nombre reservado con INSPECCIÓN DEL TRABAJO STGO ORIENTE

Santiago, diez de abril de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece la abogada Evelyn Cecilia Apeleo Toledo por sí y en representación de nombre reservado, trabajadora social, y de nombre reservado, ingeniero civil, todos domiciliados en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Dirección del Trabajo por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido con motivo de la dictación del Ordinario DT N° 3.423 de 21 de noviembre de 2018, vulnerando con ello los derechos que la Constitución Política de la República les reconoce y protege en los N° 2, 4, 19 y 24 del artículo 19.

Exponen los recurrentes que la Dirección del Trabajo ha procedido a inscribir a seis de los siete dirigentes nacionales de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (ANEIICH) en cargos para los cuales no fueron originalmente electos en el proceso del año 2018, lo que ocurrió aun cuando en forma previa expusieron a la recurrida la ilegalidad de una eventual inscripción en ese sentido, por cuanto ello importaría una transgresión del marco regulatorio del proceso eleccionario de la asociación y un exceso en el ejercicio de sus facultades.

Se precisa en el recurso que mediante el acto recurrido se les comunicó que se aceptó la propuesta de cuatro dirigentes electos en torno a registrar una “reestructuración” de cargos en el directorio de la Asociación y se contextualiza lo anterior señalando que la ANEIICH eligió su directorio nacional para el bienio 2018-2020 el día 30 de agosto de 2018, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 y en la letra c) del artículo 30 de los Estatutos que la rigen y que en dicho proceso eleccionario resultaron electos siete candidatos, entre ellos los recurrentes en los cargos de vicepresidenta nombre reservado, secretaria general nombre reservado, secretaria de organización nombre reservado y tesorero nacional nombre reservado.

Manifiestan seguidamente que tras la elección ciertos directores electos acordaron “reconstituir” el directorio, privando a los recurrentes del ejercicio de sus cargos, situación que sólo se concretó a través de inscripción efectuada por la Dirección del Trabajo, lo que jurídicamente -en tanto acto administrativo- le permite gozar de una presunción de legalidad o validez. Afirman que con posterioridad a esa acción el Consejo Consultivo de Presidentes, órgano que agrupa a los veinte presidentes regionales ANEIICH de todo el país, se autoconvocó para sesionar de manera extraordinaria el 9 de octubre de 2018, oportunidad en la que ordenó al Directorio Nacional respetar la asignación de cargos en el orden de prelación resultante del proceso eleccionario. Sin embargo, prosiguen, en paralelo, cuatro directores solicitaron a la Dirección del Trabajo que inscribiera los cargos y otorgara certificado de vigencia, la que -no obstante la oposición de los restantes directores- emitió el oficio ordinario que se impugna mediante el presente recurso.

En cuanto a la ilegalidad, sostienen que la actuación de la Dirección del Trabajo implica un exceso de las facultades legales y reglamentarias de las cuales se encuentra dotada, por cuanto se emitió al margen de la normativa que regulaba el proceso eleccionario, efectuando una interpretación de los estatutos, acción que se encuentra vedada a este ente, de acuerdo a lo previsto en el “Manual de Procedimientos Administrativos de la Dirección del Trabajo en Organizaciones Sindicales y Asociaciones de Funcionarios”, pues interpretar que el artículo 35 del estatuto ANEIICH faculta a la mayoría de Directorio Nacional a sobrepasar la voluntad de la Asamblea Nacional es una clara transgresión de la legalidad vigente que regula a la organización.

Afirman los recurrentes que es evidente que la Dirección del Trabajo se ha arrogado una facultad que vulnera la autonomía sindical, transgrediendo de ese modo lo dispuesto en el Código del Trabajo, en la Ley N° 19.296 y lo previsto en los Convenios 87, 98 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo, todos ratificados por nuestro país.

Piden que se acoja el recurso, ordenando a la recurrida que deje sin efecto el acto de inscripción del Directorio Nacional “reconstituido”, ordenando que ese organismo inscriba a los Dirigentes Nacionales ANEIICH nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado en los cargos para los cuales fueron electos, disponiendo además de todas las medidas que sean conducentes al restablecimiento y protección de los derechos vulnerados, con expresa condena en costas del recurso.

