nombre reservado con nombre reservado

Santiago, uno de febrero de dos mil veintiuno.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero: Que con fecha 17 de agosto de 2020 comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, ambos periodistas, por los actos arbitrarios e ilegales consistentes en realizar publicaciones a través de redes sociales, que afectan su derecho a la honra.

Funda su recurso señalando que mantuvo una relación amorosa con la recurrida entre los meses de octubre de 2018 y octubre de 2019, la cual llegó a su término por decisión del recurrente, toda vez que la relación se desgastó y se produjeron incompatibilidad de caracteres, atendidas ciertas conductas que, en su concepto, no eran las que deseaba para su vida personal y de pareja.

Afirma que la recurrida no ha podido, a la fecha, aceptar el término de la relación, enviándole mensajes desde cuentas de Instagram y Twitter, creadas al efecto o ad-hoc para comunicarse con él, ya que todas las demás vías tales como teléfono, whatsapp, mail, las mantiene bloqueadas o derivadas directamente al SPAM o correo no deseado.

Señala que la recurrida ha escalado progresivamente en lo que entiende para ella nombre reservado juego consistente en amenazar constantemente a través de diversas cuentas de redes sociales como Instagram y Twitter, públicas o abiertas a todo público, de la publicación o “funa” en su contra, por hechos desconocidos y que penden su descubrimiento, pues la recurrida mantiene este “suspenso” a fin de causarle un profundo malestar sicológico y por cierto, dañar su imagen, inmersa en su derecho a la honra garantida por la Carta Fundamental.

Precisa que cronológicamente es posible distinguir dos fases en la escalada de coacción y deshonra que la recurrida ha urdido en su contra. La primera comenzó con el término de la relación amorosa y consistió en mensajes, llamados e incluso visitas a su domicilio, obrando en pos de reanudar la relación a lo cual el recurrente no accedió. Fue así que hasta marzo de este año, se extendió un periodo de conversaciones en persona y por chat, donde trataron de dialogar como dos personas adultas, pero siempre encontrando un punto de discordia.

Indica que la segunda parte comenzó en el mes de septiembre de este año, a casi 11 meses del término, cuando la recurrida adoptó una modalidad de operar consistente en el envío de mensajes desde cuentas creadas por ella. En dichas publicaciones, la recurrida “etiquetó”, es decir, nombró a otros usuarios con sus respectivas direcciones de dichas redes sociales, identificatorias de estos usuarios y por tanto de los perfiles activos de dichas personas en dichas redes sociales Instagram y Twitter, quienes forman su círculo íntimo o de trabajo, incluyendo a dos de sus ex parejas en los textos publicados, dirigiendo la comunicación también a estas personas.

Relata que el tono editorial de los mensajes, es totalmente desproporcional a la gravedad de la acusación que pretende en su contra. En estas semanas, la recurrida ha escrito decenas de mensajes que dan cuenta de una futura “FUNA” en su contra la cual se haría develar por ella en dichas redes sociales (Instagram y Twitter) etiquetando en casi todas a su actual pareja sentimental y personas de círculos íntimos o personales, para hacerlas partícipes de dicha develación de información que, por ahora, en casi dos semanas de constante amenaza y coacción, no se ha producido.

Precisa que las cuentas señaladas han sido creadas por la recurrida y de ello no cabe duda. Le ha enviado mensajes directos personales a su cuenta en la red social Instagram, tal como lo hace con la cuenta de Instagram “nombre reservado” @lunisoto, que coincide con la cuenta de Twitter “Luni Soto” (@lunisoto) y además se desprenden ciertos elementos o detalles que dotan de verosimilitud y seriedad la imputación de ser ella la autora de estas maniobras que dañan su honra, su nombre y su posición en el normal desarrollo social de una persona acorde a su edad, profesión y relaciones sociales, personales y laborales. En este sentido, la principal cuenta que utiliza la recurrida se denomina “@funaandres”, en la cual le escribió twitts o mensajes por dicha red social, de manera pública y no privada, señalando que “la funa va”, o que puede estar tranquilo pero que “la funa se viene, tic toc, tic toc, tic toc” o, luego de etiquetarlo en dicho mensaje público –usando el usuario del protegido @andreshuertacl-, preguntándole si “¿ya le avisé a mis amigos, colegas, familia y jefes?”.

