Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Santiago, dos de septiembre de dos mil veintiséis Visto y teniendo presente Primero: Que comparece nombre reservado, quien mediante un formulario y de su puño y letra interpone acción constitucional de protección en contra de Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), en razón de haber incurrido en una acción ilegal y arbitraria, consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000 de 22 de diciembre de 2025, por la Superintendencia de Seguridad Social y que denegó el pago de sus licencias médicas Nros NUM001, NUM002, NUM003, NUM004 y NUM005 lo que estima, afecta sus garantías fundamentales contempladas en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, por lo que pide la autorización del pago de las referidas licencias.

Segundo: Que evacua el informe respectivo el abogado Alfredo Añazco González, mandatario judicial del Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN RM), solicitando el rechazo de la acción constitucional.

Explica que las licencias singularizadas fueron emitidas por un periodo de 150 días, a partir del 29 de abril de 2025, sin embargo, fueron rechazadas por reposo injustificado. Posteriormente, la parte recurrente presentó recurso de reposición ante el rechazo de las licencias médicas N° “NUM001” y adjuntó certificado de Superintendencia de Pensiones de 16 de mayo de 2025, por segunda solicitud de calificación de invalidez que se encuentra en trámite normal. Cuenta con primer trámite de pensión de invalidez rechazado por bajo porcentaje, sin diagnóstico y sin reintegro laboral, por lo que el recurso fue rechazado. Luego, presentó recurso de reposición ante el rechazo de la licencia médica N° “NUM002”. En esa oportunidad, también adjuntó certificado de Superintendencia de Pensiones de 16 de mayo 2025, sin acompañar más antecedentes médicos que justifiquen prolongación del reposo y rol terapéutico, por lo que el recurso fue rechazado.

Finalmente, la parte recurrente presentó un tercer recurso de reposición ante el rechazo de las licencias médicas N° “NUM003”, “NUM004” y “NUM005”.

En esa oportunidad se adjuntó certificado de la Superintendencia de Pensiones con de 13 de agosto de 2025, en que se indica inicio de segundo trámite de pensión de invalidez, por lo que la reposición también fue rechazada, además, la Superintendencia de Seguridad Social mantuvo el rechazo de las licencias en el acto contra el cual se recurre.

Estima que las actuaciones realizadas por la COMPIN al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica se enmarcan en los parámetros objetivos que se han dispuesto por la ley y la normativa vigente, en la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales, por lo que no hay un acto ilegal o arbitrario como el que se reclama.

Tercero: Que, comparece el abogado Sebastián de Puente Hervé por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), alegando en primer término, la extemporaneidad de la acción deducida, puesto que desde el 14 de julio de 2025, la señora nombre reservado efectuó su presentación reclamando el rechazo de sus licencias ante la autoridad administrativa, por lo que al menos, desde esa fecha, ella estaba en conocimiento de los referidos rechazos y efectuó con posterioridad la petición de reconsideraciones.

En segundo término, alega la improcedencia de la referida acción dado que la materia sobre la que versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no está amparado por la acción cautelar de protección.

En cuanto al fondo explica que tras la aprobación de las últimas licencias médicas de la señora nombre reservado, consta que el cuadro que la aqueja ha evolucionado en forma crónica y la incapacidad que le provoca no es modificable con reposo. Esta conclusión se basa en que, según los antecedentes médicos y administrativos analizados, no es posible acreditar la existencia de incapacidad laboral temporal durante el periodo de reposo reclamado, por cuando su patología ha sido declarada irrecuperable.

Agrega que el trámite de invalidez ejecutoriado de 01 de abril de 2024 concluyó en un porcentaje de menoscabo de su capacidad de trabajo igual a 28%, el que si bien, reconoce la presencia de lesiones crónicas e irreversibles, estas no son suficientes para acceder a una pensión de invalidez, en los términos señalados en el D.L. N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por lo que no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado de 504 días. Consta que se encuentra en su segundo trámite de pensión de invalidez iniciado con fecha 14 de abril de 2025, en proceso de apelación en conformidad a lo establecido en el DL. N° 3500 del 1980, por tanto, su capacidad residual de trabajo, es suficiente para reintegrarse a sus labores habituales, no siendo admisible que haga uso de licencias médicas, máxime si éstas fueron rechazadas por reposo injustificado, toda vez que ya hizo uso de este tipo de formularios por un largo período.

