nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR

Santiago, veinticuatro de noviembre del año dos mil quince.

Vistos y teniendo presente:

1º) Que, en estos autos rol Nº88.733-2015 comparece, a fs.45 don nombre reservado, colombiano, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo Recurso de Protección de garantías constitucionales contra la Resolución Exenta Nº103878, de 24 de Junio de 2015, en cuando la medida afecta sus derechos esenciales establecidos en el artículo 19°, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Constitución Política de la República, a fin de que sea revocada y se le permita continuar con la regularización de su residencia en Chile, pues actualmente se encuentra laborando, y con sus ingresos sustenta a su esposa y su hija, que residen en Chile.

Explica que el recurso de Protección se dirige contra la Subsecretaría del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en la persona de su representante, con domicilio en el palacio de la Moneda.

2º) Que el recurrente agrega que el 6 de Octubre último fue notificado de la medida de abandono, emitida por la Subsecretaría del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante la Resolución Exenta Nº103878, por lo que interpone este recurso para que sean protegidos sus derechos esenciales, en cuanto se encuentra laborando como administrador en la empresa Heavenware ascensores, con lo cual sustenta a su esposa y su hija, manteniendo en la actualidad vínculo en Chile con extranjeros con permanencia definitiva, su esposa y su hija.

Señala que el 4 de Noviembre del año 2003 se emitió sentencia por el Juzgado Promiscuo del circuito de La Virginia del Departamento de Risaralda de Colombia, en el expediente Nº664003189001 1998 0064 01, por medio de la que se declara prescrita la pena impuesta, encontrándose en la actualidad rehabilitado y resocializado, motivo por el cual restableció su familia en Chile junto a su esposa y su hija, con quienes vive.

Explica que el 10 de Julio de 2014 se emite Certificado de la Policía Nacional de Colombia, por el Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia, mediante el que acredita que no tiene asunto pendiente con las autoridades judiciales, encontrándose adecuado en el ejercicio de sus derechos civiles. El 11 de Junio de 2014 se emite el certificado de antecedentes penales chilenos, con el que acredita que se encuentra sin anotaciones, encontrándose adecuado en su actuar en Chile, siendo por ello que interpone recurso de protección, para restablecer sus derechos conculcados por la medida dictada, para que se revoque y se le permita continuar con la regularización de su residencia en Chile junto a su familia.

El 2 de Abril del año 2012, dice, se emite contrato de trabajo con la empresa South Logistics S.A., como jefe logístico, y en la cual laboró hasta el 20 de Marzo del presente año; posteriormente trabajó en Logística y bodegaje Chapacase, hasta el 31 de Julio del presente año 2015, y luego fue contratado en la empresa Heavenware ascensores, desde el 5 de Octubre último, donde labora como administrador de bodega, por lo cual con sus ingresos puede sustentar sus gastos personales y los de su familia.

Expresa que el 3 de Abril del año 2014 celebró contrato de arriendo del inmueble en que reside junto a su esposa nombre reservado y su hija nombre reservado, apoyándose mutuamente, ya que su esposa también labora, motivo por el cual han establecido su residencia en Chile, ya que constituyen, sus labores, alicientes de resocialización, al tener oportunidad de realizarse como persona, padre de familia y profesional.

Informa que el 9 de Junio del año 2014 se emite certificado de alumno regular de su hija, nombre reservado, por la Sociedad Educacional Colegio Santa María de Santiago, que acredita cursa estudios en dicha institución, en cuarto medio, en vista de lo cual su interés por interponer el recurso de protección, para que se le permita continuar residiendo en Chile junto a su esposa e hija, en cuanto tiene trabajo estable y se encuentra reinsertado a la sociedad.

3º) Que el recurso añade que conforme establece el artículo 19 numeral 1º de la Constitución Política, invoca la protección de su integridad física y psíquica; así como el numeral 2º, la igualdad ante la ley; el numeral 3º en lo referido al debido proceso, y el numeral 4º, en lo que respecta al derecho a la familia y su integración, derechos que han sido perturbados y amenazados con la medida de abandono, ya que el motivo por el cual se emite afecta sus derechos constitucionales esenciales.

