nombre reservado con CONTRALORÍA REGIONAL DE LA REPÚBLICA

Santiago, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, recurriendo en contra de la Contraloría General de la República, porque fue apercibida para que un plazo de 10 días hábiles realice su declaración de intereses y patrimonio (DIP), mediante oficio N° 728, de 10 de enero de 2019, (referencia: oficio 195.870/2018) siendo que estima que no está obligada a realizarla porque ella se regía por las normas del Código del Trabajo mientras ella se desempeñaba en la Municipalidad de Maipú, hasta que fue despedida el 17 de abril de 2017. La relación laboral quedó establecida por medio de la sentencia dictada en la causa RIT O 4506-2017 del Primer Juzgado Laboral de Santiago, que reconoció que ella se regía por el Código del Trabajo, y no le son aplicables las disposiciones del Estatuto Administrativo y/o Ley N° 20.880.

No obstante, la Contraloría General de la República por oficio N° 195.870/2018 de fecha 10 de enero de 2019 ha reiterado su apercibimiento para realizar la DIP.

Estima que el organismo contralor ha hecho una interpretación extensiva del numerando 10° del artículo 4° de la Ley N° 20.880, argumentando sobre la base de las remuneraciones brutas percibidas por ella. Ella nuca tuvo la calidad de profesional o técnica, ni jerarquía de las funciones, por lo que, en caso alguno, se puede extender su interpretación a las remuneraciones percibidas.

En consecuencia, estima que se ha vulnerado su derecho a la integridad síquica, debido a la compulsión que ha sido objeto, la que no resiste un análisis lógico y me inserta en un clima de inseguridad, desconfianza y pudiere llegar al extremo de desobediencia o rebeldía ante las decisiones de las autoridades. Ha provocado un “daño al proyecto de vida, entendido como una expectativa razonable y accesible en el caso concreto, implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma irreparable o muy difícilmente reparable”.

Así también, estima que se ha vulnerado la garantía constitucional de la igualdad ante la ley en relación a otras personas que han desarrollado funciones laborales para la Municipalidad de Maipú y tal vez muchas otras en otras municipalidades u organismos públicos, quienes no han sido conminados a efectuar la declaración de intereses y patrimonio.

Finalizó solicitando que “se adopten las medidas pertinentes para asegurar el respeto de las garantías constitucionales vulneradas, restableciendo el imperio del derecho, con costas en caso de oposición”.

Segundo: Que la Contraloría General de la República, al informar, indicó que mediante el oficio N° 16.183, de 27 de junio de 2018, apercibieron a la recurrente para que en el plazo de 10 días hábiles, realizara su declaración de intereses y patrimonio -en adelante, DIP- por el cese de sus funciones en la I. Municipalidad de Maipú, según lo previsto en los artículos 7º y 8º de la Ley N° 20.880, según lo dispuesto en el artículo 4º, numeral 11, de la referida ley. Por sentencia dictada por el Primer Juzgado Laboral de Santiago, en causa Rol N° 0-4506-2017, se estableció que nombre reservado detentaba la calidad de trabajadora de la referida Municipalidad bajo las normas del Código del Trabajo y no en razón de un convenio a honorarios, por lo que se dictó un nuevo oficio, N° 728, de 10 de enero de 2019, exigiendo el cumplimiento de su DIP, ya que las remuneraciones por ella percibidas bajo las normas del Código del Trabajo se asimilaban a las del personal del tercer nivel jerárquico de ese municipio -de acuerdo al numeral 10 del artículo 4º de la referida ley, ya que debe considerarse que también pertenecen a ese nivel todos quienes perciban una remuneración igual o superior a la más baja de quienes integran el tercer nivel jerárquico.

Agrega que el asunto planteado por la recurrente para ser resuelto por esta Corte es ajeno a la naturaleza cautelar de la acción de protección, ya que pretende controvertir las facultades de fiscalizar de la recurrida la oportunidad, la integridad y la veracidad del contenido de las DIP, y de apercibir a quienes incumplan el deber de efectuar o actualizar su declaración. Plantea una interpretación jurídica de las normas aplicables y/o la correcta aplicación de las normas, lo que es contrario a la cautela de derechos indubitados.

Ejercieron una facultad privativa de esta Entidad de Control, conforme lo disponen los artículos 10 y 11 de la Ley N° 20.880, y los artículos 5º, 6° y 9° de la ley N° 10.336. Además, fue dictado de conformidad con los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República, por lo que no puede ser considerada legal.

