nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Santiago, cuatro de enero de dos mil veintiuno.

A los folios 1 4 y 15: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado interpone recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes (Caja Los Andes) a fin de que se adopten las medidas tendientes para cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N°3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, de cuyo legítimo ejercicio se amenaza, priva y perturba a recurrente a consecuencia del proceder arbitrario e ilegal de la recurrida, consistente en descontar y pretender seguir descontando en el futuro parte de la remuneración de don nombre reservado, sin causa legal justificada. En virtud de lo anterior, recurrente solicita que se adopten medidas necesarias para reestablecer el imperio del derecho, en especial, que se ordene (i) abstenerse de realizar por sí u ordenar que se realicen por terceros o por cualquier otro empleador que tenga o tuviere la recurrente en el futuro, o por cualquier otro organismo público o privado, descuentos de sus remuneraciones; (ii) que se condene a la recurrida al pago de las costas.

Indica que es trabajador de la empresa Constructora Consorcio ICSK-COSAPI limitada. Se vinculó a dicha empresa mediante contrato de trabajo, por lo que el empleador debe pagar mensualmente sus remuneraciones. Añade que con fecha 25 de septiembre de 2014 suscribió un crédito con la Caja Los Andes por un monto de $7.807.764, cuyo número de operación fue 146.RUT reservado. La última cuota, según lo pactado originalmente con la Caja, vencía con fecha 31 de mayo de 2019. Sostiene que cuando correspondía el pago de la cuota 19, Don nombre reservado, por razones personales y laborales, no dio cumplimiento a la correspondiente obligación. Posteriormente, mediante correo electrónico de 21 de septiembre de 2020, la jefa del servicio de personas del empleador, informó a recurrente que Caja Los Andes procediera al descuento conforme a la afiliación respecto del empleador, por crédito solicitado en su oportunidad a Caja los Andes, ordenando Caja los Andes descontar el monto de $497.558 de su remuneración mensual por concepto de un crédito de consumo, descuento que se haría efectivo a partir del mes siguiente. Así las cosas, el recurrente indica que fue una gran sorpresa al recibir correo de su empleador anunciándole un descuento de una deuda de 2014 y que 6 años después pretende ser cobrada extrajudicialmente por la recurrida a través de descuentos ilegales, directos, sin aviso o notificación previa. Más aún, al considerar fallo favorable de primera instancia.

Agrega que la recurrida se encontró siempre en condiciones de ejercer acciones legales tendientes al cobro, desde el momento mismo en que recurrente cesó en pago de la obligación y el crédito se tuvo por vencido, esto es el 31 de mayo de 2019, cuestión que no se hizo.

En cuanto a las garantías constitucionales conculcadas, indica la recurrente que se ha afectado sus garantías constitucionales establecidas en los art. 19 N°3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República. En relación a la igualdad ante la ley: Que, el hecho arbitrario e ilegal de las recurridas ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley, toda vez que sin fundamento legal ha puesto al recurrente en una situación desventajosa, distinta y precaria con relación a todos los otros deudores civiles, pues a aquellos, para compelerlos al pago de un crédito, se los debe demandar en los tribunales ordinarios, cuestión que las recurridas han obviado, presuntamente amparadas en una norma de la ley de cajas de compensación, todo con la finalidad de proceder al cobro ilegal, abusivo y extemporáneo de una eventual deuda que por lo demás, a la fecha, como se dijo, se hallaría largamente prescrita. Respecto del artículo 19 N° 24, por cuanto, el actuar de la recurrida no sólo va en abierta contradicción a la invariabilidad de los términos del contrato laboral sino que, además, priva al recurrente del legítimo derecho a percibir remuneración completa resultado de su trabajo honesto. De lo dicho se desprende que sobre las remuneraciones y sobre los dineros que la conforman el recurrente tiene un verdadero derecho de dominio, y que tales remuneraciones deben ser ingresadas a su patrimonio, motivo por el cual su descuento ilegal y extrajudicial por parte de las recurridas importa una clara vulneración de lo dispuesto en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la Republica. Finalmente acusa la vulneración del artículo 19 N°16 pues la afectación al derecho de propiedad sobre las remuneraciones igualmente afecta, por estar íntimamente relacionados la libertad de trabajo, que es el derecho de toda persona a desarrollar un trabajo lícito y percibir una justa remuneración por éste. Por todo ello solicita que se acoja el presente recurso.

