Protección contra Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, seis de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece el abogado James Mery Bell, en representación de nombre reservado, de nacionalidad colombiana, quien deduce recurso de protección en contra de la Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en la dilación injustificada, paralización material y falta de pronunciamiento oportuno en el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 2, 3 y 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente se vio forzado a escapar de su país de origen debido a que su integridad y seguridad se encontraban amenazadas tras el homicidio de su hermano en 2018 y las posteriores represalias por su colaboración con la justicia, ingresando a Chile durante el año 2020. Indica que el recurrente, creyendo que el peligro en Colombia se había atenuado o extinguido con el paso del tiempo, resolvió regresar a su ciudad natal durante el año 2024. Añade que, durante el mes de octubre de 2024, el actor comenzó a experimentar amenazas de muerte, hostigamientos y situaciones intimidatorias atribuibles a personas cercanas al sujeto condenado por el homicidio de su hermano, por lo que tomó la decisión de regresar a Chile, ingresando por paso no habilitado el 27 de noviembre de 2024.

Sostiene que el recurrente mantiene en Chile un sólido arraigo familiar, siendo padre de una niña de nacionalidad chilena nacida en NUM000 de 2024 y de un hijo menor de edad debidamente documentado, quienes dependen emocional y económicamente de él.

Afirma que el recurrente activó el cauce institucional al comparecer el 24 de abril de 2025 a la citación del Servicio Nacional de Migraciones destinada a dar inicio al procedimiento de refugio.

No obstante, tras dicha comparecencia, la Administración ha mantenido una inercia total, sin notificar resoluciones de admisibilidad ni realizar actos de instrucción, situando al solicitante en un estado de incertidumbre que afecta la estabilidad de su núcleo familiar y la eficacia del principio de no devolución.

Arguye que la omisión de las autoridades infringe los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad consagrados en la Ley N°19.880, la cual establece un plazo máximo de seis meses para la conclusión de los procedimientos administrativos. De igual manera, se alega la contravención a la Ley N°20.430 y a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, toda vez que la paralización del expediente vacía de contenido la protección internacional y el principio de no devolución. Invoca la Ley N°21.325 y la Ley N°21.430, señalando que el Estado ha omitido considerar el interés superior del niño y el deber de tutela reforzada que pesa sobre la Administración cuando están involucrados menores de edad, especialmente en contextos de vulnerabilidad migratoria.

Por estas razones, solicita que se ordene a la Subsecretaría del Interior y al Servicio Nacional de Migraciones reactivar, impulsar y sustanciar efectivamente el procedimiento administrativo, emitiendo un pronunciamiento expreso, formal y fundado respecto de la solicitud de refugio en un plazo breve, adoptando además todas las medidas necesarias para asegurar la protección del recurrente y su núcleo familiar conforme al interés superior de sus hijos menores de edad.

Segundo: Que, informa el abogado Antonio Beltrán Henríquez, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitado el rechazo íntegro de la acción de protección deducida por considerar que no se configuran los presupuestos legales ni constitucionales para su procedencia, al no existir un acto u omisión arbitraria o ilegal imputable a la autoridad.

Expone que el recurrente no registra fecha de ingreso al territorio nacional, por lo cual se comprende que realizó su ingreso por paso no habilitado, eludiendo los controles migratorios apostados en las fronteras.

Detalla que el 3 de diciembre de 2024, el extranjero manifestó su intención de someterse al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, y que el 30 de marzo de 2026, por medio de Resolución Exenta N°NUM001, el Servicio Nacional de Migraciones resolvió declarar inadmisible su solicitud tras concluir, basándose en los antecedentes aportados por el recurrente y en el informe técnico, que no existía un peligro inminente en el país de origen ni persecución política que pusiera en riesgo la integridad del interesado, incumpliendo así los requisitos de la Ley N°20.430.

Añade que dicha resolución dispuso que el extranjero debía hacer abandono del país en un plazo de 15 días tras su notificación, acto administrativo que fue comunicado vía correo electrónico conforme a la Ley N°19.880. Asimismo, hace presente, que, a la fecha del informe, el interesado no ha interpuesto recursos administrativos contra la referida resolución y aclara que, a la fecha del informe, no se ha dictado una medida de expulsión en su contra.

