nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES AFP MODELO S.A

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente Primero: Que comparece nombre reservado, de nacionalidad cubana, por sí, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones AFP Modelo S.A., por haber rechazado mediante comunicación electrónica de 13 de marzo de 2026 su solicitud de devolución de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N°18.156.

Funda su pretensión en que ingresó a territorio nacional en el año 2019, desempeñándose en diversos empleos que supusieron el entero regular de sus cotizaciones, hasta el cese de su última relación laboral en agosto de 2024. Expresa que, ante su actual situación de desempleo y su decisión de retornar a su país de origen, el 10 de marzo de 2026 solicitó la devolución de sus fondos, adjuntando al efecto su cédula de identidad, finiquito, título profesional de Licenciado en Derecho debidamente legalizado y una certificación de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) de Cuba para acreditar su afiliación a la seguridad social en dicha nación. Refiere que, tras un requerimiento adicional de la recurrida, el cual fue evacuado acompañando una carta explicativa sobre la imposibilidad de protocolizar documentos presencialmente en Cuba, la administradora procedió a rechazar el arbitrio administrativo tildando de documentación no válida el certificado de afiliación previsional extranjera y el título profesional.

Sostiene el recurrente que la decisión impugnada carece de sustento racional, toda vez que se le exige la protocolización notarial en Cuba del certificado de la ONAT, trámite que requiere su comparecencia física en la isla, resultando ser una exigencia de imposible cumplimiento dada su residencia en Chile. Arguye, además, que su título profesional cuenta con las legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y del Consulado de Chile en La Habana, y que su condición de cesantía justifica la presentación de su último contrato y finiquito en lugar de un vínculo vigente, cumpliéndose así la ratio legis de la exención de cotizar para técnicos extranjeros.

En lo concerniente a la afectación de sus garantías constitucionales, el recurrente manifiesta que el acto de la AFP Modelo S.A. vulnera de manera flagrante su derecho de propiedad bajo el artículo 19 N°24 de la Carta Magna, al impedirle disponer de caudales que son de su exclusivo dominio y que integran su patrimonio personal, además de conculcar la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2, al ser objeto de un trato caprichoso que omite considerar los antecedentes de fuerza mayor expuestos en su solicitud, apartándose la recurrida de la correcta hermenéutica legal.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida hacer devolución de la totalidad de los fondos previsionales depositados en su cuenta de capitalización individual, dentro del plazo que esta Corte estime pertinente.

Segundo: Que, evacuando informe, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. solicita el íntegro rechazo de la acción de protección intentada, con expresa condena en costas.

Fundamenta su oposición sosteniendo que el acto impugnado no reviste carácter de ilegal o arbitrario, por cuanto se ajusta estrictamente a la normativa vigente, en particular a las disposiciones de la Ley N°18.156 y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

En su exposición de hechos, señala que el recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales bajo la exención para técnicos extranjeros respecto de sus servicios en la empresa Soluciones Migratorias SpA.

Refiere luego que, tras el análisis de rigor, se determinó que el solicitante no cumplía con los requisitos copulativos del artículo 1° de la citada ley. Específicamente, arguye que el recurrente no acompañó una certificación de afiliación a un régimen de seguridad social extranjero que acreditara cobertura efectiva para las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el periodo de la relación laboral en Chile, debidamente legalizada o apostillada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme lo exigen los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Refuerza su argumentación jurídica calificando la Ley N°18.156 como un régimen de excepción que debe interpretarse restrictivamente, citando jurisprudencia que valida la exigencia de documentos auténticos y fehacientes para desvirtuar la obligatoriedad del sistema previsional nacional.

Concluye que, al no acreditarse la concurrencia de las exigencias legales, la administradora se encontraba impedida de acceder a la devolución, actuando en cumplimiento de sus deberes legales y de la potestad fiscalizadora del órgano regulador, descartando así cualquier vulneración al derecho de propiedad o a la igualdad ante la ley.

Tercero: Que, evacuando informe, la Superintendencia de Pensiones informa que el recurrente no satisface los requisitos copulativos e imperativos establecidos en la Ley N°18.156 para acceder al beneficio excepcional de devolución de fondos previsionales.

En cuanto al derecho aplicable, la Superintendencia sostiene que la normativa en comento constituye un régimen de excepción que debe interpretarse de manera restrictiva, exigiendo el cumplimiento de las letras a) y b) del artículo 1° de la citada ley.

Al analizar la situación fáctica del recurrente, el informe advierte dos omisiones sustanciales. En primer término, respecto de la exigencia contenida en la letra a) del artículo 1°, señala que el «Certificado Fiscal» emitido por la Oficina Municipal de Administración Tributaria de Cuba no constituye un antecedente idóneo para acreditar que el trabajador contó efectivamente con protección integral ante las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el tiempo de su prestación de servicios en Chile, limitándose dicho documento a consignar meras contribuciones tributarias sin detallar coberturas específicas. En segundo lugar, en lo referente a la letra b) del mismo precepto legal, el órgano contralor destaca que el contrato de trabajo suscrito con la empresa Soluciones Legales Migratorias SpA contiene una cláusula cuarta que manifiesta expresamente la voluntad del trabajador de cotizar en el régimen previsional chileno, lo cual es diametralmente opuesto a la exigencia legal de manifestar la voluntad de mantener la afiliación en el extranjero. Se hace presente que no consta en el expediente administrativo ningún anexo que modifique dicha estipulación.

Por tales razones, la Superintendencia concluye que no existen antecedentes que permitan determinar que el señor nombre reservado cumple con las exigencias legales para la devolución de fondos, validando así la actuación de la Administradora recurrida.

