nombre reservado con POLICÍA DE INVESTIGACIONES

Santiago, veintinueve de julio de dos mil diecinueve.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que don nombre reservado, Subcomisario OPP de la Policía de Investigaciones de Chile de dotación de la Brigada de Investigación Criminal Lampa, interpone recurso de protección en contra de la indicada institución policial, representada por su Director, don nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal cometido por la Junta de Apelaciones de la institución que más adelanta se detalla.

Explica que durante el proceso calificatorio correspondiente al periodo julio 2017 a agosto 2018, fue calificado por su jefe directo con nota 6.28. Sin embargo, con posterioridad, el 3 de septiembre de 2018, la Junta Calificadora III Zona Policial, por la unanimidad de sus integrantes, luego del estudio de su Hoja de Vida Anual, lo califica con nota 5.42 y clasifica en Lista 3, para su posterior inclusión en la Lista Anual de Retiro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 letra c) del DFL N° 1, de 1980, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, teniendo como fundamento que registra sanciones como “un día de permanencia” y “una amonestación severa”. Ante tal situación, el 20 de septiembre de 2018, interpuso reclamación ante la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes, lo cual fue desestimado. Enseguida apeló ante la Junta de Apelaciones de la institución, instancia en que se confirmó su inclusión en la Lista Anual de Retiro, decisión que le notifican el 8 de noviembre de 2018.

Según refiere, el proceder de la recurrida no tomó en consideración lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 de la Ley N° 18.834, que consagra el principio de proporcionalidad de las medidas disciplinarias que se apliquen a los funcionarios públicos, según el cual ha de tenerse en consideración la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes y agravantes que arroje el mérito de los antecedentes. En la especie, indica, si bien los hechos atribuidos son reprochables, no resultaban de entidad suficiente para justificar la medida adoptada.

Enseguida el libelo consigna los hechos que se le endilgan. Tales consistieron en: a) haber rendido cuenta parcial de hechos relativos al juicio de alimentos RIT C-[cuenta reservada], seguido ante el 4° Juzgado de Familia de Santiago, donde fue condenado al pago de una pensión alimenticia en favor de sus hijos y los dividendos hipotecarios de un inmueble, obviando esta última circunstancia, pues entendía que ambos conceptos quedaban englobados en una misma obligación; y, b) no haber asistido a audiencia de juicio simplificado en el Juzgado de Garantía de Colina, ausencia que según plantea habría justificado.

Como se advertiría de tales sucesos, unidos a sus calificaciones anteriores, anotaciones de mérito, constancias positivas y haber participado como gestor y colaborador en trece procedimientos policiales y cuarenta y cinco detenciones por diferentes causas, su inclusión en Lista de Retiro se presenta como desproporcionada, a la luz de desafortunados descuidos que pueden subsanarse en el periodo de calificación siguiente.

En todo caso, dada la calificación de su jefe directo, al tenor del artículo 37 del Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, en ningún caso pudo ser incluido en Lista 3, sino en Lista 2.

Los hechos antes reseñados, plantea, conculcan las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1°, 4°, 16° y 24° del artículo 21 de la Constitución Política de la República, toda vez que se ha comprometido de manera desproporcionada su futuro funcionario, generando en su persona y grupo familiar una presión y menoscabo, al ver peligrar su fuente de trabajo. Pese a las situaciones que motivaron las sanciones, con posterioridad ha mantenido un buen comportamiento disciplinario, personal y profesional, con alto grado de compromiso y lealtad, por lo que los hechos aislados que le atribuyen, no merman la labor diligente que ha mantenido. De otra parte, se le priva de su condición de empleado policial, en circunstancias que durante su trayectoria ha demostrado ser un funcionario apto, con condiciones idóneas para el cargo. Por último, existiendo con la recurrida un vínculo de dependencia y subordinación remunerado, el empleo que detenta constituye un bien incorporal que se encontraría ingresado a su patrimonio, por lo que la decisión de la Junta de Apelaciones lo priva de sus emolumentos mensuales y ejercer su fuente laboral.

Termina por solicitar que se deje sin efecto la resolución de la Junta de Apelaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, declarando en su lugar que se mantiene su calificación preliminar de 6.28, otorgada por su jefe directo, incluyéndolo en Lista 1, como dispone el artículo 37 del Reglamento de Calificaciones o, en su defecto, se ordenen las medidas conducentes a restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, informando el recurrido, insta por el rechazo de la acción intentada.

