ALDEASA CHILE LIMITADA con EQUIFAX CHILE S.A

Santiago, cinco de noviembre de dos mil quince.

Vistos:

A fojas 1 comparece doña nombre reservado, española, abogada, con domicilio en domicilio reservado, en representación de Aldeasa Chile Limitada, empresa del giro retail, de su mismo domicilio, recurriendo de protección contra Equifax Chile porque, según expresa, esta última habría publicado una supuesta factura impaga y espuria en contra de su empresa, conjuntamente con un cuadro denominado “Evolución del Predictor Empresarial”, proceder que califica de ilegal, arbitrario y abusivo.

Explica ALDEASA suscribió un contrato de prestación de servicios de seguridad con la empresa “Sociedad de Seguridad y Servicios Integrales Universal Ltda.”, la que se obligó a proporcionarle servicios de guardias privados de seguridad durante las 24 horas del día, frente a situaciones de contingencia, como el llamado “robo hormiga”. Afirma que los resultados de la vigilancia contratada fueron deficientes, lo que aumentó las quejas internas y el faltante de inventario por los pequeños robos efectuados por personas deshonestas. Las quejas incluían reparos al comportamiento de los guardias, tales como dormir en horas de trabajo, atrasos en la hora de llegada, juego con los celulares y abandono de las tiendas antes del horario de salida, lo que fue puesto en conocimiento de la empresa de seguridad a través de diversos mail. Así, ejerciendo la facultad prevista en el contrato, por carta de 08 de junio de 2015 puso término a esa relación contractual. Sin embargo, ese mismo día 08 de junio de 2015, Universal Ltda., extendió la factura N° 2075, por la suma de $25.198.814, equivalente a dos meses de servicios, siguientes al término del contrato, cuando a lo más debió ser por los 8 días trabajados efectivamente durante el mes de junio de 2015.

Sucede que “Universal Ltda.” sorprendió a la recurrida porque el día 26 de julio de 2015 solicitó la publicación de esa “aparente morosidad”, en circunstancias que derivaba de una factura ilegalmente extendida, no pagada por carecer de causa, con cuya emisión fueron vulneradas las estipulaciones del contrato celebrado con “Universal Ltda.”. Agrega que “Evidentemente, la recurrida de autos, al leer el mencionado contrato entre las partes, debió percatarse que cobrar dos meses por adelantado y sin trabajar, no tenía fundamento alguno”, de manera que no debió efectuar la publicación ni incluir el predictor de riesgo asociado a la misma. Al margen de ello y haciendo notar ciertos errores en que se habría incurrido en la publicación, relata que efectuó gestiones encaminadas a obtener que la recurrida aclarara y eliminara tal morosidad, recibiendo como respuesta que Equifax comunica “el citado documento, conforme a la normativa legal vigente ya que éste se encuentra recepcionado (sic) por su representante y no fue reclamado dentro del plazo de 8 días que indica la ley 19.983” (correo electrónico de 31 de agosto de 2015).

A su entender la actuación de la recurrida sería arbitraria, por infundada, e ilegal porque infringe el artículo 17 de la Ley 19.628, de lo que se sigue que está siendo privada, perturbada y amenazada en el ejercicio de varios de sus derechos constitucionales, a saber, numerales 3, 4, 16, 21, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Como medida de protección pide ordenar que Aldeasa Chile Ltda. sea eliminada del Registro de deudores morosos de Equifax Chile S.A., con expresa condenación en costas.

A fojas 118 la Sociedad Equifax Chile Limitada (EQUIFAX) evacua su informe. Pide el rechazo del recurso de protección y plantea las siguientes alegaciones:

1.- Extemporaneidad: La recurrente sabía de la existencia de la publicación de una factura informada como morosa por la Sociedad de Seguridad y Servicios Integrales Universal Limitada, al menos desde el 15 de agosto de 2015, fecha en que le envió un correo solicitando que la data fuera eliminada. El recurso en cuestión fue presentado con fecha 30 de septiembre de 2015, por lo que había transcurrido con creces el plazo previsto para el efecto;

2.- En cuanto al fondo: Equifax no está obligada a hacer un examen de razonabilidad de la deuda ni a investigar su efectividad. Ejecuta su actividad comercial al amparo del artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, actuó en su giro propio. No es un acto ilegal que una empresa procese y transmita antecedentes comerciales aportados por terceros. De acuerdo a la información entregada por Universal Limitada, con relación a la factura en cuestión, irrevocablemente aceptada en los términos del artículo 3° de la Ley 19.983 y 160 del Código de Comercio, procedió a incluirla y tratarla. Por lo tanto, no hay ninguna arbitrariedad, puesto que su conducta obedeció al cumplimiento de una obligación nacida de un contrato válidamente suscrito con la requirente.

