nombre reservado con SERVICIOS DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL

1 Santiago, diez de julio del año dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, en estos autos rol N°8789-2020, con fecha 27 de enero de 2020 comparece doña Lilian Valencia Martínez, abogada, en representación de don nombre reservado, químico farmacéutico, funcionario público del Servicio de Salud Central de Santiago, interponiendo recurso de protección en contra del SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL y de don nombre reservado, abogado del Departamento de Asesoría Jurídica del mismo Servicio de Salud, por los actos arbitrarios e ilegales de haber decretado la suspensión del recurrente, dilatar indebidamente el procedimiento administrativo y no resolver oportunamente la recusación planteada, considerando vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad de trabajo. Solicita que se acoja el recurso y se ordene dejar sin efecto la medida decretada, de suspensión de las funciones del recurrente en el cargo de Encargado de la Unidad de Decomisos, ubicada en dependencias del Hospital San Borja Arriarán, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Central de Santiago.

Fundando la acción constitucional, señala el recurrente que es químico farmacéutico y funcionario público encargado de la Unidad de Decomisos que se encuentra ubicada en dependencias del Hospital San Borja Arriarán, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Central de Santiago.

Explica que con fecha 14 de noviembre de 2019, por medio de Resolución Exenta N°1638 del Servicio de Salud Metropolitano Central, se ordenó por medio de su Directora doña nombre reservado, instruir sumario administrativo para investigar y determinar las eventuales responsabilidades administrativas asociadas a hechos que habrían acontecido en la Unidad de Decomisos del Servicio de Salud Metropolitano Central y se designó Fiscal al abogado don GUILLERMO GONZALEZ PINO, de dotación del Servicio de Salud Metropolitano Central, perteneciente al Departamento de Asesoría Jurídica del mencionado Servicio.

Añade que ese mismo día 14 de noviembre de 2019, el Fiscal designado decretó sin mayor fundamento la suspensión de las funciones del recurrente, amparado en el artículo 136 del Estatuto Administrativo, argumentando dicha medida en lo siguiente:

“1.- Que, por Resolución Exenta N° 1638 de 14 de noviembre de 2019, se ordena instruir sumario administrativo a objeto de investigar actos irregulares en que presuntamente ha tenido participación el Encargado de la Unidad de Decomisos, funcionario Sr. nombre reservado, y que dicen relación con: presencia de restos de sustancias decomisadas botadas en el suelo de la bodega de dichas dependencias y sin envoltorio, ingreso de personas ajenas a las dependencias que no corresponden ni a funcionarios del Servicio o Hospital, ni funcionarios policiales, enmendadura a mano por parte del Sr. nombre reservado, de un documento público como es un acta de recepción para corregir peso de sustancia incautada, presencia de sustancias decomisadas en el escritorio del Sr. nombre reservado, lo cual interrumpe la continuidad de custodia, entre otros hechos, designándose en calidad de Fiscal a don Guillermo González Pino, Abogado del Departamento de Asesoría Jurídica del Servicio de Salud Metropolitano Central.

“5.- Que, esta fiscalía, en uso de sus facultades, en atención a la gravedad de los hechos materia del presente sumario administrativo y del legítimo derecho de presunción de inocencia del denunciado, de garantizar normas mínimas de un debido proceso, principios transversales de nuestro ordenamiento jurídico, estima de suyo pertinente proceder a la suspensión como medida preventiva del funcionario arriba individualizado.”

Señala que lo anterior se basa en supuestos y sin ningún antecedente serio conocido por el recurrente, ni fecha determinada de los hechos, el lugar y hora que se habrían cometido, y supuestamente ejecutados por él, lo cual hace que los cargos sean infundados, arbitrarios e ilegales, los que podrá desvirtuar cuando se dé curso progresivo al sumario administrativo iniciado en su contra y que se encuentra sin tramitación desde el día 18 de noviembre de 2019, cuando el recurrente recusó al Fiscal don Guillermo González Pino y al actuario don nombre reservado.