Destaca que desde dicha cuenta, “@funaandres”, la recurrida se etiqueta a ella misma, de su cuenta también de red social twitter @g_pelusa, agregando que respecto del nombre de la recurrida es “nombre reservado, Pelu”, -atendido que este es su segundo nombre de pila-, hablándose a ella misma, pero en tercera persona. Asimismo, ha etiquetado a personas que fueron ex parejas del recurrente, para incluirlas en hilos de texto relativos a que “en ninguna historia nuestro querido nombre reservado sale bien parado. Es que este hombre ha dañado a mucha gente”; o que “SPOILER: nombre reservado, TÓXICO Y QUE NO RESPETA A LA MUJERES Y EL QUE LO DEFIENDA ESTÁ COMETIENDO UN GRAVE ERROR. Te tengo tantas historias guardadas. Quedo atento a tus comentarios” terminando el mensaje público con un “emoticón” que emula una cara sonriente con un ojo cerrado y la lengua fuera.

Sostiene que de esta manera, la recurrida ha creado una especie de universo virtual en que interactúa con ella misma y con ex parejas del recurrente y en definitiva la recurrida juega día a día con su nombre y lo mantiene en un hilo de ansiedad por el miedo a lo que su conducta totalmente desapegada de lo normal, adulto, maduro y responsable, pudiere generar en un ataque mayor hacia su persona. Añade que el comportamiento de la recurrida ha sido cada vez más violento e intimidatorio, por lo que parece que no va a parar hasta hacer de su vida un constante amedrentamiento que le impide avanzar en su vida personal y que afecta gravemente su integridad psíquica y ha mermado severamente su derecho a la honra y su imagen como comunicador social acorde a su profesión, provocándole un serio daño moral, como asimismo, cuadros de ansiedad ante la impotencia que se publiquen falsedades y se le afecte de manera grave y con publicidad su honor y honra, más considerando que se trata de un profesional que desarrolla su actividad de manera estrictamente relacionada con la imagen, la credibilidad y el nombre como es el periodismo radial y en general las telecomunicaciones.

Menciona que a raíz del actuar arbitrario e ilegal de la recurrida ha sido privado, perturbado y amenazado en su derecho a la integridad psíquica, honra, y protección de datos personales, reconocidos en el artículo 19 Nº 1 y 4 de la Constitución Política de la República, respectivamente y consagrados también en los artículos 7 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículos 5 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

A continuación se refiere a los datos personales según dispuesto en la Ley Nº 19.628, afirmando que es evidente que la publicación infamante vulnera esa garantía pues se ha divulgado su nombre y nombre de usuario con el objeto de hacerlo recibir burlas, amenazas y groserías, como ha empezado a ocurrir en los hechos.

Termina citando abundante jurisprudencia en apoyo de su posición y solicitando que se acoja el recurso y se resuelva que la recurrida debe, dentro de segundo día de ejecutoriado el fallo eliminar todos los mensajes emitidos en cuenta de Instagram y de Twitter y cualquier otra toda referencia al recurrente y abstenerse en lo sucesivo de realizar publicaciones del tenor de las que motivaron el recurso o cualquier otra imputación, con expresa y ejemplar condena costas.

Segundo: Que el 5 de noviembre de 2020, comparece nombre reservado Melero Cabello, abogada, en representación de la recurrida nombre reservado, quien informa al tenor del recurso, solicitando su rechazo, con costas.

En cuanto a los antecedentes generales, expone que entre noviembre 2018 y octubre 2019 los litigantes mantuvieron una relación sentimental, la cual terminó por motivos y en condiciones muy distintas a las presentadas por el recurrente en su recurso. Se trata de situaciones fuertes que declara no expondrá en su informe, ya que, por tratarse de un proceso público, prefiere mantener la vida personal de los litigantes en privado, tal como lo ha hecho su representada hasta ahora, entre otras cosas, por respeto la honra de ambos.

