nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO - AFP CAPITAL S.A - MINISTERIO DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO - MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL - SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

C.A. de Santiago Santiago, seis de julio de dos mil veintiuno.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, por sí, domiciliada en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de AFP Modelo, AFP Capital, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y Superintendencia de Pensiones.

Señala como antecedentes del recurso, que el 13 de agosto de 2020, mediante carta dirigida a todas las instituciones requeridas, solicitó que éstas de forma conjunta o separada dedujeran un recurso legal con el objeto de perseguir la deuda de pensiones que su ex empleador mantiene en su favor. Indican, que dicha deuda fue declarada mediante sentencia de 30 de agosto de 2006 y confirmada por la Excelentísima Corte Suprema, el 08 de abril de 2008.

Refiere, que ha dirigido presentaciones a la Superintendencia de Pensiones, reclamando que se inicien acciones para el cobro de sus pensiones adeudadas, a este respecto, relata que por Oficio Nº 22875 de 18 de octubre de 2018, la aludida Superintendencia le respondió que conforme al artículo 19 del DL Nº 3500, son las Administradoras de Fondos de Pensiones las obligadas a realizar acciones tendientes a perseguir el cobro de prestaciones adeudadas a sus afiliados.

A su vez, agrega, que el 14 de agosto de 2018, AFP Modelo le informó que las acciones solicitadas no podrían ser llevadas a cabo por falta de antecedentes, solicitando a la recurrente acompañar las liquidaciones correspondientes a los periodos adeudados.

Posteriormente, por Oficio Nº 6441 de 15 de marzo de 2019, la Superintendencia ratifica lo informado precedentemente e indica que la Administradora de Fondos obligada a deducir la acción, es aquella donde estaba afiliada en el periodo correspondiente a la deuda, la que en su caso corresponde a AFP Capital.

Señala, que al igual que con la anterior AFP, se le solicitó acompañar las liquidaciones de sueldo respectivas. Aduce, que AFP Capital conoció de la situación en el año 2018, por medio de sus reclamos ante la Superintendencia, no obstante, no dedujo ningún tipo de acción tendiente al cobro de la deuda.

Sostiene, que otros 855 trabajadores se encontrarían en la misma situación, lo que demostraría un actuar negligente de parte de las Administradoras de Fondos involucradas.

Posteriormente, el 09 de abril de 2019, reseña, que dedujo un reclamo ante el Ministro Visitador del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, quien solicitó informe al tribunal, el que señaló que en enero de 2011, nombre reservado, trabajador en representación de los trabajadores del “Sindicato de Empresa Atento Chile”, dedujo una demanda cobrando las cotizaciones adeudadas, en virtud de la ya referida sentencia, demanda que se tuvo por desistida. Luego, el 15 de abril de 2011, se dedujo una nueva demanda, y el tribunal, dado el monto reclamado a título de horas extraordinarias, solicitó el libro de remuneraciones de la empresa, sin que desde aquella resolución se registre algún movimiento en la causa, esto es, desde el año 2013.

Continúa, exponiendo que el 21 de junio de 2018, dirigió una carta al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género denunciando las vulneraciones sufridas en el ámbito laboral a propósito de la situación descrita, recibiendo un documento respuesta el 08 de agosto de 2019, en el que se describe las normas aplicables al contrato de teleoperador incorporadas al Código del Trabajo, sin embargo, reclama que no recibió una contestación formal sobre las vulneraciones reclamadas.

En la misma fecha, también se dirigió al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con un reclamo del mismo tenor, el que fue respondido el 22 de agosto de 2018, manifestándole que lamentaban la situación, e informándole las modificaciones legales al contrato de trabajadores de call centers. Respecto de esta respuesta, reclama la falta de actividad de parte del Ministerio en el asunto planteado.

A continuación, relata que durante el tiempo que presto servicios en la empresa Atento, fue víctima de malas prácticas laborales, acciones de hostigamiento y abuso laboral, que la afectaron psicológicamente, sin embargo, indica, que pese a hacer recurrido a la Inspección del Trabajo, por estas transgresiones, nunca logró la asistencia necesaria para solucionar el conflicto laboral.

