nombre reservado con SUSESO - MUTUAL DE SEGURIDAD CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION

C.A. de Santiago Santiago, nueve de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 13 de enero de 2026 comparece don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, con motivo del rechazo de su recurso de reposición dispuesto mediante la Resolución Exenta N° R-01-S-02705-2026, de 9 de enero de 2026, la que confirmó la calificación del siniestro que sufrió como de origen común. Actuación que estima ilegal y arbitraria, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 numerales 1, 2, 16 y 22 de la Constitución Política de la República.

Expone el recurrente que, mientras se encontraba desempeñando sus labores, acudió al baño a refrescarse, oportunidad en la que otro trabajador, perteneciente a un área distinta de la obra en construcción, pasó a su lado y, al oponer él resistencia a la remoción de una protección de madera de tres a cuatro metros, lo tomó del cuello desviándole la columna. Agrega que logró soltarse con dificultad mientras era asfixiado, recibiendo además un golpe en la frente, reacción que atribuye al enojo del agresor por haberle manifestado que informaría lo ocurrido para evitar el despido de ambos. Sostiene, asimismo, que al prestar su testimonio el guardia y los administradores habrían construido un tercer relato con el objeto de desvincularlos como riña, invocando el artículo 160 del Código del Trabajo.

Añade que denunció al agresor ante la Fiscalía Regional Sur, resultando éste declarado culpable y sancionado con multa. Cuestiona, por otra parte, que la Mutual de Seguridad le señalara que los dolores cederían sin practicarle exámenes, negándole posteriormente la atención requerida, todo lo cual habría derivado en lesiones consistentes en rotura de tendones, fractura de hombros y daños articulares.

En definitiva, solicita que se deje sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-S-02705-2026 de la Superintendencia de Seguridad Social, reconociéndose que el siniestro sufrido corresponde a un accidente del trabajo, y se disponga que la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción le otorgue la atención de salud y la intervención quirúrgica que requiere para quedar apto para el trabajo.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe doña Romina Andrea Ugalde Rañileo, abogada, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, solicita en lo principal, que se declare la improcedencia de la acción y, en subsidio, que se la desestime en todas sus partes, con costas.

En cuanto a la improcedencia, sostiene que la materia sobre la que versa el arbitrio debe dilucidarse en un juicio de lato conocimiento, toda vez que la acción de protección no constituye una instancia de declaración de derechos, sino un mecanismo cautelar destinado a amparar aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por un acto ilegal o arbitrario. En apoyo de dicha tesis, invoca pronunciamientos de la Excelentísima Corte Suprema —de 16 de mayo de 2023, en causa Rol 4658-2022, y de 25 de julio de 2022, en causa Rol 628-2022— conforme a los cuales la calificación de una patología como de origen común o laboral corresponde a una cuestión de hecho, de naturaleza técnica y profesional, propia de un organismo médico especializado, cuya discusión desborda los límites de esta vía y debe ventilarse en un procedimiento ordinario declarativo.

En subsidio, informa en cuanto al fondo, exponiendo latamente el marco normativo que regula la materia. Precisa, así, que le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 N° 18 de la Constitución, siendo la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión de acuerdo con las Leyes N° 16.395 y N° 16.744. Añade que el artículo 5° de este último cuerpo legal define el accidente del trabajo como la lesión sufrida a causa o con ocasión del trabajo, exigiéndose una relación de causalidad directa o mediata, pero en todo caso indubitable, y que, tratándose de lesiones por agresiones, el Compendio Normativo requiere un motivo laboral y que el afectado no haya sido el provocador, esto es, que haya tenido un rol pasivo.

Relata que con fecha 15 de abril de 2025, el recurrente reclamó contra la calificación efectuada por la Mutual, y que, del análisis de los antecedentes, incluido el parte policial, se concluyó que ambos trabajadores tuvieron participación activa en la agresión, sin testigos ni registro audiovisual, originándose el conflicto en una disputa personal ajena a las funciones laborales. Por ello dictó la Resolución Exenta N° R-01-UJU-114358-2025, de 19 de agosto de 2025, que aprobó lo obrado por la Mutual, y, posteriormente, la Resolución Exenta N° R-01-S-02705-2026, de 9 de enero de 2026, que rechazó el recurso de reposición, constatando que el recurrente reaccionó no sólo defendiéndose, sino agrediendo a su compañero, sin que fuera posible asignarle un rol pasivo.

Manifiesta que no existe afectación de la integridad física y psíquica, pues la calificación no niega atención de salud sino que determina el régimen de financiamiento aplicable; que no se infringe la igualdad ante la ley, al haberse sometido al recurrente a idénticos criterios técnicos; que no se restringe la libertad de trabajo ni su continuidad laboral; y que no concurre discriminación arbitraria en materia económica, por fundarse la exclusión en la inexistencia del nexo causal y en la participación activa en una riña. Concluye que el recurrente no ostenta un derecho adquirido a la cobertura, la que exige el cumplimiento de condiciones legales previas, subsistiendo en todo caso su acceso a las prestaciones del régimen común de salud.

