EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO con SEREMI DE SALUD REGION DE TARAPACA

Santiago, siete de abril de dos mil catorce.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO : Que, a fojas 6, comparece la Empresa Constructora Sigro S.A, domiciliada en domicilio reservado, interpuso recurso de protección en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, doña nombre reservado, fundado en que esta autoridad, al dictar la Resolución N° 9996, de 22 de octubre de 2013, notificada con fecha 27 de enero del corriente año 2014, ha privado, amenazado y perturbado a su representada los derechos constitucionales garantizados por el artículo 19 numerales 3° inciso 6° y 24º inciso 1° de la Carta Magna.

Precisa que, con fecha 7 de septiembre de 2012, funcionarios de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana se constituyeron en visita inspectiva en la obra ejecutada por su parte denominada “Mall Plaza Egaña”, luego de la comunicación que se hiciera llegar a esa Secretaría, acerca del accidente sufrido por don nombre reservado, constando que: “No existió supervisión directa de las faenas al momento del accidente.”

Aduce que, con fecha 24 de septiembre de 2012, presento sus descargos por escrito ante la Seremi de Salud y varios meses después, con fecha 22 de octubre de 2013, la recurrida dictó la Resolución N°9996 en los sumarios sanitarios acumulados N°5483/2012 y 5484/2012, condenando a su parte al pago de una multa de 140 UTM, por infracción al artículo 37 del D.S. N°594/99 del Ministerio de Salud.

Esgrime que, de acuerdo al artículo 19 N° 24 de la Constitución, la recurrente, con la actuación de la recurrida, ha visto privada, perturbada y amenazada la garantía constitucional del derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.

Agrega, que teniendo presente que la resolución materia del presente recurso ha sido expedida en el marco de una actividad administrativa irregular, se ha castigado pecuniariamente a su representada con una multa de 140 UTM, motivo por el cual necesariamente deviene amenazado el derecho de propiedad que le garantiza el precepto constitucional indicado.

Indica, adicionalmente, que la Resolución antes citada vulnera la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa, por la excesiva dilación del procedimiento administrativo.

Señala que en esta materia, y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos, las resoluciones emitidas por los órganos de la Administración del Estado, como la Seremi de Salud, deben ceñirse a las disposiciones de esa ley.

Ahonda, en orden a que en el artículo 4° de la Ley 19.880, se dispone que el procedimiento administrativo está sometido, entre otros, al principio de celeridad. Que es en razón de este principio que cada uno de los funcionarios de la administración se encuentran obligados a hacer progresar los procedimientos administrativos en cada una de sus etapas, con el fin de concluirlo con la dictación de un acto administrativo. En el presente caso, el procedimiento se inició el 7 de septiembre de 2012 con la visita inspectiva de funcionarios de las Seremi de Salud y el acto terminal sólo vino a dictarse con fecha 22 de octubre de 2013, y a notificarse con fecha 27 de enero de 2014, es decir más de un año después de la ocurrencia de los hechos, plazo que, a juicio del recurrente, carece de toda razonabilidad.

Añade que el artículo 3° de la Ley 18.575 consagra entre otros los principios de eficiencia, eficacia y probidad, que en el caso de marras han sido abiertamente infringidos por la recurrida al extender sin fundamento la dictación del acto administrativo. Indica que según lo dispone el artículo 167 del Código Sanitario, “Establecida la infracción la autoridad sanitaria dictará sentencia sin más trámite.” Por su parte el artículo 27 de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos, prescribe que salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.

Manifiesta que de esa manera, considerando la injustificada dilación del procedimiento administrativo e infracción de los principios que lo sustentan, resulta evidente una infracción del debido proceso.

Destaca, además, el recurrente que se ve vulnerada la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa, desde que el acto administrativo recurrido carece de motivación en cuanto a la decisión que adopta y en la determinación de la multa que aplica.

Considera que la resolución en su parte fundamentativa se limita a señalar cuales serían las obligaciones que pesan sobre la recurrente en materia de seguridad e higiene en los lugares de trabajo, para luego indicar que los hechos que constan en el acta constituyen infracción a la legislación vigente que regula la materia y que la recurrida no ha logrado eximirse de su responsabilidad, infringiendo lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos, que señala en su inciso 4° que “Las resoluciones contendrán la decisión que será fundada.”