Segundo: Que Caja Los Andes evacua informe solicitando rechazo recurso en atención a lo siguiente: Con fecha 25.09.2014, Caja Los Andes otorgó a don nombre reservado la operación de crédito código 1460003206-3, por la suma de $7.839.466.- a una tasa de interés nominal mensual de 1.74%, pagadero en un plazo de 56 meses, con cuotas mensuales de $225.086.- cuyo primer vencimiento se verificó el 31.10.2014. Las cuotas de octubre de 2014 a marzo de 2016 Nº1 a Nº18, se pagaron regularmente a través de descuentos efectuados en las remuneraciones de los mismos meses, efectuados por su ex empleador Constructora Excon S.A. Rut RUT reservado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley Nº18.833. Posteriormente, el Sr. nombre reservado, con fecha 28.06.2016, pagó en forma directa la suma de $236.314.-, cuyo monto se contabilizó como abono en la cuota del mes de abril de 2020 por $ 209.303.- y la suma de $27.011.-, como interés penal. Recurrida no ha recibido nuevos pagos con posterioridad al señalado precedentemente. Ante la falta de pago -y contrario a lo que señala el recurrente en su presentación- con fecha 1 de diciembre de 2016 Caja los Andes dedujo demanda ejecutiva para cobro del pagaré que garantizaba la referida operación, en autos Rol C-829-2019 del Juzgado de Letras y Garantía de Quintero. la cual se encuentra terminada habiéndose declarado la prescripción de la acción ejecutiva que emanaba del referido título. Agrega que a la presente fecha, la referida operación de crédito mantiene en morosidad el saldo de la cuota de abril de 2016 (Nº19) y aquellas con vencimiento en mayo de 2016 a mayo de 2019 (Nº20 a Nº56). Asimismo, no se registran nuevos pagos con posterioridad al efectuado de manera directa por el recurrente en junio de 2016, por lo que descarta que se hayan producido descuentos en su remuneración con posterioridad a dicha fecha. En consecuencia, en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuya acción de cobro que emana del contrato de mutuo celebrado con el recurrente no se encuentra prescrita, por lo que su cobro de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno según se dirá. Enseguida alude al carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación y mecanismo de cobro según el art. 22 de la Ley 18.833: recurrida se refiere a la evolución que ha tenido la regulación de las Cajas de Compensación. Indicando que actualmente es la ley la que determina sus funciones, específicamente éstas se encuentran detalladas en el artículo 19 de la Ley N° 18.833. En su número 3° se indica que las Cajas de Compensación pueden “administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley”. Por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo legal señala que “las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial”. Estos créditos constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar. Agrega que si bien en la actualidad las Cajas de Compensación intervienen como agentes económicos en el mercado financiero otorgando préstamos en dinero, su sistema crediticio se encuentra unido al objeto que por Ley se les ha determinado, no teniendo fines de lucro, estando sus beneficios económicos destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales. Agrega que dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. Agrega recurrida que el carácter social de los créditos otorgados por Cajas de Compensación no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero, o el tipo de instrumento suscrito, sino que deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga (citando a este respecto un fallo de la Corte Suprema en casación en fondo Rol 97812-2016). En esta línea de razonamiento, el hecho que esta Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado a la recurrente, no libera a recurrida ni a su empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833. Sostiene que a mayor abundamiento, y de acuerdo a lo señalado anteriormente en esta presentación, el inicio de acciones judiciales para perseguir el cobro de lo adeudado no obedece a un mero capricho de la recurrida, ni mucho menos tiene que ver con un supuesto actuar de mala fe orientado a perseguir un doble cobro, sino que únicamente se debe al cabal cumplimiento de la normativa legal y administrativa vigente, la cual se orienta al resguardo del Fondo Social, a partir del cual se financian los regímenes de prestaciones otorgadas por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar. Por consiguiente, y según lo ha entendido la Excma. Corte Suprema en autos ROL CIVIL 22.325-2019, el actuar de mi representada responde a una atribución que la ley confiere a la Caja de Compensación con miras a obtener la recuperación del crédito y constituye también un deber que la ley hace recaer en el empleador respectivo, los cuales no resultan obstados por la interposición de una acción ejecutiva, sobre todo si ésta ha sido interpuesta con anterioridad a la reanudación de las retenciones para el cobro de las cuotas adeudadas. Con todo, reitera que el último pago recibido por el crédito de marras corresponde al efectuado de manera directa por el recurrente, con fecha 28.06.2016, por lo que desde ya descartamos que se hayan producido nuevos descuentos a su remuneración, con posterioridad a dicha fecha. Agrega recurrida que la obligación de la recurrente es actualmente exigible, por cuanto la prescripción debe ser declarada., por lo que la recurrida está efectuando el cobro, conforme al mecanismo dispuesto en la Ley N°18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, la cual emana del contrato de mutuo de dinero suscrito por el recurrente.

