nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA

C.A. de Santiago Santiago, once de octubre de dos mil veintitrés.

A los escritos folios 46, 47, 48, 49 y 50: a todo, téngase presente.

VISTOS:

PRIMERO: Que Rodrigo Flores Osorio y nombre reservado recurren de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Huechuraba, y su alcalde Carlos Cuadrado Prats, por haber dictado el D.N.E. 1/264 de 3 de marzo de 2023, que aplica la medida de destitución, y por el procedimiento sumario tramitado, alegando vulneración de sus garantías constitucionales de los números 1, 2, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Exponen que se ordenó instruir sumario administrativo por Decreto Exento N°01/1017/2022 y Decreto Exento 01/1409/2022, de abril de 2022, en razón de que, en su calidad de funcionario municipal, habría incurrido en una infracción grave a la probidad administrativa, al incurrir en hechos de acoso laboral y sexual, vulnerando con ello el principio de la probidad administrativa regulado por la ley 18.575; las obligaciones que todo funcionario de la Municipalidad de Huechuraba debe tener y que están descritas en el Decreto de Actuación Ante Actos Constitutivos de Acoso Laboral o Acoso Sexual de la Municipalidad de Huechuraba, aprobado por Decreto Exento N°01/2889/2018 de 10 de octubre de 2018.

El artículo 82 letra l) de la ley 18.883, dispone qué se entiende por acuso laboral o sexual, al señalar que este consiste en:

l) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2° inciso segundo, del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2° de la ley que establece medidas contra la discriminación.

m) Realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo;

l) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, Por su parte, la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2º de la ley que establece medidas contra la discriminación, y dictamen 1133/036 de 21 de marzo de 2005, indican que estas conductas constitutivas de acoso no se encuentran limitadas a acercamientos o contactos físicos, sino que incluiría cualquier acción del acosador sobre la víctima que pueda representar un requerimiento de carácter sexual indebido, el que puede producirse por cualquier medio, incluyendo las propuestas verbales, correos electrónicos, cartas o misivas personales.

En este contexto, relatan que el 4 de abril de 2023 fue notificado del D.N.E. N°01/264, que, como consecuencia del sumario, se le aplica la medida disciplinaria de destitución, prevista en el art 120 letra D en relación con el artículo 123 de la ley 18.883 del estatuto administrativo para funcionarios municipales.

Alega que, tanto el procedimiento como la sanción aplicada, sería arbitraria e ilegal, por cuanto, en primer término, se infringe el principio de proporcionalidad, puesto que si la recurrida hubiese ponderado de manera correcta cada uno de los antecedentes dados hubiese rebajado la sanción, absolviéndolo de los cargos o aplicando una de menor entidad.

Precisan que no fue ponderado que, en los hechos, no ha existido ninguna actuación que atente contra el esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, basándose en criterios subjetivos para la toma de su decisión, no existiendo un hecho que pueda ser considerado objetivo u objetivable.

En los mismos términos, alegan que no fueron ponderados sus descargos, relatando que las aseveraciones realizadas por la denunciante son subjetivas y no se basan en hechos, sino en la propia percepción de lo que ella pretende ver en su actuar, poniendo énfasis en su forma de mirar de forma que podríamos llamar lasciva, cuando es falso y carente de toda objetividad y de prueba.

Igualmente, invocan la antijuridicidad de los hechos, puesto que dicha sanción es de las más severas dentro del estatuto y se encuentra prevista para aquellos casos en que se ha probado de manera fehaciente una conducta inmoral o que atente contra la probidad administrativa, lo que no sucede en este caso, puesto que cumplió ante todo con su deber funcionario y con la premisa del cargo.

Conforme lo anterior, alegan vulneración de su derecho a la vida e integridad psíquica, en razón de la falta de motivación y ponderación de antecedentes, privándosele del trabajo al que ha servido. Igualmente, invocan su derecho a la honra, por cuanto ha sido tratado ante la opinión pública como un funcionario negligente que vulnera la probidad administrativa, afectándole psíquicamente en torno a la valoración de su persona. Asimismo, alegan vulneración de su derecho de igualdad ante la ley, por cuanto se le ha sancionado sin tener presente sus descargos, infringiendo igualmente el principio del debido proceso.