Por otro lado, dice que la resolución N°9996 no transparenta los criterios o razonamientos que la llevan a fijar la cuantía de la multa en 140 UTM.

La recurrente indica que la resolución recurrida vulnera el principio de tipicidad, que consiste en la prohibición de sancionar conductas en base a normas que no definen la conducta reprochada y la sanción respectiva, por cuanto el artículo 174 del Código Sanitario, norma en que se basa la Seremi de Salud para aplicar la sanción, no establece criterio alguno que permita determinar la sanción aplicable en el caso concreto.

Advierte, finalmente, que la resolución referida ha sido dictada con infracción a la garantía de la presunción de inocencia. Ello por cuanto la resolución de autos da por existente la supuesta infracción en base a un medio probatorio totalmente viciado, carente de toda aptitud para generar convicción en el sentenciador. En efecto el artículo 166 del Código Sanitario permite dar por establecidas la infracciones de leyes y reglamentos sanitarios con el solo mérito del acta levantada por el funcionario del servicio. Sin embargo, agrega, que el acta en cuestión constata un hecho que habría ocurrido tres días antes de la visita de inspección, en la que el funcionario debió observar los hechos que pudieron plasmarse en el acta.

Concluye solicitando que, siendo la actuación de la recurrida, ilegal y arbitraria, que afecta las garantías fundamentales de la forma antes expuesta, se deje sin efecto la Resolución 9996, de 22 de octubre de 2013, dictada por la Seremi la recurrente de Salud de Santiago en la parte que condena a la Empresa Contructora Sigro S.A. al pago de una multa de 140 UTM, con costas.

SEGUNDO: Que doña nombre reservado, por la recurrida, Secretaria Regional Ministerial de Salud Metropolitana, a fojas treinta de autos, informa al tenor del recurso en estudio, sosteniendo que, en primer término, que su representada, en el legítimo ejercicio de sus funciones, ha incoado una serie de sumarios sanitarios en contra de la actividad de giro de la recurrente, atendida la constatación por funcionarios fiscalizadores, en varias oportunidades, de diversas infracciones sanitarias. En el caso sub lite, el sumario se motiva en visita inspectiva en obra en construcción en la comuna de la Reina, producto del accidente grave de un trabajador. Que consta en sus registros que los hechos constatados por funcionarios fiscalizadores dieron origen a un sumario sanitario que corresponde al 5483-2012 al cual se encuentra acumulado el sumario 5484-2012, en el cual, oídos los descargos de los sumariados, concluyó con la sentencia sanitaria recurrida por esta vía.

Pormenoriza, en segundo término, que la Autoridad Sanitaria, de acuerdo al artículo 161 del Código Sanitario, es plenamente competente para instruir sumario sanitario por infracción a la normativa de dicho cuerpo legal y de sus reglamentos, decretos o resoluciones. En este sentido, agrega, que se han respetado las normas del debido proceso del sumariado y no se ha vulnerado garantía constitucional alguna a su respecto.

Destaca que, en efecto, es el sumariado quien pudiendo haber ejercido oportunamente la impugnación de la sentencia sanitaria N°009996, en sede jurisdiccional de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 171 del Código Sanitario ante los Tribunales de Letras en lo Civil competente, ha recurrido en su contra en sede cautelar, lo cual vulnera las normas del debido proceso previamente establecidos en dicho artículo, dado que dicho acto administrativo posee un medio de impugnación predeterminado en la ley que debe plantearse en Tribunales Ordinarios dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia sanitaria, reclamo que se tramita en forma breve y sumaria en donde se puede desvirtuar o ratificar por un tribunal en lo civil, si los hechos se encuentran comprobados de acuerdo de acuerdo a las normas del referido código, si tales hechos constituyen infracción y si la sanción aplicada corresponde a la infracción cometida, luego de que ambas partes, autoridad y administrado, han presentado la prueba correspondiente. Por ende, expresa, no resulta ser esta sede cautelar la vía idónea de impugnación de una sentencia sanitaria ni de las resoluciones dictadas conforme a ella, como lo pretende el recurrente porque existe un procedimiento reglado en una disposición especial que se establece para impugnar el sumario sanitario.

Precisa que, en el caso, no consta que la sociedad recurrente haya interpuesto reclamo judicial, dentro del plazo legal ante la Justicia Ordinaria, respecto de la sentencia sanitaria sobre la que versa el recurso.