Añade que, luego de ser notificado por el Señor Fiscal don Guillermo González y el actuario don nombre reservado, el recurrente procedió formalmente y dentro de plazo a recusar tanto al Fiscal como al actuario del Sumario Administrativo, recusación fundada en el artículo 133, letra a) del Estatuto Administrativo, esto es “Tener el Fiscal o el Actuario interés directo o indirecto en los hechos que se investigan”, pues los funcionarios mencionados tienen interés directo para que el resultado de la investigación sea favorable a la solicitud de la investigación elaborada por la Jefa del Departamento de Asesoría Jurídica, ya que también es su Jefatura Directa, lo que provoca un claro conflicto de interés, afectando con ello el debido proceso. Ello, toda vez que la resolución Exenta N°1638 no tiene fechas en que se habrían cometido los hechos, ni ha indicado un periodo de tiempo en específico para investigar, periodo en que el Fiscal don Guillermo González Pino se habría desempeñado como Jefe Subrogante de la Jefatura del Departamento de Asesoría Jurídica, y además, y lo más importante, que el señor Fiscal también se desempeñó como ministro de fe en la misma Unidad de Decomisos, en los procesos de destrucción de las sustancias decomisadas y como jefe directo del recurrente, lo cual involucra a dicho señor Fiscal en los hechos que se pretende investigar, de modo tal que el señor Fiscal no puede garantizar la imparcialidad y las normas mínimas de un debido proceso.

Relata que, desde el 18 noviembre de 2019 no se ha resuelto la recusación que el recurrente ha formulado en contra del Fiscal, lo que genera a éste un grave daño, pues actualmente se encuentra suspendido de sus funciones, debido a que no se da curso progresivo a los autos administrativos y ya que no se resuelve la impugnación del señor Fiscal y la del Actuario, vulnerando con ello el debido proceso y su derecho a ejercer sus funciones en un empleo público, pues no se han cumplido los plazos establecidos por el Estatuto Administrativo y en particular a la Resolución N°510 del año 2013, de la Contraloría General de la República, resolución que ha sido actualizada por Resolución N°50 del año 2017, publicada en el Diario Oficial el día 27 de diciembre del año 2017, sobrepasando largamente los 5 días que la ley y esta Resolución les otorga para evacuar el informe de recusación.

Expone que, semana a semana el recurrente ha estado preguntando al Servicio de Salud Metropolitano Central y al departamento de Asesoría Jurídica del Servicio, respecto a la presentación de impugnación hecha y solo le dicen que no hay novedad en el proceso, que no se ha resuelto la impugnación al señor Fiscal.

Recuerda que el artículo 134 de la ley 18.834 prevé: “Formulada la recusación, el fiscal o el actuario, según corresponda, dejarán de intervenir, salvo en lo relativo a actividades que no puedan paralizarse sin comprometer el éxito de la investigación.

“La solicitud de recusación será resuelta en el plazo de dos días por el fiscal respecto del actuario y por la autoridad que ordenó el sumario respecto del fiscal. En caso de ser acogida se designará un nuevo fiscal o actuario.

“El fiscal o el actuario podrán declararse implicados por algunas de las causales mencionadas en el artículo 133 o por algún otro hecho que a su juicio les reste imparcialidad. En este caso resolverá la autoridad que ordenó el sumario en el mismo plazo indicado anteriormente, en lo relativo al fiscal y éste respecto del actuario.

“Cada vez que se nombre un nuevo fiscal o actuario se notificará al sumariado para los efectos señalados en el artículo 132”.

Indica que la notificación no se ha realizado, ni se ha tenido noticias de ella, lo que da cuenta del actuar arbitrario e ilegal de la autoridad que determinó el sumario administrativo, explicando que el artículo 132 del mismo Estatuto Administrativo, en relación al artículo 134, es claro al señalar que “Los funcionarios citados a declarar por primera vez ante el fiscal, en calidad de inculpados, serán apercibidos para que dentro del segundo día formulen las causales de implicancia o recusación en contra del fiscal o del actuario”. Concluye señalando que han transcurridos dos meses desde que se presentó la recusación hasta la presentación del recurso.

Añade que, la Resolución N°510 del año 2013 de la Contraloría General de la República, la cual ha sido actualizada por medio de Resolución N°50 del año 2017, publicado en el Diario Oficial el día 27 de diciembre del año 2017, establece en su artículo 10 que: “El fiscal instructor deberá siempre actuar con estricta sujeción a los principios que inspiran el debido proceso. Velará por la discreción, rapidez e imparcialidad en todas sus actuaciones”. Por último, el artículo 19 incisos segundo y último de la Resolución de la Contraloría señalan expresamente que: “Formulada la recusación, el fiscal instructor o el actuario, según corresponda, dejará de intervenir, salvo en lo relativo a diligencias que no puedan paralizarse sin comprometer el éxito de la investigación.”. Y agrega el último inciso que: “La solicitud será resuelta, previo informe del recusado, en el plazo de cinco días, respecto del actuario por el fiscal instructor, y respecto de éste último por la autoridad que ordenó la instrucción del sumario administrativo. Si fuere acogida, se designarán en el mismo acto un nuevo fiscal o actuario”.

