nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de don nombre reservado, ciudadano venezolano, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, fundado en que mediante Resolución Exenta N° 2600100107503, de 23 de febrero de 2026, se rechazó su solicitud de residencia definitiva, otorgándosele en su lugar una residencia temporal.

Expone que el recurrente ingresó regularmente a Chile en el año 2018, obteniendo con posterioridad sucesivos permisos de residencia temporal mediante los procesos de regularización previstos en la Ley N° 21.325, manteniendo actualmente arraigo laboral y económico en el país, puesto que cuenta con contrato de trabajo vigente y percibe ingresos acreditables que le permiten proveer de manera autónoma a su propio sustento.

Señala que la resolución administrativa que rechazó su solicitud de residencia definitiva se funda en la existencia de antecedentes negativos por el delito de receptación, vinculados a las causas RIT 3097-2023, RUC 2300981051-K, del 1° Juzgado de Garantía de Santiago, y RIT 8133-2025, RUC 2500787504-8, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago. Sin embargo, indica que ambos procesos penales concluyeron mediante sobreseimiento definitivo —con fechas 11 de septiembre de 2024 y 24 de septiembre de 2025, respectivamente—, resoluciones que pusieron término a la persecución penal sin establecer responsabilidad penal respecto del recurrente.

Sostiene que, al momento de dictarse la resolución administrativa impugnada, no existía proceso penal pendiente ni condena vigente en su contra, por lo que la autoridad migratoria habría fundado su decisión en antecedentes que carecían de eficacia jurídica, configurándose así un acto ilegal y arbitrario que vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Por lo anterior, solicita que se acoja el recurso de protección, se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 2600100107503 y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones dar curso a la tramitación de su solicitud de residencia definitiva, adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y resguardar sus garantías constitucionales, con costas.

SEGUNDO: Que, informando el recurso, comparecen los abogados Antonio Emilio Beltrán Henríquez y María Paz Fuenzalida García, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes, por estimar que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas.

Exponen que el recurrente, ciudadano venezolano, ingresó al país el 4 de febrero de 2018 por paso fronterizo habilitado, acogiéndose sucesivamente a los procesos de regularización extraordinaria contemplados en la Ley N° 21.325, encontrándose en situación migratoria regular al momento de solicitar, con fecha 13 de abril de 2023, el permiso de residencia definitiva.

Señalan que, mediante Notificación Previo Rechazo Folio N° 91012439, de 23 de diciembre de 2025, se comunicó al recurrente que su solicitud se encontraba comprendida en causal de rechazo por registrar antecedentes negativos en Chile, consistentes en las dos causas por el delito de receptación ya individualizadas, otorgándosele un plazo de diez días hábiles para formular descargos. Agregan que el recurrente acompañó dentro de dicho plazo una carta explicativa y diversa documentación, la que, analizada por el Servicio, no permitió desvirtuar los fundamentos de la causal invocada, dictándose en consecuencia la Resolución Exenta N° 2600100107503, de 23 de febrero de 2026.

En cuanto al fundamento jurídico de la decisión, sostienen que el Servicio Nacional de Migraciones es la autoridad competente para resolver las solicitudes de residencia, conforme a los artículos 78, 37 y 157 N° 5 de la Ley N° 21.325, y que el rechazo se sustentó en la facultad conferida por el artículo 88 inciso final, en relación con el artículo 33 número 2, de la misma ley, que autoriza rechazar solicitudes de residencia de extranjeros que registren antecedentes penales.

Añaden que, no obstante el rechazo de la residencia definitiva, la autoridad hizo uso de la facultad prevista en el artículo 91 inciso 5° de la Ley N° 21.325, sustituyendo la eventual orden de abandono por el otorgamiento de una residencia temporal en la subcategoría de Actividades Lícitas Remuneradas, de manera de no dejar al recurrente en una situación de indefensión.

Finalmente, sostienen que las actuaciones del Servicio se ajustaron a las normas legales y reglamentarias que regulan el procedimiento administrativo migratorio, por lo que no existe acto ilegal ni arbitrario que amenace o perturbe el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas, solicitando en consecuencia que se rechace el recurso de protección en todas sus partes.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que según consta de los antecedentes de convicción acompañados y de los expedientes electrónicos remitidos a esta Corte por el 1° y el 7° Juzgados de Garantía de Santiago, es posible tener por acreditados los siguientes hechos:

a.- Que el recurrente nombre reservado, de nacionalidad venezolana, ingresó a territorio nacional con fecha 4 de febrero de 2018, por paso fronterizo habilitado.

