nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de agosto de dos mil veintiséis.

Al folio 36, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes por haber ordenado a su empleador, de manera unilateral e intempestiva, el descuento por planilla de sus remuneraciones por concepto de crédito social, a partir de la liquidación de sueldo de enero de 2026, pese a haber judicializado previamente el cobro de la obligación y a encontrarse declarado abandonado ese procedimiento ejecutivo.

Considera dicha actuación ilegal y arbitraria, ya que constituye un acto de autotutela y un mecanismo paralelo a la vía judicial que la propia recurrida promovió, que reviste un uso irracional y abusivo del estatuto del artículo 22 de la Ley N° 18.833, norma concebida para el cobro oportuno de los créditos sociales, calidad que no es predicable de un cobro efectuado transcurridos más de seis años y tres meses desde que se hizo exigible la totalidad de la obligación. Añade que el descuento se practicó sin noticia ni información previa, motivada y racional, ni a su respecto ni respecto de su empleador, y sin explicar el porqué ni el cómo se determinaron los montos retenidos, defraudando su legítima expectativa de percibir íntegra y previsiblemente su remuneración.

Señala que lo anterior vulnera los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad, consagrados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que ésta garantiza a todas las personas.

Solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración; restituir los descuentos ya efectuados, los que se practiquen durante la tramitación de la acción e incluso los posteriores a la sentencia; que, para el caso de rechazarse el recurso por falta de oportunidad, se declare igualmente la obligación de cesar los descuentos y restituir lo descontado; y que se condene en costas a la recurrida.

En cuanto a los hechos, expone que el 6 de diciembre de 2018 suscribe el pagaré N° 170CON101194073 en favor de la recurrida, por $3.682.866 de capital más intereses, pagadero en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $113.252, venciendo la primera el 28 de febrero de 2019. Se pacta que el simple retardo superior a 30 días corridos en el pago de cualquiera de las cuotas permite exigir la solución íntegra de lo debido, considerándose la obligación de plazo vencido conforme al artículo 9° de la Ley N° 18.010, facultad privativa del acreedor. Por complejidades de índole financiera se constituye en mora desde la cuota número 3, con vencimiento el 30 de abril de 2019.

La recurrida interpone demanda ejecutiva en la causa Rol C-33247-2019 del 29° Juzgado Civil de Santiago, siendo notificado y requerido de pago el 16 de enero de 2020. El 7 de junio de 2024 solicita el desarchivo y promueve el abandono del procedimiento; el 4 de septiembre de 2024 se dicta sentencia que acoge el incidente y declara abandonado el procedimiento, certificándose ejecutoriada el 16 de septiembre de 2024.

Agrega que mantiene trabajo estable y que, en su liquidación de enero de 2026, advierte un cobro denominado cuota 2/60 por $102.429 y, en la de febrero de 2026, uno denominado cuota 1/60 por igual suma, desvirtuando el cobro de las cuotas en que se dividió el pretérito crédito, ascendiendo lo descontado a $204.858, que probablemente se repetirá en los meses venideros.

En cuanto al derecho, invoca los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República y los artículos 21 y 22 de la Ley N° 18.833, sosteniendo que la Caja, como todo grupo intermedio prestador de un servicio, está subordinada a la Carta Fundamental. Cita jurisprudencia conforme a la cual el acreedor que opta por judicializar el cobro sustrae la acreencia del ámbito extrajudicial, y las Cajas de Compensación están obligadas, al menos, a dar noticias e información previas de sus determinaciones.

De este modo, según el recurso, el descuento inoportuno, intempestivo y carente de aviso previo lo priva y perturba en su derecho de propiedad sobre parte de sus remuneraciones, amparado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, y quebranta asimismo la igualdad ante la ley reconocida en el numeral 2 de la misma disposición, al ejercerse una potestad contractual permisiva a destiempo respecto de quien se encuentra en condición de vulnerabilidad.

