nombre reservado con nombre reservado

21 Santiago, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, en estos autos rol N°87.800-2020 comparece don Pablo Farías Manríquez, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, funcionario público, cargo cocinero en la Brigada de Aviación del Ejército, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección de garantías constitucionales en contra de don nombre reservado, Comandante del Comando de Personal del Ejército de Chile, con domicilio en domicilio reservado (S) Nº1565/86/SD, de 27 de agosto de 2020, notificada el día 2 de septiembre de 2020; solicita que se acoja el recurso y se deje sin efecto dicha resolución, conforme a los antecedentes que expone.

En relación a los hechos, explica que el 10 de Octubre del año 2019 su representado nombre reservado, fue sancionado en uno de los 9 conceptos a evaluar, durante el periodo comprendido desde el 01 de junio del año 2019 al 31 de mayo del año 2020 -en su hoja de vida- en el concepto de “Conducta”:

“Sanción: CONDUCTA “Es sancionado con 9 (nueve) días de arresto con servicio, por no dar cumplimiento a la Orden BAVE Nº 52, en el sentido de haber sido sorprendido comercializando alimentos particulares (pizzas), preparados en el rancho de tropa, lugar donde el Clase se desempeña como ranchero, actividad que realizó en horario del servicio el día 23.AGO.2019 y utilizando el horno y gas de cargo Institucional, dejando en evidencia un abandono de deberes, como también aprovechar su cargo en beneficio propio, transgrediendo los artículos Nº 12 y 76, incisos 12, 38 y 40, del DNL-911 “Reglamento de Disciplina para las FAs” -2,00 (Menos dos coma cero ptos.), Orden Jal Nº 33 de 10.OCT.2019”.

Hace presente que el origen de este acto sancionatorio radica en la necesidad de ayudar a su padre que, producto de un cáncer gástrico, avanzado etapa 3, se sintió en la obligación de pedir créditos de consumo con cuotas de $114.104 a la Mutualidad Ejército y Aviación, $134.671 a la Caja de Compensación Los Andes y $259.876 al Banco BCI y trabajar fuera de las horas de servicio como nochero, mesero y vender productos de comida rápida para costear los exámenes particulares, remedios y tratamientos alternativos complementarios, obligación moral y sentimental que tiene todo buen hijo de su padre.

Este episodio familiar siempre estuvo en conocimiento de los mandos directos, informado al “Calificador Directo” –al cual le solicitó ayuda social institucional- y al Comandante “Jefe Administrativo y Logístico” nombre reservado –ahora en retiro-, sin respuesta positiva.

El día 23 de agosto del año 2019, al presentarse el nombre reservado a controlar el almuerzo (rancho) que ya se estaba entregando al personal, en ningún momento su representado desconoció que hizo uso del horno -el cual ya estaba caliente y apagado- en beneficio propio, así calentó los encargos (pizzas) para el personal que estaba en comisión y que regresaba a la unidad, contó la historia honestamente, sin ocultar detalles, ni mentir de los motivos que se tuvo para realizar aquella actividad excepcional, para reunir fondos.

Siempre reconoció el hecho, pero no pensó que se consideraría una falta tan grave o gravísima a la disciplina, que ocasionaría ser incluido en la “Lista Anual de Retiro” y por ende, se solicitara su término de llamado al servicio activo. Añade que desde el momento de ser sancionado con 9 días de arresto y -2.00 puntos en conducta, se dio cuenta que la sanción fue extrema y es por eso que firmó la sanción con la observación de “Reconsideraré”, pero no fue recepcionada la impugnación presentada, por sufrir su representado una Epicrisis el mismo día, el cual lo mantuvo interno en el Hospital Militar en el área de Psiquiatría. Después de eso se diagnosticó estrés laboral y reposo por 3 (tres) meses y al regresar, el calificador directo Capitán, no recibió los descargos para solicitar una sanción disciplinaria menos gravosa.

Su representado, funcionario público, lleva más de 15 años en la institución; pero tampoco se consideró la irreprochable conducta anterior, la colaboración sustancial con el esclarecimiento de los hechos o procurar con celo reparar el mal causado, al trabajar en horarios fuera del servicio los fines de semana en las “ollas comunes” que desplegó la Brigada de Aviación en la Sexta Región, producto de la pandemia.

Se refiere a otras instancias para reclamar de la sanción gravosa, señalando que el proceso de calificación termina el 31 de mayo y el artículo 75 del DFL Nº1 de 1997 “Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas” estipula que “El sistema de calificaciones tendrá por objeto evaluar el desempeño funcionario del personal afecto a este estatuto, de acuerdo con las características de su empleo, el grado jerárquico, su especialidad y exigencias del respectivo cargo.

“Las calificaciones servirán de base para resolver la permanencia, la eliminación del servicio o la prórroga del respectivo contrato cuando corresponda, como asimismo, para determinar la procedencia de los ascensos, mandos, destinaciones o comisiones del personal.

“Serán elementos básicos del sistema de calificaciones, la hoja de vida, la hoja de calificaciones y la clasificación del personal.”

El artículo 96 ordena el funcionamiento de los órganos colegiados para la revisión de las hojas de vida que involucran la conducta del funcionario en el periodo anual “Las Juntas de Selección funcionarán en dos (2) periodos de sesiones. En el primer periodo ejecutarán las atribuciones que se señalan en el artículo siguiente (art. 97). En su segundo periodo de sesiones, revisarán aquellos acuerdos del primer periodo cuya reconsideración haya sido solicitada por los afectados.

El artículo 97 precisa: “Corresponderá a las Juntas de Selección en su primer período de sesiones:

“a) Resolver, en única instancia, los reclamos que haya interpuesto el personal en contra de sus calificaciones.

“Las Juntas podrán aceptar o rechazar un reclamo con el sólo mérito de los antecedentes contenidos en la calificación, de los que agregue el reclamante y de los que las propias Juntas estimen necesario considerar.

