Protección contra nombre reservado por haber cancelado la matrícula de la niña

C.A. de Santiago Santiago, catorce de septiembre de dos mil veintiséis.

Proveyendo al escrito folio 38: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 16 de marzo de 2026 comparece Víctor Carrillo, abogado, en representación de nombre reservado, quien a su vez actúa en favor de su hija, la adolescente nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la nombre reservado por haber cancelado la matrícula de la niña, pese a encontrarse debidamente matriculada, dejándola en una lista de espera con el número 43, actuación que estima ilegal y arbitraria, atendido que se funda en un error administrativo no imputable a su parte y en un acto discriminatorio motivado por el diagnóstico de púrpura trombocitopénica inmune crónica que padece la niña, vulnerando con ello las garantías constitucionales de los numerales 1, 2 10 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se deje sin efecto la cancelación y se ordene su reincorporación inmediata.

Expone que el 14 de diciembre de 2025 la niña comunicó a su padre que mantenía conflictos constantes de convivencia con su madre, siendo entregada por la abuela materna al recurrente, quien la lleva a vivir a su domicilio.

Añade que, al día siguiente, la madre interpuso una constancia por abandono de hogar que estima falsa, motivo por el cual el padre recurrió ante el Primer Juzgado de Familia de Santiago solicitando el cuidado personal, comunicando dicha circunstancia al colegio ese mismo día.

Señala que el establecimiento indicó que la matrícula debía verificarse presencialmente el día 22 de diciembre de 2025, mientras que la madre, valiéndose de su clave de acceso a la plataforma, procedió a matricular a la menor en el período regular anterior, quedando la adolescente matriculada.

Explica que el 23 de febrero de 2025, el padre insistió ante el colegio acompañando la documentación pertinente, invocando el artículo 5.3.3 del reglamento interno, referido al apoderado suplente, por haber cesado la convivencia y haberse entregado el cuidado de la niña.

Manifiesta que, pese a ello, al día siguiente la madre concurrió al establecimiento y retiró a la niña del colegio, perdiendo la matrícula, siendo informado el recurrente por la propia institución.

Argumenta que, conforme al artículo 10 de la Ley General de Educación y al principio de universalidad consagrado en el artículo 3 letra a) de la Ley 20.370, la niña goza de un derecho adquirido a su educación durante todo el año escolar 2026, por haberse matriculado válidamente.

Sostiene que la solución ofrecida por el colegio, consistente en inscribirla en el Sistema de Admisión Escolar en calidad de nueva postulante, constituye un engaño que desconoce su calidad de alumna regular.

Añade que el Ministerio de Educación señaló carecer de competencia para intervenir.

Postula que se ha vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley, al privársele de la matrícula sin consultar a su legítimo apoderado, su derecho de propiedad sobre la matrícula adquirida, su derecho a la educación y su derecho a la integridad psíquica, por el daño emocional derivado de la discriminación sufrida debido a su enfermedad.

Solicita que se deje sin efecto la cancelación de la matrícula, se ordene el reintegro inmediato de la menor a la institución educacional, reconociendo su calidad de alumna regular con derecho a la educación durante el año 2026, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que informa de la nombre reservado, solicitando el rechazo del presente arbitrio constitucional, por cuanto no ha existido de su parte actuación ilegal ni arbitraria alguna, atendido que la matrícula de la alumna nombre reservado no fue cancelada, sino voluntariamente dejada sin efecto por su apoderada registrada, no habiéndose vulnerado, en consecuencia, garantía constitucional alguna del recurrente.

Expone que la alumna cursó segundo medio durante el año 2025 en el establecimiento, siendo su apoderada registrada doña nombre reservado.

Agrega que el 15 de diciembre de 2025 el padre de la adolescente envió un correo electrónico informando que a contar de 2026 tendría su cuidado personal, sin acompañar documento alguno que lo acreditara, mientras que el 17 de diciembre de 2025, la madre suscribió el contrato de prestación de servicios educacionales para el año 2026.

Refiere que el 23 de febrero de 2026, nombre reservado remitió un nuevo correo, adjuntando esta vez una demanda de cuidado personal en contra de la madre, lo que a su juicio confirma que dicho cuidado personal se encontraba radicado en ella.

Manifiesta que el 24 de febrero de 2026, la apoderada se entrevistó con la representante del colegio solicitando el retiro de la alumna, siendo advertida de que ello implicaba la pérdida de la matrícula, insistiendo no obstante en su decisión, procediéndose conforme al protocolo a la entrega de la documentación educacional y a su eliminación del registro SIGE.