Segundo: Que al evacuar el informe solicitado la recurrida solicitó el rechazo del recurso, alegando en primer término la improcedencia del mismo por no ser la vía idónea. Asegura que la alegación principal de la recurrente dice relación con la interpretación de una norma estatutaria y su conformidad a la ley, lo que según la reiterada jurisprudencia de la Dirección del Trabajo escapa al ámbito de su competencia, puesto que debe resolverse al interior de la organización de acuerdo con los mecanismos establecidos en los mismos estatutos o, en su defecto, recurrir a los tribunales de justicia pertinentes para su conocimiento y resolución, de modo que mal pudo existir un pronunciamiento del Servicio fiscalizador respecto a lo planteado por los recurrentes. De esta forma, sigue el argumento, si estiman que se ha vulnerado el acto eleccionario en cuanto a la composición de cargos de la directiva sindical electa, la reclamación es de competencia del Tribunal Electoral Regional, de conformidad al artículo 10 de la Ley N° 18.593, y si los Directores estiman se trata de una cuestión sobre lo informado en el Ordinario impugnado, corresponderá según lo dispone el Código del Trabajo a los Juzgados de Letras del Trabajo. En este sentido, concluye que la pretensión de los recurrentes se circunscribe al cuestionamiento del mérito de lo informado por la Inspectora Provincial del Trabajo Santiago, es decir, busca que se resuelva una cuestión de fondo que escapa del margen de esta acción cautelar y en la cual ni siquiera es parte la mayoría del Directorio de la ANEIICH.

A continuación el informe manifiesta que la Inspección del Trabajo no ha cometido un acto ilegal ni arbitrario, puesto que el mismo se basa en obligaciones legales del Servicio y en las directrices internas que hay al respecto, citando al efecto cita el artículo 64 de la Ley N° 19.296, que establece Normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado. El ejercicio de las facultades fiscalizadoras que la ley le entrega, precisa, tiene como límite la autonomía de dichas organizaciones, por tanto, la actuación de la Dirección se limita a registrar los actos de las mismas, sin que corresponda calificar su legalidad, toda vez que dicha materia es de competencia de los Tribunales de Justicia, como tampoco intervenir en los conflictos que se susciten al interior de una asociación, con excepción de aquellas controversias que tengan su origen en infracciones a la normativa vigente. De esta manera, concluye sobre el punto, son los propios asociados los encargados de resolver los conflictos internos que se presenten, reuniéndose para ello en asambleas, conforme lo establecen sus estatutos, sin que corresponda en ese contexto participación alguna de las autoridades públicas en la gestión y discusión de sus decisiones. De esta forma, señala no entender de qué modo puede haber actuado arbitraria e ilegalmente, cuando el Ordinario impugnado solo informa el cumplimiento de un deber, esto es, el registro de un acto de la asociación, en el presente caso el registro tanto del directorio renovado como de su reestructuración.

Tercero: Que el recurso de protección puede conceptualizarse como una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicios de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia uniformemente han sostenido que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado.

Cuarto: Que en cuanto a la alegación de la recurrida en orden a que el problema suscitado es de competencia de los Tribunales Electorales Regionales o de los Juzgados de Letras del Trabajo y que excede la naturaleza cautelar del recurso de protección, baste señalar para desestimarla que la parte final del artículo 20 de la Carta Fundamental estatuye expresamente que esta acción constitucional es “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, de manera tal que resulta evidente concluir que no obstante la eventual existencia de otras vías para obtener un pronunciamiento definitivo respecto de la cuestión planteada, en tanto se denuncie la privación, perturbación o amenaza de alguna de las garantías constitucionales que menciona la norma como consecuencia de un acto que se afirma arbitrario o ilegal, el recurso de protección resulta procedente.

Por lo antes dicho, se desestimará esta alegación de la recurrida Dirección del Trabajo.

Quinto: Que el Oficio Ordinario N° 003423 de 21 de noviembre de 2018 dirigido por la Inspectora Provincial del Trabajo de Santiago María Leonor Arroyo Funes a quienes ahora recurren de protección, sintetiza en un primer párrafo la solicitud formulada por estos últimos y el contexto en que se la plantea. Seguidamente señala que se han “conocido y analizado sus contenidos” y luego de citar diversas normas legales y reglamentarias informa textualmente que “en virtud de normas estatutarias vigentes, esto es, los Estatutos de la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile-ANEIICH, RAF N° 93.01.0057, que en el artículo 30 letra c) y en el artículo 32 no contienen una norma que impida que la mayoría absoluta de la organización decida constituirse de nuevo, al tenor de lo que establece el artículo 35 del mismo estatuto, corresponde efectuar, en primer lugar, el registro en el SIRELA (refiriéndose al Sistema Informático de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo) del directorio que resultó electo de conformidad a lo que informó el órgano electoral y que fuera depositado en esta IPT Santiago con fecha 23 de octubre de 2018 y luego o en segundo lugar, registrar en el SIRELA la reestructuración depositada en esta IPT Santiago con fecha 24 de octubre de 2018 por 04 de los dirigentes vigentes, registro que se efectúa junto con este Oficio-respuesta a Uds.” Agrega luego que “complemento de lo anterior es lo que indican nuestras instrucciones del Manual de Procedimientos Administrativos de la Dirección del Trabajo en Organizaciones Sindicales y Asociaciones de Funcionarios (páginas 159 y 160)” y que en caso de disconformidad y si se estima procedente, se puede recurrir a los tribunales de justicia.

