Protección contra Comisión Electoral del Sindicato Empresa Goethe-Institut Chile

C.A. de Santiago Santiago, siete de agosto de dos mil veintiséis.

Al folio 13; téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparecen nombre reservado y nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Comisión Electoral del Sindicato Empresa Goethe-Institut Chile, solicitando se declare nula la votación de censura efectuada al directorio del sindicato con fecha 5 de marzo de 2026, por considerarla un acto ilegal y arbitrario que vulnera sus garantías constitucionales, y solicitan que se declare la nulidad de la votación de censura al directorio del sindicato que recurre, que se declare la ilegalidad del procedimiento de votación de la censura, se ordene la cesación de todo acto arbitrario e ilegal que impida el funcionamiento normal del sindicato, y cualquier otra medida adecuada para restablecer el derecho.

Señalan que el directorio compuesto por nombre reservado (presidente), Cid (Tesorera) y Braatz (secretaria) asumió el 13 de noviembre de 2025 tras una elección sin reclamos. Acusan que la secretaria Julia Braatz, actuando de mala fe tras la elección de nombre reservado como tesorera, convocó a una asamblea extraordinaria el 26 de noviembre de 2025 para promover la censura, careciendo de facultades estatutarias para ello, ya que esto corresponde al presidente o al 20% de los socios, e indican que dicha asamblea se realizó en horario laboral y sin coordinación con el empleador. Denuncian que en esa asamblea participó activamente un socio (Julio Esquicha) que no tenía derecho a voz y voto por no cumplir con la antigüedad de tres meses exigida por los estatutos.

Afirman que la asamblea fue dirigida por la secretaria y no por el presidente, y que se designó irregularmente a otra persona para redactar el acta, la cual fue emitida sin la firma del presidente. Aseguran que se creó una "Comisión de Censura" a través de un grupo de WhatsApp, excluyendo deliberadamente a miembros de la directiva y a otros socios.

Sostienen que los cargos imputados para la censura corresponden a hechos del 30 de octubre de 2025, fecha en la que gobernaba el directorio anterior, por lo que no son imputables al directorio recién electo. Argumentan que las fechas del proceso fueron irregulares: la petición se entregó el 2 de enero de 2026, por lo que el plazo máximo de 15 días para votar vencía el 17 de enero, pero la votación se realizó extemporáneamente el 5 de marzo.

Acusan la alteración de un documento enviado el 15 de enero de 2026, donde cambió la nómina de socios solicitantes y las fechas de firma respecto al documento original, y señalan que la publicidad de los cargos se hizo en la sala de profesores, la cual se encontraba cerrada con llave, limitando el acceso a la información.

Sostienen que los hechos expuestos importan la vulneración del artículo 19 N° 2 de la Constitución (Igualdad ante la ley) debido a la discriminación arbitraria al no respetarse los propios estatutos del sindicato ni las leyes laborales; el artículo 19 N° 3 de la Constitución (Derecho a no ser juzgado por comisiones especiales), pues sostienen que se ejerció un acto de "autotutela" al destituirlos sin un procedimiento legal, sin notificación válida y sin plazo para defensas; el artículo 19 N° 4 de la Constitución (Derecho a la honra ya que fueron denostados públicamente, afectando su reputación al imputárseles incumplimientos graves no acreditados; e infracción a múltiples artículos de los estatutos sindicales relativos a la convocatoria de asambleas, facultades del presidente y secretaria, derechos a voto, plazos de censura y funciones del órgano calificador, junto con la infracción a los artículos 244 y 255 del Código del Trabajo.

SEGUNDO: Que, informa nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en representación de la Comisión Electoral recurrida, solicitando el rechazo del recurso. Argumentan que el proceso de censura se ajustó a los estatutos y a la normativa laboral, siendo aprobado por la mayoría absoluta de los socios ante ministro de fe de la Dirección del Trabajo.

Respecto de los hechos, aseguran que existía un descontento generalizado con el presidente nombre reservado por irregularidades previas, como citar a una asamblea el 30 de octubre de 2025 mediante WhatsApp con apenas horas de anticipación e indican que nombre reservado resolvió un empate electoral de forma irregular, aceptando la renuncia de una candidata por WhatsApp y negándose a realizar una votación de desempate inmediata, a pesar de que había socios presentes en el lugar de trabajo.

