SERVICIO DE GRÚA Y TRANSPORTES ESPECIALES BURGER LIMITADA con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO LIMARÍ

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de enero de dos mil diecinueve.

Al escrito folio 32354: téngase presente.

VISTOS:

PRIMERO: Que comparece “Servicio de Grúa y Transportes Especiales Burger Ltda” quien recurre de protección contra la Inspección Provincial del Trabajo Limarí-Ovalle, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en la dictación del Ordinario N°554, de fecha 10 de septiembre del 2018, que rechazó solicitud de reconsideración administrativa, y del que su parte no tomó conocimiento sino hasta el 29 de noviembre del 2018, y que vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 números 2, 3 y 24 de la Constitución, de la forma que pasa a exponer.

Explica el recurrente que con fecha 15 de marzo del 2018 el fiscalizador de la IPT Limarí- Ovalle, cursó una multa a la recurrente, Resolución de Multa N°9970/18/21 de 150 UTM por la supuesta infracción, consistente en no informar inmediatamente del accidente sufrido por uno de sus trabajadores, lo cual constituye un incumplimiento a las obligaciones legales sobre prevención de eventuales accidentes del trabajo. Dicha resolución fue ingresada a Correos de Chile para ser remitida a la recurrente con fecha 30 de mayo del 2018. De acuerdo al artículo 508 del Código del Trabajo entonces, se debe entender notificada al 6° día hábil administrativo desde la fecha de recepción en correos, esto es, el 7 de junio del 2018.

Luego, con fecha 20 de Julio del 2018 la recurrente ingresa en Correos de Chile solicitud de reconsideración administrativa, alegando error de hecho. De acuerdo a ello, afirma haber hecho uso de su derecho dentro de plazo, ya que lo hizo el día 29 administrativo, esto es, descontando los sábados, domingos y los festivos.

No obstante ello, tal solicitud de reconsideración fue declarada inadmisible por la recurrida, mediante ordinario Nº554 de fecha 10 de septiembre del 2018, señalando que la solicitud de reconsideración administrativa se presentó fuera del plazo legal de 30 días corridos contados desde su notificación.

Agrega el recurrente que este Ordinario no le fue notificado a su parte de acuerdo a lo dispuesto en la ley, ya que no fue notificado por carta certificada, según ordena el artículo 508 del Código del Trabajo y la ley 19880, sino como una carta simple denominada “documento express”

Señala que este hecho habrían provocado que su parte no fuera informada de tal rechazo, cuestión de la que se vino a enterar recién el 13 de noviembre del 2018, al obtener desde la página web de la Dirección del Trabajo un certificado de antecedentes laborales y previsionales donde se registraba una multa ejecutoriada de 150 UTM, lo que hizo presumir el rechazo de la solicitud de reconsideración. Es así, que se revisa el registro de multas, verificando que la resolución de multa 9970/18/21 se encontraba ejecutoriada y en proceso de cobranza desde el 2 de Octubre del 2018.

Ese mismo día se ingresa una solicitud, la que fue contestada el 29 de noviembre del 2018, remitiendo copia del ordinario denunciado en este recurso.

Indica que lo más grave de esta situación es que al tener una multa ejecutoriada, por infracciones laborales, sus clientes les han retenido los estados de pago, lo que ha provocado un gran daño patrimonial a la empresa.

De acuerdo a todo lo expuesto, el actor asegura que la recurrida ha incurrido en diversos actos arbitrarios e ilegales. En primer lugar, al contar el plazo en el cual se debía entender notificada su parte del Ordinario por el cual se le sancionó con multa, y luego el plazo que tenía el recurrente para presentar solicitud de reconsideración administrativa: que sería de días corridos y no días administrativos.

Señala que ello es del todo errado, pues el plazo establecido en el artículo 508 del Código del Trabajo debe regirse por el artículo 25 de la ley 19.880, esto es, de días administrativos. Señala que la jurisprudencia así lo ha entendido, y cita algunos fallos en apoyo de ello.

En segundo lugar, refiere que existe un acto arbitrario e ilegal en la forma en que la recurrida remitió el Ordinario 554 de 10 de septiembre del 2018, a la empresa recurrente. Esto, ya que se envió como carta simple, como “documento express” y no por carta certificada como mandata la ley. Invoca artículos 45 y 46 de la ley 19880 que señala que los actos administrativos de efectos individuales deben notificarse a los interesados, por escrito, por carta certificada que el interesado hubiese designado en su primera presentación.

Señala que no cumplir con el mandato legal vulnera el principio de legalidad o juridicidad.

De acuerdo a todo lo antes señalado, indica el recurrente que se vulnera su derecho de igualdad ante la ley, ya que se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo legal.

Además, asegura que se ha vulnerado su derecho al debido proceso, al no notificar el Ordinario 554 por carta certificada, trasgrediendo la ley.

Por último, afecta el derecho de propiedad, porque el negarle la posibilidad de discutir el monto sancionado, hace que este quede firme y por cierto, hará que la recurrente se vea privada de parte de su patrimonio, al tener que pagar la multa impuesta. Además y como ya lo dijo, varios clientes han retenido estados de pago del recurrente, por tener una multa registrada en los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo.

