nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

PRIMERO: Que Isaymar Kristell nombre reservado, nacional de Venezuela, deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo, comunicado el 16 de febrero de 2026, de su solicitud de devolución de fondos previsionales de técnico extranjero, lo que a su juicio vulnera la garantía consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Menciona que es una trabajadora extranjera de nacionalidad venezolana que, desde el año 2018, registró cotizaciones previsionales en el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones y que, amparada en la Ley N°18.156, con fecha 11 de junio de 2025 solicitó la devolución de dichas cotizaciones en su calidad de trabajadora técnica extranjera. Expone que la recurrida rechazó la solicitud fundándose en observaciones formales, a saber, que no quedaría claro quién firma como representante legal en el contrato suscrito con Farmacias Cruz Verde SpA, que no se habría acompañado el contrato de trabajo con el empleador FEMSA Salud SpA y que el documento del servicio de seguridad social extranjero carecería de apostilla o legalización. Añade que esta última exigencia es improcedente y materialmente imposible de cumplir, pues no existe representación diplomática venezolana operativa en Chile y la apostilla de documentos venezolanos solo puede ser otorgada por la autoridad competente de ese país, invocando al efecto el principio ad impossibilia nemo tenetur, y que la negativa la priva ilegítimamente de disponer de fondos que le pertenecen.

Cita los artículos 19 N°24 y 20 de la Constitución Política de la República, el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia y los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156.

Pide, en definitiva, que se tenga por interpuesto el recurso, se acoja en todas sus partes, se declare que el rechazo constituye un acto ilegal y arbitrario y se ordene a la recurrida proceder a la devolución de los fondos previsionales existentes en su cuenta de capitalización individual, con costas.

SEGUNDO: Que Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A. evacúa informe solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Expone que la afiliada inició su trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero conforme a la Ley N°18.156 y que, en la revisión de la solicitud, se constató que la documentación no cumplía los requisitos legales, por no quedar claro quién firma como representante legal en el contrato con Farmacias Cruz Verde SpA, no presentarse el contrato de trabajo del empleador FEMSA Salud SpA y encontrarse el documento del servicio de seguridad social sin apostilla o legalización, motivo por el cual, el 16 de febrero de 2026, la solicitud fue rechazada, informándose a la afiliada que podía presentarla nuevamente subsanando dichos defectos.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario ni ilegal, puesto que la devolución de fondos a técnicos extranjeros procede de manera excepcional, solo cumpliéndose los requisitos de la Ley N°18.156, y que se ha limitado a aplicar dicha ley, el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, la circular N°553, el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y los oficios de la Superintendencia de Pensiones y del Ministerio de Relaciones Exteriores que le resultan vinculantes. Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que la ausencia de relaciones diplomáticas con Venezuela no la exime de las exigencias de legalización, careciendo de facultades para prescindir de ellas; que Chile y Venezuela son Estados Parte del Convenio de la Apostilla, por lo que los documentos venezolanos deben apostillarse por la autoridad competente de ese país; que la constancia electrónica de cotizaciones legalizada ante notario no satisface el artículo 345 citado, requiriéndose el Certificado de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales debidamente legalizado; que la imposibilidad material de legalizar desde Chile dificulta pero no impide el trámite, según lo resuelto por la Corte Suprema en casos análogos; y que la falta de un contrato válidamente suscrito y la ausencia del contrato del empleador FEMSA Salud SpA impiden acreditar requisitos copulativos e indispensables.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que corresponde tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, entendido como producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones antes indicadas.

CUARTO: Que la devolución de las cotizaciones previsionales a los trabajadores técnicos extranjeros constituye un régimen de carácter excepcional regulado por la Ley N°18.156, cuyo artículo 1° exige, de manera copulativa, que el trabajador detente la calidad de técnico, acreditada mediante documentos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados; que se encuentre afiliado, con anterioridad a su contrato en Chile, a un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, lo que debe acreditarse mediante certificación de la institución respectiva debidamente legalizada; y que manifieste en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación.

