Protección contra Dirección del Trabajo

C.A. de Santiago Santiago, siete de agosto de dos mil veintiséis.

A los folios 10 y 11: a todo, téngase presente.

Al folio 12: a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 13 de marzo de 2026, comparece don Matías Zoroquiain Vélez, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección del Trabajo, representada por don nombre reservado, por haber incurrido en una omisión ilegal y arbitraria en la resolución de una denuncia tramitada ante ese Servicio conforme a la Ley N°21.643, procedimiento que se ha mantenido sin resolución por más de trece meses, actuación que considera ilegal, arbitraria, ya que contraviene el mandato expreso de concluir las investigaciones en el plazo de treinta días, vulnerando con ello los derechos fundamentales de su representada referidos a la igualdad ante la ley, el derecho a un procedimiento racional y justo y el derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 numerales 2°, 3° y 24°, por lo que solicita se ordene a la recurrida emitir pronunciamiento fundado que ponga término al procedimiento de investigación dentro del plazo que esta Ilustre Corte determine.

Expone la recurrente que con fecha 29 de enero de 2025, la autoridad administrativa informó sobre una denuncia presentada por la trabajadora doña nombre reservado, instruyendo medidas de resguardo que fueron oportunamente cumplidas por la institución, consistentes en atención psicológica y la separación de funciones mediante trabajo remoto y mediación de comunicaciones.

Indica que, pese a los requerimientos efectuados ante la recurrida con fecha 28 de octubre de 2025 para obtener el término del proceso, la Dirección del Trabajo se limitó a remitir un vínculo digital que no contenía resolución alguna, manteniendo hasta la fecha de interposición de esta acción una situación de incertidumbre absoluta.

Funda jurídicamente su pretensión en la infracción del artículo 211-C inciso segundo del Código del Trabajo, el artículo 17 del Decreto Supremo N°21 que aprueba el Reglamento de la Ley N°21.643 y el principio de celeridad consagrado en el artículo 7° de la Ley N°19.880, argumentando que la prolongación de un procedimiento de naturaleza transitoria por más de un año carece de todo fundamento racional.

En cuanto a la vulneración de las garantías constitucionales, la recurrente sostiene que la igualdad ante la ley se ve perturbada al someterse a la empleadora a un régimen procedimental excepcional y dilatado fuera de los estándares legales; asimismo, se infringe el derecho a un procedimiento racional y justo toda vez que la inactividad administrativa desnaturaliza la brevedad del proceso; y, finalmente, se afecta el derecho de propiedad en su dimensión de facultades de organización y administración, al verse impedida de normalizar la prestación de servicios de los trabajadores involucrados debido a la vigencia indefinida de medidas de resguardo.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Dirección del Trabajo emitir el acto administrativo terminal correspondiente, con costas.

Segundo: Que, evacuando el informe de rigor a fojas 14 de estos antecedentes, comparece el abogado Nicolás Zanzo García, en representación de la Dirección del Trabajo, solicitando el rechazo íntegro de la acción constitucional interpuesta.

Primeramente, contextualiza la entrada en vigor de la Ley N°21.643 (‘Ley Karin’), la cual impone nuevas y complejas obligaciones al Servicio sin que ello hubiere venido aparejado de un incremento correlativo en los recursos presupuestarios u operativos. Explica que las investigaciones de esta naturaleza no constituyen meros trámites burocráticos, sino procesos de alta complejidad técnica que requieren la conformación de fiscalías laborales y la aplicación de metodologías similares a las de vulneración de derechos fundamentales, conforme a la Circular N°4 de 2024.

En lo concerniente al retraso en la resolución de la denuncia, la autoridad administrativa arguye que los plazos contemplados para las actuaciones de la Administración, según reiterada jurisprudencia de la Contraloría General de la República (cita Dictámenes N°s 96.251/2015, 3.860/2018 y 19.288/2019), revisten el carácter de ‘no fatales’, teniendo por finalidad el buen orden administrativo pero sin privar al órgano de su potestad resolutiva con posterioridad a su vencimiento.

Respecto de las garantías constitucionales invocadas, niega la infracción al artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, por cuanto no existiría un trato desigual arbitrario al no acreditarse un parámetro de comparación con otros usuarios en idéntica situación; y respecto del derecho de propiedad del artículo 19 N°24, sostiene que las medidas de resguardo son transitorias y consustanciales al proceso, pudiendo el empleador solicitar su modificación, cuestión que no habría ocurrido. Finalmente, solicita el rechazo del recurso con costas.

Tercero: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Cuarto: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

Quinto: Que, teniendo en consideración lo solicitado en el petitorio de la presente acción, esto es, que se ordene a la Dirección del Trabajo emitir el acto administrativo terminal en relación con la investigación suscitada en el marco de la Ley N°21.643, y el hecho de que la recurrida ha informado a folio 12 que la mencionada investigación se encuentra concluida, tal como da cuenta el Oficio Ordinario NUM000, de 16 de mayo de 2025, es que esta Corte no vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se acusaron transgredidos, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor de la actora;

Sexto: Que atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo y que hace innecesario e impertinente cualquier mayor análisis en relación a las alegaciones vertidas por los intervinientes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, por haber perdido oportunidad, el recurso deducido en favor de Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, en contra de la Dirección del Trabajo Regístrese y, oportunamente, archívese.

N° Protección-8860-2026.