En primer término, aduce que la presente vía no constituye instancia administrativa, pues lo pretendido es que se ordene celebrar una nueva sesión calificatoria que excluya ciertos antecedentes de su Hoja de Vida, lo que es ajeno a la acción de protección, de naturaleza cautelar. En rigor, se ha planteado una controversia respecto de las atribuciones de órganos colegiados que intervienen en el proceso de calificación, cuyas competencias están establecidas en el Decreto Supremo N° 28, de 6 de mayo de 1981, del Ministerio de Defensa Nacional, que Aprueba el Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile.

En lo concerniente al fondo, dado los antecedentes registrados en el periodo calificatorio y lo establecido en el artículo 71 letras c) y d) del DFL N° 1, de 1980, se estimó que el actor carecía de la idoneidad necesaria para continuar perteneciendo a la institución, razón por la que fue propuesto en la Lista de Retiro. Sus alegaciones y demás antecedentes fueron revisados en las instancias correspondientes, encontrándose las sanciones aplicadas afinadas, por lo que los acuerdos adoptados en cada una de ellas fueron mantenidos.

En cuanto a la supuesta arbitrariedad, apunta el informe que de acuerdo al artículo 4° del Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, las sanciones administrativas solo se consideraron una vez que estaban afinadas y notificadas, teniendo como base la Hoja de Vida Anual, cuyo contenido corresponde sea ponderado en la evaluación del interesado, como lo ha señalado la Contraloría General de la República en su dictamen N° 30.266, de 22 de abril de 2016.

Por otro lado, refiere que conforme disponen los artículos 54 y 55 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones y 2° del DS N° 28, de 1981, la calificación es la evaluación anual desarrollada por cada funcionario, en el ejercicio de su cargo o empleo, y comprende tanto el desempeño en el trabajo como las condiciones personales, evidenciadas en el transcurso del período a calificar. Tales circunstancias las refrendan los artículos 35 y 81 del citado DS. En el caso de las alegaciones acerca de la idoneidad funcionaria del actor, revisten un carácter informativo y forman parte de los datos analizados, pero no limitan las facultades de las Juntas que intervienen para evaluar el comportamiento laboral.

En tal virtud, el recurrente quedó incluido en Lista 3, porque si bien para la Lista 2 requería una nota mínima de 5, en los factores Espíritu de Cuerpo y Disciplina, obtuvo nota 4, de manera que no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 37 del Reglamento de Calificaciones para integrar la lista 2.

Como corolario de lo anterior, concluye la informante que no se ha verificado vulneración a las garantías tuteladas por el recurso de protección, sino que la Policía de Investigaciones solo ha dado fiel cumplimiento al proceso de calificación y clasificación establecido en la ley, reglado tanto en el Estatuto del Personal como en el Reglamento de Calificaciones de la Institución.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario -es decir producto del mero capricho de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que como se advierte de lo relacionado en los motivos Primero y Segundo de este fallo, lo medular del recurso dice relación con la ilegal y arbitraria incorporación del recurrente en Lista 3, que conduce, a su vez, a su inclusión en Lista Anual de Retiros.

Quinto: Que analizados los antecedentes integrantes de este cuaderno, consta que la Junta Calificadora III Zona Policial, no concordó con la propuesta de calificación del jefe directo del actor, decisión que confirmó, tras el recurso del actor, la Junta de Apelaciones respectiva.

De la Hoja de Vida del recurrente consta la medida disciplinaria de “un día de permanencia en el cuartel”, aplicada por Resolución PRI N° 103-2018, de 5 de abril de 2018, de la Brigada de Investigación Criminal Lampa, apelada y resuelta conforme por Resolución N° 12, de 17 de abril de 2018, de la Prefectura Metropolitana Centro Norte, por no haber asistido a una audiencia de juicio simplificado al Juzgado de Garantía de Colina, aun cuando fue debidamente notificado, priorizando actividades personales por sobre sus deberes institucionales, por lo que se estimó que actuó con desinterés y negligencia y en contra de las conductas éticas y profesionales inherentes a todo miembro de la Policía de Investigaciones, infringiendo el Reglamento de Disciplina, Título II, artículo 2, “la negligencia o el descuido en el cumplimiento de las disposiciones superiores”, y artículo 3, “no cumplir con el debido interés y resolución los deberes funcionarios”.