“b) Estudiar, aprobar o modificar las calificaciones del personal para conformarlas con las hojas de vida y demás antecedentes que obren en su conocimiento, a fin de que dichos documentos reflejen, en la forma más exacta posible, el valer de cada miembro de la Institución.

“c) Clasificar al personal en alguna de las Listas de Clasificación, conforme al mérito de sus calificaciones.

“d) Formar, cuando corresponda, la lista de retiros.”

Expresa que presentó, en su oportunidad:

-Reconsideración, el 20 de julio del 2020, al acuerdo adoptado en el I Periodo de Sesiones de la Junta de Selección, el cual fue Rechazado por Políticas de Personal contenida en la resolución CJE EMGE DPE II/2b (R) Nº 1575/15, de 19 Mayo 2020.

-Apelación, el 30 de julio del 2020, al acuerdo adoptado en el II Periodo de Sesiones de la Junta de Selección, recurso que, al igual que el primero, fue rechazado.

Respecto del perjuicio, señala que el acto ilegal y arbitrario denunciado, al impedir por fuerza mayor entregar los descargos a la sanción impuesta, rechazar el estudio de la sanción en 2 periodos, I y II de la junta de selección del cuadro permanente y de las circunstancias atenuantes de responsabilidad que le asisten, como consecuencia de ello, se le aplica el castigo de ser incluido en “La Lista anual de Retiro y se solicitará su término al llamado activo”.

2°) Que, en lo que dice relación con el derecho vulnerado, el recurrente indica que el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República garantiza la igualdad ante la Ley, de manera que ninguna persona pública ni privada, ni autoridad alguna, pueden establecer diferencias arbitrarias ni discriminatorias que lesionen el principio constitucional y legal de la no discriminación, como ha sostenido la Corte Suprema de Justicia al indicar que la sanción impuesta es desproporcionada y por ello desprovista de la racionalidad que debe orientar a los actos sancionadores de la Administración (Rol Nº 18.729-2019, del 29 de octubre del 2019, Rol Nº 5830-2009, del 10 de diciembre del 2009); en igual sentido la resolución Rol 18.729-2019, al revisar una sanción disciplinaria de un chofer que haciendo uso de un vehículo fiscal y sus respectivas tarjetas de peaje para visitar a su madre, generó un gasto de $15.920.

Agrega que el artículo 19 Nº3 de la Constitución Política garantiza la igual protección de la Ley en el ejercicio de los derechos, y el inciso 5 del mismo número señala “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justas”.

Afirma que en el procedimiento sancionatorio se vulneró su derecho a defensa, que si bien es cierto el plazo para presentar sus descargos, según el Reglamento de disciplina para las Fuerzas Armadas –DNL 911 de año 1951- es de 3 días, nada pudo hacer su representado, interno en el Hospital Institucional del Ejército desde el 11 de octubre del año 2019 y después, con reposo absoluto en su domicilio, hasta ser dado de alta y volver al trabajo, y no fue aceptado su recurso por el calificador directo, –ni aun a pretexto de caso fortuito o fuerza mayor fue aceptado-, vulnerando el principio de contradictoriedad consagrado por la Ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, en su artículo 10.

Añade que el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política, al garantizar el derecho de propiedad en sus diversas especies, indica, en síntesis, que lo que ha ingresado al patrimonio de una persona no puede ser alterado, salvo cuando una ley lo autorice. En este caso su parte, por ser funcionario del Ejército de Chile, pertenece a su dotación permanente, lo que significa que esa calidad está en su patrimonio, amparada y protegida por la garantía en comento, siendo improcedente ser privado de ella, más cuando entre los hechos indicados y la sanción aplicada no existe proporción y es arbitraria, al ser carente de razón.

En virtud de lo expuesto, solicita sea tomada la siguiente medida a fin de restablecer el imperio del Derecho: que se deje sin efecto el acto ilegal contenido en la resolución COP II/3 (S) Nº 1565/86/SD de 27 de agosto de 2020, emitido por el Comandante del Comando de Personal nombre reservado, que dispone la medida de ser “Incluido en la Lista Anual de Retiros” y por consiguiente se solicitará su término de llamado al servicio activo, en contra de su representado don nombre reservado, por ser contraria a derecho al no considerar ninguna de las circunstancias atenuantes que le asisten.

Pide tener por interpuesta Acción Constitucional de Protección de Garantías Constitucionales, en contra de don nombre reservado, Comandante del Comando de Personal del Ejército de Chile, por la dictación de la Resolución COP II/3 (S) Nº 1565/86/SD, de fecha 27 de agosto de 2020, solicitando que se acoja, y se proceda a dejarla sin efecto, por infracción a las garantías constitucionales, con costas.

3°) Que ha emitido el informe solicitado, el recurrido GDB don nombre reservado, quien hace referencia al recurso de protección entablado por el CBl (CPRASA) nombre reservado, RUN N° RUT reservado en contra del Comando de Personal, fundando su acción en una supuesta ilegalidad y arbitrariedad cometida por la Institución, derivada de su inclusión en Lista Anual de Retiros, en adelante indistintamente LAR, correspondiente al periodo de calificación 2019/2020. Ha solicitado que sea dejada sin efecto la Resolución COP II/3 (S) N° 1565/86, de 27AGO2020, que rechazó el recurso de apelación deducido en contra de la decisión institucional de incluirlo en la mentada LAR.

Agrega que funda su acción en una supuesta vulneración de sus garantías consagradas en la Constitución Política, numerales 2° (igualdad ante la ley), 3°, inciso 5° (debido proceso) y 24° (derecho de propiedad) del artículo 19 de la Carta Fundamental, en razón de su inclusión en la Lista Anual de Retiros.