Prosigue negando tajantemente los hechos descritos por el recurrente y que motivaron el presente recurso ya que su representada no tiene ninguna relación con las publicaciones en redes sociales, de las cuales también ella es víctima. Agrega que en tales publicaciones se amenazó con exponer episodios de su relación con el señor nombre reservado las que se ha esforzado por mantener en privado, porque se trata de situaciones dolorosas que ha preferido dejar en el pasado.

Relata que tal como expuso el recurrente en su escrito, las publicaciones en redes sociales también han afectado a su representada y a su actual pareja, causándoles episodios de ansiedad y burlas de sus conocidos, más aún cuando se enteraron del recurso de protección presentado en su contra.

Indica que hace meses que los litigantes no mantienen ningún tipo de contacto por ningún medio y que con su informe quiere dar por cerrado ese capítulo de su vida y espera lo mismo para la contraparte, deseándole prosperidad y mucha felicidad para lo futuro.

A continuación alega la inexistencia de actos ilegales o arbitrarios. Al respecto, explica que el recurrente señala que su representada habría creado una cuenta de Twitter donde lo etiqueta y se etiqueta a ella misma, lo cual carece de toda razonabilidad y más allá de ello no lo justifica de ninguna forma. Explica que las publicaciones acompañadas por la contraria no evidencian la autoría de su representada o ningún nexo causal que la vincule a las mismas. Agrega que el mismo recurrente ha señalado se reducen a la palabra “FUNA” sin ningún otro antecedente, sólo se ha mantenido en “suspenso” y que “pretenden” dañar su imagen, sin acreditar fehacientemente como en los hechos se habría producido dicha afectación, igual carencia se percibe para fundar el daño psicológico.

En cuanto al denominado impacto en redes sociales, el actor pretende atribuirle a su representada la responsabilidad “por recibir, burlas amenazas y groserías como ha empezado a ocurrir en los hechos” por terceros, terceros que no son destinatarios de la presente acción constitucional, siendo a su parecer arbitraria y antojadiza la interposición del presente libelo sólo en su contra porque de hacerse cargo de sus actos pero no de los del resto.

Luego, señala que no existe afectación a las garantías constitucionales de la integridad psíquica ni a la honra y el honor de la persona y concluye señalando que no existe ningún acto ilegal o arbitrario que pueda ser imputado a su representada en que se haya lesionado, en los términos indicados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, algún derecho o garantía constitucional de recurrente, por lo que pide se rechace la acción constitucional de autos en todas sus partes por carecer de fundamentos y se condene en costas la recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar.

Quinto: Que los actos calificados de ilegales y arbitrarios por el recurrente son publicaciones que la recurrida -algunas de cuyas imágenes han sido acompañadas a estos antecedentes-, habría efectuado en las redes sociales Instagram y Twitter, conteniendo una serie de afirmaciones que califica de ofensivas y amedrentadoras pues llaman, anuncian e incentivan a funar al protegido y en las cuales se etiqueta a él y sus contactos.

Sexto: Que de acuerdo a los antecedentes aportados por el recurrente y de lo informado por el propio recurrido, los hechos relatados han sido controvertidos por la recurrida, la que niega haberlos efectuado. Sin embargo, tales hechos y los demás antecedentes allegados al recurso, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, permiten presumir que la señora nombre reservado publicó y comunicó por medio de las redes sociales Instagram y Twitter, información difamatoria relativa al protegido nombre reservado, dando a entender que revelaría información privada de su persona y advirtiendo y amenazando con futuras funas a su persona.

Ello es posible de tener por acreditado al analizar las publicaciones impugnada y las cuentas de las cuales provienen, todas de “nombre reservado” @lunisoto, coincidente con la cuenta de Twitter “Luni Soto” @lunisoto, correo reservado y otras que pueden claramente identificarse y relacionarse con la recurrida nombre reservado, por lo que las redes sociales mencionadas pertenecen a la recurrida.