Solicita que se acceda a permitirle optar a alguna visa de residencia en Chile, al mantener vínculo con extranjeros con permanencia definitiva, su esposa e hija, por lo que pide se acceda a concederle la protección en sus derechos perturbados y amenazados, se le proteja en su vida e integridad física, conforme lo establecido en el artículo 19º numerales 1, 2, 3 y 4° de la Constitución Política; y evaluando sus argumentos se revoque la medida de abandono, permitiéndole continuar con su residencia en Chile, y continuar viviendo junto a su esposa e hija en integración familiar.

4º) Que, en cuanto a los fundamentos de derecho, invoca y reproduce el artículo 19 de la Carta Fundamental, en sus numerales 1º, 2°, 3°, y 4°.

Asimismo, transcribe el artículo 20° del Texto Político, y trae a colación el numeral 1° del Auto Acordado de la Corte Suprema Sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

Finalmente, pide que se haga lugar a lo pedido, dejando sin efecto la medida de abandono, y se le permita continuar residiendo en Chile junto a su familia, esposa e hija.

5º) Que, por medio de la presentación de fs.90, don nombre reservado, Jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, domiciliado en domicilio reservado, evacua el informe requerido.

Expresa que mediante Resolución Exenta Nº14833 de 10 de febrero de 2014, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se rechazó la solicitud de visación de residente temporario, presentada por el extranjero nombre reservado, de nacionalidad colombiana, ordenándose el abandono del país en el plazo de 15 días, en atención a que fue condenado en su país de origen a la pena de 2 años y 6 meses de prisión como autor responsable del delito de acceso carnal violento en contra de menor de edad.

Por Resolución Exenta Nº106731 de 9 de septiembre de 2014, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se rechazó la solicitud de reconsideración de 14 de agosto de 2014 presentada por el recurrente, manteniendo firme la medida adoptada, ya que los antecedentes aportados en el recurso administrativo no permitieron desvirtuar los motivos tenidos en cuenta al rechazar la solicitud de residencia.

Por Resolución Exenta Nº103878 de 25 de junio de 2015, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se rechazó el recurso de revisión interpuesto el 12 de enero de 2015 por el recurrente, manteniendo firme la Resolución Exenta Nº14833, debido a que el extranjero no acompañó nuevos antecedentes que hubieren sido ignorados al momento de resolver, o que sean de carácter esencial para la resolución de su situación migratoria. Por el contrario, la sentencia de su país de origen, acompañada el 20 de marzo de 2015, reafirmó los fundamentos de la decisión adoptada por la autoridad, ya que el extranjero precitado no cumple suficientemente con los requisitos requeridos por el Decreto Ley Nº1.094 de 1975, Ley de Extranjería, entre éstos no registrar antecedentes en su país de origen, no haber sido condenado por delito.

Solicita que el recurso de protección sea rechazado, toda vez que, a juicio del informante, no se cumplen los presupuestos constitucionales para su interposición, por las siguientes consideraciones.

6º) Que, en primer término, se refiere al rechazo del recurso por motivos de fondo, inexistencia de acto arbitrario o ilegal de la autoridad, argumentando que el acto que rechaza la solicitud de permanencia definitiva fue dictado por autoridad competente, dentro de la esfera de sus atribuciones, y por existir fundamentos de hecho plausibles.

Expresa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, para que sea procedente el recurso de protección se requiere que concurran varios supuestos: a) que a un individuo se le prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de un derecho o garantía constitucional protegida por esta acción cautelar, y b) que lo anterior sea consecuencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal, en este caso, de parte de la autoridad.

Señala que la Resolución Exenta Nº14833, de 10 de febrero de 2014, es el acto administrativo que en realidad se impugna, ya que en virtud de éste se rechaza la solicitud de visa y se dispone el abandono.