Sexto: Que como puede apreciarse de la transcripción del documento, no resulta ser efectivo que la actuación de la recurrida se haya limitado a un simple “registro de un acto de la asociación” que no haya supuesto la interpretación y aplicación de la normativa que rige a la ANEIICH, pues en tanto afirma que “el artículo 30 letra c) y en el artículo 32 no contienen una norma que impida que la mayoría absoluta de la organización decida constituirse de nuevo, al tenor de lo que establece el artículo 35 del mismo estatuto”, evidentemente está discurriendo en orden a que esa normativa autoriza a proceder a quienes formularon la solicitud de registro del modo que lo hicieron, esto es, la interpreta y la aplica.

Ahora bien, la recurrida cita en su informe para justificar su actuación lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley N° 19.296, que establece Normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado, y el Ordinario N° 2.514 de 4 junio de 2018 de la Dirección del Trabajo. La norma legal dispone que las asociaciones de funcionarios estarán sujetas a la fiscalización de la Dirección del Trabajo y deberán proporcionarle los antecedentes que les solicitare y el Ordinario señala que la Dirección carece de facultades para fiscalizar las actividades lucrativas desarrolladas por la asociación de que se trata y para pronunciarse sobre las divergencias sobre la materia suscitadas al interior de dicha organización. Como se destaca de la transcripción de este último instrumento, la primera inteligencia elemental -y en rigor literal- que puede otorgársele es que sólo se refiere a la imposibilidad de fiscalización por la Dirección del Trabajo de actividades lucrativas de una asociación o de divergencias en relación a éstas, esto es, a actividades lucrativas (“sobre la materia”) y que, por lo tanto, esta directriz no resulta aplicable a un caso como el planteado en el recurso.

Sin perjuicio de lo anterior, aun en el evento de entenderse, como pretende la recurrida, que la facultad de fiscalización no comprendería las controversias orden interno que se susciten en la organización, lo cierto es que frente a la presentación de los ahora recurrentes, en que requirieron formalmente a la Inspección Provincial del Trabajo Santiago no cursar la inscripción del “nuevo Directorio”, la prudencia imponía abstenerse de proceder al registro, pues, al hacerlo del modo que se lo hizo -interpretando y aplicando, como se vio en el primer párrafo de este fundamento, la normativa estatutaria- precisamente se constituyó en el hecho en una suerte de “fiscalizadora” de lo obrado, en este caso, por algunos de los miembros del Directorio recientemente electo de la ANEIICH, revistiendo indudablemente de legitimidad, por medio del registro, al nuevo Directorio constituido, con evidente contravención a los Estatutos, según se dirá más adelante. Sobre esto último cabe precisar que resulta incuestionable que cuando un organismo público, como lo es la Inspección Provincial del Trabajo, procede al registro de la directiva de una asociación de funcionarios, dota a ésta, como se dijo, de legitimidad, puesto que es evidente que procederá al registro en tanto compruebe que esa directiva ha sido constituida conforme a los estatutos que rigen a la organización. Carecería de razonabilidad sostener que la Inspección habría procedido al registro de la nueva directiva cualquiera hubiera sido la forma en que se la hubiera constituido, fundado en que carece de facultades para cuestionar una eventual contravención estatutaria y que actúa únicamente como simple “buzón” de las peticiones de registro. Es innegable que esta actividad ha de suponer la comprobación, aunque sea somera, del cumplimiento de las exigencias estatutarias y es incluso deseable que así sea y de hecho así aconteció, aunque la Inspección lo niegue, en el caso de la especie; pero sucede que en éste esa comprobación que culminó con el registro carece de toda razonabilidad y debe, por tanto, calificarse de arbitraria.

Séptimo: Que, en efecto, no existe controversia en orden a que en la Asamblea Nacional de junio de 2018 la ANEIICH optó por la elección de Directorio Nacional bajo la modalidad prevista en la letra c) del artículo 30 de los Estatutos y que el acto eleccionario se materializó, en observancia a esa regla, el 30 de agosto de ese año. De acuerdo a este precepto, “las elecciones se efectuarán según la modalidad establecida por la mayoría absoluta de la asamblea convocada para este afecto y de acuerdo a las siguientes alternativas: c) por lista abierta, que individualizará a los candidatos en forma alfabética. Los candidatos electos ocuparán los cargos de acuerdo a la votación obtenida por orden de prelación, señalado en al artículo 34”.

