Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Santiago Santiago, tres de junio de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, mediante carta certificada, quien interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando a esta Corte que declare ilegal y/o arbitrario el acto consistente en la Resolución Exenta N° R-01-ISESAT-159428-2024 de fecha 10 de octubre de 2024, que desconoce el origen laboral de las lesiones sufridas con fecha 22 de noviembre de 2012, mediante accidente de trayecto, estimando que esta última circunstancia transgrede las garantías constitucionales que los numerales 2° y 18° del artículo 19 de la Constitución Política de la República reconocen al actor.

Señala que, el 22 de noviembre de 2012 sufrió un accidente de trayecto, lesionando su hombro derecho. Posteriormente, la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, mediante Resolución inicial CEIAT N° 20140486 de fecha 27 de marzo 2014, le otorgó 17.5% de pérdida de capacidad laboral. La que, luego fue confirmada por medio de Resolución confirmatoria N° B101/20140587 de fecha 24 de junio de 2014) de la Comisión Médica de Reclamos.

Sobre las resoluciones impugnadas, sostiene que la Resolución Exenta N° R-01-ISESAT-159428-2024 de fecha 10 de octubre de 2024, rechazó el reclamo (N° R-111054-2024) por considerar que las patologías actuales (Lesión de nervio espinal, nervio torácico largo y Bankart de hombro derecho) no tenían relación causal con el accidente de 2012, fundándose en inconsistencias entre el mecanismo lesional descrito en 2012 y las lesiones actuales.

Posteriormente, mediante Resolución Exenta N° R-01-ISESAT-191958-2024 con fecha 11 de diciembre de 2024, se confirmó el rechazo a la reposición, manteniendo que las lesiones son de origen común.

Sobre sus garantías constitucionales vulneradas, invoca, en primer lugar, su derecho a la seguridad social (Art. 19 CPR y Ley 16.744), toda vez que se niega el reconocimiento del origen laboral del accidente, afectando acceso a prestaciones.

Como su derecho a la igualdad ante la ley, por una evidente discriminación frente a casos similares donde se aceptó el nexo laboral.

Alega que no se consideraron pruebas clave (informes médicos, declaración de urgencia, liquidaciones de sueldo).

Acompaña: a) Informe médico inicial (22/11/2012): Diagnóstico de Esguince acromioclavicular grado 1 (Mutual de Seguridad); b) Informes posteriores (2014-2024): Lesión del nervio accesorio espinal derecho (bloqueos e infiltraciones fallidas) y RMN que evidenció rotura del labrum glenoideo (Clínica Avansalud, 2014); c) Certificados médicos actuales (2024) que detallan fibromialgia, discopatías y lesión del nervio torácico largo; y d) Liquidaciones de sueldo (2012): Demuestran capacidad laboral previa al accidente.

Finalmente, solicita revocar las resoluciones R-01-ISESAT-159428-2024 y R-01-ISESAT-191958-2024, reconocer el origen laboral del accidente de 2012 y sus secuelas y ordenar las prestaciones correspondientes bajo la Ley 16.744.

Segundo: Que, evacuó informe el abogado don Francisco Ortega Bello, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, quien solicitó el íntegro rechazo del presente recurso de protección.

Alega, en primer lugar, la improcedencia del recurso, toda vez que la nombre reservado argumenta que el recurso de protección tiene un carácter cautelar y no puede ser utilizado como una acción subsidiaria de otros recursos administrativos. El recurrente optó por agotar las vías administrativas antes de acudir a la acción de protección, lo que no es necesario según el artículo 20 de la Constitución.

En cuanto al fondo, la nombre reservado tiene la facultad de fiscalizar y resolver reclamos relacionados con el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, regulado por la Ley N° 16.744. En este caso, actuó dentro de sus competencias al revisar los antecedentes médicos y laborales del recurrente y determinar que la omalgia derecha como de origen común, sin relación causal con el accidente de 2012, fundando su decisión, en que el mecanismo lesional (atrapamiento de brazo en puerta de micro) no explica patologías posteriores (lesiones nerviosas o Bankart).

Sostiene que según el artículo 7° de la Ley N° 16.744, una enfermedad profesional es aquella causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo. En este caso, la nombre reservado determinó que no existía una relación directa entre las enfermedades del recurrente y su trabajo, por lo que existe una falta de concordancia entre el mecanismo lesional de 2012 y las lesiones nerviosas actuales.