SEGUNDO: La Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes evacua el informe requerido por esta Corte y su posterior complementación. Solicita que se rechace el recurso de protección deducido en su contra, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por su parte en relación con los hechos expuestos.

En cuanto a los hechos, expone que el 6 de diciembre de 2018 otorga al recurrente la operación de crédito código N° 170CON101194073, por un capital inicial de $3.682.866, a una tasa de interés mensual de 2,1%, pagadera en el plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $113.252, cuyo primer vencimiento corresponde al 28 de febrero de 2019.

Agrega que, producto de la morosidad existente en las cuotas de los meses de abril de 2019 a diciembre de 2021, esto es, las cuotas N° 3 a N° 35, el recurrente efectúa el 10 de febrero de 2022 una reprogramación de la deuda por la suma de $1.993.643, con una tasa de interés de 1,78%, pagadera en el plazo de 60 meses, cuyo primer vencimiento corresponde al 30 de abril de 2022.

Precisa que las cuotas de los meses de abril y mayo de 2022, N° 1 y N° 2, son pagadas el 10 de febrero y el 9 de marzo de 2026, y que, a la fecha, la operación presenta en estado de morosidad las cuotas de los meses de junio de 2022 a febrero de 2026, esto es, las cuotas N° 3 a N° 47.

Añade que, si bien se ingresa una demanda, ésta es anterior a la reprogramación de 10 de febrero de 2022, pues data del año 2019, por lo que las nuevas condiciones no están demandadas en esa causa. Concluye, en consecuencia, que se encuentra frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones no están prescritas, de modo que su recaudación conforme al mecanismo del artículo 22 de la Ley N° 18.833 es pertinente y oportuna.

En cuanto al derecho, sostiene, en primer término, el carácter social de los créditos que otorga. Explica que las Cajas de Compensación son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, conforme al artículo 1° de la Ley N° 18.833, y que entre sus funciones facultativas, según los artículos 19 N° 3 y 21 del mismo cuerpo legal, se cuenta el régimen de prestaciones de crédito social. Añade que su régimen se financia con el fondo social regulado en el artículo 29 y que el artículo 26 N° 3 le prohíbe destinar sus recursos a finalidades no autorizadas, de manera que se trata de un patrimonio de afectación. Precisa que el carácter social del crédito no deriva del destino que el deudor da al dinero ni del instrumento suscrito, sino de la naturaleza de la entidad que lo otorga.

Enseguida, expone las particularidades del descuento por planilla del artículo 22 de la Ley N° 18.833. Señala que se trata de un mecanismo especial de pago, inherente al régimen de crédito social, que disminuye el riesgo y abarata el costo del crédito; que no depende de su voluntad o decisión, pues las reglas lo establecen de forma perentoria, con el mismo grado de obligatoriedad que las cotizaciones previsionales; que la obligatoriedad recae sobre el empleador, entendiéndose extinguida la deuda respecto del trabajador desde la deducción, aunque no sea remesada, conforme al inciso segundo de dicha norma, al punto 3.1.17.1.1 del Compendio y al artículo 1567 N° 1 del Código Civil; que el trabajador no puede oponerse ni negarse a él; y que es técnica y fácticamente imposible calificarlo como una gestión de cobro suya, pues opera aun si nada hace.

En segundo lugar, alega que la obligación es actualmente exigible y que la prescripción debe ser declarada judicialmente. Argumenta que, según los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, la prescripción debe ser alegada por quien quiere aprovecharse de ella y no opera de pleno derecho, invocando el Dictamen N° 2659-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, de 12 de agosto de 2020, conforme al cual, mientras no se declare judicialmente la prescripción, deben continuar practicándose los descuentos.

Agrega que la acción de protección no es la vía idónea para alegarla, pues la cuestión excede su objeto y requiere un juicio de lato conocimiento, careciendo el recurrente de un derecho indubitado.