Concluye que con tales actuaciones se han vulnerado sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N°3, inciso sexto y N°16 de la Constitución Política de la República.

Agrega que los recurridos vulneran el debido proceso, pues no es un proceso racional y justo, ya que rompe con principios inherentes al procedimiento, como son el principio de contradicción, de igualdad de armas, la bilateralidad de la audiencia y aceleración del procedimiento, de modo tal que al no proveer la impugnación que el recurrente ha realizado contra el Fiscal y el actuario, se transgrede su derecho fundamental al debido proceso, pues esta omisión procesal, hasta que no se resuelva, no permite que ejerza su derecho a defensa y, más grave aún, lo mantiene suspendido de sus funciones sin poder trabajar en el servicio por un tiempo que hasta el momento es indefinido, pues al no resolver la impugnación del Fiscal, se rompe con los plazos establecidos y no se da curso progresivo a los autos administrativos, generándole un daño irreparable.

Aduce que, al estar suspendido el recurrente de sus funciones debido a una resolución del Fiscal que se ha impugnado, se le ha impedido el derecho al trabajo, resolución que no tiene ningún fundamento material, ni prueba que haga tomar esa medida disciplinaria tan desproporcionada y arbitraria.

Por último, el recurrente solicita “1.- Que se da lugar a este recurso y se declare por infringido el debido proceso resguardado en el artículo 19 N°3 y la libertad al trabajo y su protección, derecho resguardado en el artículo 19 N°16, de la Constitución Política de la Republica.

“2.- y en consecuencia, dejar sin efecto la medida decretada de suspensión de las funciones de mi representado en el cargo de Encargado de la Unidad de Decomisos, ubicada en dependencias del Hospital San Borja Arriarán, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Central de Santiago.

“3.- Se condene a los recurridos con costas.”

2°) Que, con fecha 26 de febrero de 2020 el recurrido, SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL informó al tenor del recurso, solicitando el rechazo de la acción, con costas.

Expone que el Sr. nombre reservado, de profesión Químico Farmacéutico, se encuentra contratado en el Servicio de Salud, como Profesional Funcionario, 44 horas E.U.S., a contar del 1 de febrero del año 2019, según consta en Resolución TRA N°116675/48/2019, de 12 de marzo de 2019, y dispuesta su prórroga para el año 2020 mediante Resolución Exenta RA N°116675/402/2019, siendo encomendado con la función de “Encargado de la Unidad de Decomisos” de ese Servicio de Salud, mediante Resolución Exenta N°138 de fecha 15 de febrero de 2019.

Explica que la Unidad de Decomisos, cuyo encargado es el recurrente, depende de ese Servicio de Salud y se encuentra ubicada en dependencias del Hospital Clínico San Borja Arriarán. Esta Unidad tiene como función dar efectivo cumplimiento a lo señalado en el artículo 41 de la Ley N°20.000 que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, respecto de la obligación de los funcionarios policiales para incautar drogas presuntivamente consideradas de la especie cannabis sativa, poniendo éstas a disposición, dentro de las veinticuatro horas siguientes, del Servicio de Salud que corresponda. Enseguida, en conformidad con lo establecido en los artículos 41 y 43 de la citada Ley 20.000, el Servicio de Salud iniciará un procedimiento de análisis químico de la sustancia incautada y de destrucción de los comisos, dando cuenta de ello al Ministerio Público.

