nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Daniel Esteban Ortega Cadena, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, trabajador, e interpone recurso de protección en contra de AFP Modelo S.A., por estimar que ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada al amparo de la Ley N° 18.156, luego de haber comunicado previamente su aprobación, solicitando que se deje sin efecto dicha decisión y se ordene dar curso a la devolución de sus fondos previsionales.

Expone que su representado se desempeña en Chile para la empresa Saboraid Pet S.A., manteniendo contrato de trabajo indefinido que incorpora la cláusula de mantención de afiliación previsional extranjera exigida por la Ley N° 18.156 y que posee el título de Técnico Superior Universitario en Administración de Aduanas, cumpliendo la calidad de técnico exigida por dicha normativa. Señala que el 23 de enero de 2026 ingresó ante AFP Modelo una solicitud de devolución de fondos previsionales, folio N° 1259, y que al día siguiente recibió un correo electrónico institucional informándole que el trámite había sido aprobado, generándose la expectativa de que la devolución sería pagada dentro de los plazos legales.

Agrega que, sin embargo, el 9 de febrero de 2026 tomó conocimiento, mediante un nuevo correo electrónico, que la solicitud había sido rechazada por estimarse insuficiente la constancia de afiliación al sistema previsional venezolano, al no encontrarse legalizada y actualizada. Indica que acompañó una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, verificable mediante código electrónico, y sostiene que la exigencia de legalización consular resulta materialmente imposible o extraordinariamente gravosa debido a la suspensión de los servicios consulares venezolanos en Chile. Afirma que la recurrida incurrió en una actuación contradictoria, vulnerando el principio de confianza legítima y sus propios actos, afectando las garantías de igualdad ante la ley y del derecho de propiedad consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita acoger el recurso en todas sus partes.

SEGUNDO: Que informa AFP Modelo S.A. solicitando el rechazo del recurso, con costas. Expone que la devolución de fondos prevista en los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156 constituye un régimen excepcional, cuyos requisitos son copulativos y deben acreditarse en la forma exigida por la ley, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, cuyas directrices son obligatorias para la administradora. Señala que el recurrente presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, acompañando su título profesional, una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y su contrato de trabajo con anexos. Indica que, revisados los antecedentes, se le requirió aportar un certificado de afiliación al sistema previsional extranjero, por estimarse insuficiente la constancia electrónica acompañada. Agrega que la solicitud fue finalmente rechazada por dos razones: primero, porque la constancia electrónica de cotizaciones no constituye un certificado de afiliación emitido por la institución de seguridad social competente, no acredita específicamente la cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte y, además, carece de legalización o apostilla, incumpliendo las exigencias previstas en la Ley N° 18.156, el Compendio de Normas y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones; y, segundo, porque el contrato y su anexo contienen una cláusula contradictoria, ya que, si bien manifiestan la voluntad de mantener la afiliación al sistema previsional venezolano, al mismo tiempo autorizan al empleador a efectuar cotizaciones previsionales en Chile, por lo que no expresan de manera clara e inequívoca la voluntad de mantenerse afiliado exclusivamente al régimen previsional extranjero, requisito esencial exigido por el artículo 1° de la Ley N° 18.156. Añade que la administradora se limitó a aplicar estrictamente la normativa vigente y las instrucciones obligatorias impartidas por la Superintendencia de Pensiones, citando además jurisprudencia administrativa y judicial que ha rechazado solicitudes fundadas en certificados electrónicos no legalizados o apostillados y en cláusulas contractuales incompatibles con la exigencia legal de mantener afiliación al sistema previsional extranjero. Sostiene, en consecuencia, que no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario alguno, solicitando el rechazo íntegro del recurso, con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que dicha disposición asegura, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen su ejercicio.

CUARTO: Que la controversia de autos se circunscribe a determinar si la decisión de AFP Modelo S.A. de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por el recurrente al amparo de la Ley N°18.156 constituye un acto ilegal o arbitrario. En particular, corresponde dilucidar si la administradora actuó ajustada a derecho al estimar que la constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no resultaba suficiente para acreditar la afiliación al sistema previsional extranjero ni las coberturas exigidas por la ley, por carecer de legalización o apostilla, y al considerar, además, que el contrato de trabajo acompañado no expresa de manera inequívoca la voluntad de mantener la afiliación al sistema previsional venezolano.

QUINTO: Que, para resolver la controversia, cabe tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y dicho personal estarán exentos del cumplimiento de las leyes previsionales chilenas, siempre que concurran copulativamente dos requisitos: primero, que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen previsional o de seguridad social extranjero que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y, segundo, que en el respectivo contrato de trabajo manifieste su voluntad de mantener dicha afiliación. A su vez, el artículo 7° del mismo cuerpo legal reconoce el derecho a solicitar la devolución de las cotizaciones enteradas en Chile únicamente respecto de quienes acrediten el cumplimiento de tales exigencias.

SEXTO: Que, en la especie, de los antecedentes allegados al proceso aparece que la administradora fundó el rechazo de la solicitud en el incumplimiento de ambos requisitos antes señalados, por cuanto estimó que la constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no constituye un certificado idóneo para acreditar la afiliación al sistema previsional extranjero ni las coberturas exigidas por la Ley N°18.156, al carecer de legalización o apostilla, y, además, que el contrato de trabajo acompañado contiene estipulaciones incompatibles con la manifestación inequívoca de voluntad de mantener la afiliación al régimen previsional venezolano, al autorizar simultáneamente el pago de cotizaciones previsionales en Chile.

SÉPTIMO: Que las exigencias antes referidas encuentran sustento tanto en la Ley N°18.156 como en las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, cuya observancia resulta obligatoria para las administradoras de fondos de pensiones. En tales condiciones, la recurrida se limitó a verificar el cumplimiento de los presupuestos legales que habilitan la procedencia de un régimen excepcional como es la devolución de fondos previsionales de trabajadores técnicos extranjeros, sin que corresponda a esta Corte sustituir dicha valoración técnica en sede cautelar.

OCTAVO: Que, en consecuencia, la decisión impugnada aparece debidamente fundada en antecedentes objetivos y en la normativa aplicable, descartándose que constituya un acto ilegal o arbitrario. En efecto, la circunstancia de que inicialmente se haya comunicado al actor la aprobación de su solicitud no altera dicha conclusión, desde que la resolución definitiva explicitó las razones jurídicas y fácticas que condujeron a su rechazo, satisfaciendo las exigencias de motivación previstas en los artículos 11, 16 y 41 de la Ley N°19.880.

NOVENO: Que, por último, cabe consignar que el rechazo de la solicitud no impide al recurrente presentar una nueva petición de devolución de fondos previsionales una vez que reúna y acompañe los antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N°18.156 y en la normativa administrativa aplicable.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida en favor de nombre reservado en contra de AFP Modelo S.A Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-8765-2026.