Solicita que sea rechazada la acción cautelar, por carecer de fundamento fáctico y jurídico, de acuerdo a las consideraciones que hace presentes y que expone de la siguiente forma:

a. Sanción recurrida y su extemporaneidad.

b. Fundamento legal de la inclusión en Lista Anual de Retiros.

c. Régimen jurídico aplicable al personal de reserva llamado al servicio activo.

d. Improcedencia del recurso.

e. Garantías presuntamente conculcadas.

4°) Que, en lo referente a la “Sanción recurrida y su extemporaneidad” señala lo siguiente.

a. El recurrente interpuso la acción constitucional en contra de la Resolución COP II/3 (S) N°1565/86, de 27AGO2020, que comunica el Acuerdo de la Junta de Apelaciones del Cuadro Permanente, Soldado de Tropa Profesional y Personal a Jornal Periodo 2019/2020, que rechazó el recurso de apelación deducido en contra de la decisión institucional de incluirlo en LAR.

b. Sin embargo, dice, el actor intenta crear un plazo para reclamar de la sanción impuesta mediante la Orden Reservada N°33 de la JAL CAMPO MILITAR "CACHAPOAL", de 10OCT2019, pues no ejerció los recursos administrativos en su oportunidad, so pretexto de una supuesta situación de salud que le habría afectado mientras se encontraba pendiente el plazo para deducir el recurso. Señala que mediante dicha Orden fue sancionado con nueve (9) días de arresto con servicio y -2,00 (menos dos coma cero cero) puntos.

Afirma el recurrido que se dio cumplimiento al debido procedimiento administrativo sancionatorio, por cuanto el actor fue notificado de la sanción y no ejerció los recursos administrativos, siendo su obligación acompañar los antecedentes a sus recursos que, de manera fundante, pudieran hacer variar la sanción o los plazos existentes para ejercerlos, de conformidad con lo previsto en el artículo 99 del Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas.

c. Mediante la presente acción, el recurrente busca justificar su conducta aduciendo una enfermedad de su padre que lo habría llevado a comercializar “alimentos particulares (pizzas), preparados en el rancho de tropa, lugar donde el Clase se desempeña como ranchero, actividad que realizó en el horario del servicio el día 23.AGO.2019 y utilizando el horno y gas de cargo Institucional, dejando en evidencia un abandono de deberes, como también aprovechar su cargo en beneficio propio, transgrediendo los artículos siguientes del Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas: Artículo 12: “Los militares, de acuerdo con su jerarquía, tienen la responsabilidad del puesto que ocupan, deben cumplir las prescripciones reglamentarias y las órdenes de sus superiores, y hacer uso de iniciativa en aquellos casos no establecidos, pero que obedezcan a razones de necesidad, dignidad u honor.”

“Artículo 76: “Son faltas contra la disciplina, entre otras, las siguientes:

“12) No cumplir una orden superior relativa a asuntos del servicio, siempre que no constituya delito.

“38) Aprovechar de su cargo o empleo en beneficio propio.

“40) Toda otra infracción contra los reglamentos u órdenes de servicio que altere el régimen imperante en las Fuerzas Armadas.”

Más allá de que el actor no acompaña antecedente alguno que dé cuenta de la enfermedad que aqueja a su padre o que el préstamo cuyo descuento de una cuota mensual (que figura en la liquidación de remuneraciones que acompaña a su libelo) haya sido destinado para el tratamiento del padecimiento del padre, nada justifica que haya usado los bienes institucionales para sí o para su beneficio, más aun cuando existía orden expresa al efecto, la que es acompañada por el mismo recurrente. Esta señala: “PAGINA N°7 DE ORDEN BAVE N°52 DE FECHA 14.MAR.2019.

“11. PROHIBE COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS”.

“En conformidad a la visita del Ministerio de Salud debido a que personal de esta Unidad se presentó en un centro asistencial por presentar dolor estomacal, cuyo diagnóstico fue gastroenteritis viral por alimentos elaborados y consumidos en esta BAVE, queda estrictamente prohibida la elaboración y manipulación de alimentos para su comercialización al personal que no cuente con la resolución sanitaria correspondiente, quedando por lo tanto solamente autorizados los casinos que cuentan con la respectiva resolución del Comando de Salud para distribuir solo alimentos conforme a minuta institucional y la concesión civil autorizada por la Subsecretaria de Salud de la Región de O'Higgins.

“Se hace presente, además, que quien sea sorprendido manipulando v comercializando alimentos fuera de los enunciados anteriormente, se expone a las medidas disciplinarias que irroga dicha contravención a la presente orden de carácter permanente.”

A mayor abundamiento, dice, en su libelo el recurrente reconoce los hechos, pero al no haber ejercido la vía recursiva la sanción quedó firme, por lo que tardíamente y habiendo precluido su derecho a impugnarla, pretende accionar, toda vez que esta anotación en su hoja de vida afectó sus calificaciones y clasificación, concluyendo con su inclusión en LAR. La naturaleza jurídica de la acción de protección no es la vía idónea para calificar la potestad discrecional de la autoridad para aplicar una medida administrativa para un caso concreto, por cuanto la función es verificar la oportunidad que tuvo el recurrente de ejercer sus derechos y no calificar la decisión administrativa.

El actor pretende generar una situación artificiosa a partir de su inclusión en la Lista Anual de Retiros, para impugnar la aludida sanción, omitiendo que el artículo 99, inciso final del Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas, contempla la solicitud de prórroga para ejercer la vía recursiva: “Asimismo, si durante la sustanciación de una reclamación no se pudiere, por motivos justificados, cumplir con cualquier trámite dentro del plazo establecido, el Jefe que deba resolverla podrá autorizar en resolución fundada una o más prórrogas. Estas prórrogas deberán los interesados solicitarlas antes de vencido el plazo que se pide prorrogar.” Cuestión que no hizo valer en tiempo y forma.

Luego de citar el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección, afirma que se clarifica cual es el acto realmente recurrido por el Clase, en opinión de su parte.

