nombre reservado con SINDICATO DE TRABAJADORES DE EMPRESA AQUILES CHILE SPA - nombre reservado nombre reservado - nombre reservado nombre reservado - nombre reservado nombre reservado

Santiago, nueve de marzo de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, en estos autos rol N°87.121-2020 ha comparecido don nombre reservado, empleado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en su calidad de socio del Sindicato de Trabajadores de Empresa Aquiles Chile SpA, en contra de dicho Sindicato y de sus dirigentes doña nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, por la acción ilegal y arbitraria cometida con fecha 1 de septiembre de 2020 consistente en su expulsión de esa organización sindical, atentando contra las garantías constitucionales de los numerales 2, 3, 5 y 19 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que transcribe y que dice que se encuentran contemplados en el artículo 20 de dicho Texto.

Tocante a los hechos en que funda el recurso, señala que el día martes 1 de septiembre de 2020 se realiza reunión de los miembros de sindicato por vía Teams (Plataforma electrónica de video-llamada) para tratar diversos temas, reunión citada por la dirigencia del sindicato (nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado) con un par de días de antelación.

Al iniciar la reunión, se expone que se pretende votar su expulsión del sindicato basado en dos hechos:

a) Un mail enviado por él en el año 2017 (fechado 07-11-2017) a don nombre reservado, Gerente de la empresa, manifestando su preocupación por irregularidades económicas cometidas por quienes entonces eran dirigentes sindicales.

b) El hecho de que su actual cargo en la empresa (Head of Registro Chile) constituía un impedimento para participar en el sindicato, por su nivel en el organigrama de la compañía.

Respecto del mail indicado en la letra a), consultó cómo los dirigentes del sindicato tuvieron conocimiento y acceso al mismo, sin que se le diera ninguna respuesta.

Explica que dicho mail fue enviado por él en forma privada y con único destinatario, el señor nombre reservado, pues dado su cargo de aquel entonces (Contralor Argentina), las irregularidades cometidas por los entonces dirigentes sindicales podrían significar problemas o riesgos para la operación de la compañía, para el funcionan1iento del equipo que tenía a cargo, y fundamentalmente para el sindicato.

Respecto de su actual cargo en la compañía, expuso que desde que ingresó a ella (14-11-2014) ha pertenecido al sindicato. El año 2016 fue ascendido a Supervisor de área, el año 2018 a Team Leader de equipo, en el año 2019 ejerció funciones de I-Lead of Controlador (En remplazo de nombre reservado, la que estaba haciendo uso de su pre y postnatal) y el día 3-08-2020 fue promovido a su actual cargo.

Nunca se había impugnado su cargo como elemento que impidiese su pertenencia al sindicato, aún más considerando que hay otros supervisores y Team Leader sindicalizados.

Hace presente que su cargo no le otorga facultades de representación del empleador ni lo dota de facultades generales de administración, ni lo constituye en personal de confianza que ejerce cargos superiores de mando. Expresa, al respecto, que don nombre reservado, quien desempeña el cargo de Team Leader de Registro, (cargo equivalente al suyo en la estructura de la compañía) detenta el cargo de dirigente sindical, específicamente Tesorero.

Dice que es tal la incoherencia con que se expuso su caso que en dos oportunidades ha integrado comisiones de revisión de cuentas de esta organización (2017 y 2018) sin ningún inconveniente.

Agrega que se le manifestó que estos hechos eran un impedimento a su permanencia dentro del sindicato, por lo que debía abandonar la organización o, de lo contrario, se haría una votación para su expulsión.

Luego de formular sus descargos, sin intervención de miembros del sindicato, se procedió a la votación, la que fue favorable a la expulsión del sindicato.

Recalca que toda esta situación no ocurrió en una asamblea sindical, citada y llevada a efecto conforme los estatutos del sindicato, sino en una reunión por la aplicación Teams citada por los dirigentes sindicales.