Señala que esa autoridad tomó oportuno conocimiento sobre graves irregularidades ocurridas en la Unidad de Decomisos del Servicio de Salud Metropolitano Central, respecto de los procedimientos realizados y otras situaciones detectadas en la Unidad referida, la cual se encontraba a cargo del Sr. nombre reservado y respecto de los cuales, presuntamente, ha tenido directa participación el recurrente, entre los que menciona: se encontraron vestigios de sustancias decomisadas en el suelo de la bóveda de las dependencias de la Unidad; se encontraron restos de sustancias sin envoltorio; se encontraron restos de sustancias incautadas en el escritorio del Encargado Sr. nombre reservado; se detectó ingreso a la Unidad a personas ajenas a la institución y a las policías del país; rectificación “a mano” de un instrumento público como es un Acta de Recepción N°1559-2019, alterando el peso de la sustancia incautada en el registro informático de la Unidad, lo cual interrumpe y contraviene los principios y normas que regulan la cadena de custodia de las sustancias ilícitas incautadas, entre otras conductas.

Señala que en razón de la alteración del acta de recepción Nº1559-2019, el Ministerio Público, en Causa RUC N°1900813887-K, ha solicitado al Servicio de Salud que dé cuenta del hecho de haber recibido la cantidad incautada de 5.000 gramos de una sustancia vegetal café, con análisis sistema informático alterado, de la Unidad de Decomisos, lo cual se informa por la Directora de Servicio, mediante Oficio Ordinario N°144, de fecha 31 de enero de 2020, dirigido a la Fiscal Adjunta Fernanda Castillo, de la Fiscalía Local de Maipú, acompañando Informe Confidencial N°1559, que remite protocolo de análisis de muestra química, copia del acta de recepción de la sustancia incautada con la indicación de la cantidad del decomiso recibido en la unidad y copia del acta de destrucción, donde aparece la diferencia flagrante entre la cantidad recibida y la cantidad destruida. Al respecto, se procedió a interponer una denuncia, RUC N° 1901380489-6, en la Fiscalía Centro Norte, por los hechos ocurridos, por cuanto procede que se investiguen en sede penal para los efectos de determinar la ocurrencia de delitos en tales hechos.

Agrega que, en atención a la gravedad de los hechos e irregularidades detectadas y, en consideración a la especial y delicada encomendación que realiza la Ley N°20.000 a los Servicios de Salud, esa Dirección dispuso mediante Resolución Exenta N°1638, de 14 de noviembre de 2019, la instrucción de un sumario administrativo a fin de determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas en los hechos denunciados. En su oportunidad, en el proceso disciplinario referido, se designó en calidad de fiscal a Don Guillermo González, abogado, profesional grado 5° E.U.S., del Departamento de Asesoría Jurídica del Servicio de Salud Metropolitano Central, siendo designado en virtud del grado o jerarquía, según lo previsto en el artículo 129 de la Ley 18.834. El Fiscal designado mediante Resolución Exenta N°1638, de 14 de noviembre de 2019 y notificado de su cometido con esa misma fecha, dispuso la suspensión del Encargado de la Unidad de Decomisos Sr. nombre reservado, como medida preventiva, haciendo uso de sus facultades legales, en atención a la gravedad de los hechos materia del Sumario Administrativo de acuerdo al mérito del proceso, en consideración a los antecedentes que obran en el expediente y con el objeto de garantizar el éxito de la investigación y en resguardo de las normas del debido proceso.

Explica, en relación a la suspensión decretada como medida preventiva en el Sumario Administrativo mencionado, que el Fiscal ha actuado conforme a la ley en el ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 136 del Estatuto Administrativo. Cita a este respecto a la Contraloría General de la República (Dictamen N°73.482 de 2011).

Respecto a lo señalado por el recurrente, al indicar que la suspensión se decretaba “basado en supuestos y sin ningún antecedente serio conocido por esta parte, ni fecha determinada de los hechos, el lugar y hora que se habrían cometido, y supuestamente ejecutados por mi representado lo cual hace que los cargos sean infundados, arbitrarios e ilegales”, hace presente que esto no es efectivo, ya que los actos irregulares son señalados por el propio recurrente en su presentación, quien reconoce que le fueron comunicados en la resolución que decreta la suspensión. Por otra parte, los hechos respecto de los cuales se instruyó el sumario administrativo y se decretó la suspensión del funcionario recurrente son materia de investigación, encontrándose el proceso disciplinario en etapa indagatoria, por lo que sus actuaciones son secretas, aclarando que no se han formulado cargos, por lo que no es posible aducir por el recurrente que “los cargos sean infundados, arbitrarios e ilegales”.