Por último, dice, todo el fundamento que hace respecto a las garantías conculcadas, dicen relación con la sanción, mas no con su inclusión en LAR.

Añade que en su presentación no existe reproche de ilegalidad o arbitrariedad respecto de la decisión institucional de incluirlo en LAR, sino que lo hace respecto de la sanción aludida, reproche que carece de todo fundamento, sobre todo si se considera que hay un reconocimiento expreso de los hechos por el actor.

Por lo tanto, estima que el acto realmente recurrido es la Orden Reservada N°33 de la JAL CAMPO MILITAR "CACHAPOAL", de 10OCT2019 y no la Resolución COP II/3 (S) N° 1565/86, de 27AGO2020, por lo que solicita que sea rechazada la acción por extemporánea, por cuanto a la fecha de interposición del recurso de protección, había transcurrido con creces el plazo de treinta días.

5°) Que, en cuanto al “Fundamento legal de la inclusión en Lista Anual de Retiros”, precisa:

a. Conforme lo previsto en los artículos 116 y siguientes del Decreto con Fuerza de Ley N°1 (G), de 1997, la Lista Anual de Retiros no solo se conforma con el personal que forzosamente debe ser eliminado de la Institución por sus malas calificaciones, sino que también la inclusión del personal en ella obedece a criterios y reglas previamente dispuestos por la autoridad, y que pueden afectar a cualquier funcionario de la Institución.

b. El artículo 118 del DFL (G) N°1, de 1997, dispone que la Lista Anual de Retiro se formará, sucesivamente, con:

“a) El personal clasificado en Lista N° 4.

“b) Los que hayan sido clasificados por segunda vez consecutiva en Lista N° 3.

“c) Los demás clasificados en Lista N° 3.

“e) Los clasificados en Lista N° 2, y “e) Los clasificados en Lista N° 1.”

c. Aduce que la ley establece la forma, orden y prioridad con que se confecciona la Lista Anual de Retiros, disponiendo el artículo 116 del Estatuto, que las cuotas anuales del personal que deba integrar la LAR se determinan de acuerdo con un estudio técnico y las necesidades institucionales.

d. En este contexto, mediante Resolución CJE EMGE DPE II/2b (R) N° 1575/25, de 19MAY2020, se remitieron las disposiciones de administración de personal para el periodo de Calificaciones 2019/2020, para ser aplicadas por las Juntas de Selección del Cuadro Permanente. Así, el numeral 8° de dicho documento, dispone: “Las Juntas de Selección "deberán" incluir en LAR a la totalidad del personal de CPRASA que se presente en Lista N.° 3 "Condicional" por primera vez, lo anterior con el objeto de retener a aquel personal que efectivamente ha probado tener las competencias necesarias para el desempeño al cual fue llamado, evitando sostener a aquellos que no implican un aporte institucional.” Esta es la disposición que se aplicó al personal CPRASA (personal de reserva llamado al servicio activo), clasificado en Lista N°3, y habiendo sido clasificado el actor en dicha Lista, con un total de 52,50 puntos y nota T/M 5,83, según dan cuenta sus hojas de vida y calificaciones del periodo, se dio cumplimiento a las orden institucional, incluyéndolo en LAR.

e. La introducción del documento hace referencia a los artículos 26, inciso 1° de la Ley N°18.948 y 116, inciso 1° del DFL N° 1, de 1997, por lo que en cumplimiento de estas normas, la Dirección del Personal en conjunto con el Comando de Personal "procedió a desarrollar el proceso de revisión, análisis y evaluación de los antecedentes (...), con la finalidad de elaborar el estudio técnico relativo a los escalafones del Cuadro Permanente, con el propósito de administrar y regular el recurso humano del Ejército, en cuanto a las respectivas dotaciones, aspecto que contribuye al desarrollo y evolución de las diferentes categorías y escalafones derivado de esta condición, la proyección de carrera de la fuerza institucional.”

Agrega que las evaluaciones se realizan en el marco de atribuciones que confiere la ley a las Juntas, según los artículos 97 y siguientes del Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas. Para el ejercicio de las potestades de las Juntas la ley establece que estas podrán formar la Lista de Retiros no solo con aquel personal que pueda ser considerado deficiente, sino que por un correcto desarrollo de la función institucional podrán incluir también al personal que se encuentre clasificado en listas de evaluación superior. También dichos entes colegiados cuentan con atribuciones para estudiar, aprobar o modificar las calificaciones del personal, para conformarlas con las hojas de vida y demás antecedentes que obren en su conocimiento, a fin que dichos documentos reflejen, en la forma más exacta posible, el valor de cada miembro de la Institución.

El referido artículo 26 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas considera que las Juntas de Selección y las Juntas de Apelaciones, como cuerpos colegiados tienen la obligación de abocarse “al conocimiento, estudio y valorización de las calificaciones del personal, elaboración de las listas de clasificación, formación del Escalafón de Complemento y la Lista Anual de Retiro y consideración de las solicitudes de reincorporación”.

En cuanto a la naturaleza de las decisiones que adopten, el mismo precepto dispone que “son soberanas en cuanto a las apreciaciones que emiten sobre la idoneidad, eficiencia profesional y condiciones personales de los calificados, no correspondiendo a otros organismos ajenos a las respectivas instituciones castrenses la revisión de los fundamentos de sus decisiones.”

Acorde con lo anterior la jurisprudencia judicial ha reconocido, en Recurso de Protección Rol N° 36.665-2.012, dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, que el proceso en referencia es el resultado del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad respectiva y en el que se sigue un protocolo especialmente regulado por la legislación. Es decir, las decisiones de estas Juntas deben ceñirse a los mandatos legales y reglamentarios establecidos por la normativa vigente, obedeciendo a necesidades internas y a estándares que escapan a la competencia de los tribunales de justicia. Dicha decisión de incluir al personal en Lista Anual de Retiros se ajusta a derecho, atendido a que ella se funda en necesidades de la institución.

