nombre reservado con SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA

Santiago, dieciocho de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, profesora de Matemáticas y Física, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, profesional a contrata, grado 9° EUS del Ministerio de Educación y recurre de protección en contra del Ministerio de Educación, representado por la Ministra de Estado, Sra. Marcela Cubillos Sigal, o por quien en derecho la represente, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario contenido en RESOLUCION EXENTA Nº N°0308/28.11.2018, que dispone la no renovación, y por lo tanto término de su designación a contrata, y que vulnera las garantías constitucionales contempladas en los artículos 19 Nº 1, 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que tras una gran trayectoria en labores educativas de aula y de carácter público, en el mes de agosto del 2015 se adjudicó el concurso público de Profesional de Apoyo y Acompañamiento Técnico Territorial en la Coordinación de Apoyo a la Mejora de la División de Educación General, del Ministerio de Educación, según consta en la carta de notificación N° 829 del 19 de Agosto de 2015 y en la Resolución Exenta N° 1051 del mismo año, como Encargada Regional de la IV Región, “profesional de apoyo a las regiones en el ámbito técnico administrativo y desarrollo de material técnico de orientación para los distintos actores regionales y provinciales (...) con participación en jornadas y reuniones que se realicen a nivel DEG y a nivel regional y provincial”, conjuntamente, trabajó en equipos de elaboración de documentos de orientaciones técnicas, todo esto en modalidad de honorarios hasta el mes de Diciembre de 2016.

Desde enero del año 2017 hasta julio del 2018 formó parte del Equipo Técnico en la nueva estructura de la Unidad de Apoyo a la Mejora, en el contexto del rediseño que entregó la consultora GESTACCION.

Sostiene que mediante Resolución Exenta N° 292/607/2017, se le designó a régimen de contrata como profesional grado 9° EUS, con desempeño en la división de Educación General, a contar de la fecha 23 de octubre del año 2017, cuya última renovación se dispuso mediante Resolución exenta n°292/26/2018 de 9 de enero de 2018.

Agrega que en el mes de agosto de 2018, el nuevo coordinador a cargo de lo que en este proceso se ha denominado “Ex Unidad de apoyo” la asignó como encargada regional de las regiones de Arica y Magallanes. Luego, en el mes de octubre del año 2018, dicho coordinador, profesor nombre reservado le solicita, junto a otra profesional, se hagan cargo de la elaboración de las orientaciones técnicas para la supervisión 2019.

Añade que pese a que insistió vía correo electrónico para que se les hiciera envío de la documentación prometida para poder trabajar en aquello, no obtuvo respuesta.

Agrega que el día 28 de noviembre del año 2018, se dicta la Resolución Exenta N°0308 -que motiva la interposición de este recurso- que dispone la no renovación de su régimen de contrata, concluyéndose como vencimiento de su plazo el día 31 de diciembre del año 2018, justificándose en lo siguiente:

“Que, con fecha 11 de marzo de 2018, se produjo el cambio de gobierno, por lo que asume el Presidente nombre reservado, procediendo al nombramiento del resto de autoridades. En particular, como para toda nueva administración existen nuevas prioridades de acción y gobierno se hace forzoso revisar las funciones y dotación de la división de Educación general, para establecer la necesidad de distintos servidores, entre los que se incluye la funcionaria en cuestión, quien actualmente se desempeña en dicha repartición como profesional de apoyo en el Sistema de apoyo a Mejoramiento Educativo.

La Administración en ejercicio, en su objetivo de poner énfasis en el uso eficiente de los recursos y adecuar la División de Educación General a los nuevos desafíos institucionales, adoptó la decisión de fijar un nuevo modelo de funcionamiento de la división de educación General mediante Resolución exenta n° 2616, de 4 de junio de 2018, de la subsecretaría de Educación (...)

Con anterioridad a la reorganización expuesta, en la Unidad de apoyo a la mejora, la señora nombre reservado se encontraba realizando labores como encargada regional, cumpliendo funciones de apoyo y monitoreo en la implementación de políticas, programas, proyectos, iniciativas y/o pilotos dispuestos por el nivel central, haciendo los ajustes correspondientes considerando la realidad y el contexto territorial de cada región. Sin embargo, la actual administración ha determinado la necesidad de la actualización y el rediseño de las políticas de apoyo a los establecimientos escolares del país, cuyo foco ahora estará centrado en el trabajo de fortalecimiento en la gestión Institucional, considerando las tres áreas del modelo de gestión escolar.

En este contexto, en la anterior Unidad de apoyo a la mejora, Doña nombre reservado, de profesión Profesora de física, realizaba labores de apoyo vinculadas al área de trayectorias educativas, gestión del fondo de proyectos de reinserción y reintegro e insumos técnicos para el diseño de una propuesta de reingreso educativo, todas las cuales están siendo distribuidas en los diversos subcomités del Comité de Gestión Escolar, siendo dable agregar que entre los funcionarios que actualmente se encuentran dedicados a tales materias, la señora nombre reservado es la de menor experiencia en las mismas, razón por la cual se ha optado por mantener los servicios de aquellos funcionarios con mayor trayectoria y experiencia en el servicio.