En cuanto a la forma como estos hechos constituyen una vulneración a las garantías constitucionales ya señaladas, explica, en primer lugar en cuanto a la igualdad ante la ley, que mediante la referida acusación y expulsión del Sindicato de Trabajadores de Empresa Aquiles Chile SpA se ha vulnerado ese principio, toda vez que la medida se funda en su calidad de I-Lead of Registro Chile, cargo al que accedió recientemente, por considerar que es de alto rango dentro de la compañía. El rango dentro de la estructura de la compañía del cargo que actualmente detenta es un cargo de supervisor.

En el sindicato, agrega, en la actualidad existen varios trabajadores socios que detentan cargos de supervisor. En particular, el propio Tesorero del Sindicato tiene el cargo de Team Leader de Registro, que lo pone en una situación paralela a la suya respecto del organigrama de la empresa.

En este sentido, afirma, ha sido tratado en forma desigual respecto de otros trabajadores socios del sindicato, y en particular del dirigente mencionado, al fundar su expulsión en el cargo que actualmente desempeña dentro de la compañía.

Tocante al debido proceso, indica que la Constitución Política y numerosos tratados internacionales ratificados por Chile contemplan la protección al derecho al debido proceso.

Los artículos 43, 45 y 46 del Estatuto del Sindicato establecen:

“ARTICULO 43: El directorio podrá multar a los socios que incurran en las siguientes faltas u omisiones:

“a) No concurrir sin causa justificada, a las sesiones ordinarias o extraordinarias a que se convoque, especialmente a aquellas en que se reformen los estatutos; o a las citaciones convocadas para elegir total o parcialmente al directorio o votar su censura.

“a.l) Se entenderá por causa justificada lo siguiente:

“* Enfermedad que afecte… “*Encontrarse por razones de trabajo fuera de Santiago”

“b) Faltar en forma grave a los deberes que impone la ley y este estatuto vigente del Sindicato.

“c) Por fallas que a juicio de la asamblea, constituyan faltas merecedoras de sanción.

“d) Cualquier otra facultad o deber que le asigne la asamblea e ingresado a los estatutos.

“ARTICULO 45: La asamblea, en reunión convocada especialmente, podrá aplicar sanciones de suspensión de los beneficios sociales, sin pérdida del derecho a voto, por un máximo de hasta tres meses, dentro de un año, cuando la gravedad de la falta o las reincidencias en ella así lo aconsejaran.

“ARTICULO 46: Cuando la gravedad de la falta o las reincidencias en ella lo hicieren necesario, la asamblea, como medida extrema podrá expulsar al socio, a quien siempre se le dará la oportunidad de defenderse.

“La medida de expulsión solo surtirá efecto si es aprobada por la mayoría absoluta de los socios del sindicato.

“El socio expulsado no podrá solicitar su reingreso sino hasta después de un año de esta expulsión.

“La asamblea, en uso de su autoridad soberana estará facultada para aplicar este mismo artículo a los miembros de la directiva sindical, cuando estos incurran en las faltas u omisiones señaladas en el artículo 43 del presente cuerpo estatutario.”

Agrega que uno de los elementos centrales de dicho derecho se refiere a no ser juzgado por comisiones especiales, y añade que, conforme los estatutos sindicales, el único órgano competente para proceder a la expulsión de un socio del sindicato es la Asamblea Sindical, legalmente convocada al efecto.

La Asamblea Sindical no es el conjunto de socios, ni la mayoría de estos, sino que el órgano del Sindicato donde los socios reunidos, ejercen las atribuciones que la ley y los estatutos le asignan.

Aduce que conforme los estatutos, la asamblea sindical opera en forma presencial, en reunión especialmente citada, sin que se autorice en estos estatutos el funcionamiento en asambleas virtuales.