Argumenta que no se vulneraron los derechos a la vida, integridad física y psíquica (artículo 19 N°1 de la Constitución) ni el derecho de propiedad (artículo 19 N°24), ya que las decisiones adoptadas se basaron en un análisis técnico y legal de los antecedentes médicos y laborales del recurrente. Además, el recurso de protección no es el medio adecuado para discutir la calificación de una enfermedad como profesional o común, ya que esta materia excede el ámbito cautelar de la acción de protección y debe ser resuelta en un procedimiento declarativo ante los tribunales competentes.

Cita profusa jurisprudencia.

Finalmente, solicita que se rechace el recurso de protección interpuesto.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

Cuarto: Que conforme prevén los dos primeros incisos del artículo 77 de la Ley 16.744: “Los afiliados o sus derecho-habientes, así como también los organismos administradores podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones de los Servicios de Salud o de las Mutualidades en su caso recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico.

Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso”.

En forma previa al anterior, el inciso primero del artículo 76 del mismo cuerpo legal señala: “La entidad empleadora deberá denunciar al organismo administrador respectivo, inmediatamente de producido, todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima. El accidentado o enfermo, o sus derecho-habientes, o el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como igualmente el Comité Paritario de Seguridad, tendrán también, la obligación de denunciar el hecho en dicho organismo administrador, en el caso de que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia”

A su turno, en lo que interesa, el artículo 71 del D.L 101, Reglamento de la Ley 16.744, indica: “En caso de accidentes del trabajo o de trayecto deberá aplicarse el siguiente procedimiento:

a).- Los trabajadores que sufran un accidente del trabajo o de trayecto deben ser enviados, para su atención, por la entidad empleadora, inmediatamente de tomar conocimiento del siniestro, al establecimiento asistencial del organismo administrador que le corresponda.

b).- La entidad empleadora deberá presentar en el organismo administrador al que se encuentra adherida o afiliada, la correspondiente "Denuncia Individual de Accidente del Trabajo" (DIAT), debiendo mantener una copia de la misma. Este documento deberá presentarse con la información que indica su formato y en un plazo no superior a 24 horas de conocido el accidente.

c).- En caso que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el plazo establecido, ésta deberá ser efectuada por el trabajador, por sus derecho-habientes, por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa cuando corresponda o por el médico tratante. Sin perjuicio de lo señalado, cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos podrá hacer la denuncia.

d).- En el evento que el empleador no cumpla con la obligación de enviar al trabajador accidentado al establecimiento asistencial del organismo administrador que le corresponda o que las circunstancias en que ocurrió el accidente impidan que aquél tome conocimiento del mismo, el trabajador podrá concurrir por sus propios medios, debiendo ser atendido de inmediato.

e).- Excepcionalmente, el accidentado puede ser trasladado en primera instancia a un centro asistencial que no sea el que le corresponde según su organismo administrador, en las siguientes situaciones: casos de urgencia o cuando la cercanía del lugar donde ocurrió el accidente y su gravedad así lo requieran. Se entenderá que hay urgencia cuando la condición de salud o cuadro clínico implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para la persona, de no mediar atención médica inmediata. Una vez calificada la urgencia y efectuado el ingreso del accidentado, el centro asistencial deberá informar dicha situación a los organismos administradores, dejando constancia de ello…”.

Por su parte el literal d) del artículo 72 del mismo cuerpo legal señala: “d) En el caso que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el plazo establecido en la letra anterior, ésta deberá ser efectuada por el trabajador, por sus derecho-habientes, por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa cuando corresponda o por el médico tratante. Sin perjuicio de lo señalado, cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos podrá hacer la denuncia”;

Quinto: Que así, entonces, como se desprende de lo señalado en el artículo 77 de la Ley 16.744, la procedencia de reembolso y cobertura que por esta vía se reclama es una decisión técnica que corresponde de manera exclusiva y sin ulterior recurso a la Superintendencia de Seguridad Social.