De este modo, las funciones desempeñadas por la referida funcionaria no se consideran necesarias (...)”

Como se desprende de lo anterior, no se realizó ninguna evaluación, calificación o algún proceso objetivo que permitiese considerar de manera fehaciente la experiencia de su equipo (si es que esta fuera la razón) o incluso determinar a ciencia cierta que la recurrente ejercía otra labor al momento de su desvinculación.

En síntesis, no existe motivación para poner término a su contrata, sólo el actuar arbitrario y caprichoso de la autoridad, por cuanto posee excelentes competencias técnicas, evaluaciones con distinción y la función que presta dentro del Ministerio de Educación, sigue existiendo. La actuación de la recurrida, exige una fundamentación idónea, conforme a lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley N° 19.880 de Bases sobre Procedimiento Administrativo y a lo ordenado por la Contraloría General de la República, en su Dictamen Nº 85700 / 2016 así como también su jurisprudencia más reciente de 2 de marzo de 2018, dictamen n° 6400 / 2018, todas cuestiones ignoradas en la especie.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, señala que se vulnera su derecho a la integridad síquica, ya que el acto de desvinculación llevado a cabo por Administración la ha afectado profundamente.

La garantía de igualdad ante la ley, que no es desarrollada en el recurso.

Asimismo, se vulnera el derecho a la libertad de trabajo y su protección, toda vez que la autoridad administrativa le informó del cese de su contrato válido hasta el 31 de diciembre del año 2018, sobre la base de que sus competencias técnicas no dicen relación con el nuevo perfil profesional requerido para el cargo, sin hacer referencia a antecedentes o análisis empírico que justifique las circunstancias de su decisión.

Finalmente, señala que se ha vulnerado su derecho de propiedad, toda vez que el término de una contrata vulnera el derecho de propiedad sobre la estabilidad en el empleo hasta la fecha contemplada en el nombramiento.

Pide en consecuencia se acoja el recurso, decretando los actos que estime pertinentes para el restablecimiento del derecho, por su accionar arbitrario e ilegal, o lo que esta Corte estime pertinente, consistente en el cese sin justificación alguna de su contrata en dicha Subsecretaría, debiendo en consecuencia invalidar el cese de la misma, ordenándose su inmediata reintegración por la recurrida con expresa continuidad de sus remuneraciones computadas desde el momento en que se produjo la separación hasta su efectiva reincorporación, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Con fecha 16 de enero último, informó el Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación, solicitando el rechazo del recurso de protección deducido en autos.

En primer término, expone que el presente recurso es inadmisible toda vez que los hechos en que se funda y las peticiones efectuadas, exceden las materias que pueden ser conocidas por esta vía, ya que además no existe en la especie un acto administrativo terminal que importe la afectación, amenaza o trasgresión de alguna de las garantías constitucionales mencionadas por la recurrente.

En la especie, se ha impugnado la no renovación de su contrata para el año 2019, en circunstancias que por el sólo ministerio de la ley, esta expiró el 31 de diciembre de 2018, de conformidad con el artículo 10 del Estatuto Administrativo y como asimismo señala la Resolución mediante el cual se encontraba ejerciendo funciones.

Agrega que la materia debe ser analizada por Contraloría General de la República, mediante el reclamo de ilegalidad del artículo 160 título final de la Ley N° 18.834, además de los recursos de reposición y jerárquico del artículo 59 de la Ley N° 19.880 y el extraordinario de revisión del artículo 60 del mismo cuerpo legal.

En relación con la resolución que por esta vía se impugna sobre la base del principio de confianza legítima, señala que la actora no puede invocarlo porque su primera designación a contrata es de 23 de octubre de 2017.

Añade que la decisión impugnada consta en un acto administrativo fundado, y tal como en ella se expresa, se basa en la reorganización, rediseño y actualización de las políticas de apoyo a los establecimientos escolares del país.

Por lo anterior, expresa que no existe amenaza ni vulneración de las garantías constitucionales denunciadas por la recurrente, sin perjuicio que ésta no desarrolla en el libelo cómo es que se afecta su derecho a la igualdad ante la ley.

TERCERO: Como reiteradamente se sostiene el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: El acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la dictación por parte de la autoridad recurrida de la Resolución Exenta N° 0308 de 28 de noviembre de 2018 que dispuso la no renovación de la contrata que servía la actora en el Ministerio de Educación.

QUINTO: Corresponde en primer término analizar la petición de la recurrida en orden a declarar la inadmisibilidad del recurso por considerar que no se trata de un acto terminal y por cuanto además no existen derechos indubitados que proteger. Sobre el particular, corresponde desestimar la alegación de inadmisibilidad por cuanto ella solo tiene cabida cuando el recurso se deduce fuera de plazo o cuando no señala hechos que puedan constituir vulneración de garantías constitucionales, según lo dispone el numeral dos del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia. En consecuencia, procede analizar, para acoger o rechazar el recurso, si los hechos denunciados son ilegales o arbitrarios y de ser así si se vulneran las garantías constitucionales que indica la actora.