Acusa que ha sido sancionado en una reunión vía teleconferencia y no por el órgano establecido en los estatutos, de forma que ha sido una "Comisión Especial" creada específicamente para los efectos de sancionarlo con la expulsión de la organización sindical.

En cuanto a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, precisa que constituye una de las supuestas razones para su expulsión de la Organización Sindical un correo electrónico privado, enviado por él al gerente de operaciones de la Compañía. Este correo constituye un medio de comunicación privada, que ha sido remitido por una persona con único destinatario, y hasta la fecha de esta presentación no se le ha explicado cómo tuvieron acceso los Dirigentes Sindicales a dicho correo electrónico.

La interceptación de una comunicación privada solo puede ser realizada previa orden y autorización judicial, conforme la Constitución y la ley, añadiendo que más allá del contenido en nada inadecuado del mismo correo electrónico, a través del acto ilegal y arbitrario que por el recurso impugna, se ha violentado su derecho constitucional a la inviolabilidad de cualquier forma de comunicación privada.

En lo referente al derecho a la libertad de sindicalización, expresa que tal derecho está consagrado en la Constitución, de forma que toda persona tiene derecho a afiliarse a una organización sindical cumpliendo los requisitos legales y estatutarios. El derecho quedaría vacío si no comprendiera el derecho a desafiliarse libremente a una organización sindical y a permanecer en ella mientras se den los presupuestos de afiliación, es decir, el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios.

Acusa que mediante el acto impugnado, el sindicato y en particular su directiva, han conculcado el derecho de libertad de afiliación sindical consagrado en la Constitución Política. La razón esgrimida referente a que el cargo que desempeña en la Compañía sería un impedimento para conservar su afiliación sindical, no solo es un acto contrario a la igualdad ante la ley toda vez que otros socios, entre ellos un dirigente sindical, tienen cargos similares en responsabilidad y jerarquía, sino que una vulneración al principio de libre afiliación. Ni la ley ni los estatutos del sindicato establecen que un trabajador pierde o puede perder la calidad de socio si supera un determinando nivel en el organigrama de la Compañía. Los sindicatos de supervisores, de profesionales, son cosa común en la legislación. La diferenciación entre sindicatos de obreros y empleados, así como cualquier otro distingo entre tipos de trabajadores para efectos de su afiliación sindical está más que superada en nuestra legislación.

Aceptar la legalidad de este hecho implicaría retroceder cientos de años respecto de la evolución y comprensión del derecho de sindicalización y de la igualdad ante la ley.

Desarrollando lo relativo a la arbitrariedad y desproporcionalidad, afirma que el hecho de su expulsión de la organización sindical, acordado en una reunión virtual y no en Asamblea, fundada en su cargo laboral y un mail privado, constituye un acto ilegal que atenta contra las garantías constitucionales descritas. Pero, además, son actos arbitrarios y desproporcionados. La sanción de expulsión del sindicato está establecida en el estatuto sindical como una sanción de excepción que solo procede frente a faltas de especial gravedad y reiteración y como medida extrema, como señala textualmente el artículo 46 del Estatuto, faltas que deben estar contempladas en el propio estatuto o en la ley, agrega.

Añade que ninguno de los hechos que se le imputan constituye una falta establecida en los estatutos del sindicato. Ningún artículo del Estatuto sanciona el ascenso laboral como la pertenencia a determinado nivel jerárquico dentro del organigrama de la empresa y, por tanto, un hecho como el esgrimido por la dirigencia sindical no puede implicar una expulsión.

El correo electrónico enviado en el año 2017 al gerente de operaciones tampoco puede ser considerado una falta grave a los estatutos sindicales. No existe ninguna disposición que impida informar a terceros de los hechos ocurridos dentro del sindicato, y menos si estos constituyen irregularidades financieras. Adicionalmente, reafirma que ninguna sanción puede ser establecida en base a un documento obtenido en forma atentatoria al derecho a la privacidad de las comunicaciones.

