nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 12 de marzo de 2026, comparece doña Carla Nicole Cañón Rubio, abogada, en representación de don nombre reservado, español, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por haber rechazado u omitido una respuesta fundada a la solicitud de retiro de fondos previsionales para técnicos extranjeros de acuerdo con la Ley N° 18.156, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la recurrida ha desconocido el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios debidamente acreditados por su representado, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 numerales 2 y 24, por lo que solicita se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Sostiene el recurrente que, tras haberse desempeñado laboralmente en Chile, solicitó en diciembre de 2025 la devolución de sus ahorros previsionales amparado en la exención para técnicos extranjeros que contempla la referida normativa. Expone que acompañó la documentación íntegra exigida por la Superintendencia de Pensiones, a saber, su título profesional de Ingeniero de Recursos Energéticos apostillado, contrato de trabajo con la empresa TEPSAC conteniendo la cláusula de mantenimiento de seguridad social extranjera y el certificado de afiliación al sistema de seguridad social de España. No obstante, acusa que la Administradora recurrida ha denegado sistemáticamente su pretensión mediante respuestas genéricas, carentes de motivación fáctica y jurídica, incurriendo en una interpretación formalista y caprichosa de la ley que obstaculiza el ejercicio de sus facultades dominicales sobre los fondos.

Argumenta que esta negativa transgrede el principio de juridicidad y los deberes de fundamentación de los actos administrativos, situando al recurrente en una posición de indefensión frente a una retención que califica de injustificada.

En cuanto a la afectación de garantías constitucionales, la recurrente identifica una transgresión a la igualdad ante la ley, por cuanto se le brinda un trato diferenciado y excluyente respecto de otros cotizantes en situaciones análogas, y una vulneración flagrante al derecho de propiedad, toda vez que se le priva de disponer de bienes incorporales que forman parte de su patrimonio, afectando los atributos esenciales del dominio sin que exista una habilitación legal para dicha restricción.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida reconocer la validez de la documentación suministrada y proceda a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de devolución de fondos planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable. Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso los siguientes instrumentos: cédula de identidad del recurrente; título profesional debidamente apostillado; certificado de afiliación país de origen; anexo laboral y contrato de trabajo; y comprobante de rechazo.

Segundo: Que, a fojas 39 y siguientes, comparece doña Romina Dalbosco Cornejo, abogado, en representación de la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., quien evacua el informe de rigor solicitando el rechazo íntegro de la acción de protección, con expresa condenación en costas.

Sostiene que su representada no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, por cuanto su actuar se ha ajustado estrictamente a las disposiciones de la Ley N° 18.156, a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a las normas sobre legalización de documentos extranjeros del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Fundamenta la improcedencia del recurso señalando que la devolución de fondos para técnicos extranjeros es un beneficio de carácter excepcional que exige el cumplimiento de requisitos copulativos y la acreditación de derechos indubitados, lo que no ocurre en la especie.

Argumenta que la solicitud del recurrente, don nombre reservado, fue rechazada en atención a lo siguiente: “Anexo de contrato de trabajo: El documento presentado no corresponde al solicitado • Contrato de trabajo: El documento presentado no corresponde al solicitado • Certificado Institución de Seguridad Social: El documento no cumple criterios de aceptación para esta solicitud”.

Conforme a lo anterior, denuncia que el recurrente no acompañó un Certificado de Afiliación emanado de la institución de seguridad social competente que acredite cobertura efectiva en las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, limitándose a presentar un "Informe de Vida Laboral" de España, instrumento que resulta insuficiente para acreditar la afiliación vigente y la cobertura prestacional integral exigida por la normativa. Asimismo, objeta que la documentación aportada no cumple con las formalidades de legalización y apostilla necesarias para surtir efectos en Chile, citando al efecto instrucciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Superintendencia del ramo.

Finalmente, afirma que no se ha dado cumplimiento al requisito de la letra b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, toda vez que no consta en el contrato de trabajo la voluntad expresa de mantener la afiliación extranjera, acompañándose en su lugar un documento de naturaleza diversa referido a servicios remotos.

Concluye que, al no existir vulneración a las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, no cabe adoptar medidas de resguardo constitucional.

Tercero: Que la Superintendencia de Pensiones, a través de la Jefa del Departamento de Derecho de Seguridad Social, evacua el informe solicitado por esta Ilustrísima Corte en el marco de la presente acción de protección.