En el recurso se menciona como ilegalidad una infracción al artículo 17 de la Ley 19.628, pero esa normativa no es aplicable a las personas jurídicas, dado que protege a las personas naturales. Entonces no existe ilegalidad y tampoco arbitrariedad, ya que no actuó por mero capricho, sino en cumplimiento de una obligación contractual asumida con el aportante de la información.

A fojas 133 se ordenó traer los autos en relación y se dispuso la agregación extraordinaria de esta causa en la tabla de la Duodécima Sala.

Considerando:

I.- Sobre extemporaneidad Primero: Debe recordarse que el artículo 1° del Auto Acordado respectivo prescribe que esta clase de acciones deben ejercerse dentro del plazo de treinta días corridos “contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión”. Pues bien, del escrito de fojas 1 se colige que lo reclamado es la negativa de “Equifax” de eliminar la publicación de morosidad de la factura N° 2075, decisión comunicada a la recurrente por medio del correo electrónico de fojas 61, enviado el 31 de agosto de 2015. Por lo tanto, el plazo tiene que computarse desde esa fecha y, contado desde ahí, resulta que el recurso fue oportunamente presentado, ya que ingresó a esta Corte el día 30 de septiembre de 2015;

II.- Sobre el fondo del asunto Segundo: El llamado recurso de protección corresponde a una acción de carácter constitucional destinada a proteger el legítimo ejercicio de ciertos derechos fundamentales, frente a menoscabos derivados de acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario, en las que pueden incurrir autoridades o particulares. Por ende, la cualidad de ilegal o arbitraria de la actuación reprochada es condición indispensable para su éxito o procedencia;

Tercero: Como se dijo, lo cuestionado se refiere al mantenimiento de una publicación de morosidad relativa a una factura emitida a la recurrente (N° 2075, de 8 de junio de 2015, con vencimiento al 08 de julio de 2015), por la suma de $25.052.750, más IVA, conforme a los rubros que se especifican en las glosas respectivas. Se tacha de arbitrario el proceder de Equifax porque esa factura se habría emitido sin causa, sin servicios prestados de por medio y en infracción al contrato celebrado con la emisora, aduciéndose –inclusive-, que de haber leído ese contrato la recurrida “debió percatarse que cobrar dos meses por adelantado y sin trabajar, no tenía fundamento alguno”. Además, se postula que habría ilegalidad, porque se infringió lo establecido en el artículo 17 de la Ley 19.628;

Cuarto: Por lo pronto, es preciso poner en relieve que la recurrente no ha demostrado que hubiera reclamado del contenido de esa factura, de manera que -para estos fines-, los terceros pueden considerarla como un título de crédito. Desde esa óptica, no parece razonable imponer a la recurrida la exigencia de indagar la efectividad de la deuda ni menos que deba llevar a cabo un examen o interpretación del contrato que pudo generarla, de manera que no cabe atribuirle en ello alguna actuación arbitraria. Naturalmente, tampoco puede hacerse cargo Equifax de las “ilegalidades” o de las supuestas contravenciones al contrato celebrado por la recurrente con un tercero ni resulta procedente que esas discrepancias sean abordadas o dilucidadas a través de esta vía meramente cautelar, menos aun si se tiene en cuenta que la acción constitucional no ha sido enderezada contra ese tercero;

Quinto: En lo que se refiere a la ilegalidad, sustentada en la infracción del artículo 17 de la Ley 19.628, ha de indicarse que esa normativa versa sobre la protección de la vida privada. Por lo mismo, responde a un mecanismo de garantía específico para un derecho esencial que emana de la dignidad humana. Como tal, sólo resulta pertinente y aplicable a las personas físicas, como lo dejan en evidencia –por ejemplo-, el artículo 2°, letras f), g) y ñ); y el artículo 10 de dicha ley. En consecuencia, no se produce la ilegalidad sostenida por la recurrente.

Sexto: En las condiciones apuntadas no puede prosperar la acción constitucional ejercida.