Termina peticionando que se rechace el recurso de “amparo” (sic) interpuesto.

TERCERO: Que, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, vale decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas por la Carta Magna del ordenamiento.

CUARTO: Que, con lo precedentemente expuesto, han quedado cabalmente determinadas las respectivas posturas tanto de la accionante de autos, o sea, de la Empresa Constructora Sigro S.A, por quien actúa don nombre reservado; como de la la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana., de suerte que resulta ahora procedente determinar por esta magistratura si ha existido o no ilegalidad o arbitrariedad en el obrar del ente público recurrido, que permita acoger la acción cautelar en estudio.

QUINTO: Que, de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que presente acción de protección fue interpuesta en contra de la Resolución cuestionada, o sea, la Nº 09996 de 22 de octubre de 2013, emanada de la accionada, sin que el recurrente hubiese, oportunamente, deducido en contra de ese acto los medios de impugnación que le confiere u otorga el sistema recursivo que regula la materia, vale decir: a) la reposición o reconsideración administrativa, la cual debe interponerse ante esa Secretaría, en el plazo de cinco días hábiles, contados desde la notificación de la sentencia; y b) la reclamación judicial la cual debe interponerse ante la justicia ordinaria civil, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

SEXTO: Que para esta Corte resulta notorio que el recurso en análisis da cuenta de hechos que no se encuadran ni subsumen a cabalidad en los presupuestos establecidos por el constituyente para estimar favorablemente el recurso o acción constitucional articulado en estos autos por la accionante, en atención a que, tal como lo señala la accionada y se dijo en el basamento que antecede, el acto administrativo cuestionado posee medios de impugnación predeterminados en la ley, uno de los cuales debe plantearse ante los tribunales ordinarios, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia sanitaria, reclamo que se tramita en forma breve y sumaria, en cuya sede se otorga la posibilidad de justificar ante un tribunal ordinario en lo civil, con plena independencia de decisión, si los hechos que determinaron la sanción se encuentran justificados a cabalidad; si tales hechos constituyen la vulneración que se denuncia; y si la sanción aplicada corresponde a la transgresión cometida, lo que realizarán los contendientes, vale decir, la autoridad y el administrado reclamante, mediante la producción de los medios de acreditación que estimen más convenientes a sus intereses.

SÉPTIMO: Que, en las condiciones descritas en el basamento que antecede, es parecer de esta magistratura, que la presente vía resulta inidónea e inadecuada para obtener el propósito que persigue la recurrente, en atención a que, a juicio del propio legislador, los planteamientos formulados en el escrito introductorio de estos antecedentes requieren de una etapa confirmatoria, dentro de la cual los contendientes tengan la oportunidad de arrimar las probanzas necesarias para justificar sus afirmaciones acerca de las cuestiones fácticas debatidas, fase procesal que no se encuentra contemplada en las normas que regulan este recurso, por resultar ajena a su finalidad.

OCTAVO: Que, con todo, analizados los antecedentes conforme a las reglas de la sana crítica, al entender de estos jueces, en el actuar del recurrido no se divisan comportamientos reprochables que den cuenta de los vicios o defectos establecidos en la normativa que regula la acción cautelar analizada, necesarios para emitir un pronunciamiento favorable a lo peticionado por la recurrente, y, en tales circunstancias, no resulta viable estimar favorablemente el reparo incoado objeto de actual estudio, que asigna ilegalidad o arbitrariedad a las conductas que se atribuyen al ente público accionado.

NOVENO: Que, en las condiciones expuestas en la parte motiva que antecede y como se dirá en el decisum de este pronunciamiento jurisdiccional, resulta enteramente procedente negar lugar a lo peticionado en lo principal de la presentación introductoria de fojas 6 y siguientes.

Por estas consideraciones, y de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza el recurso de protección impetrado a fojas 6 por don nombre reservado, quién lo hace en representación de Empresa Constructora Sigro S.A., en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana.

Redacción del abogado integrante señor Eugenio Benítez Ramírez.

Regístrese y archívese, sí no se apelare.

N°Protección- N° 8971 - 2014.

Pronunciada por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Escobar Zepeda e integrada por la Ministro señora Marisol Andrea Rojas Moya y por el abogado integrante señor Eugenio Benítez Ramírez.

Autorizada por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a 07 de abril de dos mil catorce, notifiqué en Secretaría por el estado diario la resolución precedente.