Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Santiago Santiago, veinte de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado y deduce acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en la Resolución Exenta N° NUM000, de 16 de febrero de 2026, mediante la cual se rechazó su reclamación administrativa en contra de aquella que calificó como de origen común, la patología de salud mental que padece, lo que a su juicio vulnera las garantías establecidas en los N°s. 1, 2, 9 y 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que comenzó a trabajar en el año 1997 en el Conservador de Bienes Raíces de Peñaflor, desempeñándose por más de 27 años en dicha institución, período durante el cual mantuvo una conducta laboral intachable, sin sanciones ni anotaciones negativas en su hoja de vida laboral.

Señala que con fecha 25 de octubre de 2023, mientras desempeñaba sus funciones laborales, sufrió un accidente del trabajo consistente en una caída desde nivel.

Precisa que, conforme consta en su ficha clínica de atención inicial, se encontraba realizando labores propias de su trabajo, específicamente trasladando un libro, ocasión en la cual sufrió una caída hacia atrás, impactando la región sacra, el hombro izquierdo y la espalda, y golpeándose violentamente el hombro izquierdo, la cadera y la zona lumbar.

Refiere que el mismo día del accidente fue atendida en dependencias de la Asociación Chilena de Seguridad, donde se registró en su ficha clínica caída desde nivel, dolor intenso en hombro izquierdo, dolor en región sacra y cadera, limitación de movimiento del hombro, contusión de hombro, contusión de cadera, disyunción acromioclavicular grado II en hombro izquierdo, dolor persistente en ambos hombros, limitación funcional del brazo izquierdo y dolor crónico en la cadera que le provoca dificultad para caminar.

Señala que el accidente fue denunciado mediante Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT) y que fue atendida inicialmente por la Asociación Chilena de Seguridad y posteriormente por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, instituciones que reconocieron la existencia del accidente laboral, y que esta última le otorgó atención médica tras reclamaciones efectuadas ante la autoridad administrativa.

Menciona que los exámenes médicos posteriores evidenciaron diversas patologías, entre ellas tendinosis del supraespinoso, rotura parcial del tendón supraespinoso, entesopatía cálcica del infraespinoso, sacroileítis bilateral y discopatía a nivel L5-S1, y que posteriormente continuó presentando graves secuelas físicas derivadas del accidente.

Afirma que, pese a los tratamientos kinésicos realizados, persisten las secuelas y el dolor crónico, habiéndose incluso evaluado la posibilidad de una intervención quirúrgica en el hombro izquierdo. Adicionalmente, tras el accidente y el contexto laboral en que éste se produjo comenzó a presentar graves trastornos de salud mental, entre ellos depresión reactiva o post traumática, trastorno adaptativo, crisis de pánico, insomnio severo, bruxismo y sospecha médica de disautonomía post traumática, patologías que se encuentran asociadas tanto al accidente laboral como al contexto laboral vivido en el período referido.

Narra que, ante la negativa de cobertura adecuada del seguro laboral, recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que mediante la Resolución Exenta N° NUM000, de 16 de febrero de 2026, rechazó su reclamación señalando que la vía administrativa se encontraba agotada.

Destaca que dicha resolución se pronuncia únicamente respecto de la patología de salud mental, omitiendo completamente analizar las lesiones físicas y secuelas traumatológicas derivadas del accidente laboral que también fueron reclamadas.

Sostiene que el acto recurrido es arbitrario e ilegal porque la autoridad administrativa omitió pronunciarse sobre todos los antecedentes sometidos a su conocimiento, no analiza las secuelas físicas derivadas del accidente laboral, se limita a pronunciarse respecto de la patología de salud mental y la deja sin acceso a la protección que establece la Ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, omisión que, a su juicio, constituye una vulneración al deber de resolver fundadamente las reclamaciones presentadas por los administrados.

Expone que, como consecuencia de las secuelas físicas y psicológicas derivadas del accidente laboral, se ha visto imposibilitada de continuar desarrollando con normalidad su actividad laboral, que actualmente se encuentra cesante, sin posibilidad de reincorporarse al mundo laboral debido a las dolencias físicas y afectaciones de salud que padece, y que esta situación ha generado un grave impacto en su vida personal y económica Pide, en definitiva, que se acoja la acción en todas sus partes; que se deje sin efecto la resolución recurrida, se ordene a la autoridad recurrida emitir un nuevo pronunciamiento debidamente fundado, considerando todas las secuelas físicas y psicológicas derivadas del accidente laboral y que se dispongan las medidas necesarias para asegurar su acceso a las prestaciones médicas correspondientes.