Añade, respecto a lo señalado por el recurrente en cuanto a que la duración o extensión de la medida de suspensión, vulnere o conculque sus derechos, como se aduce en el libelo, tampoco resulta sostenible, porque la Contraloría General ha determinado que el fiscal podrá suspender de sus funciones al o los inculpados como medida preventiva, añadiendo que dicha facultad implica alejar temporalmente al servidor del cargo público que sirve, con el único objeto de asegurar el éxito de la investigación, que no tiene limitaciones en cuanto a su extensión, y que no reviste los caracteres propios de una sanción administrativa (Dictamen Nº86.366 de 2013), en atención a lo cual la medida de suspensión durará mientras la investigación lo exija, y será el fiscal del sumario quien ponderará los hechos objeto de la investigación y su respectivo desarrollo, para determinar si procede o no el cese de la medida, antes del dictamen fiscal que se emita al cierre del proceso disciplinario.

Hace presente que cualquier remisión que se haga a la Resolución Nº510 del año 2013, de la Contraloría General, que Aprueba Reglamento de Sumarios Instruidos por la Contraloría General de la República, resulta improcedente, ya que dicho acto administrativo aplica para la tramitación de los procedimientos disciplinarios instruidos por la Contraloría General, situación que no se da en la especie.

Agrega que mediante Resolución Exenta N°24, de fecha 14 de enero de 2020, fue resuelta la solicitud de inhabilidad presentada por el recurrente, designándose un nuevo fiscal instructor, con el objeto de garantizar un debido proceso para el o los eventuales involucrados y determinar la existencia de la responsabilidad administrativa que corresponda en los hechos investigados, por lo que a la fecha de interposición del recurso, esto es, el 27 de enero de 2017, ya se encontraba resuelta la solicitud de recusación del recurrente, de modo que no resulta efectivo que exista un pronunciamiento pendiente por parte de la autoridad, que pudiera afectar o vulnerar las garantías fundamentales del recurrente.

Alega que, en relación al plazo para la interposición del recurso, los 30 días deben ser contados desde la notificación de la suspensión y en ese sentido, el presente fue presentado extemporáneamente.

Cita jurisprudencia de la Corte Suprema, que se ha pronunciado sobre la naturaleza jurídica de la suspensión de un funcionario en el curso de un Sumario Administrativo, concluyendo que no es posible considerar que ella vulnere sus derechos fundamentales, toda vez que la naturaleza jurídica del acto impugnado carece de la aptitud de vulnerar sus derechos, porque no es un acto terminal.

Agrega que el Servicio se encuentra colaborando en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Centro Norte, quien ha catalogado la investigación como delito de “falta de custodia y rotura de sellos tipificado en el Código Penal y de tráfico tipificado en el artículo 3° de la ley 20.000”, hechos que coinciden con la decisión del Servicio de investigar los hechos denunciados y de considerar que éstos, al menos, revisten caracteres de delito.

3°) Que, con fecha 27 de febrero de 2020, informa al tenor del recurso el recurrido don nombre reservado, abogado del Departamento de Asesoría Jurídica del Servicio de Salud Metropolitano Central.

Explica que mediante Resolución Exenta N°1638, de 14 de noviembre de 2019, se instruye por la Dirección del Servicio de Salud, un sumario administrativo, con el objeto de investigar eventuales irregularidades ocurridas en la Unidad de Decomisos del señalado Servicio y en dicha resolución se le designa en calidad de Fiscal.

Señala que el recurrente, don nombre reservado, de profesión químico farmacéutico, se desempeña en dicha Unidad de Decomisos como encargado de la misma y agrega que la función de esta Unidad consiste en dar efectivo cumplimiento al artículo 41 de la Ley 20.000, que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. En dicha Unidad se recepciona, custodia y destruye la droga cannabis sativa, conocida como “Marihuana”.

Explica que, en la especie, funcionarias de la respectiva Unidad dan cuenta a la autoridad de una serie de irregularidades que suceden en la repartición, aportando antecedentes calificados, que eventualmente podrían significar responsabilidades administrativas y/o penales en la persona del recurrente de protección.

Indica que considerando los antecedentes aportados por las funcionarias denunciantes, en su calidad de Fiscal y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 136 del D.F.L. 29 de 2004, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, adoptó la medida de suspender de sus funciones al recurrente.

