nombre reservado con nombre reservado
- Fecha
- 31 de agosto de 2026
- Sala
- Primera
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 8893-2026, sentencia de 31 de agosto de 2026
Resumen
Se acoge el recurso de protección y se deja sin efecto la expulsión del voluntario, pues el mensaje enviado por WhatsApp pertenece al ámbito de la comunicación privada y no constituye divulgación en redes sociales.
Texto íntegro
C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis.
Vistos:
Primero: Que acciona de protección nombre reservado, empresario, domiciliado en la comuna de Peñalolén en contra del nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la sanción de expulsión de sus funciones como voluntario, lo que vulneraria sus garantías del artículo 19 Nos 4 y 5 de la Constitución Política.
Explica que el 17 de diciembre de 2025, mientras se encontraba participando en una actividad institucional del nombre reservado, el Capitán de la Compañía lo citó al Cuartel General en donde junto al Cuarto Comandante y el Tesorero General de la institución, quienes le consultaron si había enviado un mensaje a un voluntario de otra compañía, a lo que respondí afirmativamente. En dicha reunión privada y sin informarle de alguna investigación se le hizo firmar una declaración escrita en una hoja simple. No se le dio copia, sino el 29 de enero de 2026 bajo el motivo genérico de “Divulgación en redes sociales del proceso eleccionario de la institución, de fecha 7 de diciembre de 2025” y “Falta a los deberes de Oficial de Compañía”. Solamente el 3 de febrero de 2026 supo que la imputación consistía en haber enviado un mensaje mediante WhatsApp a otro voluntario, en una conversación privada y que existía un informe en su contra indicando que había faltado a su cargo como Oficial de la Compañía, informe al que no tuvo acceso. Respecto al mensaje enviado, no tuvo acceso a él para saber en qué consistía, pero se le dijo que WhatsApp era considerada para por la institución una red social en que era prohibido referirse a cualquier proceso. En el segundo cargo, se le indicó que faltaba un casco de formación, el que posteriormente fue encontrado al interior del cuartel, descartándose así la supuesta pérdida que había sido utilizada como antecedente dentro del procedimiento disciplinario. Se le aplicó la sanción máxima de expulsión. Presentó apelación indicando que se trataba de un mensaje privado y que en la primera citación no se me permitió presentar pruebas que daban lugar a una defensa efectiva respecto al abandono de cargo, sin embargo, la sanción fue confirmada.
A lo anterior se sumó una circunstancia que estima de gravedad y que afecta la validez del procedimiento disciplinario porque al momento de conocerse su apelación, compareció y participó previamente el presidente de la sala que integró el órgano que lo juzgó en primera instancia ante el Honorable Consejo Superior de Disciplina. Esta situación comprometió la imparcialidad del órgano revisor, toda vez que quien ha intervenido en la adopción de una decisión disciplinaria no puede, posteriormente, participar directa o indirectamente en su revisión, ya que ello vulnera el principio básico de independencia e imparcialidad que debe regir todo procedimiento sancionatorio.
Finaliza expresando que el derecho al debido proceso, garantizado en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, exige que las decisiones disciplinarias sean revisadas por un órgano distinto e imparcial, que pueda conocer los antecedentes sin haber formado previamente convicción sobre los hechos, lo que no aconteció. La intervención previa de quien integró el órgano que adoptó la sanción inicial afectó la objetividad del procedimiento y constituye una vulneración a las garantías mínimas de un proceso racional y justo, transformando la resolución que confirmó la expulsión en un acto arbitrario e ilegal susceptible de ser corregido mediante el presente recurso de protección. Así también se ha visto afectada su garantía del artículo 19 N°5 que protege la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
Pide se deje sin efecto la sanción de expulsión y se adopten las medidas que restablezcan el imperio del derecho, con costas.
Segundo: Que se evacua informe por la recurrida indicando que el voluntario tenía una antigüedad de 10 años 11 meses y 9 días. E incluso acreedor del primer y segundo premio a la constancia, ocupando varios cargos de Oficial. Pero fue sancionado en 6 oportunidades.
En cuanto a los hechos que motivaron su expulsión, contrarios al Reglamento General y a los Acuerdos Permanentes consistieron en que el día de las elecciones el recurrente se molestó atendido que se le permitió votar a un voluntario que llegó atrasado siendo elegido Segundo Comandante una persona de la Undécima Compañía y no el voluntario de la Cuarta Compañía, producto de lo cual envió mensajes de WhatsApp a otro bombero: “[g]anó Alex en la primera, eran 80 voluntarios y superintendente luego de haber contados los votos (él era parte de la mesa de escrutinio) autorizó a un voluntario a entrar a votar (que llegó tarde), y votó por nombre reservado sin voto secreto, con eso le bajaron el porcentaje a Alex de 51,25 a 50,6 y comandante y superintendente dijeron que segunda vuelta, ahí comandante habló contra la cuarta y pidió que reconsideren el voto y en ese resultado ganó nombre reservado. Todo esto se hizo a puerta cerrada y recién salió la información por parte del director que pidió a la secretaria general rectificar el resultado porque estuvo viciado, Alex igual tenía más del 50% pero superintendente pidió que se vuelva a realizar […] Le están robando. Cara de raja”.