Solicita también que su caso se conozca con imparcialidad y que se aclaren las incongruencias en los diagnósticos iniciales y posteriores, ya que en la Asociación Chilena de Seguridad se revisó también su hombro derecho sin que hubiese pronunciamiento al respecto, así como el tema de sus licencias.

SEGUNDO: Que informando la presente acción de cautela constitucional comparece don Tomás Garro Gómez, abogado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social.

Como alegación previa, plantea que la acción es manifiestamente extemporánea, por haberse interpuesto vencido el plazo de 30 días corridos que contempla el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, toda vez que se interpuso el 13 de marzo de 2026 en contra de una resolución Exenta N° NUM000, de 16 de febrero de 2026, que se limita a resolver de plano el recurso de reposición deducido en contra de la Resolución Exenta N° NUM001, de 23 de enero de 2025 -la cual calificó como de origen común la patología de salud mental que padece- estando ya agotada la vía administrativa al haberse interpuesto con anterioridad un recurso de reconsideración que fue rechazado por extemporáneo mediante Resolución Exenta N° NUM002, de 8 de octubre de 2025.

Añade que la acción de protección, por su naturaleza cautelar, no es una vía de impugnación subsidiaria de otras que contemple el ordenamiento jurídico y que, conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República, no es necesario agotar otras instancias de reclamación para ejercerla.

En subsidio informa en cuanto al fondo solicitando el rechazo de la acción de cautela constitucional, con costas.

Al efecto explica que con fecha 23 de febrero de 2024, la recurrente solicitó un pronunciamiento respecto de su situación de salud, por cuanto el 25 de octubre de 2023 sufrió un siniestro en su lugar de trabajo, el Conservador de Bienes Raíces de Peñaflor, en circunstancias que caminaba portando un libro al interior de la oficina de archivos, resbaló y cayó al piso, golpeándose la zona baja lumbar y el hombro izquierdo, siniestro que fue calificado como accidente del trabajo por el Instituto de Seguridad Laboral, el que advirtió que la entidad empleadora estaba adherida a la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, por lo que procedió a su derivación. Requerida dicha Mutual, informó con fecha 4 de abril de 2024, que procedería a citar a la trabajadora para llevar a cabo los estudios pertinentes y que, una vez analizado y calificado el caso, se informarían los resultados directamente a ella.

En razón de lo anterior, mediante Resolución Exenta NUM003, de 30 de abril de 2024, esa autoridad estimó que la causa que motivó el reclamo estaba en vías de solucionarse y que, en contra de lo que finalmente resolviera la mutualidad, la recurrente podía reclamar nuevamente ante ese organismo.

Indica que con fecha 6 de agosto de 2024 la recurrente interpuso recurso de reposición en contra de dicha resolución, argumentando que la patología de salud mental que porta es de origen laboral y que no comparte el criterio de la Mutual, que la calificó como enfermedad común. La Mutual, informó que la trabajadora ingresó el 28 de diciembre de 2023 refiriendo accidente, con registro de DIAT enviado por el empleador; que fue citada mediante carta certificada, sin que se presentara, por lo que el caso fue cerrado; y que con fecha 7 de mayo de 2024 se presentó nuevamente manifestando la ocurrencia de un accidente de trabajo, siniestro que fue calificado como tal, aunque de acuerdo con la revisión médica de contralor se estableció que presenta lesiones de origen laboral y otras de origen común, estas últimas correspondientes a una tendinosis del supraespinoso izquierdo y una bursitis subdeltoidea izquierda, de carácter crónico degenerativo no derivadas del referido evento, considerándose suficientemente tratado el diagnóstico laboral.

Añade que, según el informe de la Mutual, el 7 de mayo de 2024 la trabajadora fue enviada a evaluación por posible enfermedad profesional, creándose una Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP), y que el estudio completo concluyó que presenta una patología común, detallando el estudio de puesto de trabajo la ausencia de riesgos laborales, sin que los testigos entrevistados identificaran tiempo, frecuencia o intensidad de exposición a algún factor de riesgo, por lo que no fue posible establecer una relación de causalidad directa entre la sintomatología y las labores diarias.