Si bien la ley regula el proceso de evaluación, selección y promoción del personal del Ejército, establece un sistema en que la discrecionalidad juega un importante rol en la calificación, clasificación y selección del personal.

El actor debe comprender que la calificación y clasificación del personal -proceso anual al cual se somete a la totalidad de los funcionarios públicos- supone una evaluación del desempeño, el cual sirve de base, entre otras cosas, para determinar la eliminación del servicio, tal como lo contempla el artículo 75 del DFL (G) N°l, de 1997.

Por último, menciona que la resolución que dispuso la inclusión en Lista Anual de Retiros del recurrente es motivada y fundamentada, tanto así, que le permitió al actor ejercer el correcto procedimiento administrativo de impugnación, a través de un recurso de reconsideración y un posterior recurso de apelación en contra la decisión institucional de incluirlo en LAR, cuestión que no habría podido ocurrir de no contarse con actos fundados y motivados.

6°) Que, en lo que se relaciona con el “Régimen jurídico del personal de reserva llamado al servicio activo” indica lo que sigue:

a. Estima del caso señalar que el personal de las Fuerzas Armadas está constituido, tal como establece el artículo 4° de la Ley N°18.948, "Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas", por el personal de planta, el personal a contrata y el personal de reserva llamado al servicio activo, estableciéndose por ley una diferencia entre el personal.

b. Los artículos 2° letra c) y 3° letra c) del DFL N°1 (G) de 1997 determinan y definen a los tipos de personal que realizan funciones en el Ejército. Así, la segunda de estas disposiciones señala al efecto que “es aquel que no hallándose en servicio activo, es llamado a este, en forma transitoria, para fines de movilización, instrucción, desempeño, cumplimiento de requisitos de ascenso y demás previstos en las leyes y reglamentos sobre reclutamiento y movilización.”

c. Indica que la regulación que hace el Decreto Ley N° 2.306 que "Dicta Normas sobre Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas", permite establecer que el personal de reserva llamado al servicio activo se caracteriza por:

1) Su desempeño, el cual siempre es de carácter temporal; y 2) Su llamado al servicio solo obedece al objetivo de cumplir con determinadas finalidades específicas, establecidas por las necesidades de la Institución.

El plazo por el cual puede ser llamado al servicio se encuentra definido en el artículo 56 del mismo cuerpo legal, estableciendo dos hipótesis. La primera señala que el plazo es de un año, que constituye la regla general; y la segunda, de carácter excepcional, indica que el llamado será por tiempo indefinido o por el lapso que determinen las necesidades institucionales, en caso de ser requerido a petición del interesado.

Aduce que del análisis de los artículos 49 y 56 del indicado Decreto, se infiere que el periodo por el cual se realiza el llamado al servicio activo responde a las necesidades institucionales, las cuales obedecen a estudios técnicos que buscan la optimización de su capital humano, por lo que el término del llamado se funda en las facultades discrecionales sustentadas en base a lo prescrito en el artículo 26 de la Ley N° 18.948, en relación a los artículos 97 letras c) y g), 111 y 116 del DFL (G) N°1 de 1997, corroborado además en los dictámenes de la Contraloría General de la Republica N° 8.133 de 11FEB2010, N° 18.055 de 23FEB2011 y N° 18.169 de 18MAY2017, que reconocen esta facultad de proponer el fin del llamado al servicio por medio de los procedimientos y organismos señalados al efecto, esto es, las Juntas de Selección en sus dos periodos y por la Junta de Apelaciones, las cuales en el ejercicio de su mandato legal se encuentran facultadas para conformar la Lista Anual de Retiros en base a las necesidades de la Institución, y en el mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia administrativa.

Señala que la Institución propone los criterios de evaluación del personal de reserva llamado al servicio activo en base a consideraciones técnicas, sin perjuicio que el proceso del término del mismo llamado y su materialización se realiza por la autoridad investida legalmente de esa potestad.

Sin perjuicio de lo anterior, el criterio de transitoriedad del servicio ha sido corroborado por la Contraloría General de la Republica en su dictamen N°18.169 de fecha 18MAY2017, el que reconoce además la facultad discrecional de la autoridad para determinar la desvinculación del personal por las necesidades de la Institución.

g. El personal de reserva llamado al servicio activo, de acuerdo con el Decreto Ley N°2.306, se materializa por decreto supremo del Presidente de la República a proposición de la Dirección General de Movilización Nacional, por lo que la Contraloría General ha entendido que el término del vínculo jurídico que los une a la Institución debe concretarse de la misma manera, lo que se encuentra reafirmado en los dictámenes N° 16.178, de 2007 y 44.521, de 2010.

h. Conforme a lo anterior, prosigue el informe, el personal de reserva llamado al servicio activo se mantendrá en las filas por el tiempo que se tuvo en vista para su desempeño, según conste en el decreto correspondiente, o bien, durante el tiempo que determine la autoridad designada por ley. Así, las causas por las cuales el personal del cuadro permanente llamado al servicio activo (CPRASA) pueden cesar sus servicios en la Institución se clasifican en:

1) Causales de retiro que dicen relación con el procedimiento calificatorio y que traen como consecuencia la inclusión en Lista Anual de Retiro (LAR).

2) Causales de retiro que no dicen relación con el procedimiento calificatorio, contempladas en los artículos 52 y siguientes de la Ley N°18.948.

3) Causales inhabilidades sobrevinientes contempladas en la Ley N° 18.575.

4) Causal establecida en forma especial para este tipo de personal por el Decreto Ley N°2.360, y que contempla el cese de servicios por el término del llamado al servicio activo.

i. Finalmente, destaca que cualquiera sea la causal que corresponda aplicar para justificar el cese de funciones del personal de reserva llamado al servicio activo, en el caso específico del personal CPRASA, dicho cese de funciones debe formalizarse mediante el correspondiente decreto presidencial. En la especie, dicho cese se verificará con el decreto emanado de dicha autoridad. La resolución que el actor impugna como vulneratoria no es un acto administrativo terminal, sino que tiene carácter de acto trámite, por cuanto quien debe dictar el acto final no es la Institución. El Clase quiere hacer entender a esta Corte que finalizaron sus alternativas de impugnar la decisión de poner término a su llamado al servicio activo, en circunstancias que aún no comienzan a correr los plazos para ello, pues no se ha dictado el acto terminal.