Sostiene que la acción de protección carece de oportunidad y eficacia, puesto que el Servicio ya se ha pronunciado de manera expresa y terminal sobre la solicitud de refugio, de modo que no existe una dilación, pendencia u omisión que pueda ser calificada de ilegal o arbitraria.

Por consiguiente, afirma que el Servicio Nacional de Migraciones ha actuado con estricto apego a la normativa vigente, lo cual descarta cualquier perturbación, privación o amenaza a las garantías consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, informa la abogada Alejandra Salinas Silva, en representación del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, pidiendo que se rechace la acción de protección, con expresa condena en costas.

En primer término, contextualiza el marco normativo aplicable al caso, señalando que el procedimiento se rige por la Ley N°20.430 y su reglamento, el Decreto Supremo N°837 de 2010, los cuales establecen que la resolución sobre la condición de refugiado es facultad del Ministerio del Interior, previo asesoramiento de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado. Al respecto, aclara que el Departamento de Refugio y Protección Internacional del Servicio Nacional de Migraciones ejerce como Secretaría Técnica, encargada de elaborar los informes técnicos y realizar las entrevistas de elegibilidad, etapa que resulta esencial y obligatoria para el análisis de toda solicitud conforme a los artículos 30 y 31 de la citada ley.

Luego, refiere que el Servicio Nacional de Migraciones, mediante la Resolución N°NUM001, de 30 de marzo de 2026, declaró la inadmisibilidad la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por el recurrente por ser manifiestamente infundada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 bis de la Ley N°20.430. Añade que, frente a la mencionada resolución de inadmisibilidad, la parte recurrente interpuso un recurso de reposición, el cual se encuentra actualmente pendiente de resolución por parte del Servicio Nacional de Migraciones.

Sostiene que no le corresponde evaluar la admisibilidad de las solicitudes ni pronunciarse sobre los recursos que impugnan actos dictados por el Servicio Nacional de Migraciones, siendo este último el organismo competente para informar sobre la materia de autos.

Cuarto: Que, la parte recurrente arguye, solo tras la interposición de la acción constitucional, la Administración dictó la Resolución N°NUM001, la cual no solo no subsanó la omisión original, sino que agravó la situación del afectado al declarar la inadmisibilidad de su solicitud y conminarlo a abandonar el territorio nacional en un plazo de quince días.

Afirma que la dictación del acto administrativo tardío no produce una pérdida sobreviniente de objeto, puesto que la lesión constitucional no ha desaparecido, sino que ha mutado desde una omisión hacia una amenaza actual, concreta e inminente derivada de la orden de egreso, la cual, además, carece de firmeza al existir un recurso de reposición con jerárquico en subsidio aún pendiente de resolución.

Adicionalmente, hace presente como hecho nuevo sobreviniente que el sujeto condenado por el homicidio del hermano del recurrente ha reactivado las amenazas contra el entorno familiar de aquel tras la negativa de la familia de otorgar un perdón para su libertad condicional, agravándose el riesgo por encontrarse dicho condenado bajo reclusión domiciliaria.

Solicita, en definitiva, que se declare que las recurridas han incurrido en una omisión y actuación ilegal y arbitraria, restableciendo el imperio del derecho y otorgando la debida protección al recurrente.

Quinto: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por tanto, es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, lo que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Sexto: Que como se colige del libelo en que se plasma la presente acción constitucional, en ella se denuncia como omisión ilegal y arbitraria la dilación injustificada y la falta de dictación de un acto administrativo terminal que resuelva la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente.

Quinto: Que, conforme consta en los antecedentes allegados al recurso consta que el Servicio Nacional de Migraciones dictó la Resolución Exenta N° NUM001, de 30 de marzo de 2026, mediante la cual se pronunció sobre el fondo de la petición, declarándola inadmisible, Asimismo, aparece que en contra de dicha resolución el recurrente dedujo los recursos administrativos de reposición y jerárquico en subsidio, los que se encuentran en tramitación, por lo que no existe un acto administrativo terminal que disponga el abandono del país.

Así las cosas, no existe actualmente una privación de libertad o amenaza a la seguridad individual vigente que esta Corte pueda remediar o cautelar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en representación de nombre reservado, en contra de la Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-8806-2026.