TERCERO: Que, evacuando informe, comparece don Roberto Torres Rebolledo, abogado, en representación de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, solicita en lo principal, que se declare la improcedencia de la acción y, en subsidio, que se rechace en todas sus partes, con costas.

En relación a la improcedencia, expresa que lo pretendido por el actor es que, por la vía de esta acción cautelar, se revisen actuaciones desplegadas por su representada en su calidad de organismo administrador, específicamente la calificación del origen del siniestro. Explica, al efecto, que la determinación del carácter laboral o común de una lesión constituye una función técnica, reglada y obligatoria, que exige integrar exámenes médicos, antecedentes funcionales y evaluaciones de las condiciones de trabajo conforme a los artículos 5° y 7° de la Ley N° 16.744 y al Compendio de Normas.

Añade que la acción de protección posee carácter excepcional y sólo ampara derechos indubitados, preexistentes y actualmente perturbados, y no constituye instancia para declarar o revisar derechos discutidos. Agrega, asimismo, que el legislador contempló una vía administrativa de reclamación en el artículo 77 bis de la Ley N° 16.744, ejercida tanto por el organismo como por el trabajador, de modo que se pretendería reabrir un debate técnico ya resuelto.

En cuanto al fondo, señala que el trabajador ingresó a la Mutual el 10 de marzo de 2025 refiriendo una agresión ocurrida el 7 de marzo, presentando al examen una herida suturada de aproximadamente dos centímetros en región frontal, sana y sin signos de infección, con columna cervical de rango conservado; añade que el TAC de columna no evidenció lesiones óseas traumáticas agudas ni la radiografía de hombros signos de luxación, por lo que, ante la ausencia de lesiones, no hubo indicación de reposo laboral.

En lo concerniente a la calificación, sostiene que, si bien el trabajador atribuyó el origen a expresiones verbales del otro dependiente, el parte policial da cuenta de una participación activa de ambos en la agresión. Precisa que, conforme a la jurisprudencia de la Superintendencia de Seguridad Social y al numeral 4, capítulo III, letra A, del Título II, Libro III del Compendio Normativo, tratándose de lesiones por agresiones se requiere un motivo laboral y que el afectado no haya sido el provocador, esto es, que haya tenido un rol pasivo, lo que en la especie no fue posible determinar, calificándose el siniestro como común por corresponder a una riña entre trabajadores ajena a la ejecución de las funciones laborales.

Respecto de los reclamos ante la Superintendencia, refiere que, de conformidad al artículo 77 bis, concurrió ante dicho organismo, el que confirmó su actuar mediante la Resolución Exenta N° R-01-UJU-114358-2025, y que el recurso de reposición del trabajador fue rechazado por Resolución Exenta N° R-01-S-02705-2026, constatándose que reaccionó no sólo defendiéndose sino agrediendo a su compañero. Concluye que no existe acto arbitrario ni ilegal, por tratarse de un derecho dubitado cuya resolución exige prueba y peritajes propios de un juicio de lato conocimiento.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que, luego de lo dicho es menester relevar que el acto ilegal o arbitrario que se reprocha se hace consistir por el recurrente es el dictamen emitido por las recurridas mediante el cual se califica su enfermedad como de origen común y no de carácter laboral, como lo pretendía.

SEXTO: Que, en el contexto descrito, el contenido del recurso evidencia que el ámbito bajo el cual se pretende la actuación de este Tribunal, excede los márgenes de la acción cautelar que describe el artículo 20 de la Carta Fundamental, que comprende solo situaciones inequívocas de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo, y que no se encuentra bajo el imperio del derecho, cuestión que no acontece en la especie. En efecto, es del caso enfatizar la naturaleza esencialmente cautelar de la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de la República y, particularmente, en la circunstancia que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Expresado, en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones o reconocimiento de derechos.

Así las cosas, aparece que el asunto propuesto a través de esta acción constitucional rebasa sus límites y propósitos para cuyos fines este procedimiento tutelar no resulta idóneo, lo que deja de manifiesto que no existe un derecho indubitado a su respecto, toda vez que para acceder a lo solicitado justamente se requiere un pronunciamiento en tal sentido.

SÉPTIMO: Que por otro lado, los derechos que el actor solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse por esta vía, ni del modo que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, existen vías administrativas destinadas para ello, las que no pueden ser sustituidos por la acción constitucional de protección.

OCTAVO: Que, en las condiciones expuestas, puede concluirse que no concurren los presupuestos que permitan acoger la acción de cautela de derechos constitucionales, pues como ya se dijo, el sustento fáctico en los que discurre su análisis sobre lo ilegal y arbitrario de la decisión que impugna, no han sido justificados por quien recurre, resultando innecesario revisar si se han afectado o no las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N°889-2026.