nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE ZONA ARAUCANÍA

Santiago, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 6 comparece el abogado Guido Mauricio Herrera Gatica, en representación de nombre reservado, Cabo 2° de Carabineros de Chile perteneciente a la dotación de la Primera Comisaria de Concepción, y deduce recurso de protección en contra de la Dirección General de Carabineros de Chile, por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido con motivo de la dictación de la Resolución de Baja N° 366, de 10 de noviembre de 2018, emanada de la Prefectura Villarrica N° 3, IX Zona Araucanía, de Carabineros de Chile, que le aplicó la medida disciplinaria de “baja, por conducta mala, con efectos inmediatos”, lo que vulneraría la garantía que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en el N° 24 del artículo 19.

Se expone en el recurso que el 10 de noviembre de 2018, alrededor de las 7:00 horas, el recurrente fue sorprendido tendido en la vía pública en estado de ebriedad, adoptándose el procedimiento de rigor por personal de la 1ª Comisaría de Concepción. Al no mantener en ese momento su documentación, agrega, fue conducido hasta la 5ª Comisaría de Pitrufquén, estableciéndose su identidad por el sistema biométrico, y se le procedió a cursar una infracción por “transitar en estado de ebriedad en la vía pública”, por lo que de acuerdo al procedimiento que correspondía aplicar acorde a la falta, el recurrente debió ser dejado en libertad y quedar citado al Juzgado de Policía Local competente, no obstante lo cual, en vulneración total de sus derechos, se le obligó a subir, contra su voluntad y en calidad de detenido, a un vehículo policial a fin de conducirlo a un centro asistencial para practicarle examen de alcoholemia, lo cual era de todo punto de vista ilegal, pues la víctima se encontraba circulando a pie y no conduciendo vehículo motorizado ni de otro tipo, por lo que opuso resistencia y se produjo un altercado al interior del vehículo policial con personal de la citada comisaría.

Atendida la irregularidad del procedimiento que se estaba llevando a cabo y en ejercicio de sus derechos civiles, sigue el recurso, el recurrente se negó a realizar el examen en el centro asistencial, lo que dio lugar a un nuevo altercado con personal policial, resultando ahora detenido por el delito de daños, consistentes en la rotura de una luminaria interna del vehículo policial, más la infracción a dos normas menores de la Ley de Tránsito N° 18.290, quedando citado al Juzgado de Policía Local respectivo.

Expone luego que el personal a cargo del procedimiento señaló haber encontrado una pipa color cobre con restos de una sustancia de color café, la cual al ser sometida a la prueba de cambo habría arrojado coloración positiva ante la presencia de THC, consignándolo así en el Parte Policial. Esto dio origen a una nueva transgresión de sus derechos civiles, argumenta, toda vez que sin mediar orden alguna del Ministerio Público se procedió a registrarlo y desnudarlo totalmente en búsqueda de supuestas drogas, vejándolo ilegalmente y por tercera vez en la misma jornada, sobrepasando con creces toda la normativa que regula el control de identidad.

Afirma seguidamente que desde el 10 de noviembre de 2018, fecha de dictación de la resolución que dispone su baja, el recurrente no tiene derecho a percibir las remuneraciones del empleo, así como también que no le asiste el derecho a impetrar pensión de retiro ni indemnización de desahucio, con lo cual se vulnera la garantía constitucional del N° 24 del artículo 19 de la Constitución.

Segundo: Que al informar la autoridad recurrida solicita el rechazo de la acción constitucional.

Refiere que el 10 de noviembre de 2018, mientras personal policial se encontraba patrullando en la comuna de Pitrufquén, fueron alertados por transeúntes de la presencia de un ebrio en el lugar y atendido que éste no portaba identificación fue sometido al sistema biométrico y se le cursó una infracción por transitar en estado de ebriedad en la vía pública, situación que lo ofuscó, agrediendo al personal policial. Al ser trasladado al Hospital de Pitrufquén, agrega, se le diagnosticó “alcoholismo agudo, sin lesiones evidentes”, no cooperando con la atención médica y añade que al llamar la atención el corte de pelo del detenido se consultó en la intranet de Carabineros, advirtiéndose que era funcionario de dotación de la 1ª Comisaría de Concepción, ocasionando entonces daños a la luminaria del furgón policial y detectándose que portaba una pipa, cuyo contenido arrojó presencia de marihuana a la prueba de campo.

Alega en primer término la incompetencia del tribunal, fundado que el acto impugnado fue dispuesto por una autoridad administrativa ubicada fuera del territorio jurisdiccional de esta Corte de Apelaciones, a saber, la Prefectura de Carabineros Villarrica, correspondiente a la IX Región. A continuación alega la falta de legitimación pasiva, ya que el acto fue dictado por el Prefecto de la Prefectura Villarrica, nombre reservado, quien según lo expuesto por el recurrente habría cometido el supuesto acto arbitrario e ilegal, máxime si en la Institución cada unidad, repartición, departamento u órgano actúa en forma independiente, lo que tiene como consecuencia la inadmisibilidad del recurso.

