas consecuencias, el ser mal calificada ese año, y posteriormente, la desvincularon en marzo de 2020.

Afirma que recurrió a la Contraloría General de la República, organismo que determinó mediante Resolución N° 216.054/19 de 07 de septiembre pasado que: “Sobre el particular es necesario indicar que del examen de los registros que aparecen en el sistema de información y control del Personal de la Administración del Estado (SLAPER), que mantiene esta entidad fiscalizadora, se advierte que el singularizado establecimiento, mediante su resolución exenta N°733, de 2020, prorrogó la contratación de la señora nombre reservado por toda la presente anualidad”, la que fue notificada a la recurrente y al hospital recurrido en la misma fecha.

Precisa que no obstante lo resuelto por el órgano contralor a la fecha aún no la han reincorporado, ni se le han pagado sus remuneraciones.

En cuanto a los fundamentos de derecho en que apoya su acción, pasa a referir el régimen jurídico, naturaleza jurídica y principales características de las contratas, citando lo dispuesto en los artículos 2 y siguientes de la Ley 18.834 y, por otra parte, la naturaleza jurídica del vínculo entre la administración y el funcionario público, conforme a la doctrina y la jurisprudencia administrativa, citando el Dictamen 31000N08 de la Contraloría General de la República.

Indica que conforme a lo expuesto rigen todas las normas estatutarias correspondientes, como por ejemplo el Estatuto Administrativo que contempla obligaciones y derechos funcionarios, calificaciones, prohibiciones e incompatibilidades, responsabilidad administrativa y su extinción, cesación de funciones o la ley de bases del procedimiento administrativo N° 19.880.

Respecto a la estabilidad laboral de los funcionarios a contrata, cita el artículo 89 de la Ley 18.834, norma aplicable a la denominada condición “a contrata”, lo cual implica que mientras transcurre el contrato, no puede ponérsele término sino en la forma que el propio Estatuto Administrativo contempla.

Refiere que el trabajo es una institución amparada por la comunidad jurídica universal y, cualquiera sea la modalidad que asuma la función pública en un Poder del Estado, le son plenamente aplicables principios que indiscutidamente lo informan, como el de la estabilidad, lo que ha sido reconocido tanto por la jurisprudencia administrativa como la de los tribunales superiores de justicia.

En cuanto a la omisión arbitraria en que incurrió la recurrida, señala que la decisión de no renovación de contrata, sin ningún fundamento, a pesar, de lo informado por la Contraloría General de la República, en cuanto se había extendido su contrato por toda la anualidad, constituye una omisión que perdura hasta la fecha, al no reincorporarla a sus funciones, ni haberle pagado sus remuneraciones desde el mes de marzo de 2020.

Alega que con el actuar de la recurrida se han vulnerado las garantías contempladas en los numerales 2, 24 y 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental, precisando que el derecho a la igualdad, dada su trascendencia para el ordenamiento jurídico, es reconocido como principio fundamental del mismo, el cual exige conferir un trato igualitario a quienes se encuentran en una misma situación. Que la igualdad ante la ley como derecho es el fundamento de todos los derechos esenciales de las personas, estableciéndose un criterio homogéneo por los tribunales de justicia conforme las sentencias que cita.

En cuanto al derecho de propiedad, señala que la carta fundamental reconoce a todas las personas, derecho a la propiedad sobre los intereses anexos a su empleo y que, en este plano la estabilidad en el empleo constituye un bien resguardado por el derecho y que pertenece al orden público económico, porque forma parte del patrimonio personal, del patrimonio social y del patrimonio pecuniario del sujeto, lo que ha sido considerado de tal forma por los Tribunales citando fallo de la Excma. Corte Suprema, en la causa rol Nº38.681-2017.

Finalmente en cuanto a la libertad de Trabajo, señala que la omisión que perdura hasta la fecha es una vulneración flagrante a la misma, entendiendo por tal la posibilidad de continuar ejerciendo sus funciones como personal a contrata como lo desempeñó históricamente mientras contara con los elementos que lo permiten, circunstancias avaladas en el concepto de confianza legítima que se produce en la administración del Estado, en cuanto a que ésta ejercerá las renovaciones de contratas como es su caso, mientras no exista fundamento fáctico o legal para adoptar un proceder distinto, lo que se señala por jurisprudencia de los Tribunales y la Contraloría General de la República.

Segundo: Que comparece doña nombre reservado, por la recurrida informando el recurso y solicitando su rechazo, con expresa condena en costas.

Refiriere los antecedentes de hecho y de derecho expuestos en el recurso, señala que no existe acto arbitrario o ilegal para dar fundamento a la acción constitucional por lo que éste debe ser desestimada.