Luego, cita distintos convenios suscritos por el país ante la O.I.T que obligan al Estado y sus órganos a tomar medidas para el resguardo de los derechos fundamentales de los trabajadores. En este contexto, hace mención al denominado fenómeno de Karoshi o suicidio por sobrecarga de trabajo, pero no lo conecta con ningún hecho concreto en su historia laboral.

Más adelante, se dirige en contra del Sindicato de Empresa Atento Chile, del que reclama falta de diligencia en el resguardo de los derechos de los trabajadores.

Siguiendo la línea de falta de asistencia para efectos del cobro de las prestaciones, manifiesta que requirió la representación de la Corporación de Asistencia Judicial, sin embargo, esta declinó tomar su caso. Si bien, solicitó la asistencia de un abogado particular, la demanda fue rechazada, toda vez, que se trataba de una acción colectiva respecto de la cual mantenía la tutela el Sindicato.

Más adelante, sostiene, que fue asistida por la Oficina de Defensa Laboral, y si bien, logró realizar algunas gestiones, éstas se vieron frustradas por el actuar del Sindicato, el que reclamó tener la legitimación activa para actuar en la causa.

Continúa su relato, aduciendo que en el año 2010, recurrió de amparo ante el Consejo de la Transparencia, sin obtener resultados significativos, reclamando que los documentos que solicitó no le fueron entregados de forma íntegra.

En cuanto al acto arbitrario e ilegal del que reclama, lo caracteriza como la falta de asistencia y actividad tanto de parte de las instituciones públicas a las que ha recurrido, como también, de las privadas a las que ha requerido que inicien acciones de cobro en su beneficio.

Respecto, de las garantías constitucionales afectadas, señala que se ha vulnerado su derecho de propiedad y a la integridad física y psíquica, debido a la angustia que le produce el hecho relatado. Además, de afectarse el derecho a la igualdad ante la ley.

Respecto a la arbitrariedad alegada, reclama que las Administradoras de Fondos recurridas, no han ejercido la obligación que les corresponde, tornándose arbitrario su actuar.

Termina solicitando, que se ordene a las AFP(s) recurridas iniciar las acciones pertinentes, además solicita que se establezca la responsabilidad de los órganos estatales recurridos, que se recurra de protección también respecto de los 855 trabajadores restantes, que se certifique lo pertinente en relación con los documentos que obtuvo a través del amparo ante el Consejo para la Transparencia, y por último, solicita un pronunciamiento sobre la situación del suicidio por agotamiento laboral.

Segundo: Que la Subsecretaria de Previsión Social, informó indicando que por tratarse de una materia de la Superintendencia de Pensiones, derivo la petición a dicho organismo.

Tercero: Que la AFP Capital, informó al tenor del recurso, alegando en primer término la extemporaneidad por considerar que el acto reprochado consiste en la solicitud de liquidaciones de sueldo a la recurrente, petición que se hizo en el año 2018.

A continuación, señala que la materia del presente recurso dice relación con la seguridad social, materia que no está amparada por el presente arbitrio.

Por otro lado, escapa al ámbito del recurso de protección, porque respecto de la situación reclamada existe un procedimiento especial, regulado en el DL Nº 3500, siendo la Superintendencia de Pensiones la llamada a mediar y resolver el conflicto.

En el mismo sentido, señala que en la presente acción no existe un derecho indubitado respecto del cual recurrir.

Sobre el fondo del asunto, acota que en las causas iniciadas sobre el cobro de prestaciones nunca se determinó el monto líquido adeudado, al punto que el 30 de abril de 2012, la Unidad de Liquidaciones del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional, informó que la deuda no era liquidable por falta de antecedentes para poder realizar su cálculo. En razón de lo anterior, se solicitaron antecedentes a la actora quien no los aportó.

En suma, sostiene que su actuar no ha sido ni arbitrario, ni ilegal.

