nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, con fecha 13 de marzo de 2026, comparece nombre reservado, por sí misma, interponiendo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado, por haber efectuado un descuento por la suma de $169.172 sobre su remuneración del mes de febrero de 2026 y advertido la continuidad de dicha deducción en los períodos posteriores, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se realizó de manera unilateral, sin su autorización expresada conforme a la ley, careciendo de un juicio o resolución judicial previa que lo ordene y desconociendo un convenio de pago acordado formalmente entre las partes, vulnerando con ello los derechos fundamentales de integridad física y psíquica, la garantía de un proceso previo y legalmente tramitado, el derecho de propiedad sobre las remuneraciones devengadas y la seguridad en el ejercicio de los derechos fundamentales, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de dicha conducta, la restitución inmediata de los fondos descontados, el estricto cumplimiento del convenio de pago celebrado en cuotas mensuales de $55.230 y la abstención de realizar cobros en exceso, con expresa condena en costas.

La recurrente expone que con fecha 28 de febrero de 2026 recibió su liquidación de sueldo correspondiente a dicho mes por parte de su empleadora Comercial Portia LTDA., percatándose de que en el rubro de descuentos se le había deducido un monto de $169.172 en favor de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Frente a dicha situación, el día 2 de marzo de 2026 la actora se contactó telefónicamente con la entidad recurrida, siendo informada por la ejecutiva doña nombre reservado sobre la existencia de dos deudas vigentes desde el año 2022 por un total de $922.869, argumentando que el descuento respondía al convenio existente con su empleador. Actuando de buena fe y con la intención de cumplir sus obligaciones, la recurrente acordó un convenio de pago en 24 cuotas iguales y sucesivas de $55.330, destinadas a cubrir los créditos folio 0093 (por $448.939 en cuotas de $27.402) y folio 4060 (por $473.930 en cuotas de $27.828), comprometiéndose la ejecutiva a remitir copia del convenio a su correo electrónico en un plazo de 48 horas hábiles, instrumento que nunca fue enviado.

Posteriormente, con fecha 10 de marzo de 2026, la afectada volvió a comunicarse por vía telefónica para solicitar la copia del acuerdo y consultar el período de inicio de los pagos, ocasión en que se le informó que le continuarían descontando la suma de $169.172, desconociendo el convenio pactado. Ante tal escenario, el 12 de marzo de 2026 la recurrente concurrió presencialmente a la sucursal de la recurrida en Las Condes, donde la jefa de plataforma le confirmó la celebración del convenio, pero le señaló que a fines de marzo se le efectuaría un nuevo descuento por $169.172 para cubrir supuestamente las cuotas repactadas, decisión impuesta unilateralmente y sin aviso previo.

En relación con los fundamentos de derecho, el recurso sostiene primeramente la ilegalidad del actuar de la recurrida por vulneración del artículo 58 del Código del Trabajo, el cual protege las remuneraciones e impide deducciones sin la debida autorización del trabajador o una orden judicial previa dictada dentro de un proceso legal tramitado con la correspondiente notificación y emplazamiento.

Añade la recurrente la contravención al artículo 17 de la Ley N°19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, norma que exige entregar copia formal de los contratos de adhesión al consumidor, exigencia incumplida por la recurrida al omitir el envío del convenio de pago repactado al correo electrónico de la usuaria pese a sus reiteradas insistencias.

Por otra parte, se acusa arbitrariedad al calificar la conducta de la caja de compensación como unilateral, desproporcionada y carente de razonabilidad, al pretender imponer un reglamento interno por sobre la ley y la Constitución. Al efecto, se cita la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema que prohíbe que las cláusulas de compensación prevalezcan sobre el carácter alimentario del sueldo y veda el cobro por mano propia sin un juicio y resolución judicial previa.

En lo tocante a la afectación de las garantías constitucionales, la parte actora explica que la conducta reprochada vulnera en primer término el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, al menoscabar su integridad física y psíquica mediante un estado de profunda angustia y preocupación psicológica. Asimismo, conculca el artículo 19 N°3 inciso cuarto constitucional, que garantiza un proceso previo y legalmente tramitado, al ejecutarse deducciones directas sobre su salario sin existir un juicio o resolución judicial que la ordene. De igual manera, contraviene el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, sobre el derecho de propiedad sobre las remuneraciones devengadas, al ser despojada arbitrariamente de sus ingresos excediendo el límite legal del 15% fijado por el artículo 58 del Código del Trabajo. Finalmente, infringe el artículo 19 N°26 constitucional, referido a la seguridad en el ejercicio de los derechos fundamentales, por cuanto la incerteza jurídica generada altera su vida digna y la subsistencia de su grupo familiar, impidiéndole aportar económicamente a la manutención de sus padres adultos mayores con quienes vive.