Acto seguido alega la inexistencia de un derecho indubitado, ya que para ser acreedor de remuneraciones se requiere efectuar la contraprestación respectiva, esto es, el desempeño de una labor, lo que en la especie no ocurre, pues de lo contrario se estaría en presencia de un enriquecimiento sin causa. Añade que la normativa institucional vigente permite en estos casos desvincular inmediatamente al funcionario, sin esperar el término del sumario respectivo, medida que quedó supeditada al resultado de la investigación administrativa instruida. Es necesario concluir, sostiene el informante, que no existe vulneración al derecho de propiedad alegado por el recurrente, ya que si al término del sumario se aplica una medida disciplinaria que no importe la baja, el funcionario es reintegrado en el grado que tenía, con todos sus derechos y beneficios y pago de remuneración por todo el tiempo intermedio que no prestó servicios, por lo que siempre ha actuado conforme a la ley.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que las alegaciones de incompetencia del tribunal y falta de legitimación pasiva deberán ser desestimadas, pues, en cuanto a la primera, si bien los hechos que motivan el recurso tuvieron lugar en el territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Temuco, el N° 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, no obstante disponer en una primera parte que la acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, agrega luego que también podrá hacérselo donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente. Pues bien, sucede que el recurrente ha señalado como domicilio uno ubicado en domicilio reservado, que evidentemente corresponde al territorio de esta Corte, de manera tal que es legítimo sostener que el acto producirá sus efectos en éste y que, por tanto, la Corte de Apelaciones de Santiago es competente.

En cuanto a la segunda, aun cuando la Resolución exenta N° 366, de 10 de noviembre de 2018, fue dictada por el Prefecto de la Prefectura Villarrica, Teniente Coronel de Carabineros nombre reservado, esta decisión no es estricto rigor una del señalado funcionario, sino de la institución Carabineros de Chile, habiéndose dirigido por tanto correctamente el recurso contra la Dirección General que la representa.

Quinto: Que en cuanto al fondo del asunto debe precisarse como primera cuestión fundamental que el recurso de protección no es la sede para determinar la efectividad de los hechos que dieron origen a la decisión que lo motiva, pues ello evidentemente supone la existencia de un procedimiento que permita a los intervinientes la rendición de prueba dirigida demostrar si ellos tuvieron o no lugar o si se materializaron en la forma específica en que se los atribuye, lo que escapa a la naturaleza cautelar que, como se dijo más arriba, tiene esta acción constitucional.

Sexto: Que hecha la precisión anterior cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, el personal que infrinja sus deberes u obligaciones incurrirá en responsabilidad administrativa conforme lo determine el Reglamento de Disciplina, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarle.

Por su parte, la letra e) del N° 2 del artículo 23 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile consagra como sanción disciplinaria que es posible a imponer a funcionarios de nombramiento institucional la baja por mala conducta y el N° 9 del artículo 25 de este mismo cuerpo reglamentario prevé, en lo que interesa, que ésta se aplicará de acuerdo con lo prescrito en el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile, Nº 8. Finalmente, el inciso quinto de la letra b) del N° 4 del artículo 127 de este Reglamento señala que cuando la comisión de una falta dé origen a un sumario administrativo o investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución y el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la investigación del sumario podrá eliminarlo de inmediato por mala conducta, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del sumario o investigación.

Séptimo: Que de la transcripción de los preceptos anteriores es posible concluir que al proceder del modo que lo hizo Carabineros de Chile ha dado cabal cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria que lo rige, de tal suerte que no es posible dirigirle un reproche de ilegalidad o arbitrariedad, pues ha decidido la baja inmediata del recurrente por mala conducta -sanción prevista en el ordenamiento- ante una hipótesis de hecho que la hacía razonablemente procedente de acuerdo a ese mismo ordenamiento.

Ahora bien, en cuanto a la privación de las remuneraciones del recurrente, la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema en casos enteramente análogos al presente ha determinado que la remuneración constituye la retribución por el trabajo que toda persona recibe por su desempeño efectivo y que, sin embargo, si como consecuencia de la adopción de una medida disciplinaria como la de autos se produce la desvinculación inmediata de sus labores, el lógico efecto de ello es que dicho pago sea suspendido, pues en estricto rigor la labor a remunerar ya no se realiza, consecuencia que, por lo demás, Carabineros de Chile informó, según consta en autos en el acto impugnado.

Este criterio por lo demás ha queda reflejado en los Dictámenes N° 53.449 y 60.053 de 2009, N° 20.513 de 2011 y N° 26.406 de 2012 de la Contraloría General de la República, pronunciamientos que de acuerdo con los artículos 6° y 9° inciso cuarto de la ley orgánica de este entidad son obligatorios para la institución, de manera que al haber denegado el pago de las remuneraciones de que se viene tratando, actuó de acuerdo a la ley, no pudiendo reprochársele ilegalidad ni tampoco arbitrariedad a su actuar.

Cabe señalar, a mayor abundamiento, que la resolución que dispone la baja de las filas de Carabineros causa ejecutoria, de modo que si la misma es posteriormente revocada, el efecto inmediato de ello será ordenar la reincorporación a la institución, disponiéndose el pago de las remuneraciones que debieron ser percibidas en el tiempo intermedio, por lo que tampoco hay agravio que por esta vía haya de ser reparado.

Octavo: Que en razón de todo lo dicho no cabe sino concluir que al no haberse incurrido por Carabineros de Chile en el ilegalidad o arbitrariedad alguna con motivo de la dictación de la Resolución exenta N° 366 que dispuso la baja del recurrente de las filas de la institución, se impone que el recurso de protección deba ser necesariamente desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en las normas legales y reglamentarias citadas y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso interpuesto por el abogado Guido Mauricio Herrera Gatica, en representación de nombre reservado, en lo principal del escrito de fojas 6.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

No firma la Ministro señora Solís, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Rol N° 88.207-2018.