Hace presente que el recurso está deducido dentro de plazo, y que se presenta en Santiago porque es en esta jurisdicción que produce sus efectos, al tener la empresa recurrente domicilio en esta ciudad.

Pide en definitiva, se deje sin efecto el ordinario 554 de 10 de septiembre del 2018 por ser claramente ilegal y arbitrario además de no estar ajustado a derecho en su procedimiento.

SEGUNDO: Que informa la recurrida, Inspección Provincial del Trabajo Limarí- Ovalle que efectivamente cursaron multa a la empresa recurrente, la que le fue notificada por medio de carta certificada, siendo recibida la notificación el 31 de mayo del 2018, por lo que se entiende notificada ese día.

Posteriormente, el recurrente presenta solicitud de reconsideración administrativa, con fecha 20 de julio del 2018, la que fue recibida con fecha 25 de Julio del 2018.

Que siendo así las cosas, se verificó que esta última solicitud fue presentada fuera del plazo legal de 30 días corridos que tenían para presentarla. Para ello, se dictó el Ordinario 554 el que fue notificado mediante carta certificada depositada en correos el mismo día 10, y recibida por el recurrente el 11 del mismo mes y año, por lo que se entiende notificada ese día.

Por tal razón, la primera alegación que hace el recurrido es la extemporaneidad del recurso de protección, ya que el acto denunciado como ilegal o arbitrario, fue notificado al recurrente el 11 de septiembre del 2018. Incluso si se prescinde de esto, se debe entender notificado al 6º día de remitida la carta en correos, y en ambos casos el plazo ha expirado.

Argumenta que su parte ha actuado en todo momento con estricto apego a la legalidad, ya que tanto la imposición de la multa, como la notificación del Ordinario 554 se hicieron por medio de carta certificada.

Refiere que es un hecho público y notorio que la denominación comercial “documento express” que utiliza correos de chile, corresponde a una carta certificada que permite su entrega material al destinatario en menor plazo, esto es, uno a dos días hábiles.

Señala que al emitir Ordinario 554, la recurrida actuó de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, en circunstancias que la segunda de dichas normas establece un plazo de 30 días corridos, interpretación que se deriva de los siguientes argumentos: Primero, porque no se aplican los artículos 435 o 312 del Código del Trabajo, que se refieren a otras partes del referido cuerpo legal, sino que se debe acudir al derecho común, esto es, al artículo 50 del Código Civil. Además, a contrario sensu, ya que existen disposiciones como el 503 o 508 que establece expresamente que el plazo que tratan es de días hábiles.

Indica además que dicho criterio había sido refrendado por la Contraloría General de la República mediante dictamen 64.985 de 20 de noviembre del 2009, que señala en general, que el Código del Trabajo cuando ha querido regular un plazo como de días hábiles, lo ha dicho expresamente; y cuando no lo hace es porque se trata de días corridos. Añade que el artículo 25 de la ley 19.880 no es aplicable por no ser conciliable con lo regulado en el Código del Trabajo. Luego fue confirmado por otro dictamen de la Contraloría General de la República, del 2014.

Por último, indica que dichos dictámenes son vinculantes para la Dirección del Trabajo.

Hace presente en todo caso, que la Contraloría General de la República cambió su criterio, por medio de Dictamen 25.891, de fecha 16 de Octubre de 2018 en el que señala que el plazo en comento es de días hábiles administrativos, por lo que la Inspección del Trabajo ha contado así el plazo desde ese día en adelante.

Por ende, su actuación no es arbitraria.

Niega haber conculcado la garantía de igualdad ante la ley, ya que la Inspección aplicó el mismo criterio a todas las personas que presentaron solicitudes antes del 16 de Octubre del 2018 cuando la Contraloría General de la República cambió su criterio, por ser sus dictámenes de aplicación obligatoria para la administración del Estado.

Refiere que tampoco se afectó el debido proceso ya que la recurrente fue notificada oportunamente de acuerdo a la ley.

En cuanto al derecho de propiedad, señala que la supuesta vulneración no está vinculada al ordinario 554 sino a la multa cursada en marzo, la que en todo caso tuvo como fundamento una infracción laboral. Hace presente en todo caso que no existe ninguna acción de cobranza concreta de dicha multa, y que no está informada en el boletín de Equifax.

Por todo lo anterior, pide se rechace el recurso de protección.

TERCERO: Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad, efectivamente y tal como lo consigna la parte recurrida, el Ordinario N°554, de fecha 10 de Septiembre del 2018 fue notificado a la parte recurrente mediante carta certificada, por medio del producto denominado “Documento express” de Correos de Chile, siendo identificado además la persona que recibió dicha comunicación, el Sr. nombre reservado, el 11 de septiembre del 2018, de acuerdo a los documentos que acompaña en su informe. De acuerdo a ello, necesario es concluir que el presente recurso de protección es extemporáneo ya que a la fecha de interposición del recurso, esto es, el 7 de diciembre del 2018, había transcurrido en exceso el plazo de 30 días establecido en el Autoacordado de la Corte Suprema que regula el procedimiento de la presente acción constitucional.

Y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-87185-2018.