nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, siete de marzo de dos mil diecinueve.

Al folio 14, téngase presente.

Al folio 15: a lo principal y segundo otrosí, téngae presente. Al primer otrosí, a sus antecedentes los documentos acompañados.

Vistos:

Que comparece Christopher Sánchez Grundt, abogado, en representación de nombre reservado, personal a contrata del Ejército de Chile, cédula de identidad Nº RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, e interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar La Araucana y Los Andes, en razón del acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el descuento en sus remuneraciones, por parte de la segunda, de sumas de dinero correspondientes a un crédito contraído con la primera, de lo cual no se le informó de manera alguna y hallándose prescrita la acción respectiva.

Expone que la recurrente entre los años 2008 y 2013 se encontraba afiliada a la Caja de Compensación La Araucana, a la que solicitó en el año 2013 un crédito de consumo de $3.986.640.-, que se puso a su disposición el día 24 de enero de ese año. Luego, en el mes de mayo de 2013 se desafilió y se produjo el cese del pago del crédito; posteriormente, el Ejército de Chile firma un convenio con la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, quedando afiliada a esta automáticamente.

Indica que en el mes de octubre de 2018 se efectuó un descuento en su remuneración por la suma total de $111.336.-, mientras que en el mes de noviembre fue de $84.226.- La explicación que se le proporcionó es que la Caja de Compensación así lo había instruido, mediante una “nómina mensual de retenciones”, precisándosele posteriormente que el descuento corresponde al crédito que mantiene con la Caja de Compensación La Araucana.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, señala que el actuar de las recurridas afecta aquellas consagradas en el artículo 19 números 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República. E n primer término, porque se ha puesto a la recurrente en una situación desventajosa en relación con todos los otros deudores civiles, a quienes se debe demandar en los tribunales ordinarios. Luego, por cuanto se ha vinculado a la recurrente ilegalmente con una Caja de Compensación a la que pertenece y a otra a la que no, en circunstancias que la única actividad laboral que existe en la actualidad es de orden funcionaria con el Ejército de Chile. En la especie, el actuar de las recurridas no solo va en abierta contradicción a la invariabilidad de los términos del vínculo funcionario, sino que, además, la priva del legítimo derecho a percibir su remuneración completa.

Por lo antes expuesto, solicita se ordene a las recurridas que reintegren todas las sumas descontadas, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución, y abstenerse de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por parte del Ejército de Chile, descuentos de sus remuneraciones. En subsidio, pide se arbitren las medidas necesarias que se estimen pertinentes para restablecer el imperio del derecho y dar la debida protección a la recurrente, todo ello con costas.

Que, informando la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicita el rechazo del recurso deducido en su contra, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ella en relación con los hechos expuestos.

Precisa que fue a través del sistema denominado “Proyecto Intercajas”, que Caja de Compensación La Araucana les solicitó la gestión de descuentos en la remuneración de la señora nombre reservado, por concepto de pago de cuotas del crédito social otorgado por la referida institución. Por ello, conforme a lo dispuesto por el artículo 22 de la ley N° 18.833, a través de la nómina de retenciones de crédito social, a partir del mes de octubre 2018, informó al empleador de la recurrente descuentos de $111.336.- mensuales.

Por otro lado, en lo que se refiere a la prescripción del saldo de la deuda, refiere que aquella debe ser alegada y declarada judicialmente, sin que opere de pleno derecho, como se pretende por el recurso. A ello añade que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

En cuanto a la supuesta vulneración al artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, sostiene que no es efectivo, ya que no ha habido un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor. En definitiva, mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa. Si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración.

Que, por su parte, evacuando informe la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicita el rechazo del presente recurso.

Refiere que con fecha 24 de enero de 2013 otorgó a la señora nombre reservado, un crédito social por la suma de $4.114.024.-, pagadero en 60 cuotas de $119.289.- cada una, y cuyo primer vencimiento se produjo el 28 de febrero de 2013. A través de descuentos efectuados en sus remuneraciones de los meses de febrero a mayo de 2013, la recurrente pagó las cuotas de los mismos meses, Nº 1 a Nº 4. Agrega que posteriormente no se recibieron más remesas por dicho concepto hasta que en el mes de octubre de 2013, la señora nombre reservado celebra una reprogramación del crédito, atendida la disminución en sus ingresos, acordando pagar la suma de $6.680.184.- en 60 cuotas de $111.336.- cada una, a partir del mes de noviembre de 2013, cuotas que se descontarían de su liquidación de remuneraciones y, en caso de no efectuarse aquello, quedaba obligada a concurrir a las oficinas de la Caja para realizar el pago comprometido, sin que haya recibido pago alguno por concepto del precedente acuerdo, ni por su empleador ni directamente por caja.