En cuanto a la supuesta vulneración a garantías constitucionales: Recurrida indica que respecto a la supuesta vulneración al artículo 19 Nº 24, no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833. A partir de lo anterior, puede afirmar que una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos. Por último, dice que debe ser enfáticos en que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la ley 18.833. Así, mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración. En este sentido, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

Tercero: Que, como reiteradamente se sostiene el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: El acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la comunicación que se le hizo por la Jefa del Servicio de Personas de su actual empleador, en cuanto a la petición de Caja de Compensación de Los Andes de proceder al descuento de $497.558 de su remuneración mensual por concepto de un crédito de consumo, descuento que se haría efectivo a partir del mes siguiente.

Quinto: Que de los antecedentes acompañados a la presente acción consta que el actor suscribió, con fecha 25/09/2014, un crédito con la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes, por un monto de $7.807.764, cuyo número de operación fue 146.RUT reservado, que la última cuota, según lo pactado originalmente con la Caja, vencía con fecha 31 de mayo de 2019 y que cuando correspondía el pago de la cuota 19, el recurrente reconoce que por razones personales y laborales, no dio cumplimiento a la correspondiente obligación. Consta además que por dicha deuda la Caja de Compensación Los Andes inició un juicio ejecutivo de cobro ante el Juzgado de Letras y de Garantía de Quintero, sustanciándose la causa rol C-829-2016 que culminó con un fallo que acogió la excepción de prescripción.

Sexto: Que la circunstancia fáctica antes descrita, ha sido reconocida por la recurrida, sin embargo amparándose en el carácter social del crédito y en lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833; sumado a la circunstancia que, en su concepto, si bien se declaró prescrita la deuda en lo concerniente al pagaré, no ocurre lo mismo en relación al mutuo celebrado en el que subsiste la acción ordinaria de cobro.

Séptimo: Que sobre el asunto planteado, tal como ha reconocido la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema (rol 2895-2018) el actuar de la recurrida resulta arbitrario, pues al amparo del artículo 22 de la Ley N° 18.833 Caja Los Andes intenta revivir una facultad que le permite cobrar en forma oportuna los créditos sociales, pero años después de la mora, sin que se realizara en dicho lapso alguna gestión eficaz tendiente al cobro de la deuda, pues la que se hizo no logró prosperar al declararse la prescripción de la acción ejecutiva. En estas circunstancias el proceder descrito aparece antojadizo y conculca el derecho de propiedad del actor sobre sus remuneraciones amparado por el Constituyente en el artículo 19 N° 24 de la Carta Política, de manera que corresponde adoptar las medidas conducentes a restaurar el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de Constitución Política de la República y en el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección en contra de Caja de Compensación Los Andes debiendo abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social otorgado al recurrente vía descuentos de sus remuneraciones.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Rol N° 89.408-2020