Por estas razones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema atingente a la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto en lo principal de fojas 1.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante señor Torres Zagal, quien estuvo por acoger el recurso de protección de fojas 1, fundado en la vulneración de las garantías constitucionales del artículo 19 números 3 y 21 de la Constitución Política, disponiendo la eliminación de la factura en el registro de EQUIFAX, por las siguientes consideraciones:

Primero: Que es un hecho indubitado, pues lo ha reconocido la recurrida, que Equifax Chile Ltda. Publicó en el Registro de Protestos y Morosidades, conocido comúnmente como EQUIFAX, la existencia de una deuda de la recurrente, que se originaría en el supuesto incumplimiento de un contrato de prestación de servicios de seguridad suscrito entre ADELASA y Sociedad de Seguridad y Servicios Integrales Universal Ltda., consistentes en el suministro de guaria de seguridad, el que motivó la emisión de la Factura N° 2075, de fecha 8 de junio de 2015, por $25.052.750.- Segundo: Que aún sin existencia de norma legal alguna, es de toda evidencia que las informaciones comerciales sobre protestos y morosidades, tanto de personas naturales como jurídicas, solo pueden incluir el protesto, o la falta de pago de títulos de crédito o de obligaciones de pagar una suma de dinero indubitadas y actualmente exigibles por la sola naturaleza del instrumento en que constan, y de ninguna manera el supuesto incumplimiento de obligaciones que emanan de contratos en general, cuya exigibilidad requiere el pronunciamiento previo, declarativo, de un órgano jurisdiccional competente.

Tercero: Que así lo dispone la Ley Nº 19.628 sobre protección de la vida privada y que dice relación con la protección de datos de carácter personal, la cual establece, en su Artículo 2º, que las empresas de registro e información pública de datos comerciales sólo pueden comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero o bancario o comercial cuando estas consten en letras de cambio y pagarés protestados, cheques protestados por falta de fondos, por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa, como asimismo el incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios y de prestamos y créditos otorgados por bancos, sociedades financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorro y crédito, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común, y de administradoras de créditos otorgados para compras en casas comerciales, más aquellas otras obligaciones de dinero que determine el Presidente de la República mediante decreto supremo, las que deberán estar sustentadas en instrumentos de pago o de crédito válidamente emitidos, en los cuales conste el consentimiento expreso del deudor u obligado al pago y su fecha de vencimiento.

Cuarto: Que si bien esa ley tiene por objeto la protección de los datos privados de las personas naturales, ninguna razón jurídica ni lógica hay para entender que, por dicha circunstancia, sea lícito incluir en los registros públicos de protestos y morosidades, informaciones comerciales relativas al supuesto in cumplimiento de obligaciones contractuales de personas jurídicas, cuya exigibilidad debe ser previamente declarada por un tribunal de justicia. Afirmar lo contrario implicaría dejar entregada a la institución encargada de la mantención de dicho registro, la potestad de determinar qué contratos y obligaciones correlativas se encuentran incumplidos y cuales no y qué obligaciones, que puedan emanar de ellos, son exigibles; o peor aún, dada la insistencia de la recurrida en pedir el informe de la empresa solicitante de la publicación, a que sean las propias partes de tales contratos las que puedan hacerlo, lo que es evidentemente excesivo.

Quinto: Que, en el caso que es objeto del presente recurso, esta claro que la empresa recurrida, arbitrariamente se arrogó la potestad de determinar si un contrato entre partes se encuentra cumplido o no, facultad que esta reservada a los tribunales de justicia de acuerdo a las normas del debido proceso, como lo determina a garantía constitucional prevista en el Nº 3 del Art. 19 de la Constitución Política del Estado de Chile, garantía que ha sido infringida.

Sexto: Que por la actuación que es objeto de este recurso, también resulta infringida, como lo sostiene la recurrente, la garantía constitucional prevista en el Nº 21 del referido Artículo 19 de la Constitución, desde que la inclusión de una persona, natural o jurídica, en el referido Registro de Protestos y Morosidades (EQUIFAX), produce como ineludible consecuencia la restricción de su acceso al crédito, sin perjuicio de introducir, además, un factor de desconfianza en el ámbito de los negocios, que afecta su capacidad para la celebración de negocios jurídicos y el desarrollo de sus actividades económicas, en general, ya que además en este caso se incluye la morosidad en la factura en cuestión en el índice de solvencia del deudor.

Redactó el ministro señor Astudillo, quien no firma por ausencia; y el voto de minoría de su autor.

Regístrese y oportunamente archívese.

Rol N° 87.785-2015.- Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich y por el Abogado Integrante señor Oscar Torres Zagal.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a cinco de noviembre dos mil quince, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.

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