Por ello, previo estudio de los antecedentes médicos laborales por profesionales de su Unidad Médica, mediante Resolución Exenta N° NUM001, de 23 de enero de 2025, resolvió rechazar el recurso de reposición, por cuanto el estudio de puesto de trabajo y los demás antecedentes médicos laborales no condujeron a tener por acreditado el factor de riesgo investigado, declarándose que no procede otorgar la cobertura del Seguro Social de la Ley N° 16.744, sino la del sistema de salud común de la trabajadora, y haciéndose presente que la patología de salud mental no reúne los elementos dispuestos en el artículo 7° de la Ley N° 16.744 y que no existen nuevos elementos clínico- laborales que permitan modificar la calificación de enfermedad común realizada por la Mutual.

En contra de dicha determinación la actora presenta recurso de reposición el 19 de junio de 2025, que fue rechazado por extemporáneo, mediante Resolución Exenta N° NUM002, de 8 de octubre de 2025, por haberse interpuesto vencido el plazo de 5 días hábiles administrativos establecidos en los artículos 59 y 25 de la Ley N° 19.880, en tanto que el recurso de reposición de 14 de octubre de 2025 fue resuelto mediante la Resolución Exenta N° NUM000, de 16 de febrero de 2026, que lo rechazó, ratificándose lo antes resuelto por la Superintendencia y, consecuentemente, lo obrado por la Mutual.

Argumenta que no existe actuación ilegal o arbitraria de su parte, por cuanto su actuación se ajusta a las normas que regulan la calificación del origen común o laboral de una enfermedad, de los artículos 5° y 7° de la Ley N° 16.744 y 16 del Decreto N° 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, acorde con los cuales, para que una patología sea calificada como laboral es condición necesaria que tenga relación directa con la actividad que el trabajador realiza y con el riesgo que ella lleva implícito, en circunstancias que el estudio de los antecedentes del presente caso llevó a concluir que no existe relación de causalidad directa entre la patología de salud mental y el trabajo realizado para la entidad empleadora, por ausencia de factores de riesgo, lo que la llevó a confirmar lo obrado por la Mutual.

Reclama, además, que la pretensión de la recurrente de que se modifique la calificación del origen de la patología desborda los límites de la acción de protección, que ampara derechos preexistentes e indubitados, pues se trata de establecer un derecho concreto de seguridad social derivado del cambio de calificación en el marco de la Ley N° 16.744, materia que debe ser discutida en un procedimiento ordinario declarativo.

Además, alega que la materia incide en un aspecto del derecho a la seguridad social, reconocido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está contemplado en la enumeración taxativa del artículo 20 y, por lo tanto, no está amparado por esta acción cautelar.

TERCERO: Que también rinde informe en estos antecedentes don Roberto Torres Rebolledo, abogado, en representación de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, quien expresa que la recurrente se desempeñó desde 1997 como Oficial Primero en el Conservador de Bienes Raíces de Peñaflor, entidad empleadora adherida a su representada, cuya relación laboral terminó el 30 de octubre de 2023 por decisión del empleador.

Relata que la recurrente registra ante esa mutual dos situaciones distintas, evaluadas y calificadas separadamente: un accidente ocurrido el 25 de octubre de 2023 en dependencias de su lugar de trabajo y una patología de salud mental denunciada como enfermedad profesional el 7 de mayo de 2024.

En cuanto al accidente, consistente en la caída que experimenta la recurrente mientras trasladaba libros hacia el archivo, ese mismo día fue atendida en la Asociación Chilena de Seguridad, diagnosticándose contusión de hombro y cadera izquierdos. El 28 de diciembre de 2023 el empleador remitió a la Mutual la Denuncia Individual de Accidente del Trabajo y, conforme al procedimiento aplicable, citó a la trabajadora mediante carta certificada para que se presentara en alguno de sus centros de atención, sin que concurriera, por lo que el caso fue cerrado mediante Resolución de Calificación N° NUM004, de 17 de enero de 2024.