El extranjero posteriormente recurre contra dicha Resolución, lo que se rechaza, manteniendo vigente la medida de abandono, en virtud de Resolución Exenta Nº106731 de 9 de septiembre de 2014, del Departamento señalado. Se presenta recurso de revisión en contra de dicha Resolución, la cual se rechaza por Resolución Exenta Nº103878 de 25 de junio de 2015, de la misma repartición, respecto de la que se interpone esta acción cautelar.

Solicita que la acción constitucional se rechace, pues a juicio del informante no se cumplen los presupuestos procesales para su interposición, pues no existe un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos y garantías resguardadas en el artículo 20 de la Constitución Política.

7º) Que, seguidamente, el informe alude a la autoridad y sus atribuciones legales para dictar la medida impugnada, señalando que el acto administrativo contra el cual se recurre es la Resolución Exenta Nº14833 de 10 de febrero de 2014, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Aduce que ésta no puede ser considerada un acto ilegal y arbitrario de la autoridad.

Argumenta que el inciso 1º del artículo 13 del Decreto Ley Nº1.094 de 1975, Ley de Extranjería, establece que “las atribuciones que correspondan al Ministerio del Interior, para el otorgamiento de visaciones, para la prórroga de las mismas y para la concesión de la permanencia definitiva serán ejercidas discrecionalmente por éste, atendiéndose en especial a la conveniencia o utilidad que reporte al país su concesión y la reciprocidad internacional, previo informe de la Dirección General de Investigaciones”.

El artículo 6 de la Ley de Extranjería señala que “El otorgamiento y prorroga de las autorizaciones de turismo y visaciones de los extranjeros en Chile será resuelto por el Ministerio del Interior”.

El artículo 67 del Decreto Ley Nº1.094 de 1975, Ley de Extranjería, señala que “Corresponderá al Ministerio del Interior resolver sobre las revocaciones que se refieren los dos artículos precedentes.

“Revocada o rechazada que sea alguna de las autorizaciones a que se refiere este decreto ley, el Ministerio del Interior procederá a fijar a los extranjeros afectados un plazo prudencial no inferior a 72 horas, para que abandonen voluntariamente el país.”

Esta norma se encuentra redactada en términos casi idénticos en los artículos 13 y 141 incisos 1° y 2° del Decreto Supremo Nº597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería. Disponen los últimos que “El Ministerio del Interior o la autoridad que actúa por delegación, cuando corresponda, resolverá los rechazos y revocaciones a que se refieren los artículos precedentes.

“Los rechazos y revocaciones, se dispondrán por resolución fundada, en la que además, se fijará un plazo prudencial no inferior a 72 horas para que el afectado abandone voluntariamente el país, sin perjuicio de que se aplique a su respecto, por la autoridad competente, cuando proceda, alguna sanción de amonestación por escrito, pecuniaria, penal o se resuelva su expulsión del territorio nacional.”

8º) Que el informe indica que para que proceda la acción constitucional de protección, debe existir un acto arbitrario o ilegal que no permita el legítimo ejercicio de derechos o garantías constitucionales expresamente señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política.

Finalmente, dice, el artículo 92 del Decreto Ley Nº1.094 de 1975 señala: “Corresponderá al Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, el que adelante se denominará Departamento de Extranjería y Migración, aplicar y supervigilar directamente el cumplimiento de las normas del presente decreto ley y su reglamento“.

Por tanto, agrega, la Resolución no puede ser considerada ilegal, ya que el acto administrativo impugnado fue dictado por autoridad competente y dentro de la esfera de sus atribuciones, a quien le ha sido conferida legalmente esa facultad. Esta norma se encuentra redactada en términos casi idénticos en el artículo 178, del Decreto Supremo Nº597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería.

