Protección contra Comité de Ética de la Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, abogado, Cónsul General de Chile en Mendoza, República Argentina, ha deducido acción constitucional de protección en contra del Comité de Ética de la Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera (ADICA), integrado por doña nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado, y asimismo en contra de ADICA, representada por su Presidente don nombre reservado, por la dictación de la resolución del Comité de Ética de 11 de febrero de 2026, que, resolviendo los recursos de reposición interpuestos, mantuvo en firme la resolución del mismo órgano de 8 de enero de 2026 y confirmó la sanción de suspensión de la calidad de socio del recurrente por el plazo de tres meses, aplicada conforme al artículo 32 N°3 del Código de Ética de la Asociación, medida notificada por el Directorio mediante carta del Presidente de 18 de febrero de 2026.

Funda su acción en que los actos impugnados serían manifiestamente arbitrarios e ilegales y vulnerarían las garantías consagradas en los numerales 2°, 3° inciso quinto y 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación con los artículos 8 y siguientes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 y siguientes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sostiene que el Comité de Ética habría actuado, en los hechos, como una comisión especial, sin normas habilitantes de su potestad sancionatoria y con extralimitación de sus funciones, pues los artículos 21 y 113 de los Estatutos de la Asociación radicarían aquella facultad en el Directorio.

Expone que durante el procedimiento hubo falta de formulación precisa de los cargos, que le impidió conocer cabalmente los hechos que se le imputaban y las normas presuntamente infringidas, siendo condenado por faltas éticas insertas en un proyecto de Código publicado durante la propia tramitación; que no se le permitió contrastar la prueba testimonial ni asistir a las declaraciones tomadas a funcionarios del Consulado y que la resolución final carece de la debida motivación, al no hacerse cargo de sus argumentos ni ponderar sus descargos, dando valor probatorio a testimonios de oídas. Añade que su recurso de queja de 18 de febrero de 2026 no fue conocido por los recurridos, quienes se limitaron a confirmar la sanción. Denuncia, además, vulneración a su honra por la desprolija forma en que el Comité llevó el procedimiento, siendo los hechos altamente ventilados en los círculos profesionales integrantes de ADICA, a lo que ha contribuido la propia sanción impuesta.

Solicita se acoja la acción constitucional y se deje sin efecto el acto sancionatorio impugnado y el procedimiento completo que le sirve de antecedente, disponer las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y condenar en costas a los recurridos.

Segundo: Que, evacuando el informe, ADICA, comparece su Presidente solicitando el rechazo del recurso, con costas. Expone que la Asociación es una entidad gremial de larga data proveniente de la Corporación del Servicio Exterior constituida en septiembre de 1990 y que el Comité de Ética es un órgano estatutario permanente, contemplado en los Estatutos y regulado en el Código de Ética, con integración electiva, competencia expresa para pronunciarse respecto de los actos de un socio contrarios a la ética de la Asociación, procedimiento previamente reglado y con un catálogo taxativo de sanciones. Sostuvo que el recurrente conoce y ha aceptado la referida institucionalidad al menos desde su incorporación como socio, en el año 2001.

En cuanto al plazo en el que la presente acción constitucional se interpuso, indica que se hizo fuera del plazo establecido en el Auto Acordado, pues el recurrente tomó cabal conocimiento de los hechos en que funda el recurso de protección el 16 o 28 de agosto de 2025 cuando éste formuló los descargos y el recurso se interpuso recién el 13 de marzo de este año, excediendo con creces el plazo de treinta días.

En cuanto al desarrollo del procedimiento, señaló que se inició por denuncia del socio nombre reservado de 7 de julio de 2025, formalizada el 18 de julio de 2025; que se notificó al recurrente la denuncia por correo del Comité de 12 de agosto de 2025, y con posterioridad, el detalle de los cargos y las normas infringidas por correo de 26 de agosto de 2025; que fue efectivamente citado a audiencia y ejerció sus descargos, extendiéndose la reunión con el Comité por más de una hora y media el 28 de agosto de 2025; que ejerció, además, el derecho a formular su propia denuncia contra el señor nombre reservado con fecha 1 de septiembre de 2025, denuncia que el mismo Comité procesó; agrega que se recabaron testimonios de funcionarios consulares en los meses siguientes; que se dictó resolución fundada el 8 de enero de 2026, que sancionó al recurrente con suspensión de la calidad de socio por tres meses (artículo 32 N°3 del Código de Ética) y al señor nombre reservado con censura por escrito (artículo 32 N°1); que el recurrente interpuso oportunamente recurso de reconsideración el 20 de enero de 2026, resuelto por resolución de 11 de febrero de 2026 que confirmó las sanciones y que la sanción fue notificada por el Directorio al recurrente el 18 de febrero de 2026 y rigió hasta el 18 de mayo de 2026, no encontrándose actualmente vigente.

