Protección contra Gendarmería de Chile

C.A. de Santiago Santiago, doce de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Carla Fernández Montero, abogada, e interpone recurso de protección en favor de 146 internos condenados recluidos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Til Til, ex Punta Peuco, en contra de Gendarmería de Chile, por la eliminación de la biblioteca del recinto y la privación de acceso de los internos a libros y películas, medida que se estima agrava ilegítimamente las condiciones de cumplimiento penitenciario y afecta su integridad física y psíquica.

Señala que los recurrentes son adultos mayores, en su mayoría septuagenarios, octogenarios y nonagenarios, varios con enfermedades de base, patologías graves, terminales o discapacidad, cuya principal actividad recreativa consiste en la lectura y visualización de películas.

Señala que al interior del recinto existía desde hacía cerca de veinte años una biblioteca construida por los propios internos, con 4.360 libros y más de 2.000 películas en CD, aportados por familiares y amigos, espacio que se había transformado en un pasatiempo indispensable para la población penal.

Refiere que el 6 de enero de 2026 la recurrida ordenó sacar todos los libros, películas y accesorios de la biblioteca y luego destruir sus estanterías, dejando el material amontonado en la denominada “línea de fuego”, al aire libre, en un sector al que los internos no pueden acceder sin poner en riesgo su vida.

Agrega que se les informó que tales libros no serían reubicados y que, una vez terminadas las obras en el penal, serían botados a la basura.

Sostiene que esta decisión ha privado a los internos del único pasatiempo que les quedaba, obligándolos a ver cómo los libros se deterioran por el polvo y las faenas de construcción, sin posibilidad de utilizarlos.

Alega que la medida constituye un empeoramiento ilegítimo de las condiciones carcelarias, que califica como un castigo adicional y una manifestación de persecución y hostigamiento carcelario.

Afirma que, tratándose de personas de avanzada edad, mantener la mente ocupada mediante la lectura o el acceso a material audiovisual resulta especialmente relevante para su salud integral, su estabilidad psíquica y su capacidad de sobrellevar el encierro.

En esa línea, sostiene que la decisión de destruir la biblioteca altera una situación preexistente, agrava las condiciones en que se cumple la condena y afecta directamente la dignidad de los internos, contrariando además la finalidad resocializadora de la pena.

Invoca en apoyo de su pretensión diversos fallos de la Corte Suprema que han reconocido que el empeoramiento arbitrario de las condiciones carcelarias de internos condenados por causas de derechos humanos puede lesionar derechos fundamentales, entre ellos la integridad física y psíquica.

Añade doctrina relativa al envejecimiento acelerado en prisión y al papel de la lectura como medio de evasión del encierro y de conservación de funciones cognitivas en personas mayores, así como jurisprudencia reciente de la Corte Suprema, particularmente el fallo de 31 de diciembre de 2025, Rol N° 24.317- 2025, que enfatiza la necesidad de tratar humanamente a toda persona privada de libertad y de orientar el régimen penitenciario a la reforma y readaptación social.

En el capítulo relativo al derecho funda la acción en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en normas constitucionales, legales e internacionales que resguardan la dignidad e integridad física y psíquica de las personas privadas de libertad, particularmente el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Sostiene que no puede privarse a esta población penal del acceso a la lectura, especialmente considerando su perfil etario y de salud, y que la conducta de Gendarmería constituye un acto ilegal y arbitrario que priva, perturba y amenaza el legítimo ejercicio del derecho consagrado en el artículo 19 N° 1 de la carta fundamental.

En definitiva, solicita que se acoja el recurso, se declare la ilegalidad y arbitrariedad del acto denunciado y se ordene a Gendarmería devolver a los internos el espacio destinado a la biblioteca, permitiéndoles nuevamente acceder a la lectura, actividad que, según reitera, contribuye a sobrellevar el encierro y a mejorar su salud integral.

Segundo: Que comparece Cristian Roco Cristi, abogado, jefe de la Unidad de Fiscalía de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, e informa en representación de la recurrida, solicitando se rechace la presente acción constitucional, con expresa condena en costas.