7°) Que, respecto de la “Improcedencia del recurso”, indica lo siguiente:

a. En cuanto a la naturaleza cautelar del recurso de protección, ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de las acciones u omisiones arbitrarias o ilegales que produzcan, privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

b. En la especie no se cumplen las condiciones y requisitos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política para la interposición de la acción constitucional, por cuanto no es la vía idónea para impugnar el acto invocado como arbitrario o ilegal por el recurrente y, por otra parte, porque dicho acto no adolece de tales vicios, porque es evidente que por medio de la presente acción se pretende crear una vía especial de impugnación desvirtuando su propósito.

c. Precisa que el recurso de protección es un instituto procesal de carácter extraordinario, establecido para restaurar el imperio del derecho cuando se han afectado derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política, por intermedio de un acto arbitrario o ilegal.

d. Añade que de la lectura de la acción interpuesta se desprende que el tema planteado es ajeno a la naturaleza cautelar de la acción de protección. Esta naturaleza importa reconocer un mecanismo breve, de emergencia, expedito, rápido e informal, que solucione de manera pronta y eficaz situaciones de hecho o de derecho que requieren de un urgente restablecimiento. Lo contrario implicaría desnaturalizar este tipo de vía proteccionista en su esencia, transformándola en un sustituto de los procedimientos ordinarios y extraordinarios que la ley contempla para tal objeto, y de los cuales conocen los tribunales que la ley establece en el ejercicio de su potestad jurisdiccional.

e. Explica que esta acción se erige como el mecanismo de defensa de derechos por antonomasia, entregando una protección efectiva y eficaz a los derechos fundamentales reconocidos en el texto constitucional, enumerados en el aludido artículo 20.

g. Descarta que la inclusión en LAR adolezca de vicios de arbitrariedad e ilegalidad, por cuanto fue adoptada en ejercicio de las atribuciones legales expresas y fundamentos debidamente ponderados por la Junta de Apelaciones del Cuadro Permanente, Soldado de Tropa Profesional y Personal a Jornal, según explicó.

8°) Que, en cuanto a las “Garantías presuntamente conculcadas”, indica lo que sigue:

Se alegan como amagados los derechos contemplados en los N°s 2° (igualdad ante la ley), 3°, inciso 5° (debido proceso) y 24° (derecho de propiedad) del artículo 19 de la Carta Fundamental, sin que se advierta cómo la resolución de la Junta que se impugna conculca dichas garantías.

i. En relación a la vulneración del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, sobre igualdad ante la ley precisa:

1) El CB1 (CPRASA) nombre reservado no identifica algún acto u omisión arbitraria o ilegal que emane del acto recurrido, pues se limita a señalar que la sanción impuesta es desproporcionada. Al respecto, reitera que el inciso final del artículo 99 del Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas otorga el derecho para solicitar prórroga para ejercer los recursos administrativos, de que el actor no hizo uso. El actor no acompaña antecedente alguno que dé cuenta de la negativa a esa prórroga por parte de la entidad castrense, y ello se debe a que se mantuvo en la inactividad. Es decir, una vez que precluyó su derecho, ejerce por la vía judicial un mecanismo de impugnación.

2) En cuanto a la proporcionalidad alegada, dice que la conducta del recurrente riñe con el principio de probidad administrativa, toda vez que usó bienes institucionales para beneficio propio. Conforme el artículo 52 de la Ley N°18.575, los funcionarios de la Administración Pública deben dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa, que consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

3) No solo existe inobservancia a dicho principio, sino también a las disposiciones citadas en la Orden Reservada N° 33 de la JAL CAMPO MILITAR "CACHAPOAL", de 10OCT2019, por lo que la sanción es congruente con las faltas a la disciplina y a la infracción de los preceptos indicados.

4) Pero, además, dice el informante, todo argumento relativo a la supuesta vulneración de esta garantía, no dice relación con el derecho que ampara el recurso de protección. La sanción fue impuesta por la autoridad que contempla la ley, ajustándose a la normativa vigente.

5) Aclara que la jurisprudencia citada por el actor se refiere a la medida de destitución, lo que no se condice con la sanción que se le impuso. Existe una confusión entre ambos conceptos por parte del recurrente, pues lo que ocurrió en el caso sub lite es que, producto de la sanción, fue calificado con un total de 52,50 puntos y nota T/M 5,83, por lo que fue clasificado en Lista N°3, lo que implicó su inclusión en LAR de acuerdo a las disposiciones institucionales citadas.

6) Por último, hace mención a un fallo del Tribunal Constitucional y concluye que no ha existido vulneración a esta garantía constitucional.

ii. En relación a la transgresión del artículo 19 N°3, inciso 5° de la Constitución Política, sobre el debido proceso.

l) En cuanto a esta garantía supuestamente conculcada, reitera que el CB1 (CPRASA) nombre reservado no identifica algún acto u omisión arbitraria o ilegal que emane del acto recurrido, pues se limita a señalar que no se respetó el debido proceso respecto de la sanción impuesta, al verse impedido de ejercer la vía recursiva. Para efectos de economía procesal, aduce que es aplicable el inciso final del artículo 99 del Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas, que otorga el derecho a solicitar prórroga para ejercer los recursos administrativos, cuestión que no realizó el actor.

2) En cuanto al acto supuestamente recurrido, del cual se vale el actor para crear un plazo especial de impugnación, agotó la vía recursiva, por lo que hubo total observancia al debido proceso.

