CLUB DEPORTIVO DEPORTES PROVINCIAL OSORNO con ASOCIACION NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL

C.A. de Santiago Santiago, diez de septiembre de dos mil veinticinco.

Proveyendo a los folios 23, 24 y 25: a todo, téngase presente.

Vistos:

nombre reservado, empresario, peruano, cédula de identidad para extranjeros N.º RUT reservado, en su calidad de presidente y en representación del Club Deportivo Deportes Provincial Osorno S.A.D.P., interponiendo recurso de protección en contra de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), del Tribunal de Disciplina de la ANFP Primera Sala y del Tribunal de Disciplina Segunda Sala, por haber decretado la resta de 3 puntos para la temporada 2025 al Club Provincial Osorno mediante resolución del Tribunal de Disciplina Primera Sala de fecha 11 de febrero de 2025, decisión que fue ratificada por la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina con fecha 27 de marzo de 2025. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que vulnera el artículo 14 del Decreto N° 75 que Aprueba el Reglamento sobre Organizaciones Deportivas Profesionales en relación con el artículo 9 de la ley 20019, así como los artículos 421 y 422 del Código del Trabajo relativos a la competencia en materia laboral, vulnerando con ello los derechos fundamentales del debido proceso, igualdad ante la ley y respeto del contenido esencial de los derechos que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se deje sin efecto el descuento de 3 puntos para la temporada 2025 y sean restituidos en la tabla de posiciones del campeonato 2025 de la Segunda División Profesional.

Expone que los antecedentes se remontan al 11 de febrero de 2025, cuando el Tribunal de Disciplina Primera Sala de la ANFP resolvió la denuncia interpuesta por la Unidad de Control Financiero (UCF) en contra del Club Provincial Osorno. Dicha denuncia se fundaba en que el club declaró y pagó el 17 de diciembre de 2024, fuera del plazo establecido, las cotizaciones previsionales y de salud relativas al plantel profesional de jugadores, lo que constituiría una vulneración del artículo 71 numeral 3 del Reglamento de la ANFP. La Primera Sala del Tribunal, considerando que el campeonato 2024 había ya concluido, sancionó al club con la pérdida de 3 puntos para el torneo 2025.

Agrega que, Provincial Osorno interpuso recurso de apelación, alegando que la infracción denunciada correspondía a solo uno de los elementos que los clubes deben informar, que el pago se había efectuado con un retardo de apenas 4 días debido a que el banco había retenido fondos, y que en causas previas el Tribunal había aplicado un criterio diferente para infracciones ocurridas en período inter-temporada. No obstante, el 27 de marzo de 2025, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina confirmó la sentencia de primera instancia, manteniendo la sanción de descuento de 3 puntos para el campeonato 2025.

Sostiene la ilegalidad del acto impugnado ya que, la decisión vulnera lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento de ANFP, toda vez que se aplica un descuento de puntaje a una temporada que aún no había iniciado y que ni siquiera tenía las bases del campeonato establecidas al momento de los hechos denunciados. Señala que los hechos ocurrieron en diciembre de 2024, previo incluso a la notificación de las Bases del campeonato 2025, las que fueron comunicadas el 10 de febrero de 2025, por lo que no es posible construir un incumplimiento respecto de una normativa que no se encontraba vigente.

Asimismo, argumenta que el acto es ilegal conforme al artículo 14 del Decreto 75 de 2006 del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, que establece que las organizaciones deportivas profesionales deben presentar trimestralmente certificaciones que acrediten estar al día en obligaciones laborales y previsionales, estableciendo como sanción la pérdida de membresía según el artículo 9 de la Ley 20.019, no el descuento de puntos. Adicionalmente, sostiene que el Tribunal de Disciplina carece de competencia para conocer materias relacionadas con el pago de cotizaciones previsionales, las que según los artículos 420, 421 y 422 del Código del Trabajo son de competencia exclusiva de los Juzgados de Letras del Trabajo.