Aclaran que la secretaria Julia Braatz no actuó de mala fe; al haber una interrupción de las comunicaciones por parte del presidente y la tesorera, ella acudió a la Dirección del Trabajo para recibir asesoría sobre cómo canalizar el descontento de los socios. La asamblea del 26 de noviembre de 2025 no tuvo el objetivo inicial de censurar, sino de generar diálogo sobre las irregularidades, y que tanto nombre reservado como Cid estuvieron conectados, pero mantuvieron una actitud pasiva.

Justifican la participación de un socio sin antigüedad suficiente (Julio Esquicha) señalando que los estatutos restringen el derecho a voto, pero no el derecho a voz en las asambleas. Afirman que no hubo alteración de firmas, sino que se confeccionó un documento nuevo bajo instrucciones de la Dirección del Trabajo, firmado por los socios disponibles en época estival. El proceso formal de censura no inició el 2 de enero (que fue solo un correo informativo), sino el 17 de febrero de 2026, fecha en que se ingresó formalmente la solicitud ante la Dirección del Trabajo.

Señalan que la sala de profesores no es de acceso restringido, que los propios recurrentes leyeron allí los cargos, y que todo fue enviado también por correo electrónico. Destacan que la censura triunfó democráticamente, pues de 21 socios habilitados, votaron 16, logrando 14 votos a favor de la censura (superando los 11 exigidos como mayoría absoluta).

Por último, alegan que la votación fue secreta, ante ministro de fe y aprobada por mayoría absoluta, tal como exige el Código del Trabajo y los estatutos, que incluso si el señor nombre reservado hubiera votado en contra, el resultado mayoritario no habría cambiado, por lo que el proceso no debe invalidarse. De este modo, defienden que los socios tienen derecho a organizarse y tomar medidas para asegurar el funcionamiento de sus asambleas cuando el presidente se niega a ejercer sus funciones. Argumentan que los cargos fueron informados con anticipación y que los miembros del directorio tuvieron tiempo y oportunidades de sobra para presentar sus descargos, pero no lo hicieron, por lo que el recurso de protección busca alterar una decisión democrática interna válidamente desarrollada, lo cual excede los fines de esta acción constitucional.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar de emergencia, destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones arbitrarias o ilegales que produzcan privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de garantías fundamentales preexistentes e indubitadas.

CUARTO: Que, de los antecedentes aportados por las partes, aparece de manifiesto que el conflicto subyacente consiste en una disputa sobre la validez y regularidad de un procedimiento eleccionario interno, específicamente la censura del directorio del Sindicato Empresa Goethe-Institut Chile. Las partes controvierten la correcta aplicación de los estatutos sindicales, la facultad de convocatoria a asambleas, los quórums exigidos y la validez de los actos preparatorios y de la votación misma. Además, en estrados, la parte recurrente sostuvo que, actualmente, el conflicto se encuentra radicado ante el Tribunal Calificación de Elecciones en la fase de prueba.

QUINTO: Que, la naturaleza sumarísima y cautelar de esta acción constitucional impide que sea utilizada como un mecanismo de lato conocimiento para resolver conflictos jurídicos sustantivos, o para declarar la nulidad de actuaciones de órganos sindicales cuando los hechos que fundamentan la impugnación son objeto de controversia y requieren de una etapa probatoria amplia y de un análisis de legalidad estatutaria que excede los restringidos márgenes de este recurso.

SEXTO: Que, conforme a la normativa laboral y electoral vigente, la resolución de este tipo de controversias relativas a la vida sindical y a la validez de sus procesos eleccionarios cuenta con vías jurisdiccionales específicas para la ponderación del fondo. En efecto, el legislador ha entregado el conocimiento de estas materias a los Tribunales Electorales Regionales, conforme a la Ley N° 18.593, o en su defecto, a los Juzgados de Letras del Trabajo, órganos competentes para calificar, recibir prueba y resolver sobre la legalidad o nulidad de estos actos mediante las acciones tutelares o declarativas correspondientes. Asimismo, las partes cuentan con vías administrativas de fiscalización e interpretación a través de la Dirección del Trabajo.

SÉPTIMO: Que, por consiguiente, existiendo procedimientos y tribunales especiales determinados por la ley para encausar y dirimir el conflicto orgánico planteado, y considerando especialmente que a decir del recurrente el conflicto se encuentra sometido al conocimiento del TRICEL, el presente recurso de protección pierde su procedencia, toda vez que no constituye una instancia sustitutiva de los procedimientos ordinarios ni un órgano de revisión de legalidad de actos sindicales sujetos a un debate fáctico y estatutario complejo.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado y nombre reservado en contra de la Comisión Electoral del Sindicato Empresa Goethe-Institut Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N°8819-2026.