Finalmente, se refieren a la afectación de su derecho de propiedad, al verse privado del dominio que detenta sobre su cargo.

Conforme lo expuesto, pide se declare que la recurrida ha vulnerado su derecho a la honra al incurrir en negligencia respecto de un proceso llevado a cabo vulnerando el debido proceso y, como medida de reparación, solicita que se ordene a la recurrida elaborar un protocolo de prevención en el tratamiento de los datos de sumarios administrativos, siendo comunicado a todos los funcionarios municipales.

Igualmente, sobre la sanción del sumario, piden que se deje sin efecto la medida de destitución o, en su defecto, la sanción sea rebajada al mínimo legal establecido.

SEGUNDO: Que evacuó el informe requerido Pablo Andrés Casanueva, en representación de la Municipalidad de Huechuraba, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes.

Expone, como consideración previa, que esta acción cautelar no puede tener por objeto dejar sin efecto resoluciones ni decreto de término de la relación laboral, sin entrar a conocer el sumario respectivo, cuestión que escapa al recurso de protección, más cuando tiene por objeto pronunciarse sobre la afectación de derechos indubitados, lo que no ocurre en el caso de autos.

En cuanto al procedimiento sumarial, explica que la ley 18.883 regula la responsabilidad administrativa en su Título V, entre los artículos 118 y 143, ambos inclusive, encontrándose la autoridad superior del servicio facultada para ponderar y ordenar un procedimiento disciplinario cuando se ha tenido a la vista una denuncia y los hechos o argumentos de las acusaciones vertidas en el relato de la misma son presumiblemente graves, más aún, si la denuncia se encuentra fundamentada y se individualiza a él o los funcionarios involucrados en los hechos denunciados.

En este contexto, relata que el 6 de abril de 2022, la funcionaria nombre reservado, de la Dirección de Gestión de las Personas, presentó ante la autoridad municipal una denuncia por acoso sexual en contra del recurrente, indicando, en lo medular, lo siguiente: que habría recibido, por parte del imputado, dichos que están dentro de lo que se considera como acoso sexual en el ámbito laboral. Algunos de los comentarios y situaciones que señala haber recibido de parte del señor nombre reservado son: “que daría por ser más joven y ser de mi edad”; “cada vez que me veía caminando él se detenía para mirarme degeneradamente mientras yo circulaba de un lugar a otro cruzándose de brazos y dando suspiros”; “esta persona reiteradas veces se encuentra molestando y acosándome a mí y a diferentes mujeres del municipio”;

Precisa que se ordenó por parte del Alcalde instruir el respectivo sumario administrativo, lo que se materializó mediante el Decreto Exento 1/1017/2022, de 11 de abril de 2022, ampliándose posteriormente la investigación por otras denuncias del mismo tenor y contenido en contra del recurrente, siendo suspendido preventivamente el 26 de septiembre de 2022.

Hace presente que, realizadas las diligencias del sumario, el fiscal instructor formuló los siguientes cargos:

“CARGO 1. Que, se habría constatado que, en la calidad de inculpado, habría cometido acciones de acoso sexual, con infracción a garantías fundamentales en contra de la persona de doña nombre reservado, de acuerdo a antecedentes recopilados en esta pieza sumarial.

CARGO 2. Que, se habría constatado que, en la calidad de inculpado, habría cometido acciones de acoso sexual y trato discriminatorio, con infracción a garantías fundamentales en contra de la persona de doña nombre reservado, de acuerdo a antecedentes recopilados en esta pieza sumarial.

CARGO 3. Que, se habría constatado que, en la calidad de inculpado, habría cometido acciones de acoso laboral y sexual y trato discriminatorio, con infracción a garantías fundamentales en contra de otras funcionarias y funcionarios de la Municipalidad de Huechuraba, de acuerdo a lo recopilado en los antecedentes de esta pieza sumarial.”

Indica que el recurrente efectuó sus descargos, los que constan en el expediente sumarial, solicitó término probatorio, ejerciendo su derecho a defensa y a rendir prueba.

Destaca que el 30 de enero de 2023, el fiscal propuso aplicar la sanción de destitución del funcionario, atendida la responsabilidad administrativa debidamente acreditada en el sumario, constando en todo el proceso sumarial, tanto las denuncias deducidas contra el recurrente, como cada uno de los descargos realizados, alcanzando la convicción para proponer al alcalde la comentada sanción.