Adiciona que el 7 de mayo de 2024 la recurrente se presentó en la Sede Talagante de la Mutual, refiriendo el mismo evento, el que fue calificado como accidente del trabajo en los términos del artículo 5° de la Ley N° 16.744, aunque la revisión médica de contraloría estableció que las lesiones derivadas del evento ya habían sido atendidas en el otro organismo administrador y que, considerando que habían transcurrido más de seis meses, correspondía considerarlas suficientemente tratadas.

Observa que, respecto de la omoalgia izquierda que la trabajadora refería persistir, se realizó una ecotomografía de hombro izquierdo que informó tendinosis del supraespinoso y bursitis subdeltoidea izquierdas, hallazgos calificados como lesiones de carácter crónico-degenerativo no derivadas del evento traumático, motivo por el cual se la derivó a su sistema previsional de salud común conforme al artículo 77 bis de la Ley N° 16.744, de modo que el accidente fue reconocido como de origen laboral y lo calificado como de origen común fueron únicamente los hallazgos degenerativos de hombro.

Hace presente que no consta que los otros exámenes que menciona el recurso, entre ellos una ecografía de hombro izquierdo de 4 de julio de 2025, que informaría una rotura parcial de aproximadamente 3 mm del supraespinoso, y un TAC de sacro y cóccix de 22 de noviembre de 2023, que daría cuenta de sacroileítis y discopatía L5-S1, hayan sido presentados a su representada, siendo el primero de ellos posterior en más de un año a la evaluación efectuada, y que si la recurrente estima que tales hallazgos guardan relación con el accidente de 25 de octubre de 2023, puede presentarlos ante la Mutual para su evaluación o ejercer las vías de reclamación que contempla el artículo 77 bis de la Ley N° 16.744.

En cuanto a la patología de salud mental, expone que el 7 de mayo de 2024 la recurrente consultó por crisis de pánico, angustia, miedo e insomnio, atribuidos por ella a acoso y hostigamiento laboral de su nueva jefatura, por lo que se generó la Denuncia Individual de Enfermedad Profesional respectiva; que fue diagnosticada con trastorno de adaptación de más de 30 días de evolución y derivada a Medicina del Trabajo, iniciándose el estudio de presunta enfermedad profesional, y que, al encontrarse desvinculada desde octubre de 2023, no procedía la indicación de reposo laboral.

Advierte que el estudio se efectuó conforme al protocolo establecido por la Superintendencia de Seguridad Social para la calificación de patologías de salud mental y comprendió una evaluación psicológica clínica, realizada el 23 de mayo de 2024; una evaluación de condiciones generales del trabajo, suscrita por la entidad empleadora el 30 de mayo de 2024; un estudio de puesto de trabajo, con visita a la organización el 30 de mayo de 2024 y entrevistas confidenciales a cuatro informantes, uno de ellos propuesto por la propia trabajadora y otro seleccionado al azar, cuyo informe es de 5 de junio de 2024; y la resolución de un Comité de Calificación multidisciplinario, presidido por un Médico del Trabajo.

Detalla que el estudio de puesto de trabajo analizó específicamente el factor de riesgo denunciado, esto es, liderazgo disfuncional en su modalidad de hostilidad de la jefatura, y que sus conclusiones fueron que las entrevistas no corroboraron la exposición al riesgo denunciado, describiendo los informantes a la nueva jefatura como cordial y respetuosa, sin trato diferenciado ni comentarios despectivos hacia la trabajadora; que la reorganización de funciones que siguió a la llegada del nuevo Conservador fue de carácter general y alcanzó a toda la oficina, consistiendo en lo que concierne a la trabajadora en el retiro de la firma electrónica avanzada del Conservador, por ser personal e indelegable, y del nombramiento como Conservador suplente, por no tener ella el título de abogada, manteniendo las funciones propias de su cargo; que el período de contacto entre la trabajadora y la nueva jefatura se extendió entre el 13 y el 25 de octubre de 2023, lo que equivale a 9 días hábiles, en dos de los cuales el Conservador no asistió a la oficina, identificándose un único evento, el del día del accidente, con una intensidad ponderada como media (4 en una escala de 1 a 10); y que no se identificaron otros trabajadores expuestos a situaciones similares.