Precisa que la medida se dispone atendiendo al éxito de la investigación, teniendo presente lo delicado de la materia y la fe pública depositada en el Servicio Público, tratándose de una Unidad que requiere especial cuidado y desempeño responsable, por quienes están a cargo de su funcionamiento. Agrega que esta medida no tiene limitaciones en cuanto a su extensión, y no reviste los caracteres propios de una sanción administrativa.

Menciona que el recurrente de protección, en uso de sus derechos, procedió a recusar al Fiscal informante y a su Actuario, resolviendo la autoridad tal presentación acogiéndola, mediante Resolución Exenta N°24, de 14 de enero de 2020, designándose un nuevo Fiscal Instructor, determinación ya notificada al recurrente, por lo que en la actualidad ya no desempeña el cargo de Fiscal.

Relata que producto de las denuncias funcionarias, el Servicio de Salud Metropolitano Central puso los antecedentes a disposición del Ministerio Público, denuncia RUC N°19013804489-6, Fiscalía Centro Norte, en actual tramitación e investigación.

Expresa, a mayor abundamiento, que la Corte Suprema, en causa Rol N°29.663-2019, ha señalado que los actos de trámite insertos en un proceso administrativo en curso, no tienen la aptitud de conculcar garantías constitucionales, siendo sólo el acto terminal el que es susceptible de fundar la interposición de un recurso de protección.

4°) Que, para el análisis del asunto planteado en autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

5º) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

6°) Que, en el presente caso, se ha entablado recurso de protección respecto de los que la parte recurrente estima actos arbitrarios e ilegales, consistentes en haber decretado su suspensión de funciones, en el marco del sumario administrativo que se le sigue al interior de la repartición recurrida, en la cual presta servicios, y en dilatar indebidamente el procedimiento administrativo al no resolver oportunamente la recusación planteada respecto del Fiscal y del Actuario. Lo anterior, adicionado con diversos cuestionamientos a la legalidad del procedimiento, pero sin impugnar algún otro acto u omisión en particular, tratándose todos, incluso el recurrido, de actos administrativos intermedios.

En primer término, se ha alegado la extemporaneidad del recurso por el primer recurrido, sobre la base de que el recurso fue presentado excediéndose el término fijado por el Auto Acordado respectivo, contado desde la notificación de la medida de suspensión.

Lo cierto es que el recurso es efectivamente extemporáneo, de acuerdo a lo que se desprende del propio recurso, pues en éste se indica que, notificado el recurrente de la suspensión de funciones, decretada el día 14 de noviembre del año 2019 por el Fiscal designado para instruir el sumario, de inmediato presentó la recusación. Ocurre que esta última es de fecha 18 del mismo mes de noviembre, debiendo entenderse que, al menos en esta última data, ya tenía conocimiento de la medida que reprocha, y el recurso aparece interpuesto el día 27 de enero del año en curso, esto es, habiendo transcurrido un período superior a los dos meses. De este modo, el recurso resulta claramente extemporáneo, a lo menos en lo que dice relación con la impugnación de la resolución de suspensión de funciones que se dictó respecto del recurrente.

Sin embargo, éste también reprocha una omisión, consistente en no resolver la misma recusación y esto, si bien no era efectivo al día 27 de enero, ya que la recusación fue resuelta y acogida mediante Resolución Exenta N°24, de fecha 14 de enero de 2020, designándose un nuevo fiscal instructor, “con el objeto de garantizar un debido proceso para el o los eventuales involucrados, y determinar la existencia de responsabilidad administrativa que corresponda en los hechos investigados…”, ello determina que a este respecto el recurso sí se presentó dentro de plazo, ya que hasta antes del día 14 de enero la cuestión estaba sin resolver, es -.decir, persistía la omisión.

Ahora bien, en relación con el segundo reclamo, y por lo expresado, el recurso sí fue deducido dentro de plazo, de manera que, al menos en este aspecto, se debe desestimar la extemporaneidad alegada.

Sin perjuicio de lo anterior, debido a que al día de la interposición de la acción de autos, ya se había resuelto y acogido la recusación, ello determina que en esta sección ésta haya perdido oportunidad, pues ninguna medida se podría adoptar sobre el particular, en el caso, ciertamente, de estimarse por esta Corte que la omisión pudiera conducir al acogimiento de la acción que se analiza.

En resumen, el recurso resulta extemporáneo en una parte, y en la otra, estando dentro de plazo, perdió oportunidad.