Añade que profesionales de la SUSESO analizaron los antecedentes de la recurrente, destacando el informe del médico nombre reservado, quien manifestó: “Antecedentes de alta miopía, operada de vitrectomía OI por desprendimiento de retina en el año 2009 y catarata de OI en el año 2012 quedando con muy mala visión. Evoluciona con catarata en OD y en diciembre 2023 es operada de facoemulsificación, evoluciona con fibrosis capsular y luxación de lente.

Evoluciona con Uveitis postquirúrgica e hipertensión ocular de difícil manejo quedando con tratamiento de gotas tópicas con limitación visual, fotofobia, cansancio y bajo rendimiento frente a pantallas, dolor intermitente, de da LM y se indica iniciar con trámites de invalidez. 12-08-2025: Mismos antecedentes. A la fecha se encuentra en controles oftalmológicos, Mantiene una limitación visual, fotofobia, cansancio, y bajo rendimiento frente a pantallas, dolor intermitente. 30-06-2025: Mismos antecedentes. Presenta limitación visual, fotofobia, cansancio frente a pantallas, dolor intermitente. No es posible trabajar por su visión. Informe parcialmente ilegible 22-05-2025: Mismos antecedentes.

A la fecha se mantiene en controles oftalmológicos evolucionando con hipertensión ocular y uveitis en tratamiento de difícil manejo. 05-01-2018:

Paciente con Dg. Maculopatía miopica. Control en 1 mes.” Fundamentos de la resolución: “Paciente con 504 días de reposo autorizado, reclama por 150 días rechazados, emitidos por médico oftalmo, modalidad libre elección.Patología crónica con bajo porcentaje de mct, primero rechazado con 28% MCT y segundo 45% MCT.Sin elementos que permitan justificar reposo.Mantengo rechazo”.

Estima que el acto impugnado por la recurrente, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, en los que no sólo se encuentra la resolución reclamada, sino una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión de dicha determinación, en orden a rechazar las licencias indicadas.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que para que el presente recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada, la existencia de un derecho agredido, por una conducta ilegal o arbitraria por parte de los recurridos, que provoquen la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

Sexto: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso, cabe señalar que la presente acción se ha deducido en contra de la Resolución Exenta N° NUM000 de 22 de diciembre de 2025 de la Superintendencia de Seguridad Social, por lo que al haberse deducido el presente recurso el 13 de enero de 2026, la alegación de extemporaneidad será rechazada.

Séptimo: Que, en relación a la alegación de improcedencia, aquella debe desestimarse toda vez que resulta inconcuso que, en la especie, se ha planteado la vulneración de garantías constitucionales como es aquella prevista en el numeral 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, asunto respecto del que sí es procedente el presente arbitrio, por lo que dicha alegación será rechazada.

Octavo: Que, respecto al fondo del asunto, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Noveno: Que, del mérito de los antecedentes se desprende que la Resolución Exenta N° NUM000 de 22 de diciembre de 2025 emitida por la Superintendencia de Seguridad Social explica la razón por la que decidió rechazar la reconsideración presentada por la recurrente.

En efecto, el acto impugnado señaló que: “(…) Esta conclusión se basa en que, según los antecedentes médicos y administrativos analizados, no es posible acreditar la existencia de incapacidad laboral temporal durante el periodo de reposo reclamado, por cuando (sic) su patología ha sido declarada irrecuperable. Que, cabe agregar que el trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 01-04-2024 concluyó en un porcentaje de menoscabo de su capacidad de trabajo igual a 28%, el que si bien, reconoce la presencia de lesiones crónicas e irreversibles, estas no son suficientes para acceder a una pensión de invalidez, en los términos señalados en el D.L. N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por lo que no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado de 504 días.

Que, de acuerdo a los antecedentes aportados, consta que se encuentra en su segundo trámite de pensión de invalidez iniciado con fecha 14-04-2025, en proceso de apelación en conformidad a lo establecido en el DL. N° 3500 del 1980”.

Asimismo, es dable advertir que el acto impugnado fue dictado por el órgano competente, dentro de sus atribuciones, debidamente fundado y en la forma que prescribe la ley, de lo que se sigue que no ha existido en la especie un actuar ilegal o arbitrario que conculque los derechos fundamentales de la actora, motivo por el cual el recurso de protección necesariamente debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que:

I. Se rechazan las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia del recurso de protección.

II. Se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 875-2026 Protección.