nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, treinta de julio de dos mil veintiséis.

Al folio 11: téngase presente.

Vistos:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, ciudadana peruana y afiliada a Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., y deduce recurso de protección en contra de dicha administradora, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo, comunicado por carta de tres de marzo de dos mil veintiséis, de su solicitud de devolución de fondos previsionales como técnica extranjera al amparo de la Ley N° 18.156, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República. Menciona como antecedentes de su recurso que es titulada en el extranjero, con título debidamente apostillado, que se encuentra afiliada a un régimen de seguridad social de su país de origen que otorga prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que acompañó a su solicitud administrativa la totalidad de los antecedentes exigidos, entre ellos su título profesional, el contrato de trabajo cuya cláusula quinta contiene la declaración de mantención de la afiliación previsional extranjera y los certificados de afiliación respectivos, pese a lo cual la recurrida rechazó reiteradamente su petición mediante respuestas genéricas, carentes de causal específica y de motivación, reteniendo indebidamente fondos que integran su patrimonio.

Pide, en definitiva, que se ordene a la recurrida reconocer la documentación acompañada y emitir un nuevo pronunciamiento sobre su solicitud conforme a derecho y dentro de plazo razonable, adoptándose todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que comparece Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y evacúa el informe respectivo. Expone como antecedentes que analizó la solicitud de devolución y los documentos acompañados conforme a la Ley N° 18.156 y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazándola por comunicación en que expresó los motivos concretos de la negativa. Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que el contrato de trabajo no cubre todo el periodo cuya devolución se pide y contiene manifestaciones de voluntad contradictorias sobre la afiliación previsional, y los certificados extranjeros no acreditan cobertura en enfermedad durante toda la prestación de servicios en Chile ni se encuentran apostillados o legalizados.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que sólo ha exigido los requisitos copulativos de los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, en los términos obligatorios fijados por el organismo fiscalizador.

Solicita, en definitiva, el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de urgencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de aquéllos. En la especie, corresponde determinar por esta vía si el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales como técnica extranjera comunicado por la recurrida constituye un acto ilegal o arbitrario que lesione actualmente las garantías de igualdad ante la ley y de propiedad invocadas por la actora.

CUARTO: Que, el artículo 7° de la Ley N° 18.156 supedita la devolución de los fondos previsionales enterados por trabajadores extranjeros al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1° del mismo cuerpo legal, esto es, que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. Se trata de exigencias copulativas cuya concurrencia debe ser acreditada por el solicitante ante la administradora, en la forma que la ley prevé y conforme a las instrucciones que la Superintendencia de Pensiones dicta con carácter obligatorio en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 94 del Decreto Ley N° 3.500.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes aparece que la recurrida, al pronunciarse sobre la solicitud, expresó de manera circunstanciada los motivos de su negativa, señalando que el contrato de trabajo acompañado no comprende la totalidad del periodo cuya devolución se pide, que su cláusula quinta contiene declaraciones incompatibles entre sí en cuanto a la afiliación previsional que la trabajadora manifiesta querer conservar, y que los certificados emanados de instituciones extranjeras no dan cuenta de cobertura en todas las contingencias exigidas durante la totalidad del periodo trabajado en Chile ni cumplen con las formalidades de legalización o apostilla que los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil imponen a los instrumentos otorgados en el extranjero. De este modo, la decisión impugnada no aparece desprovista de fundamento ni exenta de motivación, sino que se sustenta en la ponderación de los antecedentes acompañados a la luz de la normativa aplicable, lo que descarta la arbitrariedad que se le reprocha.

SEXTO: Que, tampoco se advierte ilegalidad en el actuar de la recurrida, desde que éste se ha ajustado a las exigencias que la propia ley contempla y a las instrucciones impartidas por el organismo llamado a fijar su interpretación, a las que la administradora se encuentra sujeta. La discrepancia que la actora plantea respecto de la suficiencia y del mérito de los documentos que acompañó a su solicitud constituye una cuestión que excede el ámbito de esta acción cautelar, pues supone una controversia sobre la valoración de antecedentes que requiere de un procedimiento de lato conocimiento, en sede declarativa, con las oportunidades probatorias y de contradicción de que esta vía carece.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, no habiéndose configurado un acto ilegal o arbitrario, no cabe entender conculcadas las garantías de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que la primera supone la existencia de una diferenciación carente de razón suficiente, la que no ha sido acreditada, y la segunda presupone un derecho indubitado sobre los fondos cuya devolución se pretende, el que sólo se consolida una vez satisfechos los presupuestos legales que autorizan su retiro anticipado, cuestión que precisamente se controvierte en estos autos. Por lo anterior, la acción constitucional deducida no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-8802-2026.