Cuarto: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es un arbitrio extraordinario y sumarísimo de naturaleza cautelar, destinado a restablecer el imperio del derecho adoptando medidas de urgencia frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que amaguen, perturben o priven el legítimo ejercicio de garantías constitucionales preexistentes y que revistan el carácter de indubitadas.

Quinto: Que el núcleo de la controversia jurídica se constriñe a determinar si la exigencia formulada por AFP Modelo S.A., consistente en requerir que el Certificado Fiscal de la ONAT de Cuba que acredita la afiliación previsional extranjera del recurrente deba presentarse debidamente legalizado o apostillado para acceder a la devolución de fondos previsionales de la Ley N°18.156, constituye un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías fundamentales invocadas por el actor.

Sexto: Que, para resolver la materia, es preciso asentar que conforme a las normas que rigen el Nuevo Sistema de Pensiones del D.L. N°3.500, los fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual poseen un destino de orden público de carácter general y exclusivo, orientado al financiamiento de las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia de los trabajadores. Por consiguiente, la Ley N°18.156 constituye un estatuto de excepción previsional que faculta a los profesionales y técnicos extranjeros a eximirse de cotizar o a solicitar la devolución de sus fondos ya enterados, siempre y cuando se verifique el cumplimiento estricto y copulativo de las exigencias del artículo 1° del citado cuerpo legal. Al revestir el carácter de norma de excepción, sus presupuestos de procedencia son de interpretación restrictiva y su acreditación formal debe ser rigurosa.

Séptimo: Que, analizando en primer término el fondo de la solicitud, la franquicia del retiro de fondos consagrada en la Ley N°18.156 exige que el trabajador extranjero se mantenga exento de la afiliación previsional nacional. Para ello, es un requisito sine qua non que en el contrato de trabajo se exprese de manera inequívoca la voluntad de las partes de excluir la cotización en Chile, manteniendo el trabajador su afiliación y aportes exclusivamente en el régimen de seguridad social de su país de origen.

Sin embargo, en la especie, el propio contrato de trabajo de 9 de mayo de 2022 celebrado entre el recurrente y Soluciones Legales Migratorias SpA, acompañado por el actor para fundar su derecho al retiro de fondos, consigna en sus cláusulas que el trabajador cotizaría en el sistema previsional chileno. Al haberse pactado de forma voluntaria por los contratantes la sujeción del dependiente al régimen de seguridad social de este país, las sumas de dinero enteradas en su cuenta de capitalización individual asumieron el carácter de cotizaciones obligatorias ordinarias regidas por el D.L. N°3.500, no existiendo habilitación legal alguna para eximirse de forma retroactiva de dicha obligación previsional necesaria.

Octavo: Que, en el mismo tenor, la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 exige que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. A su vez, para dar por acreditado dicho presupuesto, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones (Libro II, Título XI) dispone que el cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada o apostillada.

Noveno: Que, respecto a la validez y fuerza probatoria de los documentos emitidos en el extranjero, nuestro ordenamiento jurídico impone reglas de autenticidad perentorias. Al efecto, el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados en el país para que hagan fe en juicio y ante las instituciones del Estado. Asimismo, el artículo 345 bis del mismo Código regula la procedencia de la apostilla como el mecanismo simplificado de autenticación formal aplicable entre los Estados parte de la Convención de La Haya.

En la especie, es un hecho indiscutido que el Certificado Fiscal de la ONAT emitido en la República de Cuba no cuenta con legalización consular ni con apostilla alguna. En consecuencia, al carecer dicho instrumento de las solemnidades legales indispensables para acreditar su autenticidad formal y validez jurídica dentro del territorio chileno, no permite concluir el cumplimiento del requisito previsional de cobertura en el extranjero que se busca colmar con su presentación.

Décimo: Que, respecto de las alegaciones del recurrente referidas a su imposibilidad económica y práctica de viajar a Cuba para materializar la protocolización y legalización presencial de su certificado, si bien esta Corte comprende la complejidad fáctica de su situación personal y de desempleo, tales vicisitudes de orden práctico no tienen la aptitud jurídica de suspender, modificar o eximir al recurrente de la obligación de cumplir con los requisitos imperativos y formales que el legislador chileno y la autoridad administrativa exigen para la liberación de fondos previsionales en materia de seguridad social.

Undécimo: Que el principio de legalidad que rige la actuación de los órganos del Estado y de las entidades que ejercen funciones de interés público (como las Administradoras de Fondos de Pensiones), consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución, impide a la administradora validar y otorgar efectos jurídicos a documentación extranjera que carezca de la debida autenticación formal.

Exigir el cumplimiento de los estándares de legalización y apostilla del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil no constituye un acto ilegal ni arbitrario; por el contrario, representa un deber de diligencia obligatorio para la AFP Modelo S.A. en resguardo de la seguridad y el destino previsional de los fondos bajo su administración.

Duodécimo: Que, en consecuencia, al constatarse que el acto de rechazo emitido por la AFP Modelo S.A. se encuentra ajustado a derecho, fundado en causales legales de carácter objetivo y dictado en cumplimiento de instrucciones obligatorias del órgano contralor y al no acreditarse un derecho indubitado por parte del recurrente debido a que su contrato de trabajo pactó expresamente la cotización en el sistema chileno y a que acompañó un documento extranjero carente de autenticación formal, se concluye que no existe una vulneración ilegal o arbitraria a la garantía de propiedad protegida en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, por lo que la presente acción de protección debe ser desestimada.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 N°2 y 24, y 20 de la Constitución Política de la República; D.L. N°3.500 de 1980; Ley N°18.156; artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil; y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. (AFP Modelo).

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Protección-8947-2026.