El órgano fiscalizador inicia su exposición precisando el marco normativo aplicable, señalando que, si bien la regla general en el ordenamiento jurídico chileno es la obligatoriedad de las cotizaciones previsionales para todo trabajador, la Ley N° 18.156 consagra un régimen de excepción que permite la exención de cotizar o la devolución de fondos a técnicos extranjeros, siempre que se verifique el cumplimiento de requisitos copulativos de interpretación restrictiva.

En cuanto al fondo, la informante sostiene que el recurrente no ha acreditado fehacientemente los presupuestos contenidos en el artículo 1° del citado cuerpo legal. Particularmente, respecto de la exigencia de la letra a), arguye que el 'Informe de Vida Laboral' emitido por la Seguridad Social de España resulta insuficiente, por cuanto no acredita una cobertura previsional efectiva, integral y a todo evento por los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el tiempo en que el actor prestó servicios en Chile, limitándose a consignar aportes históricos en su país de origen.

En lo concerniente al requisito de la letra b), relativo a la voluntad de mantener la afiliación extranjera plasmada en el contrato de trabajo, la Superintendencia observa que el anexo de contrato respectivo carece de la debida formalización bilateral cronológicamente coherente, toda vez que solo consta una autorización notarial del empleador de fecha muy posterior a la suscripción del vínculo.

Funda adicionalmente su postura en la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema (Rol N° 28.299-2025), que refuerza la potestad interpretativa del órgano técnico para exigir que la cobertura de salud en el extranjero sea integral, médica y pecuniaria.

Concluye señalando que, al no verificarse el cumplimiento de las exigencias legales, no existe un derecho indubitado vulnerado, por lo que solicita tener por cumplido lo ordenado y, en mérito de lo expuesto, implícitamente desestimar la pretensión cautelar por ajustarse el actuar de la AFP a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por dicha autoridad.

Cuarto: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de procedencia de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de una conducta ilegal, esto es, contraria a la ley, o arbitraria, esto es, carente de razones o motivaciones legítimas por parte de quien incurre en ella y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental. En este sentido, además, el sujeto activo de la conducta denunciada puede ser parte de la Administración del estado, en su más amplio sentido, como también un particular.

Quinto: Que del análisis de los antecedentes acompañados al recurso y del informe evacuado por la recurrida y la Superintendencia del ramo se advierte que la decisión de AFP de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales del actor, se fundó en el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios establecidos en la Ley N° 18.156, así como en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente para interpretar y fiscalizar el cumplimiento de dicha normativa.

En particular, se le reprochó a la recurrente que el anexo del contrato y el contrato de trabajo no corresponden a los solicitados y que el certificado de institución de seguridad social no cumple con los criterios de aceptación para la solicitud.

Sexto: Que, específicamente y tal como da cuenta la Superintendencia al evacuar su informe, el Informe de Vida Laboral acompañado por el actor, no cumpliría con la acreditación de la cobertura previsional exigida por el artículo 1 de la Ley N°18.156, pues no da cuenta de una cobertura efectiva en el periodo en que el trabajador prestó servicios en Chile.

Luego, el contrato de trabajo acompañado por el actor fue suscrito con fecha 23 de junio de 2023, con una duración de 1 año, tratándose de un contrato a plazo fijo, mientras que el anexo del contrato de trabajo es de fecha 16 de enero de 2024, constando únicamente autorización notarial del representante legal del empleador, de fecha 6 de octubre de 2025, por lo que no se lograría acreditar el cumplimiento del requisito previsto en la letra b) del artículo 1 de la Ley N° 18.156.

Séptimo: Que, en este sentido, la actuación de la recurrida no sólo se enmarca dentro del cumplimiento estricto de la Ley N°18.156 y de su reglamentación técnica, sino también dentro del ejercicio legítimo de las instrucciones y criterios establecidos por el órgano regulador competente —la Superintendencia de Pensiones—, cuyas interpretaciones son de obligatorio cumplimiento para las AFP conforme al artículo 94 del D.L. N° 3.500 de 1980.

Octavo: Que, en consecuencia, no se advierte en el proceder de la Administradora recurrida ni ilegalidad ni arbitrariedad alguna, deviniendo inoficioso pronunciarse sobre las garantías fundamentales invocadas por el actor, desde que no se configura, en el caso concreto, un acto que prive, perturbe o amenace ilegítimamente su ejercicio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección 8814-2026.