Por estas razones, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se declare que el actuar de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes ha sido ilegal y arbitrario, ordenando al organismo social la restitución íntegra e inmediata de todos los fondos reclamados, esto es, los $169.172 a su cuenta personal de Banco Estado; se disponga que la recurrida se abstenga en lo sucesivo de realizar descuentos de remuneraciones por un monto superior a $55.230; se ordene que Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes respete y dé estricto cumplimiento al convenio de pago celebrado en fecha 2 de marzo de 2026 en 24 cuotas iguales y sucesivas de $55.230; y se imponga expresa y ejemplificadora condena en costas en caso de oposición.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) certificado de nacimiento de la recurrente; 2) últimas tres liquidaciones de sueldo; 3) estado de crédito por folio 0093 por monto de $448.939; y 4) estado de crédito por folio 4060 por monto de $473.930.

SEGUNDO: Que, con fecha 27 de marzo de 2026, la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes evacuó el informe requerido y solicitó el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra por doña nombre reservado, exponiendo los fundamentos de hecho y de derecho que se señalan a continuación.

En relación con los antecedentes fácticos de las operaciones de crédito otorgadas a la actora, la recurrida señala que con fecha 6 de julio de 2022 concedió la operación de crédito N°059CON103554060 por un capital inicial de $837.186, pactada a una tasa de interés mensual de 1,98% y pagadera en un plazo de 18 meses con cuotas de $56.469, cuyo primer vencimiento correspondió al 30 de septiembre de 2022. Producto de la morosidad registrada entre las cuotas de septiembre de 2023 y febrero de 2024, la deudora efectuó con fecha 3 de marzo de 2026 una reprogramación por la suma de $473.930, a una tasa de interés de 1,98% en un plazo de 24 meses, fijándose el primer vencimiento para el 31 de mayo de 2026. De igual forma, indica que con fecha 16 de noviembre de 2022 otorgó a la recurrente la operación N°059CON103770093 por un capital inicial de $626.996, a una tasa mensual de 2,34% y a un plazo de 18 meses con cuotas de $43.627, con primer vencimiento el 31 de enero de 2023. Derivado del incumplimiento en las cuotas comprendidas entre febrero de 2023 y febrero de 2024, con fecha 3 de marzo de 2026 la deudora reprogramó el saldo adeudado por la suma de $448.939, a una tasa de 2,34% en un plazo de 24 meses, con primer vencimiento el 31 de mayo de 2026. En consecuencia, la informante sostiene que se trata de obligaciones plenamente vigentes, actualmente exigibles y no prescritas, resultando procedente su recaudación conforme al artículo 22 de la Ley N°18.833.

En cuanto al marco regulatorio y contextual de la institución, la recurrida explica que las cajas de compensación son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro administradoras de seguridad social reguladas por la Ley N°18.833, cuyo régimen de crédito social constituye una prestación de bienestar destinada a satisfacer necesidades de los afiliados. Agrega que el financiamiento de estas prestaciones conforma un patrimonio de afectación sujeto a normas especiales de administración e inversión conforme al artículo 29 del citado cuerpo legal, prohibiéndose expresamente destinar recursos a fines no autorizados por la ley.

En lo relativo al mecanismo de descuento por planilla establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, la informante precisa que constituye un medio especial de pago normativo e imperativo, equivalente al régimen de cotizaciones previsionales, diseñado para disminuir el riesgo crediticio y reducir el costo del financiamiento para el trabajador. Subraya que la obligatoriedad de practicar la deducción recae directamente sobre la entidad empleadora, entendiéndose extinguida la obligación del trabajador al momento de realizarse el descuento en su remuneración, según lo dispuesto en el inciso segundo de dicho precepto legal y en las instrucciones del Compendio de la Superintendencia de Seguridad Social. Asimismo, sostiene que el afiliado no puede oponerse unilateralmente a dicha deducción por ser propia del tipo de crédito contraído, y descarta que la aplicación de dicho mecanismo constituya una gestión de cobro voluntaria por parte de la caja acreedora, al operar por mandato imperativo de la ley.