Señala que es por lo anterior que la recurrente pasó a figurar como morosa, hasta que en el mes de septiembre fue posible ubicarla por encontrarse trabajando en una empresa afiliada a Los Andes C.C.A.F., y atendido el sistema integrado de cobranza de deuda pendiente o vigente denominado “Proyecto Intercajas”, se envió la respectiva nómina a su actual empleador, aplicándose los descuentos correspondientes al mes de octubre y noviembre de 2018. Precisa pero los montos varían porque las Cajas de Compensación están obligadas a respetar determinados topes legales, en consideración a la remuneración mensual del trabajador.

Expone a continuación que los descuentos a aplicar en una remuneración tienen su asidero en el artículo 22 inciso 1° de la ley N° 18.833, en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N° 91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el artículo 22 inciso 1° de la ley N° 17.322 y Circular N° 2052 del año 2003 emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, relativa al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan a las remuneraciones de los trabajadores afiliados. Normas que en resumen describen el mecanismo del pago del crédito social, que opera, valga la redundancia, mediante el descuento y retención de la respectiva cuota a pagar del crédito social, en las remuneraciones del trabajador, por parte del empleador y la obligación legal de este de remesar dicho descuento a la Caja diputada para recibir el pago conforme al Sistema InterCajas.

Respecto a lo manifestado por la recurrente en cuanto a que estaría cobrando una deuda que a la fecha se encuentra prescrita, sostiene igualmente que la prescripción de las acciones debe ser alegada, declarada judicialmente y no opera de pleno derecho, como pretende hacerlo valer la recurrente. En el caso de marras, por tanto, se trata de una obligación plenamente vigente y exigible.

Finalmente, niega haber afectado las garantías constitucionales que se denuncian como infringidas.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1°) Que, como reiteradamente se sostiene el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

2°) El acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en el descuento que se le hizo en los meses de octubre y noviembre de 2018, por $111.336.- y $84.226.-, respectivamente, del total de sus remuneraciones en favor de Caja Compensación La Araucana por un convenio Intercajas, sin que cuente con una autorización de su parte o un mandato que le permita comunicar a su empleador la facultad de efectuar el referido descuento.

3°) De los antecedentes proporcionados por las recurridas, consta que la actora obtuvo un crédito con la Caja de Compensación La Araucana en el año 2013, y que en la actualidad se determinó que trabajaba para una entidad afiliada a la Caja de Compensación Los Andes y que conforme al Sistema Intercajas se diputó para el pago a esta última y se remitió a su actual empleador los montos a descontar a partir del mes de octubre.

4°) La circunstancia fáctica antes descrita ha sido reconocida por las recurridas, amparándose ambas en el carácter social del crédito y en lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833.

5°) Sobre el asunto planteado, tal como ha reconocido la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema (rol 2895-2018) el actuar de las recurridas resulta arbitrario, pues al amparo del artículo 22 de la Ley N° 18.833 Caja Los Andes permitió que Caja La Araucana reviviera una facultad que le permite cobrar en forma oportuna los créditos sociales, varios años después de la mora, sin que se realizara en dicho lapso alguna gestión tendiente al cobro de la deuda. En estas circunstancias, el proceder descrito aparece antojadizo y conculca el derecho de propiedad de la actora sobre sus remuneraciones amparado por el Constituyente en el artículo 19 N° 24 de la Carta Política, de manera que corresponde adoptar las medidas conducentes a restaurar el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección en contra de Caja de Compensación Los Andes y Caja de Compensación La Araucana debiendo abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social otorgado a la recurrente por Caja de Compensación La Araucana vía descuentos de sus remuneraciones, como asimismo, deberá reembolsarse los montos indebidamente descontados a partir del mes de octubre de 2018, en adelante, sin perjuicio de su derecho a perseguir su cobro por la vía jurisdiccional correspondiente.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-88265-2018.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señora Adelita Ines Ravanales Arriagada, señora nombre reservado.Rosa Kittsteiner Gentile y el Abogado Integrante señor Gonzalo Ruz Lartiga.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, siete de marzo de dos mil diecinueve, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.