Respecto a las facultades del Subsecretario del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad pública, para resolver el recurso administrativo que se recurre, indica que se encuentran contempladas en el artículo 60 de la Ley Nº19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en cuanto dispone: “En contra de los actos administrativos firmes podrá interponerse el recurso de revisión ante el superior jerárquico, si lo hubiere o, en su defecto, ante la autoridad que lo hubiere dictado…”

9º) Que, en cuanto a las causales legales para dictar la medida, explica que la decisión que rechaza la solicitud de permanencia definitiva se funda en causal legal expresa, dado que el artículo 63 N°1 del Decreto Ley Nº1.094 de 1975 señala que “Deben rechazarse las solicitudes que presenten los siguientes peticionarios: Nº1 Los que ingresen a Chile, no obstante hallarse comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 15”. El artículo 13 numerales 2 y 3 disponen: “Se prohíbe el ingreso al país de los siguientes extranjeros: Nº3 Los condenados o actualmente procesados por delitos comunes que la Ley chilena califique de crímenes y los prófugos de la justicia por delitos no políticos.”, y el “Nº2 Los que se dediquen al comercio o tráfico ilícito de drogas o armas, al contrabando, al tráfico ilegal de migrantes y trata de personas y, en general, los que ejecuten actos contrarios a la moral o a las buenas costumbres.”, ya que el delito por el cual fue condenado en su país de origen a la pena de 2 años y 6 meses de prisión es como autor del delito de acceso carnal violento en contra de menor de edad.

Expresa que el artículo 64 inciso final del Decreto Ley Nº1.094 de 1975, establece expresamente que “Pueden rechazarse las solicitudes que presenten los siguientes peticionarios”:

“Asimismo, podrán rechazarse las peticiones por razones de conveniencia o utilidad nacional”.

Estas normas, explica, se encuentran redactadas en términos casi idénticos en los artículos 26 N°3, 137 y 138 del Decreto Supremo Nº597 de 1984, ya aludido.

Añade que en este sentido han fallado los tribunales, como dan cuenta los considerandos quinto y sexto del recurso de protección presentado ante esta autoridad por un extranjero, rol de ingreso N°2760—2015 de la Corte de Apelaciones de Santiago, los que transcribe.

10º) Que el informe se extiende, luego, respecto de la concurrencia de las causales en la especie, arguyendo que, en cuanto a la alegación respecto a la arbitrariedad del acto, se debe considerar como tal la carencia de razonabilidad o de proporcionalidad en los medios respecto al fin que se busca alcanzar, o en su defecto como una inexistencia de los hechos en los que se fundamenta el actuar de la autoridad.

Respecto de la Resolución Exenta no se puede alegar que es desproporcionada, toda vez que la medida se condice con el objetivo perseguido por la norma, que es la posibilidad de gestionar la migración en virtud de la potestad estatal reglada.

Esta potestad se manifiesta por la obligación de rechazar algunas solicitudes de residencia en virtud de causales legales específicas, tales como las señaladas en el artículo 63 en relación al artículo 64, ambos del Decreto Ley Nº1.094.

Añade que se debe considerar que el acto administrativo tiene la debida razonabilidad, ya que rechaza la solicitud de visa en virtud de una causal legal expresa, fundada en que el extranjero tiene una condena a la pena de 2 años y 6 meses como autor del delito de acceso carnal violento en contra de menor de edad.

En este sentido, la consecuencia del rechazo de solicitud de residencia basado en una causal legal expresa es la medida de abandono, ya que el extranjero no puede quedarse de manera irregular residiendo en territorio nacional, razón por la cual se establece un plazo para que pueda hacer abandono voluntario del país, tal como señala el artículo 67 del D.L. Nº1.094.

La orden de abandono es una medida voluntaria por parte del extranjero, que en caso de no cumplirse en la forma señalada, se puede decretar posteriormente la expulsión del país, que se efectúa de manera compulsiva. En este sentido, el acto administrativo no genera una privación del legítimo ejercicio de algún derecho o garantía, ya que el rechazo a una solicitud de residencia, se ha basado en una causal imperativa, contemplada en el artículo 63 en relación al artículo 15 Nº3 ambas del D.L. Nº1.094, y cuya proporcionalidad se demuestra tanto por la intensidad de la medida de que se trata (medida voluntaria), como por lo que el fin u objetivo tenido a la vista (no residir de manera irregular en el país posterior a un rechazo de solicitud).