Expone, en primer término, que las afirmaciones que contiene el libelo no se condicen con la realidad del establecimiento, pues la biblioteca y la totalidad de su material bibliográfico no han sido objeto de destrucción, eliminación ni pérdida, sino que fueron trasladados oportunamente a la sala multiuso del recinto. Señala que ese espacio se encuentra habilitado para el uso regular de la población penal, cuenta además con equipamiento computacional para el desarrollo de distintas actividades, y que el acceso de los internos a dicho lugar se encuentra garantizado en condiciones de igualdad, sujeto únicamente al respeto de los horarios fijados para su utilización, lo que estima una medida razonable de organización interna.

Sobre esa base, sostiene que no existe restricción arbitraria alguna al acceso a la lectura, al desarrollo cultural o al esparcimiento.

Añade que el traslado de la biblioteca obedeció exclusivamente a la ejecución de obras de infraestructura en el sector donde se emplazaba originalmente. Precisa que ellas contemplan la construcción de un nuevo módulo habitacional compuesto por cuatro celdas dobles con sus respectivos baños, además de una sala de atención profesional y otra destinada a reuniones grupales, todo ello orientado a mejorar las condiciones de habitabilidad, atención y reinserción de los internos.

Enseguida, señala que la reestructuración del CCP de Til Til no responde a una actuación caprichosa de Gendarmería, sino al cumplimiento de una decisión adoptada por el Gobierno y materializada a través del Decreto N° 80 de 2025, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual el recinto dejó de ser un penal especial y pasó a tener carácter de centro penitenciario común.

Explica que las obras ejecutadas y por ejecutar derivan de instrucciones impartidas por dicho ministerio desde junio de 2025, dirigidas a mejorar y ampliar la infraestructura del establecimiento, implementándose para ello un proyecto dividido en fases, cuya primera etapa contempla la construcción de cuatro módulos de reclusión, una sala de visitas y circulación de acceso, una oficina de área técnica, obras complementarias eléctricas y sanitarias y equipos de seguridad. Agrega que se trata de un proyecto destinado a aumentar la capacidad del recinto en treinta y dos nuevas plazas mediante módulos de construcción moderna emplazados en patios actualmente utilizados para visitas.

Refiere que esta obra fue licitada y adjudicada por Resolución Exenta N° 4149 de 3 de octubre de 2025 del director regional Metropolitano, habiéndose efectuado la entrega de terreno el 7del mismo mes y año, con un plazo inicial de ejecución de 120 días corridos, luego reformulado por razones técnicas hasta proyectar su término para el 3 de abril de 2026. Señala que las obras consisten principalmente en la construcción de una nueva edificación en los patios de los módulos, en el espacio donde actualmente se desarrollan las visitas en toldos provisorios, y que el despeje del terreno forma parte de la ruta crítica del proyecto, de modo que su retraso afecta directamente el plazo contractual y los costos asociados.

Invoca, además, el artículo 16 del D.L. N° 2.859 de 1979, Ley Orgánica de Gendarmería, y el artículo 12 del Decreto N° 518 de 1998, Reglamento Penitenciario, para sostener que la creación, modificación o supresión de establecimientos penales corresponde al Ministerio de Justicia mediante decreto supremo, siendo la administración interna del recinto materia propia del jefe del servicio.

En función de ello, afirma que Gendarmería ha actuado con irrestricto apego a las disposiciones legales vigentes, dando cumplimiento a lo ordenado por el Gobierno a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

En consecuencia, es requisito indispensable para la procedencia de esta acción cautelar, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Cuarto: Que el acto que se denuncia como arbitrario e ilegal por la recurrente se hace consistir en la eliminación de la biblioteca del recinto penitenciario y la privación de acceso de los internos a libros y películas, medida que estima agravaría ilegítimamente las condiciones de cumplimiento penitenciario y afectaría su integridad física y psíquica.

Quinto: Que, en primer término, cabe destacar que la recurrente no acompañó ningún antecedente que de cuenta que la biblioteca que existe en el centro penitenciario haya sido destruida, y que los libros y películas hayan sido abandonados en un lugar al que los internos no tendrían acceso.

Por otra parte, la recurrida señaló que lo que sucedió fue la reubicación de la referida biblioteca, lo que obedeció a la ejecución de obras de infraestructura en el sector donde ésta se emplazaba originalmente, en el marco de la restructuración del recinto para los efectos de habilitarlo como uno de carácter común.