3) Precisa que la jurisprudencia ha sostenido que la garantía fundamental que se estima amagada, consistente en infracción o inobservancia al debido proceso administrativo, no aparece garantizada por la acción de protección, sino que solo se limita a la garantía al juez natural. Conforme lo previsto por el artículo 20 de la Carta Fundamental, lo que se protege es la garantía que consiste en que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho, y ha sido la autoridad competente la que ha dictado el retiro temporal.

iii. En relación a la vulneración del artículo 19 N°24 de la Constitución Política, sobre el derecho de propiedad, expresa:

1) El recurrente reclama un derecho de propiedad sobre la función que desempeña, la que califica como permanente.

2) Señala que de acuerdo al capítulo desarrollado en torno al régimen jurídico aplicable al personal de reserva llamado al servicio activo, el personal CPRASA “es aquel que no hallándose en servicio activo, es llamado a este, en forma transitoria, para fines de movilización, instrucción, desempeño, cumplimiento de requisitos de ascenso y demás previstos en las leyes y reglamentos sobre reclutamiento y movilización.” Es decir, no forman parte de la planta institucional, siendo sus funciones de carácter transitorio.

3) Reitera que el término al llamado al servicio activo, se verifica mediante el decreto emanado del Presidente de la República, por lo que mientras no le sea notificado dicho acto administrativo, continuara desempeñando funciones en la Institución.

4) Destaca que la jurisprudencia ha sostenido que no puede entenderse afectado el derecho de propiedad respecto de quien tiene la calidad de funcionario público, pues solo existe a su respecto una expectativa sobre el cargo o función pública.

5) Asimismo, dice, se ha sostenido que el “derecho a la función pública no puede ser objeto de propiedad, como lo pretende el recurrente, toda vez que no se trata de una cosa corporal o incorporal, según los términos que se desprenden de los artículos 565, 566 y 567 del Código Civil. En consecuencia, no queda protegido por la garantía del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental.” (Sentencia dictada en Recurso de Protección Rol N° 386-2013, por la Corte de Apelaciones de Valdivia y confirmada por la Corte Suprema, en autos Rol N° 4126-2013).

9°) Que, atendido lo expuesto, solicita que se declare que no ha existido vulneración de derechos y garantías constitucionales del recurrente por parte de la autoridad recurrida, ya que los hechos alegados como arbitrarios e ilegales se han enmarcado en el ejercicio de potestades válidamente conferidas, solicitando que la acción de protección deducida sea rechazada en su totalidad, desestimando la condena en costas.

Pide tener por evacuado el informe, el que ha sido elaborado por el ente técnico en materia de personal del Ejército de Chile.

10°) Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

11º) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

12°) Que en el presente caso ha recurrido de protección don Pablo Farías Manríquez, abogado, en representación de don nombre reservado, funcionario público, cargo cocinero en la Brigada de Aviación del Ejército, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, en contra de don nombre reservado, Comandante del Comando de Personal del Ejército de Chile, en razón de haberse dictado la Resolución COP II/3 (S) Nº1565/86/SD, de 27 de agosto de 2020, mediante la cual se desestimó la apelación interpuesta en contra de lo resuelto previamente por la Junta de Selección, que a su vez había confirmado la calificación de dicho funcionario, efectuada por su calificador directo y la decisión de incluirlo en la lista anual de retiros, “LAR”.

En muy breve síntesis, afirma que presentó, en su oportunidad:

a) Reconsideración, el 20 de julio de 2020, al acuerdo adoptado en el I Periodo de Sesiones de la Junta de Selección, el cual fue Rechazado por Políticas de Personal, contenido en la resolución CJE EMGE DPE II/2b (R) Nº 1575/15, de 19 Mayo 2020.

b) Apelación, el 30 de julio de 2020, al acuerdo adoptado en el II Periodo de Sesiones de la Junta de Selección, el cual, al igual que el primero, fue rechazado, y éste último, mediante la resolución que se ha recurrido.

Acusa que este acto es ilegal y arbitrario, al impedir por fuerza mayor entregar los descargos a la sanción impuesta, rechazar el estudio de la sanción en dos periodos, I y II de la Junta de Selección del cuadro permanente y de las circunstancias atenuantes de responsabilidad que le asisten, y como consecuencia de ello, se le aplica el castigo de ser incluido en “La Lista anual de Retiro y se solicitará su término al llamado activo”.

13°) Que, en primer lugar, corresponde el rechazo de la alegación de extemporaneidad presentada por el recurrido, debido a que, formalmente, se ha entablado el recurso en examen en contra de la resolución ya individualizada, para lo cual disponía de plazo, siendo cuestión distinta que la pretensión del recurso, en el fondo, apunte a todo el procedimiento administrativo que precedió a dicha resolución, incluida la aplicación de la medida disciplinaria que finalmente fue la que motivó su calificación negativa e inclusión en la lista anual de retiro, pues como se ha visto, gran parte de sus alegaciones se relacionan con la sanción que se impuso en su oportunidad, por el motivo que ya quedó dicho, respecto de la cual no recurrió en su oportunidad, pretendiendo hacerlo por medio del recurso, lo que por cierto es improcedente.

14°) Que cabe señalar, luego de todo lo expuesto, que el recurso en examen excede con creces el marco que a su respecto establecen tanto la Carta Fundamental cuanto el Auto Acordado sobre la materia, de la Corte Suprema de Justicia. Su naturaleza es la de una acción de carácter extraordinario, de naturaleza cautelar, para intentar poner remedio jurídico a situaciones de alteración de alguna de las garantías constitucionales protegidas, amagada/s por un acto ilegal o arbitrario, mediante la adopción de medidas inmediatas de restauración, lo que no es el caso de la especie. Efectivamente, el que se ha traído a conocimiento de esta Corte por medio del recurso que se examina, no constituye un asunto de emergencia, sino que simplemente se trata del uso del arbitrio o acción constitucional de protección como si se tratara de un recurso jurisdiccional ordinario, entablado contra una Resolución que desestimó la apelación contra lo decidido previamente por una de las autoridades que participa en el proceso calificatorio a que se someten todos los miembros del Ejército de Chile, la Junta de Selección, que a su vez había mantenido la decisión del calificador inicial. Fue calificado en lista N°3 y propuesto para la lista anual de retiros, tal como se ha indicado con reiteración, todo lo cual ocurrió por medio de un largo proceso calificatorio.