Todo lo anterior se funda en procedimiento administrativo especial, debidamente fundado y que el extranjero ha podido revisar ante sede administrativa, tal como establece la Ley, no pudiendo contravenir los antecedentes en que se funda la decisión adoptada.

11º) Que el informe se refiere, en seguida, a la ausencia de fundamento al esgrimir que se estaría vulnerando la garantía constitucional alegada.

Expresa que la acción constitucional de protección, resguarda taxativamente el ejercicio de derechos y garantías, consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

El extranjero en comento no justifica cómo el acto administrativo recurrido puede afectar algún derecho consagrado, toda vez que el artículo 19 Nº1 de la Constitución Política, al cual hace alusión en su escrito, dispone expresamente la protección sobre la vida e integridad de las persona, tanto en su aspecto físico o psíquico; sin embargo se recurre por esta vía, sin considerar que la medida de abandono es el resultado del rechazo a la solicitud de visa, y se trata de una medida voluntaria que de manera alguna puede afectar la integridad física o psíquica, ya que la medida no atenta contra alguna libertad del extranjero, sino es una respuesta a un solicitud del mismo en un proceso administrativo.

El numeral 2º del artículo 19 tampoco se encuentra afectado, ya que no se ha vulnerado la igualdad de la persona ante la aplicación de la ley, pues se desprende de su propia presentación que ha entablado recursos administrativos que han sido analizados y resueltos en base a los antecedentes aportados y a la normativa nacional.

Respecto al numeral 3° del artículo 19, aduce que la autoridad ha respetado un debido proceso en cada una de las distintas oportunidades en que se ha revisado la medida migratoria, pudiendo el extranjero precitado acompañar documentación fundante respecto a los fundamentos que hizo valer para desvirtuar la aplicación de la medida.

Por último, el numeral 4° del artículo 19, que resguarda la protección a la vida privada y la honra de su persona o de su familia, y por cuya protección se recurre por parte del extranjero, no puede ser afectada por la Resolución Exenta, desde que no se ha vulnerado la intimidad del recurrente ni de su familia al rechazar la solicitud de residencia.

El recurrente señala que: “Numeral 4° en lo que respecta al derecho de familia y su integración…”, y a este respecto se puede indicar que dicho numeral protege a la familia respecto a la esfera de intimidad, y no de la integración desde un punto de vista material, por lo que no se puede configurar la causal invocada, ya que los hechos en los que se funda la medida han sido acreditados por una sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada en su país de origen y que corresponde a un antecedente público.

12º) Que el informe agrega que el extranjero fundamenta parte de su acción migratoria en la mantención de vínculos en Chile, por medio de los cuales permitiría acreditar arraigo familiar y económico.

La autoridad de manera alguna desconoce los antecedentes aportados, pero estos no pueden ser considerados como elementos absolutos y que por su sola existencia permitan aprobar un permiso de residencia.

La existencia de personas que tengan vinculación familiar con el extranjero es un antecedente más a tener en consideración, pero no se puede transformar en un único elemento de análisis para aplicar o descartar la medida, ya que como se explicó, se considera la situación del extranjero de manera integral.

Solicita, por último, rechazar el recurso, por no contener fundamentos de hecho y de derecho que permitan fundar las causales señaladas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República para acogerlo, agregando que no es un acto ilegal o arbitrario.

13º) Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

14º) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Es importante recalcar que la ilegalidad y arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que concurra uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

15º) Que, dicho lo anterior, el presente problema tiene dos aspectos, uno de forma, ligado a la extemporaneidad, y otro de fondo.