Cuarto: Que la Superintendencia de Pensiones, evacua su informe señalando que el recurso resulta extemporáneo, puesto que del propio relato de la recurrente se desprende que los hechos ocurrieron hace 12 años. Por lo demás, señala que el 15 de marzo de 2019, contestó la petición de la recurrente informándole los documentos que debía acompañar, y las gestiones a realizar ante la AFP Capital.

Junto con lo anterior alega la falta de legitimación pasiva, por cuanto, las acciones de cobro corresponden a las Administradoras de Fondos de Pensiones. Así, también, puntualiza, que el hecho impugnado excede el ámbito del recurso de protección.

En cuanto al fondo del asunto, señala que ante el reclamo de la recurrente inició un proceso de fiscalización en el que se recabaron los antecedentes del caso, reitera la imposibilidad de liquidación de la deuda y la solicitud de antecedentes a la recurrente a fin de que el órgano competente realice el cálculo pertinente.

No obstante, lo resuelto en el año 2019, indica, que habiéndose deducido una nueva petición en el año 2020, igualmente, la Superintendencia recopilo antecedentes, estableciéndose nuevamente la necesidad de aportar mayores datos por la actora, que permitan liquidar la deuda.

A continuación, señala, que no ha incurrido en arbitrariedad o ilegalidad alguna, puesto que ha actuado dentro del ámbito de sus facultades. Descarta, también, haber incurrido en vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente.

Quinto: Que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, evacua su informe, indicando, en primer lugar, cuales son las facultades y competencias de este Ministerio. A continuación, y después de una descripción de las características del recurso de protección, señala que en la especie no es admisible el presente arbitrio puesto que entiende que no existe un derecho indubitado respecto del cual se reclame.

En cuanto a las posibles vulneraciones de garantías fundamentales, señala que la petición de la recurrente escapa a las facultades propias del Ministerio quien no puede patrocinar el tipo de demanda que requiere la actora. En este sentido, expresa, que ante la petición de la recurrente, el organismo respondió indicándole todos los recursos o medios, y organismos a los que debía dirigir su petición, considerando que en sí, el Ministerio, no podía resolver directamente la solicitud.

Sexto: Que AFP Modelo evacuó su informe, alegando, en primer término, la extemporaneidad del recurso, considerando la fecha de los hechos en los que se funda.

Informando, sobre el fondo del asunto, relata, que el 26 de octubre de 2018, dio respuesta a la solicitud de la Superintendencia de Pensiones, y en síntesis, y tal como lo señalo la AFP Capital, se estableció la necesidad de contar con mayores antecedentes para liquidar la deuda, señalándose, además que AFP Capital sería la obligada a accionar si correspondiera.

A continuación, describe el proceso de cobro de prestaciones adeudadas, para luego concluir que no ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna, considerando que cumplió con informar en su oportunidad, no encontrándose obligada a accionar según se estableció.

Séptimo: Que por último, el Ministerio del Trabajo en su informe, ratifica lo señalado por la Superintendencia de Pensiones, por estimar que aquel es el órgano técnico llamado a pronunciarse sobre la materia.

Octavo: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

De lo que resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quién incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Asimismo, se ha sostenido por la jurisprudencia, que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Se adiciona a lo anterior, que debe interponerse dentro del plazo de treinta días, desde que se toma conocimiento del acto o se incurre en la omisión que se reclama.

Noveno: Que en cuanto a la extemporaneidad alegada por la Superintendencia de Pensiones, AFP Modelo y AFP Capital, se debe establecer que el artículo 1º del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, previene que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos y contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

De la norma transcrita, fluye que el plazo para recurrir de protección está determinado de manera precisa en el mencionado Auto Acordado y tiene un carácter objetivo, sin que en su regulación quepa intervención de las partes.

Décimo: Que conviene poner de relieve que la acción constitucional intentada ha sido dirigida en contra de las recurridas, por estimar que éstas no han deducido los recursos legales tendientes a perseguir el cobro de la deuda de pensiones que su ex empleador –Empresa Atento Chile S.A.-, mantiene insoluta a su respecto, y también por otros 855 trabajadores.