Precisa que la recurrente se desempeñó como enfermera en el Hospital El Carmen, desde el 26 de mayo de 2014, en el estamento Profesional, teniendo la calidad de contrata en grado 10° de la E.U.S. con prórrogas continuas y anuales desde el 2015 hasta diciembre de 2019.

Afirma que mediante Resolución Exenta Nº 2085 de 29 de noviembre de 2019 del Hospital debidamente fundamentada, se le comunica la prórroga de su contrato hasta el 31 de marzo de 2020, en contra de la cual la actora interpuso reposición, recurso que fue rechazado mediante Resolución Exenta N°002 de 31 de enero de 2020 del Hospital, notificada por carta certificada, quedando desde esa fecha esa Resolución firme o ejecutoriada.

Indica que la Resolución Exenta Nº 733 de 15 de junio de 2020 está referida a la prórroga de un extenso listado de contratas de toda la institución y que figura en el sistema SIAPER, incurriendo en error de hecho involuntario al incluir a la recurrente.

Alega que es evidente que la Resolución Nº 2085, da cuenta de la decisión del Hospital de que la duración del contrato de la actora es hasta el 31 de marzo de 2020, pues las razones y antecedentes que la fundamentaron son graves, múltiples y concordantes y quedaron además a firme luego de resuelto el recurso de reposición interpuesto, siendo aplicable la presunción de legalidad a su respecto contemplada en el artículo 3º de la ley 19.880. Advierte que el error de hecho e involuntario de haber incluido a la recurrente en el listado de esa prórroga, en virtud del artículo 61 de la ley 19.880, ha sido subsanado, enmendándose la Resolución Nº 733 mediante la Resolución Exenta Nº 1131 de 09 de octubre de 2020, la que excluye la prórroga del contrato de la recurrente.

Afirma que no existen derechos adquiridos ni consumación de los efectos del acto administrativo contenido en la Resolución Exenta Nº 733, citada, puesto que esta se dictó casi 3 meses desde que se terminó el contrato de la recurrente, que por lo mismo no se ha reintegrado a trabajar y que no podía hacerlo al saber que el término de su contrata se produjo el 31 de marzo de 2020.

Agrega que la decisión adoptada por el Hospital en orden a renovar la contrata de la recurrente hasta marzo de 2020 se encuentra debidamente fundamentada, actuando el Director del Hospital conforme a sus facultades legales y dentro de la esfera de sus atribuciones y por ello no podían considerarse como afectados de modo ilegítimo derechos fundamentales de la recurrente, actuando el Director, precisamente, conforme a la legislación que regula la materia y no existiendo en consecuencia acto arbitrario e ilegal.

Precisa que tratándose de un hospital público sujeto a normativa de derecho público en su quehacer clínico, el ejercicio de las funciones del personal hospitalario se encuentra sujeto a un estricto sistema de contratación y un régimen de responsabilidades asociado a este ejercicio de funciones en lo administrativo y directivo.

Asevera que no existe también conculcación de norma legal o constitucional, en términos que pudieran determinar que lo resuelto es ilegal, o arbitrario, porque la medida se dictó en el marco de las legítimas atribuciones del Director de un Hospital Público, ateniéndose a la normativa vigente, especialmente en la ley 18.834 y 19.880 al fundamentar debidamente la renovación de contrata de la recurrente hasta el 31 de marzo de 2020.

Añade que la decisión de prórroga del contrato se sustenta en una evaluación deficiente en distintos ámbitos de su desarrollo profesional (falencias técnicas, de sociabilización, y de manejo y trato al paciente), los que se reflejan en los argumentos y documentos citados en los considerandos de la Resolución Exenta N° 2085 de 2019, teniendo en consideración que es deber del Director del Hospital velar por la seguridad y calidad de la atención de salud prestada a los pacientes, así como mantener condiciones laborales que hagan propicio el trabajo y el mejor desarrollo de todos sus componentes.

Reitera que dicho acto administrativo se encuentra debidamente fundamentado, en los hechos y en el derecho, expresando criterios objetivos y racionales, como los ya descritos, cumpliendo a cabalidad las exigencias legales y la doctrina administrativa de la Contraloría contenida en los dictámenes N° 85.700 y 6.400, relativa a la confianza legítima y excepciones a su aplicación, la que se encuentra plenamente vigente como puede verse en el dictamen N° 31.076 del mes de diciembre de 2019.