Sostiene que los actos que califica de ilegales y arbitrarios, atentatorios de las garantías constitucionales descritas, le afectan directamente, de manera que solo con su anulación y restituyendo el derecho, puede remediarse.

En primer lugar, dice, significa un menoscabo al sentido de pertenencia que tiene respecto del Sindicato al que pertenece desde que ingresó a trabajar en la Compañía, hace más de 6 años.

Menoscaba sus derechos político/sindicales, toda vez que le impide participar en las decisiones sindicales, votar en sus elecciones e incluso presentarse a una eventual futura elección a dirigente sindical.

Le afecta patrimonialmente, ya que se ve en la imposibilidad de contar con los beneficios y aportes que entrega el Sindicato a sus socios.

Todo ello, sin perjuicio del daño moral que significa ser expuesto y expulsado de una organización sindical a la que pertenece hace años y en la que ha participado activamente, tanto en sus asambleas, en los procesos de negociación colectiva, en sus órganos internos de control, como cada vez que ha sido requerido por la organización.

A modo de conclusión, señala que queda de manifiesto que el Sindicato de Trabajadores de Empresa Aquiles Chile SpA y sus dirigentes doña nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, han incurrido en un acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 números 2, 3, 5 y 19 de la Constitución Política, mediante su expulsión del Sindicato.

Además se manifiesta la arbitrariedad del acto, ya que esta sanción no se funda en ninguna causal establecida en el Estatuto o la Ley, y que carece de fundamento fáctico, al basarse en la calidad de "Leader" del recurrente, misma calidad y rango que mantienen otros socios del sindicato y en particular su tesorero.

El acto ilegal y arbitrario, concluye, implica un conjunto de perjuicios en su contra que solo pueden ser remediados mediante la nulidad del acto ilegal y arbitrario recurrido.

Finalmente, pide tener por interpuesto el recurso de protección en contra de doña nombre reservado, don nombre reservado1nberto nombre reservado y don nombre reservado y del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Aquiles Chile SpA, en cuanto a su accionar al proceder a su expulsión del Sindicato, vulnerando las garantías constitucionales del artículo 19 números 2, 3, 5 y 19 de la Constitución Política y acogerlo, declarando sin efecto el acto ilegal y arbitrario por el cual se procedió a su expulsión del Sindicato con fecha 1 de septiembre de 2020.

2°) Que han comparecido don nombre reservado, presidente, empleado, doña nombre reservado, secretaria, empleada, y don nombre reservado, tesorero, empleado, por sí y en representación del SINDICATO DE EMPRESA AQUILES CHILE SPA, con personalidad jurídica vigente, Registro Sindical Único N°13220363, quienes evacuan el informe pedido, y solicitan el rechazo del recurso interpuesto por don nombre reservado, por los antecedentes que exponen.

A principios del mes de agosto, el recurrente don nombre reservado asumió nuevo cargo “Head of Registro” dentro de la empresa, cargo que es de exclusiva confianza para con la empresa, dado que asume la jefatura de muchos de los trabajadores y socios del sindicato. Incluso anteriormente don nombre reservado había asumido el remplazo de su jefa doña nombre reservado (que daba órdenes e instrucciones a nombre reservado), quien era “Head of Controlador”, y la cuál no participa en el Sindicato.

Por dicha razón, al ser un cargo que da instrucciones y órdenes a los trabajadores, el sindicato contactó al socio don nombre reservado, para indagar en la situación, puesto que dicho cargo trae aparejado un conflicto de intereses para el desarrollo del Sindicato. Sin perjuicio de esto, don nombre reservado señaló que seguiría en el Sindicato.

