Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Capital S

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de julio de dos mil veintiséis.

Al escrito de folio 15 y principal de folio 16: téngase presente. Al otrosí de folio 16, a sus antecedentes, VISTOS Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que nombre reservado, de nacionalidad nicaragüense, deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en retener y no entregar la totalidad de sus fondos previsionales solicitados al amparo de la Ley N°18.156, devolviéndole únicamente una fracción equivalente al 36,7% del total, vulnerando de esta forma la garantía consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Menciona que el 16 de febrero de 2026 ingresó una solicitud de retiro del 100% de sus fondos al correo institucional de una funcionaria de la recurrida, acompañando la documentación que, a su juicio, exige la ley, y que recibió el acuse de recibo al día siguiente. Agrega que, al no obtener respuesta dentro del plazo que estima aplicable, el 24 de febrero de 2026 reiteró su requerimiento, dirigió una misiva al representante legal de la recurrida y reclamó ante la Superintendencia de Pensiones. Expone que el 28 de febrero de 2026 la recurrida le depositó la suma de $2.644.798, equivalente al 36,7% de sus fondos, argumentando que solo acompañó un contrato de trabajo con un anexo de la empresa IFCO Systems en el que expresó su voluntad de seguir cotizando en su país de origen. Sostiene que acreditó suficientemente los requisitos legales y que la devolución parcial vulnera el espíritu de la Ley N°18.156, que a su entender garantiza la restitución íntegra de los fondos al trabajador extranjero. Añade que se encuentra afiliado al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que continúa cotizando en él y que dicho régimen le cubrirá una operación de salud, y precisa que la negativa a su segunda solicitud se produjo el 5 de marzo de 2026.

Cita el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el artículo 19 N°24 del mismo texto, y los artículos 1, inciso b, y 7 de la Ley N°18.156, invocando además jurisprudencia que estima uniforme sobre la obligación de las administradoras de devolver la totalidad de los fondos sin condicionarla a los contratos de trabajo y anexos.

Pide que se acoja el recurso, se ordene a la recurrida la devolución del 100% de sus fondos previsionales conforme al artículo 7 de la Ley N°18.156, se resguarden sus garantías constitucionales, se dispongan los actos reparatorios y la correspondiente indemnización, con costas.

SEGUNDO: Que la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. evacúa informe, solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes, con costas.

Expone como antecedentes que el recurrente ingresó dos solicitudes de devolución de fondos previsionales, ambas aprobadas: la primera, de 25 de febrero de 2026, respondida el mismo día, respecto del empleador IFCO Systems Chile S.A. por el periodo de marzo de 2023 a octubre de 2024; y la segunda, de 11 de marzo de 2026, respondida el 16 de marzo de 2026, respecto de los empleadores Comunidad Edificio Los Cerezos, por el periodo de diciembre de 2021 a agosto de 2024, y Embotelladora Metropolitana S.A., por el periodo de septiembre de 2022 a febrero de 2023.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario ni ilegal, puesto que devolvió el 100% de los fondos previsionales de los periodos solicitados y acreditados por el recurrente, y que la Ley N°18.156, en sus artículos 1 y 7, exige el cumplimiento copulativo de los requisitos consistentes en la afiliación a un régimen de previsión fuera de Chile y en la expresión, en el contrato de trabajo respectivo, de la voluntad de mantener dicha afiliación. Precisa que, tratándose de una norma de excepción, debe interpretarse restrictivamente, según lo instruido por la Superintendencia de Pensiones mediante el oficio ordinario N°24.472, de 26 de octubre de 2015, de manera que las administradoras solo pueden acceder a las solicitudes cuando se acrediten esos requisitos respecto de cada relación laboral.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que al existir múltiples empleadores debía acreditarse el cumplimiento de los requisitos de forma independiente para cada uno de ellos, y el afiliado solo acompañó documentación respecto de los tres empleadores cuyos fondos le fueron íntegramente devueltos. Añade que así lo informó al recurrente mediante carta de 16 de marzo de 2026, en la que precisó que el depósito correspondiente a la primera solicitud, por un total de $2.466.798, se efectuó el 2 de marzo de 2026, y que, tras recibir posteriormente los contratos de los restantes empleadores, ingresó y aprobó la segunda solicitud, subrayando que se trata de una definición de fundamento estrictamente legal y no discrecional.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que el acto que se reprocha a la recurrida consiste en haber devuelto al recurrente solo una fracción, equivalente al 36,7%, de los fondos previsionales cuyo retiro solicitó al amparo de la Ley N° 18.156, negándose a la entrega de la totalidad de ellos, lo que a su juicio vulnera la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho de propiedad. La recurrida, por su parte, no niega haber efectuado la devolución en etapas, sino que justifica su proceder en la ley y sostiene haber dado cumplimiento a ella, en cuanto afirma haber restituido la totalidad de los fondos correspondientes a los empleadores que el afiliado acreditó.

