nombre reservado con nombre reservado

Santiago, diecisiete de diciembre de dos mil quince.

Vistos y teniendo presente:

1º) Que comparece a fojas 3, don nombre reservado, factor de comercio, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección “a favor y en nombre del funcionario público, nombre reservado, en contra de don nombre reservado, Jefe de División de Administración y Finanza, y de don nombre reservado, Jefe de División de Información, ambos dependientes de la Subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, ambos domiciliados en domicilio reservado.

2º) Que el recurrente expone que el protegido es funcionario público de la División de Información Social de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, oficial de seguridad, asimilado al grado 5 de la escala única de sueldos.

Explica que los recurridos, con fecha 29 de septiembre del año en curso, por separado y en forma verbal, le comunicaron que estaba despedido, debiendo entregar su credencial, vaciaron su computador, le quitaron la tarjeta de asistencia y prohibieron su ingreso a dependencias del Ministerio, le dije Jerónimo que nada se le debía y que otra persona, bajo la modalidad de honorarios desempeñaría su función.

Indica que la situación relatada contradice lo dispuesto en el artículo 10 del DFL N° 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, puesto que la resolución verbal de despido carece de un requisito esencial de un acto administrativo, como es indicar la fecha de expedición, fundamentos y norma legal adecuada para decidir su desvinculación, lo que le impide ejercer su derecho de defensa, lo que lleva a que su separación lo ha sido por razones políticas.

Expresa que lo anterior importa que el Sr. nombre reservado fuera objeto de privaciones, perturbaciones y/o amenazas de derechos garantidos por la Constitución Política de la República, invocando, en primer lugar, el del Nº1 de su artículo 19, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, por el perjuicio psicológico al colocarlo en situación de inestabilidad laboral.

Además, afirma que se conculcó el derecho de igualdad ante la ley, del Nº2 del referido precepto y, finalmente, aduce que se ha vulnerado el derecho de propiedad, consagrado en el Nº24 del aludido artículo 19, derecho de propiedad sobre los cargos públicos, como una forma de protección de los mismos.

Solicita a lo principal del recurso, que se repongan los derechos del protegido, ordenando se deje sin efecto el acto administrativo impugnado.

3º) Que, por medio de la presentación de fojas 24, informan los recurridos, indicando, en primer lugar, que el Sr. nombre reservado ingreso bajo la modalidad jurídica de contrata Grado 5° de la Escala Única de Remuneraciones del Ministerio de Desarrollo Social, con fecha 01 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, prorrogada para el presente año, a contar del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, o mientras sus servicios sean necesarios.

Luego afirma que a la fecha del informe, no se ha dictado un acto administrativo que formalice su cese de funciones en el Ministerio, estando vigente en consecuencia el vínculo estatutario y los derechos y deberes que como funcionario público le asisten, los cuales entre otros, comprende el de ejercer las funciones y tareas que sus jefaturas le encomienden y dar cumplimiento a su jornada de trabajo de forma regular y continua.

Precisa que si bien no ha mediado un acto administrativo que ponga término al empleo a contrata del recurrente, por definición legal se trata de un empleo de carácter eminentemente transitorio que se consulta en la dotación de una institución con el propósito de complementar los cargos permanentes que conforman la planta de personal de un servicio según sus necesidades, extendiéndose como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año y con el carácter de designación genérica para servir en la Subsecretaria de Evaluación Social, sin precisar División o Departamento específico. Alude que se comunicó verbalmente con fecha 30 de septiembre de 2015 al protegido el cambio de División conforme a las facultades que la normativa legal le concede.

Enseguida, indica que ninguno de los derechos constitucionales que se invocan han sido infringidos; solicitando, finalmente, el rechazo del recurso, por carecer de fundamentos y especialmente por no existir acto ilegal ni arbitrario puesto que no existe acto administrativo que haya cesado al recurrente en la designación a contrata.

4º) Que resulta conveniente consignar, primeramente, que como lo ha dicho la E. Corte Suprema de Justicia, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

5º) Que, además, se ha expresado en numerosas sentencias que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6º) Que, dicho lo anterior, hay que adentrarse ahora a establecer si en el caso de la especie la autoridad recurrida ha incurrido o no en alguna actuación u omisión ilegal o arbitraria, como se le reprocha por quien recurre, pues de no ser así, no sería necesario entrar al análisis de las garantías constitucionales invocadas.

7º) Que se debe decir que en la especie, el recurso se desarrolla sobre una base fáctica que no existe, ya que el recurrente se encuentra contratado mediante Resolución N°2 de 2014, prorrogada por Resolución Exenta SIAPER N° 0105, de 2014, entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año en curso, es decir se encuentra actualmente vinculado al servicio. Esto, resulta suficiente para desestimar el recurso de protección deducido, pues al no haber acto administrativo que pueda ser objeto de arbitrariedad o ilegalidad el recurso no puede prosperar, resultando innecesario emitir pronunciamiento respecto de las garantías constitucionales que se han invocado como vulneradas.

Por estas consideraciones y en virtud de lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se declara que se rechaza la referida acción cautelar de lo principal de la presentación de fojas 3, a favor de don nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad Redacción de la Ministro (S) señora Elsa Barrientos Guerrero.

Rol Corte Prot. N° 89295-2015 Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich e integrada por la Ministra (s) señora Elsa Barrientos Guerrero y por el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a diecisiete de diciembre dos mil quince, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.