El primero, debido a que la resolución que realmente es la que produce agravio al recurrente es la Resolución Exenta Nº14833, fechada el 10 de febrero de 2014, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante la cual se rechazó la solicitud de visación de residente temporario, presentada por el mentado recurrente nombre reservado, colombiano, ordenándose el abandono del país en el plazo de 15 días, debido a que fue objeto de una condena en su país de origen, de dos años y seis meses de privación de libertad, como autor responsable del delito de acceso carnal violento en contra de menor de edad.

Es en contra de aquella resolución que se debió recurrir de protección, porque, como se indicó, es la que causa el agravio, ya que las posteriores y en particular la que sirvió de base para la interposición tardía de esta acción cautelar no hicieron sino reiterar la primera determinación, a través del rechazo de las impugnaciones administrativas que llevó adelante el recurrente.

Efectivamente, por Resolución Exenta Nº106731 de 9 de noviembre de 2014, del Departamento ya referido, se rechazó la solicitud de reconsideración presentada el 14 de agosto del mismo año y finalmente, por Resolución Exenta Nº103878, de 25 de junio de 2015, se rechazó un recurso de revisión interpuesto el 12 de enero de 2015, manteniéndose a firme la primera determinación de la autoridad recurrida.

En conclusión, el recurso resulta ser extemporáneo, pues no se interpuso, según quedó señalado, contra la resolución verdaderamente agraviante, y lo resuelto por la autoridad administrativa continúa sin ser cumplido, utilizándose el presente recurso de protección como si fuera un medio más de impugnación, ahora en sede jurisdiccional, al margen de los que establecen los procedimientos administrativos. Esto es, se hace un uso indebido de esta acción cautelar, dándole un uso que, ciertamente, no es el que surge del artículo 20 de la Carta Fundamental de la República.

16º) Que, no obstante lo anterior, esta Corte estima pertinente entrar al fondo de la cuestión debatida, y lo primero que establece es que en la especie no existe una actuación arbitraria ni ilegal. Se trata de una determinación adoptada por la autoridad llamada por ley a resolver precisamente cuestiones como la que afecta al recurrente.

Esto es, se trata de una decisión adoptada por la autoridad administrativa pertinente, actuando dentro del marco de las atribuciones que legalmente le corresponden.

Para llegar a esta conclusión basta con analizar la normativa que atañe al caso. Es así como el artículo 1º del Decreto Ley Nº1094, de 1975, que Establece normas sobre extranjería en Chile, prescribe que “El ingreso al país, la residente, la permanencia definitiva, el egreso, el reingreso, la expulsión y el control de los extranjeros se regirán por el presente decreto ley.”

Luego, el artículo 2 estatuye que “Para ingresar al territorio nacional los extranjeros deberán cumplir los requisitos que señala el presente decreto ley, y para residir en él deberán observar sus exigencias, condiciones y prohibiciones.

“Por decreto supremo podrá prohibirse el ingreso al país de determinados extranjeros por razón de interés o seguridad nacionales.”

El artículo 6º dispone que “El otorgamiento y prórroga de las autorizaciones de turismo y de las visaciones a los extranjeros en Chile será resuelto por el Ministerio del Interior, a excepción de aquellas correspondientes a las calidades de residente oficial, la que será otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.”

También es relevante en este análisis, el artículo 13 del Decreto Ley de que se trata, en cuanto prescribe que “Las atribuciones que correspondan al Ministerio del Interior, para el otorgamiento de visaciones, para las prórrogas de las mismas y para la concesión de la permanencia definitiva serán ejercidas discrecionalmente por éste, atendiéndose en especial a la conveniencia o utilidad que reporte al país su concesión y a la reciprocidad internacional, previo informe de la Dirección General de Investigaciones.

“Las referencias que deberán contener las solicitudes que presenten los extranjeros, para el otorgamiento de estos permisos, los plazos dentro de los cuales deben presentarlos, los documentos que deberán adjuntar y el trámite de ellos, serán establecidos en el reglamento.”