Posteriormente, durante el mes de Agosto, en la documentación del Sindicato (carpetas y documentos de anteriores administraciones sindicales) se encontraron con un correo electrónico del año 2017, en el cual nombre reservado le comenta a un representante legal de la compañía, don nombre reservado, que tuvo una conversación con Sile (Silena Cartagena, quien en ese momento era dirigente sindical), por la problemática de aumentos de sueldo, señalando que quería denunciar ese tema y solicitando que la empresa hable con nombre reservado (quien era la presidenta sindical en ese momento) y proponerle su salida de la empresa; posterior a eso, al sindicato le consta que nombre reservado llega a acuerdo con la empresa y renuncia. Con este documento, al cual tuvieron acceso por estar dentro de la documentación del sindicato, sin vulnerar el derecho a la privacidad del recurrente, se percataron que el recurrente ya había faltado a la confianza y confidencialidad del Sindicato, efectuando una práctica antisindical, entregando información a la empresa con el objeto de destituir a su antigua presidenta. Señala que al encontrar este correo entre los documentos antiguos registrados en dependencias de la oficina sindical, no tenían certeza de su veracidad, motivo por el cual le consultaron al socio involucrado y recurrente, quien no negó los hechos y por el contrario, lo confirmó expresándolo a viva voz. Es por ello que lograron confirmar dicha información sin necesidad de vulnerar su derecho a la privacidad, como arguye el requerido.

Por esta situación, tanto por el nuevo cargo de nombre reservado como sus conductas anteriores, el Sindicato nuevamente contactó a nombre reservado con el objeto de indagar en sus aptitudes y capacidades para pertenecer al Sindicato, al ser considerable una falta gravísima para los fines del mismo, el tener un cargo de confianza y a su vez entregar información confidencial al empleador. Contactado vía WhatsApp señaló que no va a renunciar al sindicato, solicita y autoriza que se exponga el tema en la asamblea y se tome la decisión conforme a los estatutos que rigen al sindicato.

Por lo expuesto, dicen, y debido a que el sindicato necesariamente debía realizar asamblea ordinaria para ver temas relativos a la organización, el 28 de agosto de 2020 se cita por correo electrónico a asamblea ordinaria para el día 1 de septiembre de 2020, citación realizada de conformidad al artículo 7 del estatuto (3 días de anticipación vía correo electrónico): “Las citaciones a asambleas ordinarias o extraordinarias se harán por medio de correo electrónico o carteles, colocados con tres días de anticipación, a lo menos, en los lugares de trabajo y/o salón social, con indicación del día, hora, materia a tratar y local de la reunión, como asimismo si la convocatoria es en primera u otra citación”.

Al existir estado de excepción Constitucional debido a la pandemia del Covid-19, y a su vez que se encuentran trabajando vía telemática de conformidad a la legislación vigente, el sindicato citó a la reunión vía la aplicación Microsoft Teams, en horario de jornada laboral y con autorización del empleador.

El 1 de septiembre de 2020 se efectúa asamblea ordinaria a las 16:05 horas, a la que asiste el 90% de los socios (de un total de 64 inscritos). En dicha asamblea se vieron distintos temas relativos al sindicato, y el primer tema fue la situación que dio origen al recurso de protección. Se explicó a los socios del Sindicato que nombre reservado ha asumido un nuevo cargo y que anteriormente ya ha faltado a la confianza del sindicato, infringiendo el artículo 43 del estatuto, en lo relativo a las letras b y c: “…b) Faltar en forma grave a los deberes que imponga la ley y este estatuto vigente del Sindicato y c) Por actos que a juicio de la asamblea constituyan faltas merecedoras de sanción”. En razón de lo mismo, es que el sindicato hace uso e inicia proceso señalado en el artículo 46: “Cuando la gravedad de la falta o las reincidencias en ella lo hiciere necesario, la asamblea, como medida extrema podrá expulsar al socio, a quien siempre se la dará la oportunidad de defenderse.

“La medida de expulsión sólo surtirá efecto si es aprobada por la mayoría absoluta de los socios del sindicato…”

Aducen que se dio la oportunidad a don nombre reservado para que evacuara réplica o defensa de lo señalado por ellos, indicando que todo lo que se mencionó es efectivo, incluso que había platicado por teléfono con Jennifer y que estaba dispuesto a acatar cualquier decisión de la asamblea.

