nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, uno de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado, por haber incurrido en un acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en efectuar descuentos en su remuneración sin su consentimiento, con el objeto de cobrar una deuda que actualmente se encuentra demandada ante el Primer Juzgado de Letras de Ovalle, vulnerando con ello la garantía constitucional del derecho de propiedad, consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 25 de abril de 2018 suscribió un pagaré a favor de la recurrida por la suma de $6.151.990, pagadero en 48 cuotas mensuales. Señala que, por problemas laborales derivados de la pandemia, solo alcanzó a pagar las 13 primeras cuotas. Ante la morosidad, la Caja de Compensación interpuso una demanda ejecutiva en su contra (Rol C-266-2020 del 1° Juzgado de Letras de Ovalle), en la cual se hizo efectiva la cláusula de aceleración, causa que le fue notificada en septiembre de 2020 y que actualmente se encuentra archivada.

Agrega que, desde el año 2022, presta servicios como trabajador dependiente para la empresa Tepsac S.A. en la ciudad de Antofagasta. Relata que en la liquidación de sueldo correspondiente al mes de diciembre de 2025, su empleador le descontó la suma de $343.494 a favor de la recurrida. Arguye que dicho descuento constituye una forma de autotutela inaceptable, toda vez que, al haber optado la Caja por la vía judicial, el crédito se sustrajo de la esfera extrajudicial. Sostiene que no existe orden judicial ni autorización escrita de su parte que habilite el descuento, contraviniendo el artículo 58 del Código del Trabajo. Por tanto, solicita se ordene cesar todo tipo de retención, restituir lo indebidamente descontado y condenar en costas a la recurrida.

Segundo: Que, evacuando el informe requerido, comparece la abogada doña Inés Daniela Riquelme Arao, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando el rechazo de la acción constitucional.

Informa que el recurrente mantiene vigente el crédito social N° 052CON101158113, otorgado el 25 de abril de 2018, el cual presenta morosidad desde la cuota N° 15. Aclara que la interposición de la demanda ejecutiva no obedeció a un acto caprichoso, sino al estricto cumplimiento de la Circular N° 3567 de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), que obliga a las Cajas a iniciar acciones de cobranza judicial no más allá del sexto mes de morosidad cuando la deuda supera las 100 UF.

Sostiene que el descuento por planilla es un mandato legal y un mecanismo especial de recaudación establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, que opera con independencia de la voluntad de las partes para proteger el fondo social. Añade que la reciente Circular N° 3894 de la SUSESO despeja toda duda al respecto, instruyendo expresamente que, en caso de reiniciarse el descuento de cuotas por planilla existiendo un juicio ejecutivo vigente, la Caja simplemente deberá informar al tribunal dichas retenciones en la etapa de liquidación del crédito para rebajarlas del monto total adeudado.

Concluye que la acreencia es exigible, que no existe declaración judicial de prescripción y que el proceder de su representada se ajusta plenamente al marco legal y normativo, no existiendo vulneración al derecho de propiedad del actor.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Es requisito indispensable para que esta acción prospere la constatación de un acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte un derecho indubitado.

Cuarto: Que el acto reprochado por el recurrente consiste en la reanudación de los descuentos efectuados por su actual empleador sobre sus remuneraciones mensuales, originados en la falta de pago de un crédito social otorgado por la Caja de Compensación recurrida, argumentando el actor que la existencia de un juicio ejecutivo previo por la misma deuda inhibe el uso de la vía de descuento por planilla.

Quinto: Que consta en los antecedentes allegados al recurso que es un hecho pacífico la existencia del crédito, la morosidad del recurrente y la interposición de la demanda ejecutiva Rol C-266-2020 ante el 1° Juzgado de Letras de Ovalle.

Al respecto, cabe recordar que el inciso primero del artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone imperativamente que "lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales". Este precepto consagra un mecanismo especial de protección del fondo social, aplicable por el solo ministerio de la ley.

Sexto: Que, respecto de la supuesta incompatibilidad entre la cobranza judicial y el descuento por planilla alegada por el actor bajo la figura de una proscrita "autotutela", cabe tener presente que las Cajas de Compensación operan bajo la estricta supervigilancia de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). La instrucción de iniciar acciones judiciales (Circular N° 3567) constituye una obligación reglamentaria irrenunciable para la acreedora ante deudas de cierta envergadura.

Asimismo, la normativa emanada de la misma entidad fiscalizadora (Circular N° 3894) ha resuelto de manera expresa la concurrencia de ambas vías de recuperación, estableciendo que si durante la sustanciación de un juicio ejecutivo se reiniciare el descuento de cuotas desde las remuneraciones, la Caja tiene la carga procesal de informar dichos pagos al tribunal para que sean rebajados del monto total adeudado. Por consiguiente, la coexistencia del juicio ejecutivo y el descuento legal por planilla no constituye una duplicidad abusiva de cobro, sino el ejercicio concurrente de mecanismos autorizados por el legislador y el ente regulador.

Séptimo: Que, sumado a lo anterior, no existe en la especie resolución judicial firme que haya declarado la prescripción de la acción cambiaria o de la obligación principal, requisito sine qua non exigido por los artículos 2492 y 2493 del Código Civil para que la deuda pierda su eficacia civil. Por el contrario, la existencia del juicio ordinario invocado por el propio recurrente da cuenta de la vigencia y exigibilidad de la obligación. Toda discusión relativa a la liquidación del crédito o imputación de los pagos retenidos por el actual empleador deberá ventilarse en la sede jurisdiccional civil correspondiente, y no por esta vía de urgencia, cuyo objeto no es el de declarar derechos disputados, sino proteger aquellos preexistentes e indubitados.

Octavo: Que, en consecuencia, la actuación de la Caja de Compensación recurrida no reviste caracteres de ilegalidad, toda vez que se ampara expresamente en lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 y en las directrices de la SUSESO; ni puede ser tachada de arbitraria, pues no obedece al capricho de la institución, sino a la aplicación de un procedimiento estándar, legal y reglado para el reintegro de los fondos sociales. No existiendo un actuar antijurídico, no se configura vulneración alguna a la garantía del derecho de propiedad prevista en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-879-2026.