Sostiene que el recurrente, al haber participado activamente en todas las etapas del procedimiento, adhirió a la competencia del órgano y no puede impugnar de manera sobreviniente su naturaleza. Invoca la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, Tercera Sala, Rol N°19.010-2025, que reconoce la potestad disciplinaria de las asociaciones sobre sus asociados como manifestación de la autonomía de los grupos intermedios asegurada por el artículo 1° inciso tercero de la Constitución, y el pronunciamiento de la misma Sala en el Rol N°152.329-2022, entre otros, sobre los presupuestos mínimos del racional y justo procedimiento en sede sancionatoria asociativa, sosteniendo que en la especie se satisficieron todas esas condiciones. Añade que la queja de 18 de febrero de 2026 no fue conocida, por no encontrarse prevista como recurso en el procedimiento reglado del Código de Ética.

Indica que, la vulneración a la honra, invocando el deber de reserva del artículo 28 del Código de Ética y sosteniendo que el Boletín N°136-2025 al que se refiere el recurrente es anterior a la formalización de la denuncia y no lo individualizó. Solicita en suma que se rechace el recurso de protección por no existir acción u omisión arbitraria y tampoco ilegal de su parte.

Tercero: Que en la audiencia de 20 de agosto de 2026 la Corte dispuso como trámite, por estimarlo estrictamente indispensable para la acertada resolución del asunto, pedir al Comité de Ética de la Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera informe al tenor de lo expuesto en el recurso.

Con fecha 26 de agosto de 2026 se evacúo el informe solicitado por el actual Presidente del Comité de Ética, don nombre reservado, integrante titular del período 2026-2028, que inició funciones el 14 de abril de 2026, con seis anexos consistentes en los Estatutos vigentes de ADICA certificados por la Dirección del Trabajo el 8 de abril de 2024; el Código de Ética; el Decálogo; el Boletín N°203-2025, sobre la aprobación del nuevo Código y Reglamento de Ética el 13 de noviembre de 2025; el Boletín N°13-2026, sobre el inicio de funciones del actual Comité y el Boletín N°18-2024.

Refiere, en lo pertinente, que el caso del recurrente se rigió por la normativa vigente al momento de conocerse el asunto, esto es, el Código de Ética y el Decálogo aplicables antes de la reforma de noviembre de 2025; que el recurrente participó en todas las etapas del procedimiento, ejerció descargos, aportó pruebas, formuló su propia denuncia contra el otro socio implicado e interpuso recurso de reconsideración; que la queja de 18 de febrero de 2026 no fue conocida por no estar prevista en el procedimiento del Código y que la sanción de suspensión rigió del 18 de febrero al 18 de mayo de 2026 y no se encuentra vigente.

Cuarto: Que la acción constitucional de protección, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye un arbitrio cautelar y de urgencia destinado a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de las garantías que la propia norma enumera. De su naturaleza se sigue que no basta la mera discrepancia del afectado con la decisión que impugna; es menester que el acto aparezca, de un modo actual y manifiesto, como contrario a la ley o desprovisto de fundamento racional, y que de él derive la afectación concreta de una garantía amparada por esta vía. Tratándose de decisiones adoptadas por los órganos disciplinarios de una asociación gremial, este control no autoriza a la Corte a sustituir la valoración efectuada por el órgano llamado a resolver, sino únicamente a verificar que el ejercicio de la potestad sancionadora se haya mantenido dentro del marco estatutario y con respeto de las garantías mínimas del procedimiento racional y justo.

Quinto: Que en lo que respecta a la extemporaneidad alegada por la recurrida, esta será desestimada por cuanto consta de los antecedentes aportados que el recurrente tomó cabal conocimiento de la decisión que por esta vía impugna aconteció el 18 de febrero de 2026 y el recuso de protección se interpuso el 13 de marzo de este año, esto es dentro del plazo establecido en el Auto Acordado.

Sexto: Que con los elementos de convicción aportados apreciados conforme la sana crítica es posible tener por establecidos los siguientes hechos:

a.-Que durante el mes de mayo de 2025, el Comité de Ética tomó conocimiento de diversas situaciones ocurridas en la embajada de Chile en Argentina.

b.- Que el 7 de julio de 2025, el socio nombre reservado Cónsul Adjunto del Consulado General de Chile en Mendoza, envió un requerimiento al Comité para el conocimiento de eventuales problemas éticos ocurridos en el Consulado.

c.-Que el 10 de julio de 2025, se citó a una reunión al socio nombre reservado para el día 17 de julio del mismo año, con el fin de tomar conocimiento de los antecedentes.

d.-Que el 12 de agosto de 2025, el Comité remitió al requirente nombre reservado, correo en el que informa sobre denuncia efectuada en contra de él y, solicita una reunión.

e.- Que el 26 de agosto de 2025, se remitió formalmente al recurrente, correo notificando las situaciones investigadas, además de notificarlo de la reunión a realizarse en dos días más.

f.- Que el 28 de agosto de 2025, se llevó a efecto la entrevista al actor, además de sostener una reunión en la cual se dan a conocer las circunstancias y antecedentes ocurridas en el Consulado de Chile en Mendoza.