Se llamó a votación por expulsión, y 42 socios votaron estar de acuerdo con la expulsión y 16 socios votaron que no están de acuerdo con ella, razón por la cual, al ser 64 la totalidad de socios que participan en el sindicato, habiendo mayoría absoluta en los votos (66% de los socios actuales), se decide la expulsión de don nombre reservado, de conformidad a los estatutos, por ser considerada a juicio de la asamblea una falta grave para los fines del sindicato. Dicha decisión nombre reservado la asume, da sus últimos descargos y se desconecta de la reunión.

El recurrente, dicen, señala que se han vulnerado los siguientes derechos consagrados en la Constitución Política, sin embargo, arguye, esto no es así, por lo siguiente.

1.- La igualdad ante la ley.

La causa que inició la expulsión del socio recurrente es el nuevo cargo que ha asumido, el cuál es Head of Registro, cargo que es de confianza del empleador, y que trae aparejados perjuicios para los fines del sindicato, dado que el cargo da instrucciones y órdenes a muchos de sus trabajadores, y que posiblemente pueda llegar a ser jefe de los trabajadores (muchos team leader), prácticamente es un empleador más, parte de la empresa.

Dicha situación provocó la constante consulta de los socios, quienes tenían la duda de que dicho cargo pudiese afectar los fines del sindicato. Después de eso salió a la luz lo señalado respecto a prácticas antisindicales del socio. Por todo esto, se procedió a su expulsión conforme al procedimiento del estatuto.

Dicho estatuto señala en su artículo 43 que ciertos actos pueden ser considerados, a juicio de la asamblea, como faltas que merecen sanciones. No hubo un enjuiciamiento desigual por su parte (tanto como dirigentes o a modo personal), dado que el estatuto rige para todos los socios, de manera íntegra e igualitaria. Dicho cambio de cargo si bien originó la duda por parte de todos los socios, la conducta anterior y práctica antisindical comentada, de la cual varios socios tenían conocimiento, sin tener acceso a ese correo que encontraron, provoca la expulsión del mismo. Es un conjunto de actos y situaciones por parte del socio el que provoca la expulsión, sin ser tratado de manera desigual, dado que a juicio de los socios tal como lo señala el estatuto, dicha práctica antisindical, como también el actuar del cargo nuevo, provoca un evidente perjuicio para la confidencialidad del sindicato.

2.- El debido proceso.

El procedimiento aplicado para proceder a la expulsión del socio es el adecuado y se encuentra establecido en los estatutos del sindicato, artículos 45 y 46, como se mencionó anteriormente. A su vez, no se señala en el estatuto que debe existir una comisión especial, sino que se debe realizar en la asamblea citada al efecto, asamblea que se encuentra conforme a derecho y al estatuto, debido a que se hizo la correspondiente citación, se solicitó autorización al empleador, y dado que existe pandemia, se efectúa por videoconferencia.

Si bien la Dirección del Trabajo y/o legisladores no se han manifestado en la forma de realizar las asambleas ordinarias de los sindicatos en tiempos de pandemia, sí se han pronunciado respecto a la elección de directivas y delegados sindicales, en la ley 21.235, que da lugar para que se puedan realizar elecciones en estado de excepción constitucional, y basta que la organización sindical considere que se encuentran las condiciones, para poder realizar dichas elecciones en base a los estatutos y leyes vigentes. Esto es un mero ejemplo del criterio que se está utilizando por el legislador para poder realizar reuniones sindicales. “Si se autoriza a elegir directiva por vía telemática, no vemos la dificultad de poder realizar asambleas de la misma manera”.