SEXTO: Existe consenso entre las partes que doña nombre reservado prestó servicios en el Ministerio de Educación, en virtud de contratos a honorarios desde el 24 de agosto de 2015 hasta el 22 de octubre de 2017, oportunidad en que ella renunció voluntariamente a su contrato. Posteriormente la señora nombre reservado pasó a desempeñarse a contrata entre el 23 de octubre de 2017 al 31 de diciembre de 2018.

SEPTIMO: El régimen jurídico del cargo a contrata y la definición del mismo se encuentran en el artículo 3 letra c) del DFL Nº 29 del año 2005 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto expresa que “Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”; y por su parte el artículo 10 del mismo texto legal regula su duración, al preceptuar que estos cargos durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y que los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

De acuerdo a las disposiciones antes citadas los empleos a contrata tienen como especial característica su transitoriedad, encargándose la ley de fijar un término máximo de duración.

OCTAVO: Como ha dicho esta Corte en otras oportunidades (rol 91.053-2018) desde marzo de 2016, con ocasión del Dictamen N°22.766 de la Contraloría General de la República, posición que ha sido recogida igualmente por la Excma. Corte Suprema en sus sentencias, se encuentra bastante asentado que la decisión de no renovar una contrata violenta el principio de la confianza legítima del funcionario que alberga la justa expectativa de ser recontratado para el año siguiente, confianza que, en todo caso, se configura a juicio de ambas jurisdicciones, cuando concurre un elemento temporal estabilizador, esto es, que se hayan producido renovaciones sucesivas mayores a dos años de dichas contratas.

Posteriormente por el Oficio Nº6.400, de 2018, la Contraloría General de la República precisó que la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, debe materializarse a través de un acto administrativo fundado, debidamente puesto en conocimiento del funcionario, exento del trámite de toma de razón acorde con lo establecido en el N°19 del artículo 7° de la resolución N°10, de 2017 de la misma Contraloría, siempre que esta confianza legítima haya nacido conforme al presupuesto temporal antes señalado. De ese modo, el órgano contralor ha dispuesto que para considerar fundado el respectivo acto deberá contener, “el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta”; por lo que no resulta suficiente para fundamentar esas determinaciones la expresión “por no ser necesarios sus servicios” u otras análogas, agregando por el Capítulo V, N°2, distintas hipótesis de motivaciones que ese órgano contralor considera admisibles o no de invocar.

De estos pronunciamientos queda en evidencia que la directriz se dirige a guiar la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, a través de un acto administrativo fundado, debidamente comunicado al interesado.

NOVENO: La calidad a contrata de la actora no alcanzó a cubrir los dos años necesarios para invocar el principio de confianza legítima en su favor en orden a que su contrata sería prorrogada para el año 2019. En ese escenario su cargo culminó por el solo ministerio de la ley el 31 de diciembre de 2018.

DECIMO: Por su parte la Resolución Exenta que motiva el recurso y por la cual además se comunicó a la recurrente expresamente la decisión de no renovar la contrata para el año 2019, se fundó, según se asentó previamente, en un nuevo modelo de funcionamiento de la División de Educación General con otra reorganización, y por ello existió la necesidad de actualizar y rediseñar las políticas de apoyo a los establecimientos escolares del país fortaleciendo la gestión institucional. Así, según se indica, se distribuyó el personal en diversos sub comités y que dentro de estos funcionarios la señora nombre reservado era la de menor experiencia en las materias por lo cual se decidió no renovar su contrata y mantener los servicios de aquellos funcionarios con mayor trayectoria y experiencia en el servicio.

Tales argumentos, cumplen, a juicio de esta Corte, con el deber de motivación que exige el artículo 11 de la Ley N° 19.880, pues se explica a la funcionaria la reorganización que se hizo al interior de la División de Educación General, que además se sustenta en la Resolución Exenta N° 2616 de 4 de junio del año pasado y que dentro de ese rediseño se optó por otros funcionarios con mayor experiencia, sin que sea esta la vía para poder dilucidar si existían o no personas más calificadas que la actora para ser mantenidas en la Administración.

UNDECIMO: De esta forma, la resolución impugnada no contraviene la ley, más aun considerando la naturaleza transitoria de los cargos a contrata y tampoco resulta arbitraria o antojadiza, pues, contiene los fundamentos que la justifican y que encuentra apoyo en la efectiva reorganización dispuesta en el mes de junio del año pasado.

DUODECIMO: Al descartar la ilegalidad o arbitrariedad, resulta inoficioso analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales, por lo que el recurso debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas la acción constitucional deducida por doña nombre reservado en contra del Ministerio de Educación, representado por la Ministra señora Marcela Cubillos Sigal.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redactó la Ministra Mireya López Miranda.

Rol N° 89.156-2018 Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Mireya López Miranda e integrada por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por la Abogado Integrante señora María Cecilia Ramírez Guzmán.

No firma la Abogado Integrante señora Ramírez, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

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