b.- Que el 13 de abril de 2023, encontrándose en situación migratoria regular, el recurrente solicitó ante el Servicio Nacional de Migraciones permiso de Residencia Definitiva, quedando registrada dicha solicitud bajo el ID N°63606187.

c.- Que mediante Notificación Previo Rechazo Folio N°91012439, de 23 de diciembre de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones, se comunicó al recurrente que su solicitud se encontraba comprendida en causal de rechazo, por registrar antecedentes negativos en el país, específicamente por el delito de receptación, en causas RIT 3097-2023, RUC 2300981051-K, del 1° Juzgado de Garantía de Santiago, y RIT 8133-2025, RUC 2500787504-8, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, otorgándosele un plazo de diez días hábiles para formular los descargos correspondientes.

d.- Que mediante Resolución Exenta N°2600100107503, de 23 de febrero de 2026, del Servicio Nacional de Migraciones, se rechazó la solicitud de Residencia Definitiva del recurrente por registrar los antecedentes negativos antes señalados, demostrando una conducta que vulnera bienes jurídicos e intereses protegidos por el Estado, sustituyéndose la eventual orden de abandono por el otorgamiento de una residencia temporal en la subcategoría de Actividades Lícitas Remuneradas, por el período de 1 año, conforme al artículo 91 inciso 5° de la Ley N°21.325.

e.- Que el citado proceso penal RIT 3097-2023, RUC 2300981051-K, del 1° Juzgado de Garantía de Santiago, culminó con el sobreseimiento definitivo de la causa con fecha 11 de septiembre de 2024, mediante resolución que al efecto señaló: "habiendo transcurrido el plazo de suspensión del procedimiento fijado por el Tribunal, sin que ésta hubiese sido revocada, se decreta de oficio el sobreseimiento total y definitivo del proceso penal, por acaecer una circunstancia que, con arreglo a la ley, pone fin a la responsabilidad del imputado".

f.- Que el citado proceso penal RIT 8133-2025, RUC 2500787504-8, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, culminó igualmente con el sobreseimiento definitivo de la causa, decretado en audiencia con fecha 24 de septiembre de 2025, ante la falta de prueba suficiente para sostener la acusación, en los términos del artículo 277 del Código Procesal Penal, sin oposición de la defensa.

QUINTO: Que, para resolver, hay que tener presente que el artículo 88 inciso final, en relación con el artículo 33 número 2 de la Ley N° 21.325, dispone como causal de rechazo, respecto de quienes “Registren antecedentes penales en los archivos o registros de la autoridad policial, canalizados a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).”

En ese sentido, de conformidad con los antecedentes acompañados se advierte que el rechazo de la solicitud de residencia definitiva, se funda en una situación fáctica y jurídica inexistente a la época en que fue dictada la resolución impugnada, toda vez que a la data en que fue dictada, de 23 de febrero de 2026, no registraba antecedentes penales en Chile, ya que en las causas en que había sido imputado se había dictado sobreseimiento definitivo a su respecto el 11 de septiembre de 2024 y 24 de septiembre de 2025, respectivamente.

SEXTO: Que como ha quedado demostrado, al momento de dictarse la Resolución Exenta N° 2600100107503, de 23 de febrero de 2026, el recurrente no registraba antecedentes penales vigentes en Chile. De lo anterior se desprende que el acto que rechazó su petición por un motivo que no se condice con la verdad es ilegal y, por tanto, vulnera la garantía constitucional que el recurrente denuncia transgredida, de manera que, en el escenario descrito, se acogerá la presente acción constitucional para el solo efecto de que el Servicio Nacional de Migraciones reabra el proceso administrativo y resuelva la petición del recurrente conforme a derecho.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a lo sostenido por la autoridad recurrida en su informe, relativo a la sustitución de la eventual orden de abandono por una residencia temporal descartaría toda afectación al recurrente, no puede subsanar la ilegalidad advertida en el acto impugnado, toda vez que la legalidad de una decisión administrativa debe examinarse a partir de las razones expresamente consignadas en la resolución que la contiene, las cuales deben ser suficientes, veraces y coherentes con los antecedentes del caso. De este modo, al haberse sustentado la resolución en un motivo que no se condice con la realidad de los antecedentes del protegido, el acto administrativo deviene en arbitrario e ilegal.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE ACOGE la acción constitucional de protección interpuesta en favor de don nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sin costas, sólo en cuanto se ordena al Servicio Nacional de Migraciones reabrir el proceso administrativo y resolver la solicitud de residencia definitiva del recurrente conforme a derecho.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Al folio 18, atendida la hora de la presentación, estése al mérito de lo resuelto.

N°Protección-8950-2026.