A su turno, el artículo 7° de la citada legislación faculta la devolución de los fondos siempre que se cumplan tales requisitos. Además, el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil exige que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile se presenten debidamente legalizados y, encontrándose vigente entre Chile y Venezuela el Convenio o Convención de La Apostilla, los documentos emanados de este último Estado deben ser apostillados por su autoridad competente, según lo ha precisado la Superintendencia de Pensiones en la normativa e instrucciones que la recurrida invoca en su informe.

QUINTO: Que de los antecedentes aparece que la solicitud de la recurrente fue rechazada por no satisfacer la documentación acompañada los requisitos legales antes reseñados, al no quedar determinado quién comparece y firma en calidad de representante legal en el contrato con Farmacias Cruz Verde SpA., al no acompañarse el contrato de trabajo del empleador FEMSA Salud SpA y al carecer el documento del servicio de seguridad social extranjero de la apostilla o legalización exigida. En estas condiciones, la Administradora recurrida carece de facultades para prescindir de tales exigencias o para reemplazarlas, y se ha limitado a aplicar la ley y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones en el ejercicio de sus atribuciones de fiscalización, las que le resultan vinculantes, de manera que su decisión ha sido adoptada por quien se encontraba obligado a exigir el cumplimiento de los presupuestos legales, dentro del ámbito de sus facultades y con sujeción al ordenamiento jurídico en cuanto a las causales aplicadas.

SEXTO: Que, en lo que respecta a la alegación de la recurrente relativa a la imposibilidad material de legalizar o apostillar los documentos otorgados en Venezuela, atendido el término de las relaciones consulares entre ese país y Chile, cabe tener presente que la Excma. Corte Suprema, conociendo de recursos análogos al de autos, ha resuelto que dicha circunstancia, si bien dificulta el cumplimiento del requisito exigido por la normativa vigente, no lo hace imposible, toda vez que el trámite puede realizarse en las sedes consulares de países que mantienen relaciones diplomáticas con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de ese país, presentando los documentos físicos por medio de terceras personas (Corte Suprema, Rol N°4.383-2026, de 18 de febrero de 2026, y Rol N°33.946-2025, de 24 de diciembre de 2025). De este modo, no verificándose en la especie una imposibilidad absoluta que autorice a invocar el principio ad impossibilia nemo tenetur, la exigencia formal cuestionada por la recurrente no adolece de ilegalidad ni de arbitrariedad.

SÉPTIMO: Que, en todo caso, el deber jurídico que gobierna el actuar de la entidad recurrida consistía precisamente en verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley N°18.156 antes de acceder a la devolución solicitada, de suerte que, al exigir su acreditación, no ha incurrido en contravención alguna al ordenamiento, sino que ha dado cumplimiento a la función que la ley le encomienda, no configurándose, por lo mismo, la ilegalidad ni la arbitrariedad reprochadas.

A ello se suma que los fondos acumulados en toda cuenta de capitalización individual posee, por regla general, un destino único y exclusivo, cual es el otorgamiento de pensiones bajo alguna de las modalidades que contempla el Decreto Ley N°3.500, de manera que la devolución de fondos a técnicos extranjeros, en cuanto régimen de excepción establecido por la Ley N°18.156, debe interpretarse restrictivamente y sujetarse al cumplimiento estricto de los presupuestos que la propia ley exige, sin que sea dable a la Administradora prescindir de ellos ni suplirlos por otros medios probatorios.

Consecuentemente, no habiéndose acreditado el cumplimiento de los presupuestos legales, la recurrente no ha sido privada, perturbada ni amenazada en su derecho de propiedad, pues no se ha desconocido la titularidad de sus fondos previsionales, cuya devolución queda supeditada a que satisfaga las exigencias legales, para lo cual conserva la posibilidad de reiterar su solicitud acompañando la documentación conforme a derecho.

OCTAVO: Que, no habiéndose configurado un acto ilegal o arbitrario que lesione la garantía invocada, ni advirtiéndose la necesidad actual de la intervención de esta Corte por la vía cautelar intentada, el recurso será desestimado. Atendido que la recurrente pudo tener motivos plausibles para litigar, considerando la complejidad de las exigencias formales en discusión y la existencia de pronunciamientos judiciales dispares sobre la materia, no se la condenará en costas.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección constitucional deducido a favor de Isaymar Kristell nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-8817-2026.