En estos mensajes se le atribuye responsabilidad al Comandante y al Superintendente por un manejo en las elecciones, no obstante, lo que se hizo fue precisamente permitir el derecho a sufragio de un voluntario retrasado. Por cuerda separada otros voluntarios recibieron mensajes reenviados referentes a esta misma situación y con la misma alusión.
El receptor de estos mensajes Sr. nombre reservado dio cuenta al capitán de su Compañía, Sr. nombre reservado quien junto al Director puso a disposición del Comandante y Superintendente lo ocurrido. A su vez este los remitió al Cuarto Comandante nombre reservado solicitando investigación, quien junto al Tesorero emitieron un informe en virtud el cual el voluntario fue expulsado. Además de lo anterior respecto del recurrente existían otros hechos constitutivos de falta al Reglamento, puesto que él, en su calidad de Teniente Tercero tenía otras obligaciones especiales y únicas del cargo, las que también incumplió.
La infracción reglamentaria se encuentra en el Acuerdo permanente de Publicaciones en Redes Sociales que prohíbe se entenderá por falta toda acción u omisión en que incurra el personal de Voluntarios que sin alcanzar a constituir delito, menoscabe la dignidad, el decoro, el descrédito contra la Superioridad o sus órdenes, contra el nombre reservado, sus Compañías o cualquier miembro de la Institución en particular, como asimismo su divulgación a través de cualquier medio comunicacional, red social, escrito, visual o electrónico, que perjudique el buen nombre o prestigio de la Institución y cualquiera de sus miembros”.
Respecto a las otras infracciones propias del cargo, hacemos presente que ellas se encuentran establecidas en los artículos 78 letra d), artículo 79 letras e), f), g), h), i) artículo 117, artículo 118 letra f), artículo 126, todos del Reglamento de la Primera Compañía CBÑ y el Código de Ética.
En cuanto al procedimiento de investigación indica que se recibieron testimonios, el afectado fue escuchado, se deliberó y finalmente se acordó por unanimidad expulsarlo. Se apeló ante la Segunda Sala del Honorable Consejo Superior de Disciplina, el que mantuvo la sanción.
Tercero: Que la Constitución Política de la República en su artículo 20 establece: “[e]l que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.
Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.”
Cuarto: Que de acuerdo con lo anterior esta acción constituye jurídicamente una de carácter cautelar y de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes o indubitados que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección del afectado/a ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio, sin que pueda serle restringida dicha facultad.
Quinto: Que según los documentos agregados en el folio 1, la comunicación en que se le imputa la conducta infractora señala como hecho: “[d]ivulgación en redes sociales de detalles del proceso eleccionario de la institución, de fecha 7 de diciembre de 2025”.
El hecho por el que se le expulsa dice: “[p]or su divulgación a través de cualquier medio comunicacional, red social, escrito, visual o electrónico, que perjudiquen el buen nombre o prestigio de la institución y cualquiera de sus miembros”.
Y en cuanto a la norma estimada como infringida sería el Acuerdo Permanente de Publicaciones en Redes Sociales de 2013 que dice: “[q]ueda expresamente prohibido grabar, filmar, registrar, trasmitir y publicar por cualquier medio disponible que no sea oficial, todos los temas y resoluciones tratadas en las sesiones establecidas por el Reglamento de la Institución”. En este caso sería un proceso eleccionario.
Sexto: Que aunque lo primero que llama la atención es la discordancia entre el cargo efectuado y el hecho que se tuvo por configurado para la sanción, ya que en el primero se le imputa al bombero divulgar en redes sociales detalles del proceso eleccionario y en definitiva se le expulsa por divulgar comunicados que perjudiquen el prestigio de la institución y de sus miembros, lo relevante para los efectos del recurso es si el comentario efectuado en un celular personal constituye divulgación en redes sociales de asuntos internos de la institución.
Séptimo: Que, sin embargo, la aplicación de WhatsApp en un teléfono celular o también denominada telefonía inteligente, muy común por lo demás en todos los equipos de uso personal corresponde a una aplicación de mensajería instantánea que permiten enviar textos escritos, notas de voz, fotografías, videos e incluso documentos vía internet. En tanto las redes sociales son plataformas digitales, diseñadas para comunicar masivamente -aunque también selectivamente- contenido diverso o incluso servicios como sucede por ejemplo con Facebook, LinkedIn o You Tube.
Octavo: Que evidentemente la prohibición voluntariamente aceptada por los miembros de una organización intermedia de la sociedad civil como es el nombre reservado, solamente puede tener sentido respecto de las redes sociales en las cuales no está incluida la comunicación de WhatsApp atendido que el artículo 19 N°5 de la Carta Fundamental establece que “[l]a Constitución asegura a todas las personas: 5º.- La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada”. Por lo que el comentario efectuado por el voluntario que en modo alguno puede considerarse “divulgación en redes sociales de procesos eleccionarios” que fue el cargo por el que se le acusó pertenece íntegramente al ámbito de su privacidad, la cual no puede servir de antecedente no solo para cambiar posteriormente la acusación sino para entender conculcada la prohibición interna.
Por estas consideraciones, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado y se deja sin efecto la sanción de expulsión del nombre reservado.
Regístrese y comuníquese.
Redactó la ministra señora Poza.
N°Protección-8893-2026.
Pronunciada por la Primera Sala, presidida por la ministra señora Lidia Poza Matus e integrada además, por el ministro señor Pablo Toledo González y el abogado integrante señor Manuel Luna Abarza. No firma el ministro señor Toledo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso de su feriado legal.