La normativa vigente se ha ido actualizando constantemente debido a la pandemia que se vive, trabajadores y socios del sindicato se encuentran trabajando vía telemática según la normativa, razón por la cual no existe impedimento para realizar su asamblea ordinaria vía videoconferencia y en horario de jornada laboral (con autorización del empleador), cumpliendo con el estatuto y aplicando las normas y auto acordados existentes.

3.- Inviolabilidad de toda comunicación privada:

Argumentan que en caso alguno existe vulneración a la garantía que resguarda y protege la inviolabilidad de toda comunicación privada, ya que por parte del sindicato ninguno de los directivos ejecutó alguna acción o incurrió en alguna omisión grave, ilegal y arbitraria que siquiera amenazara, perturbara ni privara en el legítimo ejercicio de dicha garantía del recurrente. Ya dicho acto calificado de práctica antisindical, realizado por el recurrente y del que queda testimonio en el referido correo electrónico, no fue obtenido por medio ilegal y que vulnere la inviolabilidad de toda comunicación privada, en el entendido que dicha copia impresa de correo electrónico se encontraba en dependencias de la oficina sindical, conjuntamente con documentación antigua. Fue en la revisión y limpieza de dichos documentos que se encontraron con la copia del correo electrónico, y al encontrarlo no tuvieron fiabilidad ni certeza de su autenticidad, por lo que consultaron al recurrente involucrado, quien les expresó que dicho correo era real y fue sólo así que se enteraron de los actos atentatorios contra los fines del sindicato que había ejecutado don nombre reservado.

4.- Derecho a la Libertad de Sindicalización.

Este derecho no se está vulnerando, dicen, debido a que se han regido por los estatutos, y el socio recurrente, al momento de participar en el sindicato, accedió a regirse por el mismo.

En dicho estatuto está establecido que un socio puede ser expulsado, con su debido derecho a defensa, siempre y cuando a juicio de la asamblea (mayoría absoluta de los socios del sindicato) estimen que la falta pueda vulnerar los principios y fines del sindicato. Este es el caso, dado que el conjunto de acciones del recurrente, trajo aparejado, que la asamblea ordinaria a través de sus socios (el 66%) considere que lo que ha pasado y lo realizado con anterioridad por el socio, constituye causal de expulsión.

Si bien se le expulsó, según los estatutos, él puede volver a reintegrar el sindicato después de un año. No existe vulneración en este punto, rematan los informantes.

5.- Voluntariedad del Socio.

Recalcan, tal como se acredita con la documentación que acompañan, que el recurrente siempre tuvo la voluntad y disposición de someterse a este proceso conforme al estatuto. Reconociendo su normativa, incluso aceptando cualquiera fuese la resolución de la asamblea. No ven vulneración en sus garantías constitucionales, si es que él mismo aceptó el proceso, reconoció los correos electrónicos y reconoció y aceptó la expulsión.

En consecuencia, dicen, se evidencia la inexistencia de acciones u omisiones imputables al directorio, que de manera arbitraria e ilegal hayan privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales supuestamente conculcadas al recurrente.

Piden rechazar la acción de protección por no tener motivo alguno, y ordenar una ejemplar condena es costas al recurrente por no tener plausibilidad para litigar.

3°) Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

4º) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

5°) Que, como se ha visto, se ha deducido recurso de protección por don nombre reservado, en la que dice “su calidad de socio del Sindicato de Trabajadores de Empresa Aquiles Chile SpA, en contra del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Aquiles Chile SpA y de sus dirigentes doña nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, por la acción ilegal y arbitraria que se habría cometido con fecha 1 de septiembre de 2020, consistente en su expulsión de dicha organización sindical. Alega que se habría atentado contra las garantías constitucionales de los numerales 2, 3, 5 y 19 del artículo 19 de la Constitución Política.