No obstante lo anterior, se harán breves consideraciones sobre el fondo del asunto debatido, que es la suspensión de funciones del recurrente, cuestión que principalmente ha fundado el recurso.

7°) Que, sobre esta materia, lo primero que debe dilucidar esta Corte, en el marco de la acción deducida, que constituye un medio de emergencia o urgencia para atacar actuaciones u omisiones que sean ilegales o arbitrarias, que ocasionen un perjuicio a quien recurre que sea susceptible de remedio jurídico, debiendo además ser vulneratorio de alguna de las garantías constitucionales expresamente protegidas, mencionadas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, es justamente si lo que se denuncia constituye una actuación ilegal o arbitraria.

Y ocurre que la medida disciplinaria de suspensión de funciones está expresamente permitida en el marco de un sumario administrativo, como el que se sigue al recurrente en el seno de la entidad recurrida. Efectivamente, el artículo 136 del Estatuto Administrativo, contenido en la Ley N°18.834, estatuye lo siguiente:

“Artículo 136.- En el curso de un sumario administrativo el fiscal podrá suspender de sus funciones o destinar transitoriamente a otro cargo dentro de la misma institución y ciudad, al o a los inculpados como medida preventiva.

“La medida adoptada terminará al dictarse el sobreseimiento, que será notificado personalmente y por escrito por el actuario, o al emitirse el dictamen del fiscal, según corresponda.

“En caso de que el fiscal proponga en su dictamen la medida de destitución, podrá decretar que se mantenga la suspensión preventiva o la destinación transitoria, las que cesarán automáticamente si la resolución recaída en el sumario, o en alguno de los recursos que se interponga conforme al artículo 141, absuelve al inculpado o le aplica una medida disciplinaria distinta de la destitución. Cuando la medida prorrogada sea la suspensión preventiva, el inculpado quedará privado del cincuenta por ciento de sus remuneraciones, que tendrá derecho a percibir retroactivamente si en definitiva fuere absuelto o se le aplicara una sanción inferior a la destitución.”

Como se advierte del texto reproducido, la ley autoriza en forma expresa la suspensión de funciones respecto del funcionario sumariado, de manera que la que se determinó respecto del recurrente y que reprocha, no puede ser calificada como ilegal en el presente caso, pues tiene un texto de ley que la respalda en forma expresa.

Y en cuanto a la arbitrariedad, no se ha demostrado que esta exigencia de acogimiento del recurso se presente y, por el contrario, de los datos adjuntos al mismo y del texto de los informes evacuados, la suspensión aparece acorde a la gravedad de los hechos indagados al interior del servicio recurrido.

En cualquier caso, no pareciera tampoco la presente ser la vía idónea para impugnar el acto de suspensión, que tiene sus propias vías de reclamo en el marco del mismo sumario administrativo, donde puede abogar incluso en el sentido de que ella sea dejada sin efecto.

8°) Que, por último, tampoco las garantías constitucionales que se han invocado amparan al recurrente, pues se ha basado, en primer término, en el debido proceso, que no se encuentra en el catálogo que contiene el señalado artículo 20 de la Constitución, que menciona el artículo 19 N°3 inciso quinto, referido a materia distinta. En segundo lugar, se ha fundado en el numeral 16, que protege lo “relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación y a lo establecido en el inciso cuarto…”, no siendo ninguno de ellos el caso de la especie.

9°) Que, en resumen, el recurso de autos no puede prosperar, debiendo ser desestimado por haber perdido oportunidad en lo referido a la acusación de no resolverse la inhabilidad que planteó el recurrente, en el marco del sumario administrativo que se le sigue, y por ser extemporáneo en lo tocante a la suspensión de funciones.

Sin perjuicio, además, porque dicha suspensión de funciones se dictó con respaldo legal, en el marco de un sumario administrativo legalmente tramitado, sin que se demostrara la arbitrariedad de dicha medida, esto es, no hay acto ilegal o arbitrario y, finalmente, por no haber ninguna garantía constitucional amagada.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza el recurso de protección deducido por doña Lilian Valencia Martínez, abogada, en representación de don nombre reservado en contra del SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL y de don nombre reservado, abogado del Departamento de Asesoría Jurídica del Servicio de Salud Metropolitano Central.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los antecedentes.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Rol N°8789-2020.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y el Ministro (s) señor Rafael Andrade Díaz.