Destaca que en la Resolución Exenta Nº 2085 de 29 de noviembre de 2019 del Hospital recurrido, fue fundamentada en una deficiente evaluación desde múltiples perspectivas: 1) Mal Trato a los usuarios (pacientes pediátricos) 2) Mal Trato entre compañeros de trabajo. 3) Falta de Calificación Técnica. Evaluación de desempeño. Como se menciona y acredita en esa Resolución de acuerdo a la doctrina administrativa del ente contralor Dictamen Nº 6.400, de 2018 Expresa que la Resolución N°2085, razona sobre la causal, que se menciona expresamente en los dictámenes señalados, de “una deficiente evaluación del servidor, ya sea la calificación regular y periódica u otra evaluación particular, sobre hechos o periodos no comprendidos en la calificación”. Que ello habilita al Director del Hospital para disponer la prórroga parcial del contrato y, a su vez, cumplir con lo que se exige en las desvinculaciones donde existe confianza legítima.

Señala que el recurso de protección es extemporáneo, puesto que la recurrente tuvo conocimiento del término de su contrata a partir de la notificación de la Resolución Exenta Nº 2085 de 29 de noviembre de 2019 del Hospital El Carmen el 02 de diciembre de 2019, y al día siguiente la actora interpuso un recurso de reposición contemplado en el artículo 59 de la Ley N° 19.880 en contra de la mencionada resolución, el que fue conocido y fallado en su rechazo por el Hospital mediante Resolución Exenta Nº 02 de 31 de enero de 2020 del mismo Hospital y notificada a la recurrente el 31 de enero de 2020.

Indica que desde la fecha de notificación de la no renovación (02 de diciembre de 2020) o desde la resolución que rechaza la reposición (31 de enero de 2020), la recurrente tuvo conocimiento del término de su contrata, por lo que habiéndose interpuesto el recurso de protección el 01 de octubre de 2020, esto es, luego de 9 meses desde que conoció de su renovación hasta el 31 de marzo de 2020 ha transcurrido con creces el plazo para establecido para ello, por lo que debe ser declarado inadmisible por extemporáneo.

Asimismo, alega que la materia fundamento del presente recurso es de lato conocimiento y no de un recurso de protección, puesto que la Resolución Exenta N°733, de 2020, del Hospital El Carmen que habría prorrogado la contratación de la señora nombre reservado por toda la anualidad 2020, fue dejada sin efecto por haberse incurrido en ella en un error de hecho al incorporar a la recurrente en un listado de funcionarios a quienes se prorroga la contrata por toda la anualidad (2020), error enmendado excluyendo a la recurrente mediante la Resolución Exenta Nº 1131 de 09.10.2020 del mismo Hospital.

Conforme a lo expuesto la Resolución Exenta Nº 733 de 2020, es inexistente jurídicamente al ser contradictoria con la Resolución Exenta Nº 2085 de 2019, por lo que, cualquier reclamación sobre la no ejecución de la Resolución Exenta Nº 733 de 2019 debe rechazarse al carecer de fundamento pues al haber sido dejada sin efecto se recurre de un acto administrativo inexistente y, por otra parte, al sustentarse el recurso en el supuesto incumplimiento de esa Resolución, adicionalmente, plantea asuntos de fondo sobre su validez o invalidez, llevando al tema de la pertinencia o impertinencia de los fundamentos de la Resolución Exenta Nº 2085 de 29 de noviembre de 2019, que no es lo recurrido, todas discusiones que ya no son propias de un recurso de protección sino más bien de un juicio de lato conocimiento contradictorio o contencioso administrativo, que por lo demás ya está agotado al haberse dictado la resolución que niega la reposición antes mencionada, discusión en que se tendría que analizar los fundamentos y su acreditación. Siendo otro punto en controversia el tema de la correspondencia o no del pago de remuneraciones que se reclama, también de lato conocimiento.

La acción de protección jurídicamente es una acción constitucional de urgencia, siendo esta su naturaleza esencial, no puede ser interpuesta para discutir y resolver asuntos propios de un procedimiento declarativo o de lato conocimiento. El recurso de protección procede cuando los hechos y derechos constitucionales afectados están indubitados, lo que no acontece en el caso propuesto, conforme se ha explicado.

Tercero: Como reiteradamente se sostiene el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: El acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la no reincorporación a sus funciones en el hospital recurrido durante el año 2020.