Puntualiza que, con estos antecedentes, el Comité de Calificación resolvió que la patología presentada es de origen común, por cuanto no fue posible establecer una relación de causalidad directa entre el cuadro clínico y el trabajo, al no identificarse un tiempo, frecuencia ni intensidad de exposición suficiente al riesgo, lo que se formalizó en la Resolución de Calificación N° NUM005, de 5 de junio de 2024, que derivó a la trabajadora a su sistema de salud común conforme al artículo 77 bis de la Ley N° 16.744.

Cita el artículo 7° de la Ley N° 16.744 y el artículo 19 N° 13 del D.S.

N° 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y concluye que el estudio no permitió acreditar la exposición a un factor de riesgo laboral con la entidad suficiente para generar el cuadro, por lo que no concurre el requisito de causalidad directa que exige la ley.

Hace presente, sin perjuicio de que el recurso no dirige petición alguna en contra de su representada, que la recurrente sostiene que la Superintendencia omitió pronunciarse sobre sus lesiones físicas, y que sobre ese punto la Mutual sí calificó el accidente de 25 de octubre de 2023 como accidente del trabajo, limitándose la calificación de origen común a los hallazgos crónico-degenerativos del hombro izquierdo, mientras que el acto recurrido se pronunció sobre la admisibilidad de un recurso administrativo, sin alterar ninguna de esas calificaciones. CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que, el acto que la recurrente tilda de ilegal y arbitrario consiste, en definitiva, en la decisión adoptada por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción y que fue ratificada por la Superintendencia de Seguridad Social mediante la dictación de las resoluciones que por esta vía impugna, que calificó su afección como de origen común y no profesional, denegando con ello las prestaciones de la Ley N° 16.744.

SEXTO: Que, en el contexto descrito, el contenido del recurso evidencia que el ámbito bajo el cual se pretende la actuación de este Tribunal excede los márgenes de la acción cautelar que describe el artículo 20 de la Carta Fundamental. Dicha acción comprende solo situaciones inequívocas de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo, cuyo propósito es estrictamente conservativo y de tutela de urgencia para proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados y preexistentes. Por consiguiente, su interposición no autoriza para efectuar declaraciones o reconocimiento de derechos debatidos. Así las cosas, como en el caso de autos la decisión de la controversia planteada pasa por determinar el origen causal de una patología clínica, para lo cual las entidades técnicas han emitido pronunciamientos amparados en estudios e informes médicos. Resolver en sentido contrario, esto es, acorde a lo requerido por la recurrente, estableciendo que las dolencias físicas y mentales que sufre son consecuencia directa del trabajo, implica necesariamente adentrarse en la valoración de pruebas periciales, científicas y laborales, pretensión que excede los límites y propósitos de esta acción constitucional tutelar, la que no resulta idónea para este fin, dejando de manifiesto que no existe un derecho indubitado a favor de la recurrente.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, no se divisa en el actuar de la Superintendencia de Seguridad Social ni en la Cámara Chilena de la Construcción arbitrariedad o ilegalidad alguna, toda vez que las resoluciones cuestionadas fueron emitidas por los organismos competentes en el ejercicio de las facultades exclusivas que el legislador les confiere, Leyes N° 16.744 y N° 16.395, y se encuentran debidamente fundamentadas en antecedentes técnicos y médicos concretos. La mera discrepancia de la actora con el resultado desfavorable de la calificación médica no torna al acto en arbitrario ni contrario a derecho. OCTAVO: Que, en las condiciones expuestas, no concurren los presupuestos que permitan acoger la acción cautelar de derechos constitucionales, pues el sustento fáctico sobre el que discurre el análisis de la actora para calificar de ilegal y arbitraria la decisión que impugna no ha sido justificada, requiriendo para ello un procedimiento de lato conocimiento en el cual pueda desplegar su actividad probatoria destinada a demostrar la efectividad de sus asertos.

Lo anterior resulta suficiente para desestimar el arbitrio de plano, haciendo inoficioso emitir mayor pronunciamiento sobre la procedencia de la alegación de extemporaneidad levantada por la reclamada, y sobre la supuesta afectación de las garantías constitucionales invocadas.

Por las razones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Protección N° 8845-2026.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Graciela Gómez Quitral, conformada por el ministro (S) señor Guillermo Rodríguez González y el abogado integrante señor Nicolás Stitchkin López.