Al efecto, es necesario puntualizar, que la misma recurrente, da cuenta que mediante sentencia de 30 de agosto de 2006, dictada en causa Rol N° L-5911-2005, del 4 Juzgado Laboral de Santiago, se condenó a su ex empleador al pago de las cotizaciones previsionales adeudadas a todos los trabajadores, entre los que se encuentra incluida, por el período de octubre de 2004 a abril de 2009, la que fue confirmada por esta Corte el 2 de noviembre de 2007, y por la Excma. Corte Suprema el 8 de abril de 2008, sin que hasta la fecha, se haya efectuado el cobro a través del Juzgado de Cobranza Laboral, debido, según su estimación, a la inacción de las Administradoras de Fondos de Pensiones involucradas, obligadas a seguir las acciones correspondientes.

Asimismo, refiere que la AFP Modelo en septiembre de 2018, informa que en causas de cobranza laboral Rol N° J-53-2011 y J-1006-2011, del Juzgado de Cobranza Laboral, no se pudo efectuar lo requerido, porque los antecedentes son insuficientes para ejercer la acción de cobranza, toda vez, que la sentencia ordinaria, coloca la responsabilidad en los trabajadores y exige las liquidaciones de sueldo por los períodos relacionados con el ex empleador Atento Chile S.A.

Por su parte, la Superintendencia de Pensiones, el 15 de marzo de 2019, ratifica lo que ya le informara el 15 de enero de 2019, en cuanto, a que el período respecto del cual se dictaminó judicialmente la existencia de un pacto de horas extraordinarias, suscritos entre los trabajadores demandantes y demandado, desde octubre 2004 a abril de 2009, correspondería, en su caso, ser cobrado por la AFP Capital, por encontrarse adscrita a dicha institución en el período indicado. Agrega, que se le pidió informe en el año 2018.

También, relata, que el 9 de abril de 2019, ingresó un reclamo ante esta Corte, dirigido al Ministro Visitador del Juzgado de Cobranza Laboral de Santiago, por los hechos antes anotados, así como también, en junio de 2018, hizo presentaciones ante el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Undécimo: Que ahora bien, de los antecedentes de autos, y lo relacionado, se desprende que la recurrente se encuentra en conocimiento de los hechos que motivan este arbitrio, desde el año 2018, cuando acude a las Administradoras de Fondos de Pensiones, y a la Superintendencia de Pensiones, recibiendo información sobre las causas de cobranza laboral, y la necesidad de aportar por su parte los antecedentes necesarios para poder proceder a la liquidación de lo adeudado, y lograr obtener el cobro de las cotizaciones adeudadas por su ex empleador.

Por consiguiente, habiéndose interpuesto el recurso, con fecha 24 de agosto de 2020, es posible determinar que se dedujo excedido el plazo contemplado por el Auto Acordado de Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, debiendo acogerse la alegación de extemporaneidad de las recurridas.

Duodécimo: Que sin perjuicio, de lo anterior, ha de relacionarse además, que el recurso de protección, no puede substituir procedimientos, ni transformarse en un arbitrio supletorio, o subsidiario, no pudiendo accederse a lo pedido por la recurrente, por esta vía, en cuanto lo pretendido es que esta Corte proceda a resolver como una instancia de cumplimiento, ordenando a las recurridas accionen como lo solicita en su petitorio, en circunstancias, que como se le indicó por las instituciones requeridas, se hace ineludible su actividad, en cuanto, al acompañamiento de los antecedentes que obren en su poder, necesarios para proceder a establecer el cálculo de las horas servidas, y con ello el monto de las cotizaciones que se adeudan efectivamente por el ex empleador, los que no han sido proporcionados de su parte, al Juzgado de Cobranza; circunstancia, que no es posible remediar mediante la acción de protección cautelar urgente que ha sido intentada.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el deducido por nombre reservado, en contra de AFP Modelo, AFP Capital, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro señora Duran Madina.

Ingreso Corte N° 87128-2020 Protección.