Sexto: Que, de acuerdo con los antecedentes acompañados por la recurrida, aparece que la reubicación de la biblioteca se enmarca en el cumplimiento de una decisión adoptada por el Gobierno y materializada a través del Decreto N° 80 de 2025, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual el recinto dejó de ser un penal especial y pasó a tener carácter de centro penitenciario común.

En este sentido, como lo señaló la recurrida al informar, las obras ejecutadas y por ejecutar derivan de instrucciones impartidas por dicho ministerio desde junio de 2025, dirigidas a mejorar y ampliar la infraestructura del establecimiento, implementándose para ello un proyecto dividido en fases, cuya primera etapa contempla la construcción de cuatro módulos de reclusión, una sala de visitas y circulación de acceso, una oficina de área técnica, obras complementarias eléctricas y sanitarias y equipos de seguridad. Se trata de un proyecto destinado a aumentar la capacidad del recinto en treinta y dos nuevas plazas mediante módulos de construcción moderna emplazados en patios actualmente utilizados para visitas.

Séptimo: Que el Decreto N° 80 de 2025, que modificó el Decreto Supremo N° 580 de 1995, en virtud del cual el CCP de Punta Peuco se convirtió en una cárcel común., señaló entre sus considerandos que “7. Que, mediante el decreto supremo Nº 580, de 1995, del Ministerio de Justicia, se creó el establecimiento penal en la comuna de Tiltil con la denominación ahí indicada. Desde su creación, dicho establecimiento ha sido destinado a la privación de libertad de personas imputadas, bajo prisión preventiva, y condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, u otros delitos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos cometidos en ese periodo. 8. Que, mediante Oficio (R) N° 496, de 11 de junio de 2025, la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, remitió informe respecto de la modificación del establecimiento penitenciario en cuestión. 9. Que, las condiciones actuales del sistema penitenciario presentan desafíos en materia de gestión penitenciaria que deben ser resueltos cautelando el derecho de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2° del decreto N° 100, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile. 10. Que, dado lo precedentemente señalado, no resulta plausible mantener un establecimiento penitenciario especial de las características del Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco, razón por la cual, en mérito de las circunstancias y preceptivas enunciadas, esta autoridad dispondrá, a través del presente acto administrativo, la modificación del decreto supremo N° 580, de 1995, del Ministerio de Justicia, en el sentido de cambiar la denominación y finalidad del establecimiento penitenciario creado”. Por su parte, la Contraloría General de la República, al tomar razón del referido Decreto, hizo presente, en lo pertinente, que “habida cuenta de lo informado por Gendarmería de Chile, en relación con las edades y condiciones de salud de los internos de ese establecimiento penitenciario, la eliminación del carácter "Especial" de dicha Unidad Penal, dispuesta en el punto 3, letra a), del artículo único del decreto de la suma, no puede implicar una limitación a las atribuciones de esa repartición pública, la que, en la regulación sobre la administración interna de ese recinto, debe considerar la normativa vigente y los tratados internacionales ratificados por Chile, así como lo resuelto, en definitiva, por los Tribunales de Justicia, en cuanto al resguardo de la integridad física y la salud de las personas adultas mayores privadas de libertad”.

Octavo: Que, atendido lo relacionado, no se ha acreditado en estos autos un actuar ilegal y/o arbitrario por parte de la recurrida que haya transgredido alguna garantía constitucional de los recurrentes, por cuanto no es efectiva la destrucción de la biblioteca y el abandono de los libros y películas que allí existían, sino su reubicación que tiene por objeto llevar a cabo la restructuración ordenada por el Decreto N° 80, de 2025.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por Carla Fernández Montero, en favor de 146 internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco, hoy denominado Centro de Cumplimiento Penitenciario Til-Til, en contra de Gendarmería de Chile.

Redacción del ministro Rodríguez Moreno, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso su feriado legal.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-891-2026.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por el Ministro señora Graciela Gómez Quitral, el Ministro señor José Pablo Rodriguez Moreno y el Abogado Integrante señor Rafael Mauricio Plaza Reveco.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, doce de mayo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.