El artículo 15 del texto legal de que se trata establece que “Se prohíbe el ingreso al país de los siguientes extranjeros: … 2.- Los que se dediquen al comercio o tráfico ilícito de drogas o armas, al contrabando, al tráfico ilegal de migrantes y trata de personas y, en general, los que ejecuten actos contrarios a la moral o a las buenas costumbres.

“3.- Los condenados o actualmente procesados por delitos comunes que la ley chilena califique de crímenes y los prófugos de la justicia por delitos no políticos;”

El artículo 63 agrega que “Deben rechazarse las solicitudes que presenten los siguientes peticionarios: 1º.- Los que ingresen a Chile, no obstante hallarse comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 15;”.

El artículo 65 manda que “Deben revocarse los siguientes permisos y autorizaciones:

“1.- Los otorgados en el extranjero a personas que se encuentren comprendidas en alguna de las prohibiciones indicadas en el artículo 15;

“2.- Los otorgados en Chile con infracción a lo dispuesto en el artículo 63, y “3.- Los de extranjeros que, con posterioridad a su ingreso a Chile como turistas o al otorgamiento del permiso del que son titulares, realicen actos que queden comprendidos en los números 1 o 2 del artículo 15 o en Nº3 del artículo 63.”

17º) Que, continuando con el análisis de la normativa legal atingente al caso, hay que mencionar el artículo 67 del Decreto Ley 1094, que dispone “Corresponderá al Ministerio del Interior resolver sobre las revocaciones a que se refieren los dos artículos precedentes.

“Revocada o rechazada que sea alguna de las autorizaciones a que se refiere este decreto ley, el Ministerio del Interior procederá a fijar a los extranjeros afectados un plazo prudencial no inferior a 72 horas, para que abandonen voluntariamente el país.”

El inciso final de la misma norma ordena que “Al vencimiento de los plazos a que se refieren los incisos precedentes, si el extranjero no hubiere cumplido lo ordenado por la autoridad, se dictará el correspondiente decreto fundado de expulsión.”

El artículo 91 prevé que “Corresponderá al Ministerio del Interior la aplicación de las disposiciones del presente decreto ley y su reglamento.” En especial, su numeral 2, prescribe “Supervigilar el cumplimiento de la legislación de extranjería y proponer su modificación o complementación y aplicar, a través del Departamento de Extranjería y Migración, las disposiciones del presente decreto ley y su reglamento.”

El artículo 92 añade que “Corresponderá al Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, el que en adelante se denominará Departamento de Extranjería y Migración, aplicar y supervigilar directamente el cumplimiento de las normas del presente decreto ley y su reglamento.”

Y finalmente, el artículo 93 precisa que “Al Departamento de Extranjería y Migración le corresponderá ejecutar los decretos, resoluciones, órdenes e instrucciones que dicte el Ministerio del Interior en conformidad a este decreto ley y a su reglamento.”

18º) Que la normativa que se ha traído a colación es la que básicamente, consagra las normas relacionadas con la materia planteada en estos autos, tanto en lo relativo a las causales por las cuales cabe rechazar la permanencia de algún extranjero en el territorio de la República, cuanto la normativa orgánica que dice relación con la autoridad encargada de hacer cumplir la materia de fondo.

Ahora bien, corresponde analizar cual fue el fundamento de la autoridad recurrida para la dictación de rechazo de solicitud de visación de Temp. Prof./Técnico presentada por el recurrente de autos. La resolución Nº14833, luego mantenida en su mérito por las resoluciones que fueron motivadas por la actividad recursiva de don nombre reservado. Textualmente precisa la resolución: Teniendo presente: a) Que es facultad privativa de esta Autoridad aprobar o rechazar las solicitudes de residencia formuladas por extranjeros; b) que la solicitud de nombre reservado de nacionalidad colombiana, no cumple suficientemente con los requisitos que la legislación de Extranjería establece para residir en Chile; c) que, consecuentemente y conforme a lo dispuesto en el artículo 64 inciso final de la Ley de Extranjería, es procedente el rechazo de esta solicitud, en atención a que fue condenado en su país de origen por el delito de acceso carnal violento.”