Respecto de la arbitrariedad del acto, el recurrente destaca la falta de consistencia en la jurisprudencia del Tribunal de Disciplina, citando la causa rol 10-2024 donde la misma Segunda Sala estableció que el descuento de puntos debe aplicarse en el campeonato respecto del cual incide la infracción, aplicando la sanción al campeonato anterior cuando los hechos ocurrían en período inter-temporada. Posteriormente, en la causa rol 11 de abril de 2025, la Primera Sala del TAD retomó este criterio y archivó una denuncia similar estimando que no correspondía sancionar con pérdida de puntos cuando ni siquiera existían las bases del campeonato. Esta inconsistencia en los criterios aplicados y la falta de graduación de la sanción constituirían, según el recurrente, un actuar arbitrario que vulnera el principio de igualdad ante la ley.

Agrega que, el acto impugnado vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Específicamente, se vulnera el derecho al debido proceso establecido en el numeral 3 inciso quinto, particularmente el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales sino por tribunales establecidos por ley, toda vez que el Tribunal de Disciplina se arroga competencias que corresponden exclusivamente a los tribunales laborales. También se transgrede el principio de igualdad ante la ley del numeral 2, al aplicarse criterios disímiles para casos similares sin justificación razonable. Finalmente, se vulnera el derecho al libre desarrollo de actividades económicas lícitas del numeral 21 y el respeto del contenido esencial de los derechos del numeral 26, al generarse incerteza jurídica que afecta el desarrollo de la actividad deportiva profesional y al vaciarse de contenido las garantías fundamentales mencionadas.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la decisión recurrida por ser ilegal y arbitraria, ordenando que se restituyan los puntos en la tabla de posiciones del campeonato 2025 de la Segunda División Profesional, estableciendo que el pago de las costas sea de cargo de la recurrida.

Por otra parte, comparece la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), por intermedio de su abogado José Tomás Eyzaguirre Córdova, evacúa el informe solicitado, exponiendo una serie de defensas y excepciones tendientes al rechazo del recurso de protección interpuesto por el Club Deportivo Deportes Provincial Osorno S.A.D.P.

Fundamenta su posición defendiendo la legalidad y razonabilidad de la sanción impuesta, sustentándose en que la decisión del Tribunal de Disciplina se ajusta estrictamente a las facultades reglamentarias y estatutarias de la ANFP, las cuales fueron conocidas y aceptadas por el recurrente al formar parte de la Asociación. Sostiene que la conducta de Provincial Osorno constituyó una infracción grave a la normativa de fair play financiero, siendo la sanción aplicada proporcionada y alineada con la necesidad de mantener la integridad y equidad de las competiciones profesionales.

Alega la inadmisibilidad del recurso de protección, argumentando que esta acción constitucional no constituye la vía idónea para revisar una decisión disciplinaria de una asociación deportiva a la cual el recurrente se ha sometido voluntariamente y que cuenta con mecanismos propios de resolución de controversias. Invoca la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que establece que, por su naturaleza cautelar, el recurso de protección no puede emplearse para obtener un pronunciamiento de carácter declarativo sobre la existencia de un derecho, toda vez que la discusión de los derechos debe ser materia del procedimiento pertinente mediante el ejercicio de las acciones respectivas. Añade que el artículo 553 del Código Civil establece que los estatutos de toda corporación son obligatorios para sus miembros, y que en el ámbito deportivo, la autonomía de las federaciones permite la existencia de órganos jurisdiccionales internos, quedando expresamente prohibida la vía del recurso ante los tribunales ordinarios según el artículo 51 de los Estatutos de la FIFA.

Asimismo, destaca que agotada la instancia procesal en el Tribunal de Disciplina, corresponde al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) conocer disputas, controversias y reclamos en materias propias de la Asociación, conforme se establece en el artículo 42.1 de los Estatutos de la ANFP. Sostiene que el recurrente busca que la Corte se pronuncie sobre la interpretación de normativas reglamentarias de carácter deportivo, la valoración de pruebas y la aplicación de principios como la fuerza mayor y la proporcionalidad, materias que requieren un debate amplio e ilimitado en cuanto a los medios de prueba, lo cual es ajeno a la naturaleza del recurso de protección.

Respecto del sometimiento voluntario y cláusula compromisoria, argumenta que el Club Provincial Osorno, al afiliarse a la ANFP y mantenerse como miembro, aceptó voluntariamente y se obligó a cumplir sus Estatutos, Reglamentos y decisiones de sus órganos jurisdiccionales. Este vínculo implica la aceptación de las disposiciones estatutarias y reglamentarias que gobiernan a la entidad y el acatamiento de las medidas y resoluciones emanadas de la autoridad competente. La ANFP, como corporación de derecho privado, tiene la potestad disciplinaria sobre sus asociados, y los órganos jurisdiccionales internos son los tribunales válidamente establecidos para resolver estas controversias deportivas.