Sólo haría eventualmente revisable la legalidad de esta decisión, el hecho de que ella no hubiese sido fundada y, en lo que atañe a este tópico, lo cierto es que basta leer la Resolución Exenta N° R-01-UME-94320-2024 de 17 de junio de 2024, para concluir que tal pronunciamiento se encuentra suficientemente justificado.

En efecto, la aludida resolución refiere: “Que, se han tenido a la vista los antecedentes médicos y laborales aportados por el referido Organismo Administrador, tales como ficha clínica, informes médicos e imagenológicos, entre otros. Señala en síntesis que se otorgaron al Sr. nombre reservado todas las prestaciones medicas correspondientes, incluyendo Resolución N° 20140486, de 27.03.2014, la Comisión de Evaluación de Incapacidad por Accidentes del Trabajo -CEIAT-, de esta Mutualidad, que fijó en 17.5% su pérdida de capacidad de ganancia por las secuelas derivadas del accidente ya descrito. Lo anterior, confirmado mediante Resolución B101/20140587, de 24.06.2014, por la Comisión Médica de Reclamos -COMERE-.

Que, profesionales médicos de este Organismo procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyendo que la afección del Sr. nombre reservado por el diagnóstico de "Omalgia derecha" es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causalidad, como lo exige el artículo 5° de la Ley N° 16.744, entre el cuadro clínico que presenta y el evento ocurrido con fecha 22 de noviembre de 2012. En efecto, el mecanismo lesional descrito para ese evento no es concordante con la afección en comento considerando el tiempo prolongado de tratamiento por omalgia derecha desde el año 2014, en el que incluso se realizó cirugía de inestabilidad, razón por la cual no se puede atribuir la omalgia que presenta ahora con el evento laboral del 2012.

RESUELVO:

Rechazase el reclamo por calificación por cuanto, el cuadro de omalgia derecha actual que motiva su reingreso del 31.03.2024, no es atribuible al accidente de trayecto que sufrió el 22 de noviembre de 2012. No procede otorgar la cobertura del Seguro Social de Ley N 16.744.

Se deja constancia que en contra de la presente resolución, los interesados podrán interponer con nuevos antecedentes Recurso de Reposición ante esta Superintendencia, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde la fecha de notificación de la presente Resolución, según lo indica en el artículo 59 y 25 de la Ley N° 19.880.

Sexto: Que según se advierte de lo razonado por el ente administrativo, no se explicó por el recurrente de una manera razonable, por qué el mecanismo lesional descrito para ese evento no es concordante con la afección en comento considerando el tiempo prolongado de tratamiento por omalgia derecha desde el año 2014, en el que incluso se realizó cirugía de inestabilidad, razón por la cual no se puede atribuir la omalgia que presenta ahora con el evento laboral del 2012.

A mayor abundamiento, tampoco consta que el recurrente o alguno de sus derecho-habientes haya denunciado al organismo administrador respectivo, inmediatamente de producida, la enfermedad que le pudo ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte.

Lo concluido precedentemente descarta tanto la ilegalidad como la arbitrariedad que se reclama, pues ciertamente la autoridad administrativa ajustó su decisión a la normativa pertinente y no ha sido tampoco el mero capricho el motivo de tal dictamen, sino como se ha adelantado, la observancia de las leyes que regulan la materia, conforme a antecedentes fácticos objetivos que fueron evaluados previamente;

Séptimo: Que sin perjuicio de lo anterior y sólo a mayor abundamiento, no es posible soslayar que no es esta la vía para obtener lo que la recurrente pretende, puesto que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentran indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso.

Luego de lo dicho, acontece, entonces, que los derechos que el actor solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse a través del presente recurso, ni del modo en que se pide, dado que el esclarecimiento de si asisten o no al recurrente los derechos que reclama, exige un procedimiento contradictorio de lato conocimiento que dirima dicha cuestión -artículo 420 letra c) del Código del Trabajo- y, entenderlo de otro modo conllevaría aceptar la indebida instrumentalización de la presente acción constitucional;

Octavo: Que, en estas circunstancias, no procede sino desestimar el presente arbitrio cautelar, sin costas, por estimar que se accionó con motivo plausible.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N° Protección-884-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor Hernán Alejandro Crisosto Greisse, la Ministro (S) señora Ana Francisca Casanova Gallardo y el Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia.

En Santiago, tres de junio de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.