Así, concluye, con fecha el 3 de marzo de 2023, se dicta el Decreto 1/264/2023, que mantiene la medida disciplinaria de suspensión y aplica la sanción disciplinaria de destitución prevista en el artículo 120 letra d) en relación al artículo 123 de la Ley 18.883, dado que se dan los presupuestos legales que configuran y tipifican el acoso sexual estableciéndose los elementos configurativos del mismo, a saber:

a) Existencia de un comportamiento sexual o de connotación sexual por parte de don nombre reservado en contra de la denunciante y otras funcionarias, lo que se demostró a través de la declaración de testigos, antecedentes que obran en la pieza sumarial;

b) Comportamiento sexual o de connotación sexual indeseado hacia la denunciante y otras víctimas, según se demuestra de los testimonios de la denunciante, de testigos, y demás antecedentes;

c) A través de acoso horizontal, conducta verbal de naturaleza sexual, que se traduce en insinuaciones sexuales molestas, proposiciones o presión para la actividad sexual, insistencia para una actividad social fuera del lugar de trabajo después de que se haya puesto en claro que dicha insistencia es molesta, coqueteos ofensivos, comentarios insinuantes u obscenos;

Arguyen que los considerados del decreto impugnado contienen antecedentes facticos que dan cuenta de acoso en contra de doña nombre reservado y otros funcionarios, reuniendo la resolución impugnada todas y cada una de las características en cuanto a la motivación del acto administrativo.

Sostiene, en razón de lo anterior, que el acto administrativo no es arbitrario ni ilegal, en razón de que el recurso intentado no ha invocado ningún vicio que lleve a invalidar el acto sancionatorio, por cuanto, luego de examinados los antecedentes sumariales.

Agrega que no se advirtieron irregularidades en la tramitación del procedimiento, lo que se le imputó al sumariado es el mismo hecho por el cual se le impuso la sanción en la vista fiscal. Además, en el expediente sumarial se realizaron cada una de las diligencias tendientes a establecer la veracidad y existencia de las infracciones investigadas, procurándose, también, las instancias legales a fin de asegurar la debida defensa del inculpado, conforme consta, no sólo en las declaraciones indagatorias, sino también en los cargos, descargos y vista fiscal, comprobándose la responsabilidad del recurrente.

En cuanto la antijuridicidad alegada, sostiene que la Ley 20.005, tipifica y sanciona el acoso sexual e incorpora esta preceptiva para toda relación de trabajo, sea pública o privada, modificando el Estatuto Administrativo general, el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y el Código de Trabajo, y lo define como “el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo”.

Concluye señalando que en ningún caso se verifica la vulneración de garantías constitucionales, por lo ha de rechazarse la pretensión del actor en todas sus partes.

TERCERO: Que, como sabemos, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, resultan ser hechos indiscutidos en el presente arbitrio:

a. Que con fecha 11 de abril de 2022, se ordenó por parte del Alcalde de la Municipalidad recurrida, instruir sumario administrativo, mediante el Decreto Exento 1/1017/2022, ampliándose posteriormente la investigación por otras denuncias del mismo tenor y contenido en contra del recurrente.

b. Que con fecha 26 de septiembre de 2022, el recurrente fue suspendido preventivamente.

c. Que, posteriormente el Fiscal instructor formuló los siguientes cargos:

“CARGO 1. Que, se habría constatado que, en la calidad de inculpado, habría cometido acciones de acoso sexual, con infracción a garantías fundamentales en contra de la persona de doña nombre reservado, de acuerdo a antecedentes recopilados en esta pieza sumarial.

CARGO 2. Que, se habría constatado que, en la calidad de inculpado, habría cometido acciones de acoso sexual y trato discriminatorio, con infracción a garantías fundamentales en contra de la persona de doña nombre reservado, de acuerdo a antecedentes recopilados en esta pieza sumarial.