Quinto: Que corresponde primero emitir pronunciamiento sobre la alegación de extemporaneidad alegada por la parte recurrida. Para ello conviene precisar ciertas circunstancias fácticas:

a) La demandante se encontraba desempeñándose a contrata como enfermera clínica grado 10, desde el año 2014 en el Hospital recurrido.

b) Por Resolución Exenta Nº 2085 de 29 de noviembre de 2019 del Hospital se prorrogó su contrato hasta el 31 de marzo de 2020.

c) La recurrente dedujo recurso de reposición, el que fue rechazado mediante Resolución Exenta N°002 de 31 de enero de 2020 del Hospital.

d) La recurrente acudió a la Contraloría General de la República para reclamar por la renovación parcial de su contrata solo hasta marzo de 2020 y por hostigamiento laboral.

e) El Hospital del Carmen en junio del año 2020 dicta la Resolución Exenta N°733, de 2020, que prorroga diversas contratas por toda la anualidad 2020, entre ellas la de la actora.

f) La Contraloría General de la República mediante resolución de 3 de septiembre de 2020 dicta la Resolución N°216.054/19 por la que se abstiene de emitir pronunciamiento de la situación planteada por la recurrente porque indica que del examen de los registros que aparecen en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estados (SIAPER) se advierte que el hospital mediante la resolución N° 733 prorrogó la contrata de la señora nombre reservado por toda la anualidad 2020 por lo que entiende que la situación reclamada está superada.

g) El hospital recurrido el 9 de octubre de 2020 dicta la Resolución Exenta Nº 1131 de 09.10.2020 por la que excluye –por error- de la resolución N° 733 el nombre de la recurrente.

Sexto: Que conforme al mérito de los antecedentes descritos previamente, la alegación de extemporaneidad debe ser desestimada. En efecto, si bien la resolución que decidió renovar parcialmente la contrata de la actora hasta el mes de marzo del año 2020 fue dictada en noviembre del año 2019 y confirmada -al desestimarse la reposición- en enero del año 2020, no es factible contabilizar el plazo para acudir a la sede jurisdiccional desde dicha data, pues aún no había culminado la vía administrativa elegida por la reclamante para que se revisara su caso. Así, ella acudió ante la Contraloría General de la República reclamando expresamente por la renovación parcial de su contrata, y lo cierto es, que dicho órgano contralor no emitió un pronunciamiento de fondo al advertir que la contrata se había renovado por toda la anualidad 2020 mediante la Resolución N° 733 del mes de junio de 2020 y así lo hizo saber a la actora el 3 de septiembre de 2020. Sin embargo, ante la falta de reincorporación a sus funciones, la funcionaria decide impetrar esta acción constitucional el día 1 de octubre de 2020. En consecuencia, si la Contraloría General de la República estimó subsanada la situación que afectaba a la actora y se lo comunica así el día 3 de septiembre, solo cabe colegir que la acción presentada el día 1 de octubre siguiente se hizo dentro del plazo que al efecto prevé el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia.

Que no puede reprocharse a la actora que no advirtiera que la situación de renovación producida en el mes de junio era evidentemente errónea si incluso la Contraloría estimó que era válida, por lo demás, el hospital recurrido solo después de la presentación de esta acción constitucional dejó sin efecto la mencionada resolución N° 733.

Séptimo: Que los mismos antecedentes expuestos para analizar la extemporaneidad sirven para resolver el fondo de la acción de protección, pudiendo advertirse que la dictación de las resoluciones N° 733 y N° 1131 han dejado en la indefensión a la recurrente, pues la ha privado de obtener un pronunciamiento de la Contraloría General de la República acerca de la situación que le afectaba en torno a la renovación parcial de su contrata, ya que dicho órgano de control se abstuvo de emitir pronunciamiento por considerar que la situación había sido superada con la renovación de la contrata que se hizo por la resolución N° 733, en circunstancias que ello no era así, pues se la estimó errada y fue posteriormente dejada sin efecto mediante la Resolución 1131.

Octavo: Que los hechos descritos constituyen un actuar arbitrario del hospital recurrido porque con su conducta errada impide el término o agotamiento de la vía administrativa elegida por la recurrente, afectando con ello el derecho de igualdad ante la ley, en razón que la actora no pudo acceder a que la Contraloría revisara su situación como ocurre con el resto de los administrados y ello amerita adoptar medidas que permita restablecer sus derechos.

Noveno: Que no corresponde, por ahora, que esta Corte emita pronunciamiento sobre la legalidad o razonabilidad de la decisión de prorrogar parcialmente la contrata de la actora, pues corresponde restablecer previamente la vía administrativa truncada por el actuar del recurrido, de no hacerlo así, se priva a la actora de la posibilidad de solucionar la situación que le aqueja por dicha vía.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE, SIN COSTAS la acción constitucional deducida por doña nombre reservado, en contra del Hospital Clínico El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada, solo en cuanto se ordena comunicar de inmediato lo sucedido a la Contraloría General de la República, con la finalidad que esta continúe con el reclamo presentado por la señora nombre reservado y emita pronunciamiento sobre su reclamo por la renovación parcial de su contrata para el año 2020.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redactó la Ministra Mireya López Miranda, quien no firma por ausencia.

Rol N° 89.885-2020.