nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, trece de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, comunicada mediante correo electrónico de fecha 27 de marzo de 2025, acto que estima vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

La recurrente expone haber sido afiliada al sistema previsional chileno a través de la recurrida durante su permanencia laboral en el país, y que en cumplimiento de la Ley N° 18.156 solicitó el retiro de los fondos previsionales acumulados, acompañando para ello su contrato de trabajo, anexo, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) legalizado ante notario chileno y su título profesional. Refiere que la solicitud fue rechazada por la AFP recurrida, fundado en que el certificado del IVSS no estaría vigente al momento de la solicitud y que la documentación laboral no contendría una manifestación clara e inequívoca de voluntad de mantener afiliación a un régimen previsional extranjero.

Aduce la recurrente que no fue posible obtener la legalización consular del documento por inexistencia de representación diplomática venezolana en Chile, razón por la cual presentó declaración jurada ante notario chileno, acompañando además capturas de pantalla del portal web del IVSS que permitirían verificar la autenticidad del documento mediante un código único. Expone como antecedente comparativo la aprobación de una solicitud análoga por parte de otra administradora de fondos (AFP CUPRUM), en la que se habrían acompañado instrumentos similares.

Asimismo, sostiene que la Superintendencia de Pensiones ha instruido validar documentos emitidos en territorio nacional cuando existen impedimentos materiales para su legalización en origen. En derecho, fundamenta el recurso en los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, señalando que se ha dado cumplimiento a los requisitos allí establecidos, por lo que el rechazo carecería de sustento legal, infringiendo tanto el derecho de igualdad ante la ley como el derecho de propiedad sobre los fondos previsionales acumulados. Solicita dejar sin efecto la decisión recurrida y ordenar a la AFP autorizar el retiro solicitado.

Segundo: Que Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., informa que con fecha 25 de marzo de 2025 la recurrente ingresó la solicitud N° 23581 de devolución de fondos previsionales, correspondiente a cotizaciones efectuadas entre septiembre de 2023 y febrero de 2025, en su calidad de trabajadora dependiente de la empresa Claro Chile SpA, invocando la exención prevista en la Ley N° 18.156. Señala que la solicitud fue rechazada mediante Memorándum N° 12548, por no cumplirse los requisitos copulativos del artículo 1° de dicha ley. En particular, indica que el certificado del IVSS acompañado fue emitido el 29 de mayo de 2023 y tenía una vigencia de 120 días, por lo que no se encontraba vigente al momento de la solicitud, y que la documentación laboral no expresaba de manera clara e inequívoca la voluntad de mantenerse afiliada a un régimen previsional extranjero.

Agrega que la denominada “Constancia Electrónica de Cotizaciones” no cumple con los requisitos exigidos, por cuanto no acredita cobertura efectiva ni fue legalizada conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, señala que el contrato de trabajo acompañado por la recurrente contiene expresamente la obligación de cotizar en el régimen previsional chileno, lo que sería incompatible con el régimen de exención legal. En derecho, sustenta su posición en los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, así como en el Oficio N° 21.480 de 2017 y en el Oficio N° 12.088 de 2024 de la Superintendencia de Pensiones, los cuales exigen que la cobertura previsional extranjera se acredite con documentos debidamente legalizados o apostillados, y que la voluntad del trabajador de mantener dicha afiliación debe constar de manera expresa en el contrato laboral. Cita además jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones de Santiago y Valparaíso, que han validado la exigencia de un cumplimiento estricto de los requisitos legales. En consecuencia, sostiene que la actuación de la AFP se enmarca en la legalidad vigente, siendo improcedente el recurso intentado.

Tercero: El recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Cuarto: Del mérito de los antecedentes acompañados al recurso, en especial el informe evacuado por la parte recurrida y los documentos acompañados por el actor junto a la acción cautelar deducida, no se advierte que el acto impugnado adolezca de ilegalidad o arbitrariedad.

En efecto, la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. ha fundado su decisión en la inobservancia de los requisitos legales copulativos que establece el artículo 1° de dicha ley, particularmente en lo que se refiere a la vigencia del certificado de afiliación al régimen previsional extranjero y a la falta de manifestación expresa e inequívoca de voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo acompañado.

Respecto del segundo requisito, contemplado en la letra b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, que se refiere a que el trabajador exprese en el contrato de trabajo su intención de mantener la afiliación en el país extranjero, con el anexo del contrato de trabajo, acompañado por el recurrente, en el cual se puede advertir una cláusula que satisface ese requisito, debe darse por verificada esa exigencia.

Quinto: En lo que se refiere al primer requisito, la norma aplicable es el artículo 1° letra a) de la ley precitada, la cual, en lo pertinente, establece lo siguiente:

Artículo 1°: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y…”

Sexto: Pues bien, conforme a lo informado por la recurrida, el documento emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, fue emitido el 29 de mayo de 2023 y tenía una vigencia de 120 días, por lo que, al momento de presentarse la solicitud de devolución de fondos (25 de marzo de 2025), dicho instrumento se encontraba vencido. En este sentido, la exigencia de vigencia del certificado no constituye una carga arbitraria impuesta por la administradora, sino una derivación razonable del deber de verificar la existencia de cobertura efectiva al momento de solicitar el beneficio, conforme a la doctrina administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

A lo anterior, cabe agregar que el certificado electrónico de cotizaciones no logra suplir esa deficiencia, pues no reúne los requisitos establecidos en la Ley 18.156, ya que es un certificado genérico; no señala las coberturas previsionales con las que cuenta el afiliado en su país de origen; no se encuentra firmado por la autoridad que lo emite y tampoco se encuentra apostillado o debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Más aún, no es posible acceder a la página web a la que hace mención.

En esos términos, el recurrente no ha adjuntados los documentos idóneos para acreditar la exigencia contemplada en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, aplicable para estos efectos.

Séptimo: En tal virtud, siendo ambos requisitos copulativos, lo que fluye de la sola lectura del precepto recién reproducido, la no concurrencia de cualquiera de esos supuestos impide dar curso a la solicitud del actor, con lo cual ha de concluirse que la recurrida AFP Modelo, al denegar la devolución de las cotizaciones requeridas por el recurrente, no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, pues se ha limitado a dar aplicación a la legislación vigente, señalando las razones que tuvo para así decidirlo.

Octavo: En consecuencia, el recurso debe ser desestimado, siendo inoficioso ponderar las garantías fundamentales que el actor estima vulneradas.

Por estas consideraciones y con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada en favor de nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Tomás Gray.

N°Protección-8792-2025.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno e integrada por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por el abogado integrante señor Jorge Benítez Urrutia. No firma el ministro señor Rodríguez Moreno por encontrarse ausente.