g.-Que en la referida reunión el recurrente realizó sus descargos.

h.- Que el 1° de septiembre de 2025, el recurrente realizó presentación formal de “denuncia” en contra del socio nombre reservado.

i.-Que luego de recabar declaraciones, reunir documentos, testimonios y otros antecedentes, en el marco de la investigación, el Comité de Ética, el 8 de febrero de 2026, dictó resolución sancionando al recurrente, por faltas graves a la probidad y al decoro.

j.- Que la referida resolución se notificó al actor el 08 de enero de 2026 remitiéndosele copia de ésta al recurrente, al Directorio de la Asociación mediante correo electrónico.

k.- Que el Sr. nombre reservado, el 20 de enero del año en curso interpuso recurso de reconsideración, el que fue rechazado.

l.- Que el recurrente el 18 de febrero de este año interpuso una queja en contra de los integrantes del Comité de Ética.

Séptimo: Que, resulta indispensable consignar el marco jurídico aplicable a la potestad disciplinaria de las asociaciones respecto de sus asociados. El artículo 1° inciso tercero de la Constitución Política de la República reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, garantizándoles la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. En concordancia con lo anterior, el artículo 553 del Código Civil dispone que los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria sobre toda ella y que sus miembros están obligados a obedecerlos bajo las sanciones que los mismos estatutos impongan, precisando que la potestad disciplinaria que corresponde a una asociación sobre sus asociados se ejercerá a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, con facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados.

Octavo: Que, en mérito de los antecedentes allegados aparece que el Comité de Ética es un órgano gremial permanente, contemplado en los Estatutos de ADICA desde su reforma integral de 1995 regulado en el Código de Ética aplicable en la especie. Se trata de un órgano colegiado integrado por tres socios titulares y dos suplentes elegidos democráticamente por la membresía por un período determinado – artículos 13 a 15 del Código de Ética – con competencia expresa para pronunciarse respecto de todo acto de un socio contrario a la ética de la Asociación – artículo 11 N ° 3 -con el establecimiento de un procedimiento previamente reglado que contempla su inicio a petición de un socio, el análisis de la plausibilidad de la falta, la citación a audiencia de descargos, también establece la posibilidad de recusación, la aportación de pruebas y la actuación mediante representante o asesor – artículos 20 a 28 – y con un catálogo taxativo de sanciones aplicables de conformidad con los artículos 30 a 34, las cuales se establecen desde la censura por escrito hasta la expulsión, y que dispone el propio Comité y que son aplicadas por el Directorio.

En consecuencia, en este caso el Comité no ha sido constituido de forma especial o ad hoc para conocer las situaciones denunciadas y para juzgar al recurrente, como éste sostiene en el libelo, tampoco resulta ser efectivo que no existe reglamentación previa. Muy por el contrario, ha quedado acreditado que el Comité de Ética ha actuado con estricto apego a las normas que regulan su funcionamiento, con el procedimiento previamente establecido, ejerciendo precisamente las potestades que estas normas estatutarias le confieren y que son conocidas plenamente por el recurrente.

Noveno: Que, en el mismo sentido anterior consta en virtud de los antecedentes aportados, que el recurrente fue notificado de las conductas que se le imputan- como también de las normas presuntamente infringidas por éste- según da cuenta el correo del Comité de 26 de febrero de 2025, de igual forma éste fue legalmente notificado a la audiencia en la que ejerció debidamente sus descargos, incluso ejerció su propia denuncia en contra del Sr. nombre reservado. Denuncia que fue conocida y resuelta en la misma resolución de 8 de enero de 2026. El recurrente interpuso oportunamente recurso de reconsideración contra la resolución sancionatoria el 20 de enero de 2026, resuelto mediante resolución de 11 de febrero de este año.

En estas circunstancias no se advierte infracción a los presupuestos del racional y justo procedimiento.

Décimo: Que, sin perjuicio de lo señalado, debe tenerse en cuenta que la resolución que por esta acción se ataca, consigna los antecedentes fácticos que el Comité tuvo por acreditados, establece claramente las conductas realizadas por el recurrente y que se calificaron como reprochables, además contiene los fundamentos normativos que apoyan la decisión de sancionar al socio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 N ° 3 del Código de Ética. Lo que descarta el capricho o la mera voluntad de la recurrida, sino por el contrario, la decisión se encuentra apoyada en razonamientos y fundamentos de hecho y de derecho dictada en un justo y racional procedimiento en ejercicio de las potestades legales de la recurrida.

Undécimo: Que, en estas circunstancias y en virtud de lo que se viene señalando el recurso de protección será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional de protección deducida por nombre reservado, en contra del Comité de Ética de la Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera (ADICA) y en contra de esta última.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Sra. Book.

N°Protección-8861-2026.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Jenny Book Reyes, el Ministro (S) señor Christian Carvajal Silva y el Abogado Integrante señor Andrés Fuchs Nissim.

En Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.