En cuanto a la legalidad y razonabilidad de la sanción impuesta, refuta los argumentos del recurrente señalando que las resoluciones de los Tribunales de Disciplina se dictaron conforme a derecho y en ejercicio de las facultades disciplinarias válidamente conferidas por la normativa de la Asociación. Respecto de la interpretación de la norma reglamentaria del artículo 71.3.3, sostiene que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina ha establecido que la sanción se aplica a los clubes que no presenten "todos" los antecedentes mensuales, lo que debe entenderse "cumulativamente", es decir, deben estar necesariamente todos y cada uno de los antecedentes y documentos requeridos, de modo que si falta uno de ellos, se incurre en la infracción. El artículo 71.3.3.5 del Reglamento, que prevé una amonestación, aplica solo si, a pesar de la no presentación de un comprobante, se ha dado "efectivo cumplimiento a todas las obligaciones en tiempo y forma", lo que en este caso no ocurrió.

En relación con la competencia reglamentaria, argumenta que el Tribunal de Disciplina tiene plena competencia para juzgar y sancionar las infracciones a la normativa interna de la Asociación en materia económico-financiera, siendo la obligación de presentar los comprobantes de pago de cotizaciones previsionales y de salud una obligación reglamentaria federativa cuyo incumplimiento está sancionado internamente. Niega la invasión de la competencia laboral, sosteniendo que la sanción impuesta no es de naturaleza laboral o previsional, sino federativa y deportiva, relacionada con la integridad de la competición y la estabilidad económica de los clubes. La ANFP sanciona la falta de acreditación oportuna del cumplimiento de las obligaciones, no el incumplimiento de las obligaciones laborales per se.

Respecto de la alegación de caso fortuito o fuerza mayor, sostiene que la inoperatividad de la plataforma Previred el 16 de diciembre de 2024 no califica como tal, toda vez que es una situación "conocida y prevista de antemano". Más aún, el plazo legal para el pago electrónico vencía el 13 de diciembre de 2024, por lo que el pago realizado el 17 de diciembre era ya extemporáneo en cualquier caso. La disponibilidad de fondos del Club el 16 de diciembre es irrelevante si la obligación no fue cumplida en el plazo fatal establecido por ley y reglamento.

En cuanto a la razonabilidad de la sanción en "intertemporada" y consistencia jurisprudencial, la ANFP mantiene un criterio uniforme de "continuidad operacional y deportiva entre una temporada y otra", lo que implica que las obligaciones reglamentarias se mantienen y son fiscalizables incluso cuando no hay competición activa. La sanción de pérdida de puntos se aplicó al Campeonato de Segunda División 2025, de conformidad con el artículo 43, numeral 4, del Código de Procedimiento y Penalidades, que establece que cuando las sentencias impongan la pérdida de puntos una vez finalizado el torneo en que se genere la sanción, o que no sea posible aplicar la pena en el mismo torneo, la pérdida de puntos se hará efectiva en la competencia oficial inmediatamente siguiente.

Finalmente, respecto de la inexistencia de vulneración de garantías constitucionales, argumenta que el Tribunal de Disciplina es un órgano preestablecido y facultado por los Estatutos, no una comisión especial creada ad-hoc. La sujeción a la potestad disciplinaria es un deber voluntariamente aceptado por el Club al afiliarse a la ANFP. Se respetó el derecho a defensa y todas las demás garantías del proceso legal. En relación con la igualdad ante la ley, sostiene que se ha aplicado el estatuto común a todos los asociados a la ANFP, no existiendo constancia alguna respecto a personas que estando en idénticas circunstancias habrían obtenido un trato diferente. Respecto del libre desarrollo de la actividad económica, argumenta que la ANFP no ha coartado este derecho, exigiendo únicamente el actuar conforme a las normas que regulan la participación en los campeonatos. Finalmente, en cuanto a la seguridad de los preceptos legales, sostiene que el Reglamento de la ANFP y sus Estatutos son normas claras y conocidas por todos los clubes.