Ahora, las alternativas a esta modalidad son las siguientes, de acuerdo a las letras a), b), d) y e) de la misma norma: por lista cerrada que individualizará a los candidatos y sus cargos (letra a), por lista cerrada que individualizara solamente a los candidatos en forma alfabética (letra b), por lista abierta, que individualizará a los candidatos en forma alfabética y al constituirse el directorio los candidatos electos se asignarán entre ellos los cargos a ocupar (letra d) y en dos cédulas separadas: una para elegir Presidente y otra para elegir al resto de la Directiva, ordenados alfabéticamente y ocupará el cargo de Presidente al candidato que obtenga la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos.

Pues bien, el análisis de las alternativas previstas en los estatutos permite fácilmente concluir que en las de las letras a), c) y e) son los votantes los que no sólo eligen quiénes formarán parte de la Directiva, sino también qué cargos ocuparán, esto es, Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Secretario de Organización, Tesorero y dos Directores, previstos en el artículo 27. De allí que el artículo 33 disponga que dentro de los diez días siguientes de publicada el acta señalada en el artículo anterior la directiva se constituirá y sólo en los casos de las letras b) y d) del artículo 30, designará de entre sus miembros los cargos establecidos en el artículo 27.

En el caso del presente recurso, cuatro de los miembros electos en el proceso de 30 de agosto de 2018, a pocos días de iniciado el período de vigencia del nuevo Directorio, invocaron la regla del artículo 35 del Estatuto y procedieron a acordar la reconstitución de éste, conviniendo una distribución de cargos diversa de la que había arrojado la elección. Esta última disposición indica que en caso de renuncia de un director a los cargos da Presidente, Secretario o Tesorero, sin que ello signifique dimisión al cargo de dirigente, o por acuerdo del Directorio, éste procederá a constituirse de nuevo en la forma señalada en los artículos 33 y 27, agregando el precepto que la nueva composición será dada a conocer a los asociados, a la Inspección del Trabajo de Santiago Centro y a la jefatura superior del Servicio de Impuestos Internos, mediante comunicación escrita.

Octavo: Que, en este contexto, resulta evidente e incuestionable que la prerrogativa que entrega al Directorio el artículo 35 de los Estatutos de ANEIICH tiene cabida únicamente en los casos en que la elección se haya verificado bajo las modalidades de las letras b) y d), pues aceptarla para las otras importa desconocer de manera flagrante e inaceptable la voluntad de los electores, quienes, en todas ellas, se pronuncian como se dijo no sólo respecto de las personas que desean sean sus dirigentes, sino también en relación a los cargos que han de ocupar en el Directorio.

Es por ello que al decidir registrar el Directorio reconstituido en la forma que señala el artículo 35, en circunstancias que ello era improcedente, la recurrida incurrió en una arbitrariedad, pues interpretó y aplicó los Estatutos de la ANEIICH de un modo carente de toda razonabilidad, afectando con ello indebidamente el derecho que la Constitución Política de la República protege en el N° 19 del artículo 19. Este precepto reconoce a todas las personas derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley, añadiendo en la primera parte del inciso tercero que la ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones y sucede que al proceder del modo que lo ha hecho la recurrida ha desconocido esa autonomía, en tanto legitimó una inteligencia de la normativa interna que soberanamente la organización se dio que importó en el hecho registrar una directiva que no había sido la estatutariamente elegida.

Noveno: Que por los razonamientos vertidos en las consideraciones anteriores no cabe sino concluir que se han verificado los supuestos que de acuerdo al artículo 20 de la Carta Fundamental hacen procedente la acción de protección, de manera tal que el recurso interpuesto debe ser acogido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge el recurso interpuesto por Evelyn Cecilia Apeleo Toledo, por sí y en representación de nombre reservado y de nombre reservado, y a fin de restablecer el imperio del derecho se deja sin efecto el Ordinario N° 003423 de 21 de noviembre de 2018 de la Inspección Provincial del Trabajo Santiago y, consecuencialmente, el registro en el Sistema Informático de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo de la reestructuración de la Directiva Nacional de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos depositada en la referida Inspección el 24 de octubre de 2018, debiendo comunicar esta decisión a la referida Asociación de Funcionarios.

Comuníquese lo resuelto por la vía más expedita.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

N° 89.880-2018.