Asimismo consta la medida de “amonestación severa”, impuesta por Resolución PRI N° 141, de 14 de mayo de 2018, de la Brigada de Investigación Criminal Lampa, por no haber rendido cuenta de manera veraz y completa de los hechos relativos al juicio de alimentos C-3281-2017, del Cuarto Juzgado de Familia, seguido en su contra, donde fue condenado al pago de una pensión en favor de sus hijos y al pago de los dividendos hipotecarios del inmueble de domicilio reservado, lo que omitió en su cuenta escrita presentada ante su jefe directo el 20 de noviembre de 2017, lo que ocasionó que el mando no conociera la sentencia en su totalidad, como el monitoreo permanente de ello, lo que conllevó el reclamo de parte de su cónyuge, al no dar cumplimiento a la resolución judicial. Luego, contrajo una deuda con una institución bancaria, con un evidente comportamiento negativo en su conducta de pago, al no considerar su insolvencia económica previa, hecho que suscitó que el tribunal ordenara el remate del mentado bien raíz, a pesar que se encontraba resguardado con una obligación judicial, de garantizar la cancelación de la garantía hipotecaria en beneficio de sus hijos. Tampoco hizo gestión alguna para detener la acción civil. Lo anterior vulneró el artículo 6 N° 1 letra d) del Reglamento de Disciplina, que contempla como falta relativa a la integridad moral del funcionario o al prestigio de la institución, “contraer deudas que den margen a frecuentes y justificados reclamos o no dar cumplimiento a cualquiera obligación económica”, y su N° 3 letra f), esto es, “declarar ante cualquier funcionario superior o autoridad, hechos falsos u ocultar detalles intencionadamente para tergiversar la realidad de lo sucedido”.

Sexto: Que, sin perjuicio de lo anterior, registra al mismo tiempo otras anotaciones, una constancia negativa de 26 de diciembre de 2017, debido a su demora en la entrega de Cuenta Escrita; constancia negativa de 21 de junio de 2018 por falta de profesionalismo y disciplina por encontrarse como encargado de guardia y tener el acceso del público al Cuartel Policial cerrado y con grilletes de seguridad, no dando razones; evaluación de agosto, instándole a adoptar medidas para el cumplimiento del horario de llegada a su labor; evaluación de marzo, requiriéndole que ponga énfasis en sus actuaciones funcionarias; evaluación de mayo, observándole la falta de herramientas inherentes a su grado para la confección y redacción de informes policiales; evaluación de junio, puntualiza que como oficial no ha generado ninguna diligencia policial.

Tales fueron los antecedentes negativos que registró durante el correspondiente periodo sujeto a calificación.

Séptimo: Que, como primera cuestión, se dirá que no existe antecedente alguno que dé cuenta de la existencia de procesos al margen de la normativa legal y reglamentaria vigente e inherente en los procesos de calificación del personal de la Policía de Investigaciones ni tampoco aparece que las anotaciones en su Hoja de Vida obedezcan a alguna persecución, represalia o exceso por parte de las instancias institucionales revisoras. Pero su análisis de su mérito, excede con creces lo que esta Corte debe decidir, pues atañe a un debate y prueba de hechos, de manera que solo resta sostener que el procedimiento al que fue sometido el actor es el de normal ocurrencia en estos casos, de manera que debe descartarse arbitrariedad en la decisión que motiva el recurso.

Octavo: Que, abocándose a los diversos antecedentes acompañados al recurso y al informe, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, es posible concluir que previo a la emisión del pronunciamiento definitivo por la Junta de Apelaciones, fueron evaluados todos los antecedentes de que se disponía, asignando así una nota a los factores de “espíritu de cuerpo”, “disciplina”, “ética profesional”, “capacidad funcionaria”, “criterio”, “iniciativa”, “conducta privada”, “sociabilidad”, “condición física”, “asistencia y puntualidad”, “reserva funcionaria”, Aptitud de mando”, “respeto a la dignidad humana” y “cooperación”, procedimiento ajustado a lo dispuesto en el DL N° 2.460, que establece la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones, al DS N° 28, del Ministerio de Defensa Nacional, de 1981, Reglamento de Calificaciones de la misma Institución, y a los artículos 6 a 96 del DFL N° 1, de 1980, que contiene el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, lo que arroja que la decisión aparece debidamente fundada y se condice con la multiplicidad de documentos e información con que se contaba, la que fue recabada siguiendo la regulación aplicable.

Noveno: Que no hay en dicho proceso elementos que hagan presumir un trato distinto al recurrente, respetándose todas las instancias de impugnación, las que aparecen debidamente ejercidas. Además, como se dijo, no hay infracción o inobservancia alguna a las normas legales o reglamentarias que rigen el proceso, por lo que es posible concluir también que no se ha incurrido en las ilegalidades denunciadas y que, de este modo, al no configurarse supuestos de arbitrariedad e ilegalidad que constituyen las exigencias indispensables para que el recurso de protección pueda prosperar, el intentado el intentado en autos debe declararse sin lugar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado contra la Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese y comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministro Plaza.

Protección N° 87.186-2018.- No firma el abogado integrante señor de nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por la Ministra señora Paola Plaza González e integrada por el Ministro señor Guillermo de la Barra Dünner y por el Abogado Integrante señor Rodrigo de Alencar Baraona.