Por estas razones, la recurrida solicita a esta Ilustrísima Corte tener por contestado el recurso de protección interpuesto por el Club Deportivo Deportes Provincial Osorno S.A.D.P.; y, en definitiva, rechazar en todas sus partes el recurso de protección, con costas, declarando la plena legalidad y razonabilidad de la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, del examen de la acción de protección deducida, según se adelantó, aparece que la parte recurrente ataca como precisa actuación arbitraria e ilegal de las recurridas, que son la Asociación Nacional de Futbol Profesional ANFP; el Tribunal de Disciplina, Primera Sala y el Tribunal de Disciplina Segunda Sala, ambos de la misma organización, en virtud de la resolución de resta de tres puntos para la temporada 2025 al CLUB PROVINCIAL OSORNO S.A.D.P., decretada por el Tribunal de Disciplina, Primera Sala, de la ANFP con fecha 11 de febrero 2025, que fue ratificada por la Instancia de Apelación de la ANFP, Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, con fecha 27de marzo de 2025, la que se acusa de discriminatoria y vulneratoria de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 Nº s. 3 inciso quinto, 2 y 26, de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Cuarto: Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Quinto: Que, frente a las argumentaciones expresadas en los motivos que preceden y de la información entregada por las partes, aparece de manera evidente que el presente asunto excede -con creces- los límites para los cuales está establecida la presente acción cautelar.

En efecto, en esencia lo que se cuestiona aquí es una decisión seguida como consecuencia de un procedimiento deportivo, conocido, aceptado y suscrito por la propia recurrente, que culminó con la resta de tres puntos, por la infracción grave al “fair play” financiero de la ANFP, ello para el Campeonato de Segunda División de la Temporada 2025.

Sexto: Que, la sanción fue dictada por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP (Rol N° 163-2024) el 11 de febrero de 2025 y confirmada por la Segunda Sala (Rol N° 9-2025) el 27 de marzo de 2025, el motivo se debió a una denuncia de la Unidad de Control Financiero (UCF) de la ANFP, que acusó al Club de no haber acreditado y pagado dentro del plazo reglamentario (15 de diciembre de 2024, prorrogado al 16 de diciembre de 2024) las cotizaciones previsionales y de salud, correspondientes al mes de noviembre de 2024.

Es un hecho de la causa que se efectuó un pago, pero extemporáneo, lo que es reconocido por el recurrente, sin que se cuestione la existencia de la sanción posible de los estatutos que conoció y firmó la entidad deportiva recurrente.

Séptimo: Que, como ya se tupo oportunidad de señalar, el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que estén indubitados, y no de aquellos que se encuentren en discusión o que constituyan una mera expectativa. Esto es, no se trata de un juicio declarativo de derechos, como parece entenderlo la recurrente de autos.

Octavo: Que, en la especie, la situación jurídica y de hecho presentadas por la recurrente no ha sido demostrada fehacientemente, de lo cual fluye que no se está en presencia de derechos preexistentes ni indubitados a su respecto, que se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria precisa y determinada, atribuible a quien se presenta como recurrida -todo lo contrario- de lo cual se genera como consecuencia necesaria, que el presente recurso de protección no esté en estado de prosperar.

Noveno: Que, a mayor abundamiento, aunque el procedimiento sumarísimo de protección no establezca un período probatorio en contradictorio, ello no significa que el juez pueda decidir sin la existencia de pruebas que evidencien los argumentos presentados por las partes.

En efecto, en el procedimiento de las acciones constitucionales de protección, la prueba debe otorgar la certeza y la exigibilidad del derecho que se pretende ver tutelado. Frente a esto, no sería imposible suponer que, cuando se interpone el recurso de protección, estamos hablando de un derecho indiscutible que se ve amenazado o afectado su ejercicio por una arbitrariedad.

Décimo: Que, dentro del contexto material que se viene reseñando, como ya se anticipó, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de los recurrentes, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse que exista un derecho indubitado que a su vez sea constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que haya sido vulnerada mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado que así hubiera acontecido.

Y de conformidad, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado que regla la materia, se declara:

Que, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el CLUB PROVINCIAL OSORNO S.A.D.P., en contra de la Asociación Nacional de Futbol Profesional ANFP, su Tribunal de Disciplina, Primera Sala y su Tribunal de Disciplina, Segunda Sala.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

Ingreso Corte Protección Nº 8867-2025.