Séptimo: Que tal como se ha afirmado en otros fallos, el artículo 19 número 4º de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas -en lo que aquí interesa- el derecho a la honra de la persona y de su familia.

En cuanto al significado del derecho fundamental a la honra, el Tribunal Constitucional ha sostenido que “el derecho a la honra, cuyo respeto y protección la Constitución asegura a todas las personas, alude a la “reputación”, al “prestigio” o el “buen nombre” de todas las personas, como ordinariamente se entienden estos términos, más que al sentimiento íntimo del propio valor o a la dignidad especial o gloria alcanzada por algunos. Por su naturaleza es, así, un derecho que emana directamente de la dignidad humana; un derecho personalísimo que forma parte del acervo moral o espiritual de todo hombre y mujer, y que no puede ser negado o desconocido por tratarse de un derecho esencial propio de la naturaleza humana” (STC Rol Nº 2860-15-INA).

Es del caso relevar que dentro del derecho a que se viene en aludir, se encuentra consagrado también el derecho al buen nombre, consistente en el concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, derecho personalísimo que puede verse afectado cuando -como en el caso de autos-, se publican en redes sociales afirmaciones dudosas a su respecto, avisos de publicaciones futuras que revelarán aspectos privados (negativos), invitaciones a funas, todo lo cual que distorsiona el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa, particularmente si es de profesión periodista.

Octavo: Que también se ha dicho que, aunque la libertad de expresión ha sido fundamental en el ámbito de la comunicación en el ciber espacio, la experiencia ha demostrado que en los entornos de comunicación virtual ella puede entrar en conflicto con otras libertades individuales, por ejemplo, el derecho al buen nombre, cuando este es vulnerado con una afirmación deshonrosa -o amenaza de la misma-, publicada frente a la cual la persona tiene limitadas posibilidades de exigir y lograr una pronta corrección. En la especie, se afecta la reputación y prestigio del actor, pues es perfectamente presumible que sus contactos de las redes sociales mencionadas y otros conocidos estén esperando que la recurrida proceda a develar la información que dice poseer y dar inicio a la funa con la que ha amenazado.

De esta manera, la libertad de expresión no tiene un carácter absoluto y por cierto, se encuentra limitada por el derecho al buen nombre, reputación y prestigio que le asiste al afectado.

Noveno: Que los términos de las publicaciones y comunicaciones y sus alcances que dan origen a esta acción de protección, dan cuenta que se está en presencia de actos auto tutelares ejecutados al margen del ordenamiento jurídico, en que la recurrida ha pretendido denostar y amenazar a una persona, desacreditándola en Instagram y Twiter, vulnerando de ese modo la garantía del artículo 19 Nº 4 de la Carta Fundamental, es decir, ha existido una clara afectación a la vida privada y a la honra del recurrente, lo que habilita a esta Corte a adoptar a favor de aquél, medidas para restablecer el imperio del derecho.

Décimo: Que de acuerdo a lo que se viene reflexionando, el recurso tiene que ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre la materia, se acoge, con costas el recurso interpuesto por nombre reservado en contra de nombre reservado y se dispone que esta última deberá:

1º Eliminar de las redes sociales Instagram y Twitter, sea a través de sus cuentas personales como todas a aquellas que se relacionen con ella, nuevas o existentes, tales como las mencionadas en el considerando sexto de esta sentencia, las publicaciones cuestionadas.

2º Abstenerse de efectuar publicaciones futuras en las redes sociales, sea a través de sus cuentas personales como toda otra cuenta que se relacione con ella, nueva o existente, con la intención de denostar o amenazar al protegido con futuras funas.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactó la Abogada Integrante Carolina Coppo Diez.

Rol Protección N° 88502-2020.- Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Miguel Vázquez Plaza e integrada, además, por la ministra señora Inelie Durán Madina y la abogado integrante señora Carolina Coppo Diez.