Argumenta que, reglamentariamente, el cambio de apoderado requiere la voluntad expresa de las partes involucradas o, en su defecto, una resolución judicial, circunstancia que no concurría a la fecha del retiro.

Sostiene que el establecimiento desconoce lo acontecido el 13 de diciembre de 2025, y que el recurrente pretendió imponer unilateralmente la inhabilitación de la madre como apoderada mediante sus propios dichos.

Enfatiza que resulta ofensivo e injusto que se atribuya al Colegio un actuar discriminatorio fundado en la enfermedad de la menor, calificando dicha imputación de gratuita, y sosteniendo que la situación educacional de la alumna deriva de los conflictos personales entre los padres.

Alega que, una vez retirada la alumna por su apoderada, la matrícula queda disponible conforme al sistema SIGE, no siendo procedente reservar cupos, y que los establecimientos particulares subvencionados no pueden alterar unilateralmente los cupos informados a la Superintendencia de Educación, a diferencia de lo que ocurriría de existir una orden judicial que habilite su aumento.

Afirma que no se ha conculcado garantía constitucional alguna, por cuanto el colegio actuó siempre dentro del marco legal y reglamentario, limitándose a advertir a la apoderada las consecuencias de su decisión, sin poder impedir el retiro voluntario de la alumna, de modo que, perdida su calidad de tal, no subsiste a su respecto ningún derecho adquirido.

Solicita que se rechace el presente recurso, por no haber incurrido en acto u omisión ilegal o arbitraria alguna que amerite su acogimiento.

Tercero: Que, requerida para informar de la presente acción constitucional, la madre de la adolescente fue notificada el 28 de julio de 2026 y al no haber evacuado este informe, mediante resolución de 7 de septiembre pasado, se prescindió del mismo y se trajeron los autos en relación.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, del examen conjunto del recurso, del informe evacuado por la nombre reservado y los antecedentes reunidos en la presente instancia, aparecen como hechos del proceso que la adolescente nombre reservado cursó segundo año de enseñanza media en el establecimiento recurrido durante el año 2025; que con fecha 15 de diciembre de 2025 su padre comunicó por correo electrónico al colegio que, a contar del año 2026, ejercería su cuidado personal; que con fecha 17 de diciembre de 2025 la madre, en su calidad de apoderada registrada, suscribió el contrato de prestación de servicios educacionales para el año 2026; que con fecha 23 de febrero de 2026 el padre remitió un nuevo correo electrónico al colegio, acompañando en esta oportunidad la demanda de cuidado personal deducida en contra de la madre ante el Primer Juzgado de Familia de Santiago; y que, al día siguiente, esto es, el 24 de febrero de 2026, la madre concurrió al establecimiento y retiró a la adolescente, siendo advertida por la institución de que ello implicaba la pérdida de la matrícula, procediéndose por el colegio, conforme a su protocolo interno, a la entrega de la documentación educacional y a la eliminación de la alumna del registro SIGE.

Sexto: Que el artículo 16 E de la Ley General de Educación, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, impone a los establecimientos educacionales, dentro de las materias mínimas que deben regular sus reglamentos internos, el deber de contemplar medidas de prevención y protocolos para la protección de los derechos de sus educandos, disponiendo expresamente, en su letra i), que si se observan riesgos, amenazas o vulneraciones que puedan afectar los derechos y garantías de los niños, niñas o adolescentes, el establecimiento deberá actuar en conformidad al Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia establecido en la ley N°21.430, agregando que las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse de forma excepcional, debiendo preferirse siempre la aplicación de medidas formativas y de protección. Debe comprenderse, en este contexto, el retiro intempestivo de que dan cuenta los antecedentes, sin que la madre hubiere siquiera esbozado un motivo que lo justifique y acredite la continuidad escolar de la adolescente.

A su turno, la ley N°21.430 consagra en su artículo 7° el interés superior del niño, niña o adolescente como derecho, principio y norma de procedimiento, exigiendo ponderar, entre otros factores, la necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover su efectiva integración y desarrollo, considerando su entorno de vida (letra h); reconoce en su artículo 41 el derecho a la educación y el deber de garantizar el ingreso al sistema educacional o su continuidad en él a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren temporal o permanentemente privados de su entorno familiar; y establece, en sus artículos 60 y 63, una acción de tutela administrativa de derechos y un deber de denuncia que obligan a toda persona natural o jurídica vinculada al quehacer de la niñez a poner en conocimiento de los órganos competentes toda situación que pueda ser constitutiva de amenaza o vulneración de los derechos de un niño, niña o adolescente.