Reprocha fundamentalmente la falta de motivación de la medida, la existencia de una comisión especial para la desvinculación, negando autoridad a la Asamblea Sindical actuante; el hecho de que se habría utilizado un correo electrónico privado suyo, y además, la circunstancia de que la expulsión se acordó en una asamblea celebrada vía teleconferencia, todo lo cual redundaría en el acto de expulsión que califica de ilegal y arbitrario.

6°) Que, sin embargo, esta Corte, luego de apreciar los antecedentes de autos conforme a las reglas de la sana crítica, puede concluir que no ha existido una actuación ilegal o arbitraria con motivo de la señalada expulsión, la que se llevó a cabo conforme a los Estatutos del Sindicato y mediante el procedimiento adecuado, previsto que es el previsto precisamente en dicho Estatuto, en una votación que mayoritariamente estuvo por aplicar la medida que se reprocha, y que se hizo del único modo que puede hacerse en el marco de la pandemia que afecta al mundo, esto es, en forma telemática o por video conferencia.

Efectivamente, la expulsión se hizo en conformidad con lo que dispone el artículo 43 de los referidos Estatutos, en particular en sus letras b) y c), del tenor siguiente:

“b) Faltar en forma grave a los deberes que imponga la ley y este estatuto vigente del Sindicato.”

“c) Por actos que a juicio de la asamblea constituyan faltas merecedoras de sanción.”

Como se aprecia, queda entregado al juicio de la Asamblea de Socios el determinar que los hechos imputados al socio expulsado constituyen faltas merecedoras de la sanción, cuestión que en este caso ocurrió, pues como se ha dicho, la Asamblea, que funcionó conforme a derecho, determinó lo anterior por amplia mayoría, aplicando la medida de expulsión, la que en cualquier caso no es permanente, pues conforme a los mismos Estatutos, puede reincorporarse pasado un determinado plazo.

El sindicato ha hecho uso de una herramienta que le entrega el referido Estatuto, iniciando el proceso señalado en el artículo 46 del mismo:

“Cuando la gravedad de la falta o las reincidencias en ella lo hiciere necesario, la asamblea, como medida extrema podrá expulsar al socio, a quien siempre se la dará la oportunidad de defenderse.

“La medida de expulsión sólo surtirá efecto si es aprobada por la mayoría absoluta de los socios del sindicato…”.

7°) Que, en atención a lo que se ha expuesto, es que la medida de expulsión se aplicó por el órgano competente del Sindicato recurrido, quien utilizó el mecanismo señalado en sus Estatutos, por hechos que a su juicio ameritaban la imposición de la sanción, en una votación en que hubo una alta participación y en la cual se impuso la medida, por amplia mayoría.

Ahora bien, la determinación de si los hechos imputados constituyen o no una falta grave no es una cuestión que competa revisar a esta Corte, pues este Tribunal se debe limitar en su análisis a revisar si la medida, prevista expresamente en los Estatutos, como sanción para conductas graves, que debe calificar el mismo Sindicato, ha sido el fruto de un procedimiento correctamente desarrollado y que se ha ajustado a derecho, así como a los propios Estatutos del Sindicato, lo que en este caso ocurre. No puede, este Tribunal, emitir un pronunciamiento sobre el mérito o el fondo de la imputación, esto es, si las acciones que se imputaron al recurrente constituyen o no falta grave, pues como se ha señalado, ello está entregado como una facultad privativa a la Asamblea de socios, la cual se pronunció afirmativamente.

8°) Que, de este modo, al no concurrir el requisito básico que permita el acogimiento de un recurso como el presente, es decir, un acto u omisión ilegal o arbitrario, éste no puede prosperar y debe ser desestimado, lo cual hace innecesario el análisis de las numerosas garantías que se dicen vulneradas.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre tramitación de recursos como el de la especie, se declara que se rechaza la acción de protección entablada por don nombre reservado en contra del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Aquiles Chile SpA y de sus dirigentes doña nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los autos.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Rol N°87.121-2020.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y el Ministro (s) señor Rafael Andrade Díaz.