Respecto de la exigibilidad de las deudas y la alegada prescripción, la recurrida aduce que el cobro versa sobre obligaciones vigentes y que la prescripción extintiva no opera de pleno derecho, sino que debe ser alegada y declarada judicialmente por tribunal competente de acuerdo a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil. En este sentido, invoca el Dictamen N°2659-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, el cual instruye que el empleador debe mantener los descuentos en tanto no exista un fallo judicial firme que declare la prescripción. Añade que la discusión sobre la vigencia o extinción de las acciones excede el ámbito propio de la acción constitucional de protección, debiendo ser ventilada en un juicio de lato conocimiento, por lo que la recurrente carece de un derecho indubitado.

En lo tocante a la supuesta vulneración de garantías constitucionales, la informante niega la contravención del derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, señalando que la deducción salarial se encuentra expresamente facultada por la ley y no constituye una privación ni expropiación ilegítima. Asegura que la caja solo incurriría en un acto arbitrario o ilegal en el evento de solicitar descuentos sobre créditos respecto de los cuales se hubiese dictado una sentencia judicial que declare la prescripción de la acción cambiaria y del mutuo, lo que no ocurre en la especie. Asimismo, enfatiza que la institución no requiere de un juicio previo ni de una resolución judicial para informar los descuentos al empleador, puesto que actúa en cumplimiento de sus obligaciones legales para el resguardo del fondo social.

A fin de respaldar su posición, la recurrida invoca la jurisprudencia uniforme sostenida por las Ilustrísimas Cortes de Apelaciones de La Serena en causa Rol 2343-2023 —confirmada por la Excelentísima Corte Suprema en Rol 6890-2024—, de Santiago en Rol 8474-2023, de San Miguel en Rol 131-2024 y por la propia Corte Suprema en Rol 87663-2023. Tales decisiones jurisprudenciales establecen de forma coincidente que la traba de descuentos por planilla en el marco de la Ley N°18.833, al no existir una declaración judicial previa de prescripción de las acciones, constituye el ejercicio legítimo del derecho de prenda general del acreedor para obtener el reintegro de los fondos sociales, descartando de plano toda ilegalidad o arbitrariedad.

Por las razones expuestas, la parte informante solicita a esta Ilustrísima Corte tener por evacuado el informe requerido y rechazar en todas sus partes el recurso de protección deducido por la actora, por no existir un acto ilegal o arbitrario imputable a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Para acreditar sus alegaciones, la recurrida incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) expediente de crédito correspondiente a la operación N°059CON103554060; 2) expediente de crédito correspondiente a la operación N°059CON103770093; 3) comprobantes de reprogramación de deudas de fecha 3 de marzo de 2026; y 4) copia de la escritura pública de mandato judicial de fecha 20 de junio de 2023, otorgada ante el Notario Público de Santiago don nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Para que esta acción prospere, es requisito indispensable la constatación de un acto ilegal o arbitrario que afecte un derecho indubitado.

CUARTO: Que, conforme a lo expuesto, el acto impugnado que la parte recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la deducción por la suma de $169.172 efectuada por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes sobre su remuneración del mes de febrero de 2026, así como en la decisión de continuar aplicando dicho descuento por el mismo monto en las remuneraciones de los meses posteriores, desconociendo el convenio de pago repactado con fecha 2 de marzo de 2026 en que se estipuló el pago de la deuda en cuotas mensuales de $55.230.

QUINTO: Que, en primer término, corresponde advertir que, en atención a la naturaleza de la entidad de previsión social, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N°18.833 dispone: “[L]o adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja Acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento la Superintendencia de Seguridad Social, entidad fiscalizadora de las Cajas de Compensación, ha señalado en Dictamen N°2659 - 2020 de 12/8/2020 que “[e]n cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial, el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos”

SÉPTIMO: Que, en este escenario, no corresponde considerar que la conducta en que se funda la presente acción sea arbitraria o ilegal, desde que la recurrida ha ejercido una facultad prevista en la ley que le autoriza la deducción de cuotas de créditos sociales de las liquidaciones de las remuneraciones, por lo que no resulta ser el recurso de protección la vía pertinente para ello.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo expuesto, con relación a que los descuentos que se están realizando de las remuneraciones de la actora excederían el monto acordado por las partes en la repactación reclamada en el recurso, cabe hacer presente que corresponde a un aspecto de hecho que por su naturaleza dubitada requiere ser dilucidado en un juicio de lato conocimiento y, por ende, escapa de la naturaleza cautelar del recurso de protección, por lo que excede las facultades que el ordenamiento jurídico le entrega a este tribunal de alzada con ocasión del conocimiento de la presente acción cautelar y de urgencia.

Por estas razones y de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Comuníquese, regístrese y en su oportunidad, archívese.

N° Protección-8866-2026.