En virtud de ello, y la normativa correspondiente, se resuelve rechazar la solicitud de visación presentada, como se adelantó.

19º) Que, acorde con lo que se ha expuesto, se concluye que no existe un acto ilegal o arbitrario, cometido en contra del señalado recurrente, con motivo del rechazo de su solicitud de visación, y dispone el abandono del país dentro del plazo de 15 días, a contar de la fecha de notificación.

Cabe acotar que la resolución exenta Nº106731 estima que los fundamentos de la solicitud de reconsideración del recurrente, no permiten desvirtuar los motivos que fueron tenidos en cuenta al rechazar la solicitud de residencia, “debido a que fue condenado en su país de origen por el delito de acceso carnal violento a la pena de 2 años 6 meses…”, según se lee a fs.52.

Finalmente, la resolución exenta 103878, que resuelve un recurso de revisión, rechazándolo, se funda en la circunstancia que “el extranjero no acompaña documento alguno que pueda tener “valor esencial para la resolución del asunto € ignorado al dictarse el acto”. Lo anterior, puesto que si bien el Departamento de Extranjería y Migración le solicitó, mediante Oficio Ordinario Nº10119 de fecha 5 de marzo de 2015, copia íntegra de la sentencia de 30 de septiembre de 1998 del Juzgado 1 Circuito de La Virginia, debidamente legalizado, a fin de tomar conocimiento de los hechos materia de la condena, siendo acompañados por el recurrente con fecha 20 de marzo de 2015, estos reafirmaron la decisión de la autoridad, dado que fue precisamente esa condena, la que se tuvo a la vista para afirmar que el extranjero en comento no cumple con los requisitos que la legislación de extranjería exige en relación a las solicitudes de residencia.”

Agrega que “En relación a ello, esta Subsecretaría estima que la Resolución Exenta recurrida, se fundamenta en el hecho de que el Sr. nombre reservado no cumple suficientemente con los requisitos que la legislación de extranjería, ello, en concordancia con los artículos 6, 62, 63, 64 y 67 de la Ley de Extranjería, y artículos 13, 132, 136, 137, 138, 141, 142 y 178, del Reglamento de Extranjería.”

20º) Que, en suma, no hay acto arbitrario o ilegal que se pueda reprochar a la autoridad recurrida con motivo de la determinación de denegar la permanencia en el país y ordenar el abandono del territorio de la República, autoridad que como se indicó, ha actuado dentro del marco de sus legítimas atribuciones, sin que los antecedentes hechos valer ante esta Corte, en especial la sentencia declarando la prescripción de la pena impuesta y ya tomada en consideración por dicha autoridad, así como la circunstancia de poseer vínculos con otras personas que se encontrarían legalmente en el país, tengan el mérito suficiente como para hacer variar lo debidamente resuelto.

Lo anterior, por lo que ya se señaló, en el sentido de que el recurso de protección no constituye un medio de impugnación de resoluciones jurisdiccionales o administrativas, que éstas han dictado de acuerdo con las atribuciones de que las ha dotado la propia ley, como quedó en claro del análisis de la normativa que corresponde.

21º) Que, por las breves razones expuestas, el recurso de autos no puede prosperar, y debe ser desestimado, y al no existir una actuación ilegal o arbitraria, ello permite no entrar al análisis de las garantías constitucionales que se han invocado como amagadas, las que en cualquier caso, no lo están a juicio de esta Corte.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema, sobre tramitación de acciones como la de autos, se declara que se rechaza el recurso de protección interpuesto en lo principal de fs.45, por don nombre reservado, contra la Sub Secretaría del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Protección Nº 88.733-2015.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por la Ministro (s) señor Jorge Norambuena Carrillo y el Abogado Integrante señor Oscar Torres Zagal.

PAGE 1