Entonces, el recurso presentado pretende revertir la calificación en lista N°3 y la inclusión en la lista anual de retiro del recurrente, quien forma parte del personal de reserva llamado al servicio activo, lo cual ha sido el resultado de todo un largo procedimiento administrativo que culminó con la calificación del recurrente en dicha lista N°3 y, repitiendo, su inclusión en la Lista Anual de Retiro, cuya naturaleza, en todo caso, no es el de una sanción, como ha sido presentado en el recurso, pretensión que no puede conseguir por medio del recurso de que se conoce.

El propio recurrente aduce que no entabló los recursos administrativos correspondientes, en contra de la sanción que se le impuso y que fue la que motivó dicha calificación e inclusión en lista de retiros, y ahora, cuando ya su derecho caducó, pretende impugnarla aduciendo vicios administrativos, de los cuales esta Corte no solo no está en condiciones de conocer por haberse excedido el plazo pertinente, sino que no existen antecedentes para que ello pudiere siquiera ser considerado.

De esta forma, simplemente se está frente al uso indebido del recurso de protección, ya que no se presenta a propósito de enfrentarse una eventualidad de urgencia o emergencia, por lo que, de ser acogido, produciría el efecto de que esta Corte intervendría, también indebidamente, en un proceso calificatorio tan delicado como puede ser nada menos que el de una de las ramas de las Fuerzas Armadas, en el cual, como es obvio, participa gran cantidad de personas pertenecientes al propio Ejército de Chile. Dicho proceso calificatorio, que condujo a la situación que se reprocha, se funda en un hecho real y objetivo, como lo es que el recurrente fue objeto de una sanción administrativa, que implicó incluso su arresto, la que se encuentra cumplida. Ello determinó que obtuviera bajo puntaje en la calificación, por lo que su calificador directo le impuso lista N°3, e inclusión en lista de retiros. De ello, acudió ante la instancia superior, que corresponde a la Junta de Selección, la que desestimó su arbitrio. No contento con ello, pidió reconsideración de la medida, la que fue también rechazada, para por último apelar, apelación igualmente rechazada mediante la resolución que se intenta impugnar, formalmente, mediante el recurso en examen.

15°) Que, sin perjuicio de lo antes señalado, hay que afirmar que no se advierte que la actuación del Ejército de Chile, a través de los organismos que se han indicado y en particular al dictarse la resolución formalmente recurrida, haya vulnerado la normativa vigente y que le resulta aplicable o que haya sido gobernada por el simple capricho, de modo tal que deben descartarse los reproches de ilegalidad y arbitrariedad que se le dirigen en el recurso.

En efecto, de acuerdo a la normas del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas la lista anual de retiro no se forma únicamente con el personal que es eliminado de la institución en razón de su calificación deficiente, sino que también se incluye en ella a cualquier funcionario que se halle en ciertas hipótesis que ha previsto la autoridad. En específico, el artículo 118 dispone que la lista anual de retiros se formará, sucesivamente, con a) El personal clasificado en Lista Nº4; b) Los que hayan sido clasificados por segunda vez consecutiva en Lista Nº3; c) Los demás clasificados en Lista Nº3; d) Los clasificados en Lista Nº2, y e) Los clasificados en Lista Nº1.

Incluso, el artículo 122 contempla que si con el personal clasificado en Lista Nº2 no se alcanzare a completar la cuota fijada, se procederá a incluir al personal clasificado en Lista Nº1. Para este efecto -agrega el precepto-, deberá formarse, por votación de los miembros de la Junta de Selección, una lista previa con la cantidad de personal suficiente para poder completar la cuota, eligiéndose por votación directa de entre los incluidos en ella, a aquel personal que deberá integrar la lista de retiros.

Ahora bien, diversas otras disposiciones tanto del referido Estatuto contenido en el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1997 del Ministerio de Defensa Nacional, como del Decreto Supremo N°204 de 1969 y de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, regulan el protocolo que ha de seguir la autoridad respectiva en el proceso de formación de la lista anual de retiros, sin perjuicio de la discrecionalidad que a ésta también se le reconoce.

16°) Que, finalmente, debe señalarse que la decisión que mantuvo la calificación o clasificación del recurrente en lista N°3 y que dispuso su inclusión en la lista anual de retiros, se halla suficientemente fundada y cumple con ello las exigencias que impone la Ley N°19.880, pues se funda en la existencia de una sanción motivada por un hecho grave, de modo tal que, en tales circunstancias, cabe concluir que ninguna ilegalidad ni arbitrariedad puede atribuirse a la autoridad, sino que, por el contrario, aparece que el Ejército de Chile ha obrado de acuerdo al ordenamiento jurídico que lo gobierna y sobre la base de criterios técnicos de carácter objetivo.

Por las razones expuestas y al no configurarse los supuestos a autorizan a otorgar la protección que se impetra, el recurso debe ser declarado sin lugar, circunstancia que permite obviar el examen de las garantías constitucionales que fueron invocadas en este caso.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre tramitación de recursos como el de la especie, se declara que se rechaza la acción de protección entablada por don Pablo Farías Manríquez, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de don nombre reservado, Comandante del Comando de Personal del Ejército de Chile, por la dictación de la Resolución COP II/3 (S) Nº1565/86/SD, de 27 de agosto de 2020.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los autos.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Rol N°87.800-2020.

No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma el Ministro señor Carreño, por ausencia.