Séptimo: Que, de los propios términos del informe evacuado por la recurrida se desprende que el establecimiento tenía pleno conocimiento, desde el mes de diciembre de 2025 y, con mayor precisión aún, desde el 23 de febrero de 2026, esto es, la fecha en que se le puso en conocimiento la demanda de cuidado personal deducida por el padre en contra de la madre, de que la adolescente se encontraba en medio de una disputa judicializada entre sus progenitores relativa a su cuidado personal, circunstancia que por su propia naturaleza comprometía la estabilidad de su entorno familiar y, con ello, la continuidad de su trayectoria escolar, tratándose además de una alumna próxima a cursar su último año de enseñanza media.

Octavo: Que, no obstante lo anterior, el establecimiento se limitó a advertir verbalmente a la apoderada registrada las consecuencias administrativas de su decisión de retirar a la adolescente y a ejecutar, conforme a su protocolo interno, la baja de su matrícula y su eliminación del registro SIGE, sin activar ninguna de las medidas de prevención y protección a que lo obliga el artículo 16 E, letra i), de la Ley General de Educación, ni dar cuenta de la situación a los órganos llamados a la protección administrativa o jurisdiccional de los derechos de la niñez, tales como la Oficina Local de la Niñez, el tribunal de familia competente o la Defensoría de los Derechos de la Niñez, en circunstancias que dicha decisión se verificaba en una oportunidad y en un contexto ( en las postrimerías del mes de febrero) en que el proceso de admisión escolar ya había concluido y, además, tratándose del último año de enseñanza media de la adolescente, de manera que era del todo previsible que en caso de concretarse el retiro, la protegida no encontraría matrícula disponible para continuar su año escolar.

Noveno: Que, en este contexto, el establecimiento recurrido ha desatendido su responsabilidad procurante en materia educacional y, con ello, su deber institucional de dar cuenta e impetrar la debida tutela administrativa y jurisdiccional en favor de la adolescente, permitiendo con su inacción que se abriera una brecha evidente en la protección de sus derechos, al verse afectada su inserción escolar por las desavenencias y disputas existentes entre sus progenitores, salvo la concurrencia de circunstancias extraordinarias que en la especie no se advierten.

La apuntada omisión, atendido el conocimiento cabal que de los hechos tenía el Colegio y la previsibilidad de sus consecuencias, no puede sino calificarse de ilegal, por contravenir los deberes expresos que le imponen el artículo 16 E, letra i), de la Ley General de Educación y los artículos 41, 60 y 63 de la ley N°21.430, y de arbitraria, por importar una actuación desprovista de todo fundamento razonable frente a un contexto fáctico que le era enteramente conocido.

Décimo: Que la actuación ilegal y arbitraria así establecida afecta el derecho a la educación de la adolescente nombre reservado, garantizado en el artículo 19 N°10 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 41 de la ley N°21.430, al haber quedado privada de la continuidad de su proceso educativo por la sola inacción institucional del establecimiento recurrido frente a un riesgo que le era cabalmente conocido, por lo que, conforme a lo razonado en el fundamento cuarto que antecede.

Ahora bien, en lo que interesa a los derechos que ampara la acción ejercida, la acción y omisión de la recurrida ha dispensado a la estudiante protegida un tratamiento diverso al que correspondería a cualquier educando adolescente en su situación, vulnerando la igualdad ante la ley asegurada por el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental. En tales condiciones, corresponde acoger el presente recurso de protección intentado, según se dirá en la conclusión.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de la adolescente nombre reservado en contra de la nombre reservado y en consecuencia se ordena dejar sin efecto el acto recurrido, consistente en la cancelación de la matrícula de la adolescente nombre reservado y su consecuente eliminación del registro SIGE, determinadas el 24 de febrero de 2026, debiendo la indicada Congregación reincorporar a la protegida o, en su caso, mantenerla escolarizada en el establecimiento al que adscribe, reconociéndole sin alteración su calidad de alumna regular con derecho a continuar sus estudios en dicho lugar durante todo el año escolar 2026.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-8946-2026.