QUINTO: Que, conforme a lo razonado en el considerando tercero, para acoger esta acción cautelar es menester que el acto reprochado revista el carácter de ilegal o arbitrario, y que tal ilegalidad o arbitrariedad aparezca de manifiesto. En la especie, el actuar de la recurrida se funda en los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, que subordinan la devolución de los fondos previsionales del trabajador extranjero al cumplimiento copulativo de los requisitos que la primera disposición establece, así como en el oficio ordinario N° 24.472, de 26 de octubre de 2015, de la Superintendencia de Pensiones, que instruye interpretar dicha ley de manera restrictiva. De este modo, apareciendo la conducta de la recurrida sustentada en un fundamento normativo, ella no puede calificarse como producto del mero capricho, propio de lo arbitrario, ni como contraria a la ley, de suerte que la ilegalidad o arbitrariedad que la acción exige no se advierte de manifiesto.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, tampoco se configura una privación actual del derecho de propiedad invocado, toda vez que, según dan cuenta los antecedentes allegados a la causa, la recurrida devolvió íntegramente los fondos correspondientes a los tres empleadores acreditados por el recurrente, de manera que el agravio que se reprocha carece de la actualidad que la naturaleza de emergencia de esta acción requiere.

SÉPTIMO: Que, por lo demás, la pretensión del recurrente de obtener la devolución de la totalidad de sus fondos supone dilucidar previamente si acreditó, respecto de cada una de sus relaciones laborales, las exigencias de la Ley N° 18.156, cuestión que se encuentra controvertida entre las partes y que impide tener por indubitado el derecho que se invoca. Tal examen, así como las peticiones de actos reparatorios e indemnización que igualmente formula, excede el ámbito propio de esta acción cautelar, correspondiendo su ventilación a un procedimiento de lato conocimiento, dotado de una etapa de prueba de la que la presente vía carece.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección constitucional deducido a favor de nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A.

Con el voto en contra del Abogado Integrante señor Sebastián Llantén, quien estuvo por acoger el recurso en consideración a que consta la manifiesta voluntad del trabajador de mantener sus cotizaciones en un sistema previsional extranjero, así como su efectiva afiliación a este; circunstancias que, de hecho, motivaron la devolución de una parte de sus fondos por la propia recurrida en solicitudes previas.

Que la negativa de la Administradora de Fondos de Pensiones de restituir los fondos restantes obedece a la exigencia de acreditar dicha voluntad expresamente en el contrato de trabajo, de forma estricta e independiente para cada relación laboral, basándose en la aplicación restrictiva que instruye el Oficio Ordinario N° 24.472 de la Superintendencia de Pensiones. Sin embargo, la aplicación de tal rigorismo formalista desconoce que el espíritu y finalidad de la Ley N° 18.156 ya se encuentran satisfechos ante la reiterada e inequívoca voluntad demostrada por el trabajador a lo largo de su vida laboral y ante la propia recurrida. Por consiguiente, tratándose de dineros destinados a la seguridad social —respecto de los cuales el trabajador es legítimo propietario—, el acto recurrido deviene en arbitrario y vulnera la garantía constitucional de su derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-8951-2026.