Además, del mérito de la sentencia laboral antes indicada, se desprende que la remuneración bruta mensual recibida era superior a la más baja correspondiente a quienes conforman el tercer nivel jerárquico de ese municipio, por lo que era procedente exigirle la declaración de DIP, por haber cesado en su cargo.

Tampoco puede ser considerado arbitrario el referido oficio, toda vez que no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón ya que constituye el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en de la jurisprudencia administrativa aplicable, toda vez que el personal que se desempeña en un municipio reviste la calidad de servidor público, aunque el estatuto jurídico que los rija sea el Código del Trabajo. Igualmente sigue siendo el trabajador un funcionario público.

En relación a que se habría vulnerado la garantía constitucional de su integridad psíquica, la recurrente no explica de qué manera la obligación de efectuar esa declaración de intereses y patrimonio le afecta en la forma señala. Son solamente afirmaciones. Además, es la ley quien ha consignado tal obligación, y no el recurrido.

Respecto de la segunda garantía constitucional estimada como vulnerada, relativa a la igualdad ante la ley, no ha sido infringida, puesto que el ejercicio de la facultad de efectuar apercibimientos ante un incumplimiento a la obligación de presentar o actualizar una DIP, es realizado en iguales términos respecto de todos los funcionarios públicos sujetos a fiscalización de la Contraloría General de la República.

Tercero: Que, la acción de protección constitucional tiene por objeto restablecer el imperio del derecho, cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, mediante actos u omisiones arbitrarios o ilegales, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental.

En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva, puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Consecuencialmente, es esencial y necesaria la existencia de un acto u omisión, ilegal y/o arbitrario que provoque la perturbación o amenaza que le sirve de fundamento.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes expuestos, lo que se está planteando por parte de la recurrente es una diversa interpretación de normas que, a su juicio, han sido mal entendidas por la Contraloría General de la República y, en consecuencia, mal aplicadas, lo que escapa con creces a la finalidad cautelar de esta acción constitucional para amparar derechos indubitados.

Es más, no solo discute la recurrente el estatuto legal que le es aplicable por haber sido empelada durante años en la I. Municipalidad de Maipú, sino que, también, su remuneración y que esta no puede ser tenida en cuenta porque no ejerció los cargos que el 10 del artículo 4º de la referida Ley N° 20.880 señala. Incluso se sostuvo, en estrados, que el nivel de su remuneración correspondería al grado seis y no al tercero.

Como es posible de advertir, esta acción constitucional no puede prosperar porque escapa con creces a su finalidad, siendo todo lo discutido objeto de un juicio de lato conocimiento, o propio de otro tipo de recursos administrativos, que no pueden ser suplidos por esta vía.

Quinto: Que, sin perjuicio de lo anteriormente señalado, el actuar de la Contraloría General de la República no puede ser entendido de ninguna manera como ilegal y/o arbitrario, desde que, por ley, está obligado a ejercer el control que reprocha la recurrente, y tiene las facultades para exigir que se confecciones las DIP por quienes están obligados a hacerlo, existiendo un diverso criterio por la recurrente.

Sexto: Que, finalmente, respecto de las garantías constitucionales que estima amadas, respecto a la integridad síquica, no se puede llegar a avizorar por esta Corte de qué manera, llenar un formulario, puede ser de tal entidad que le afecte la protección establecida en el numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En relación al derecho a la igualdad no se ve de qué manera pudo haber sido vulnerado, toda vez que dice relación con el trato discriminatorio por parte de la autoridad hacia una persona en desmedro de otra quien se encontraría en igualdad de condiciones, siendo desfavorecida de manera arbitraria o caprichosa.

Pero en el recurso no se señala en relación a quién o quiénes la actora ha sido preterida, postergada o perjudicada, estando en igualdad de condiciones. Es una mera especulación sin sustento fáctico alguno.

Séptimo: Que, así las cosas, esta acción no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N° 21 y 20 de la Constitución Política y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra del Sr. Contralor General de la República, por la dictación del Oficio N° 728 de 10 de enero de 2019.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro (I) Sr. Pérez.

Protección N° 8986-2019.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz e integrada por el Ministro (I) señor José Santos Pérez Anker y por la Ministra (I) señora Bárbara Quintana Letelier.