CARGO 3. Que, se habría constatado que, en la calidad de inculpado, habría cometido acciones de acoso laboral y sexual y trato discriminatorio, con infracción a garantías fundamentales en contra de otras funcionarias y funcionarios de la Municipalidad de Huechuraba, de acuerdo a lo recopilado en los antecedentes de esta pieza sumarial.”

d. Que el recurrente tuvo oportunidad para formular sus descargos en el procedimiento y solicitar término probatorio, ejerciendo su derecho a defensa y a rendir prueba.

e. Que, finalmente, con fecha 30 de enero de 2023, el fiscal propuso aplicar la sanción de destitución del funcionario, atendida la responsabilidad administrativa acreditada en el sumario. A partir de ello, con fecha el 3 de marzo de 2023, se dicta el Decreto 1/264/2023, que mantiene la medida disciplinaria de suspensión y aplica la sanción disciplinaria de destitución prevista en el artículo 120 letra d) en relación al artículo 123 de la Ley 18.883.

QUINTO: Que, la recurrente funda el presente recurso en el hecho que, tanto el procedimiento como la sanción aplicada, sería arbitraria e ilegal, por cuanto, no habrían sido ponderado cada uno de los antecedentes vertidos en el procedimiento sumario, incluyendo sus descargos y que, de haberlo hecho, la sanción aplicada habría sido diferente. Asimismo, esgrime la antijuridicidad pues los hechos denunciados no configuran la conducta ilícita por la que fue sancionado.

SEXTO: Que, para resolver el presente arbitrio, debemos tener presente la normativa aplicable. La letra g) del artículo 61, del Estatuto Administrativo, establece como obligación de todo funcionario el “observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia el interés público sobre el privado”.

Artículo 118 de la ley 18.883, señala que “El empleado que infringiere sus obligaciones o deberes funcionarios podrá ser objeto de anotaciones de demérito en su hoja de vida o de medidas disciplinarias.

Los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo”.

Por su parte, el artículo 62, numeral 8), de la Ley 18.575, dispone que contraviene especialmente el mencionado principio de la probidad administrativa, el “contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración”.

Por su parte, el artículo 123 de la norma antes mencionada, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 120 d), prescribe que: “La destitución es la decisión del alcalde de poner término a los servicios de un funcionario (…) c) Infringir lo dispuesto en la letra l) del artículo 82 (…)”.

Este último precepto expresa que “El funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones:

l) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2º de la ley que establece medidas contra la discriminación, (…)”

SÈPTIMO: Que, dentro del escenario descrito, es posible advertir que el procedimiento administrativo seguido en contra del recurrente otorgó a éste todas las posibilidades de defensa y de revisión de decisiones, por lo que hubo respeto al principio de debido proceso. La medida disciplinaria que finalmente fue decidida y aplicada se encuentra recogida en la normativa aplicable, y esta aparece fundada y suficientemente motivada.

De este modo, tanto el procedimiento como la resolución recogida en el Decreto recurrido cumplen con el deber de motivación y proporcionalidad, expresando los fundamentos de hecho y de derecho, siendo el resultado de un procedimiento reglado que protege las garantías básicas de los posibles afectados.

OCTAVO: Derivado de lo anterior, las alegaciones efectuadas por la recurrente no poseen el carácter indubitado requerido por el recurso para ser acogido, ni se ha acreditado la ilegalidad y arbitrariedad planteada NOVENO: Que, desde esta perspectiva, la finalidad que parece pretender el recurrente es la revisión la sanción aplicada a partir de un procedimiento sumario legalmente tramitado, lo que consiste en una cuestión de mérito que no puede prosperar, pues ello terminaría por convertir a esta acción constitucional en una de naturaleza de instancia, que no tiene.

Así las cosas, la pretensión de la recurrente debe ser desechada pues no se observa en la decisión cuestionada alguna ilegalidad o arbitrariedad que justifique brindar una cautela urgente como la solicitada.

DÉCIMO: A partir de lo señalado, resulta innecesario hacerse cargo de las garantías denunciadas como vulneradas por ausencia de los presupuestos básicos de la acción interpuesta.

Con arreglo a lo antes expuesto, y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Rodrigo Flores Osorio y nombre reservado, en favor de nombre reservado, y en contra de la Municipalidad de Huechuraba, y su alcalde Carlos Cuadrado Prats.

Redactado por la abogada integrante M. Fernanda Vásquez Palma Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-8799-2023.

En Santiago, once de octubre de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.