Finalmente, descarta la vulneración del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, pues no existe traspaso ilegal ni expropiación de parte de las remuneraciones, sino aplicación de la propia ley; sólo habría acto ilegal y arbitrario si informara deducciones respecto de créditos en que se hubiere declarado la prescripción de las acciones cambiaria y del mutuo, lo que no ocurre. Añade que no requiere sentencia ni proceso previo para informar el descuento y que sólo cumple su mandato legal de proteger el fondo social.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley - o arbitrario - producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, en la especie, el acto que se impugna consiste en la orden impartida por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes al empleador del recurrente, en cuya virtud se practican descuentos mensuales sobre su remuneración por concepto de crédito social, a partir de la liquidación de enero de 2026.

QUINTO: Que, sin perjuicio que el recurrente aduce que el descuento efectuado por la recurrida es inoportuno, intempestivo y carente de aviso previo, siendo improcedente porque la Caja recurrida inició el cobro ejecutivo ante los tribunales de justicia, lo relevante es que, conforme con el antecedente incorporado por la recurrida en cumplimiento de lo ordenado por esta Corte, se puede establecer que el 10 de febrero de 2022, existió una reprogramación de la deuda cobrada ejecutivamente, por un capital de $1.992.249, pagadero en 60 cuotas, cuyo primer vencimiento se fija el 30 de abril de 2022. En efecto, de los instrumentos acompañados consta que dicha reprogramación fue aceptada por el propio recurrente, mediante la autorización expresa que presta en el canal remoto de atención respecto del crédito código N° 170CON101194073, cuestión que se encuentra expresamente autorizada por la Superintendencia de Seguridad Social, según consta en el Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

SEXTO: Que tal circunstancia altera sustancialmente el supuesto de hecho sobre el que descansa el arbitrio. En efecto, el recurso construye su alegación sobre la premisa de que han transcurrido más de seis años y tres meses desde que se hizo exigible la totalidad de la obligación, sin gestión alguna de la acreedora. Sin embargo, la reprogramación de 10 de febrero de 2022 fija nuevas condiciones de pago, con un capital, una tasa y un calendario de vencimientos distintos de los primitivos, de modo que la mora que sirve de base al descuento no es la de abril de 2019, sino la que se origina desde junio de 2022 en adelante. El lapso relevante, por consiguiente, no es el que invoca el recurrente.

SÉPTIMO: Que, de lo anterior se sigue que tampoco concurre la duplicidad de vías que se denuncia. La demanda ejecutiva deducida en la causa Rol C-33247-2019 del 29° Juzgado Civil de Santiago es anterior a la reprogramación y recae sobre condiciones que ésta sustituye, por lo que las nuevas no se encuentran comprendidas en aquel juicio.

OCTAVO: Que, finalmente, desde la perspectiva de la legalidad, el descuento se ampara en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, que dispone que lo adeudado por prestaciones de crédito social por un trabajador afiliado debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja de Compensación acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. Se trata de un mecanismo especial de pago, inherente al régimen de crédito social, cuya operatividad no queda entregada al mero arbitrio del acreedor ni exige sentencia o proceso previo. Existiendo una obligación vigente, el ejercicio de esa potestad legal no puede calificarse de contrario a la ley.

NOVENO: Que, en lo relativo a la arbitrariedad, el proceder de la recurrida aparece precedido de un antecedente objetivo y verificable - la reprogramación aceptada por el afiliado - y no del mero capricho o voluntad de quien lo ejecuta.

DÉCIMO: Que, por otra parte, la falta de exigibilidad de la reprogramación esgrimida en estrados, por no estar en presencia de un título ejecutivo, es una materia que no puede ser discutida a través de la vía de protección, debiendo ser dilucidada en la sede ordinaria, toda vez que es una discusión ajena a aquello que puede ser resuelto a través de la acción constitucional, que tiene por objeto otorgar tutela urgente a quienes han visto amagado un derecho fundamental cuyo carácter sea indubitado, exigencia que, en las condiciones referidas, no se cumple en la especie.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, notifíquese y archívese.

N° Protección-8971-2026