nombre reservado con SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA ORIENTE-HOSPITAL DEL SALVADOR

C.A. de Santiago Santiago, doce de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 25 de junio de 2022, comparece nombre reservado, técnico operario en mantención de la Subdirección de Recursos Físicos del Hospital Sr. nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra del Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna y en contra del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, por el acto ilegal y arbitrario consistente en dictar la Resolución Exenta Nº 468 de fecha 28 de enero de 2022, por doña nombre reservado, Directora (S) del Hospital referido, que instruye la realización de un sumario administrativo, el que concluye con la aplicación de sanción disciplinaria de su destitución del servicio, mediante Resolución Exenta N° 1153 dictada por el Sr. Director del mismo Hospital, de fecha 6 de abril de 2022 y notificado con fecha 31 de mayo, el que se basó en la revisión de enseres tecnológicos personales, extraídos desde su casillero cerrado de trabajo, sin contar con la autorización debida para ello, sanción que fue confirmada por Resolución Exenta Nº 698 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, de fecha 20 de mayo de 2022, lo que sostiene le priva y/o perturba en forma ilegal y arbitraria, los derechos que garantiza en su artículo 19 Nº 4 y Nº 5, y que contempla el artículo 20, ambos de la Constitución Política de la República.

Expone que tiene la calidad de funcionario público titular, grado 16º, por más de 31 años de antigüedad en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, ingresando al Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, en el mes de enero del año 1991, como operador de calderas a presión, ascensorista y en la sección de servicios generales, siendo sus calificaciones que avalan su conducta con el servicio manteniendo lista 1, sobresaliente.

Señala que el 28 de enero de 2022 al regresar de feriado legal, le informaron que debido a remodelaciones en el Hospital fue necesario el traslado de los casilleros o Locker de los funcionarios, y que algunos se encontraban abiertos, sin candados y sin identificación.

Precisa que se encontraron en el interior de su casillero, cosas personales correspondientes a 101 CD-R y DVD R, 3 parlantes, 1 reproductor de DVD y un álbum de fotos, entre otros enseres.

Sostiene que se le informó el 28 de enero de 2022 a su jefa directa doña nombre reservado, jefa de proyecto y mantención de infraestructura del Hospital, de este hallazgo, arrogándose facultades que no le correspondían, y pidiéndole al funcionario Sr. nombre reservado, técnico eléctrico, que revise los CD, DVD-R, y álbum de foto, con la excusa de identificar a algún funcionario de tales pertinencias.

Añade que la revisión fue realizada, sin su autorización, infringiendo sus garantías constitucionales y sin ninguna orden judicial, se dio inicio a un sumario administrativo en su contra según da cuenta la Resolución Exenta Nº 468 de fecha 28 de enero de 2022, instruido por doña nombre reservado, Directora (S) del Hospital indicado, el que concluye con su destitución del servicio, medida que le fue notificada el 31 de mayo de 2022.

Precisa que el señor nombre reservado y doña nombre reservado, señalaron en el sumario que las imágenes que vieron en los CD y DVD consistían en una pareja de niños, mujer y hombre, de aproximadamente de 7 u 8 años, y de 11 a 12 años, respectivamente, siendo grabados por un adulto en la ducha, y que, según sus propias percepciones y declaraciones, se estaría realizando locaciones de carácter sexual, ordenadas por una voz masculina que aparentemente sería la mía. En un segundo video, indicaron ver a una mujer adulta haciendo tocaciones a un niño (enjabonar a un niño en la ducha), también señalan ver fotografías de la niña con una mujer, según a criterio y percepción de los ambos aludidos, de significación sexual o eróticas, sin prever que la mujer adulta y los niños que aparecen en los videos y en las fotografías, es su cónyuge, nombre reservado, y sus hijos, que al día de hoy son personas adultas, de 27 y 21 años.

Insiste que dicho material es de carácter familiar e íntimo, y no constituyen actos de significación sexual ni menos de adquisición o almacenamiento de material pornográfico infantil, todo lo contrario, es material y registro audiovisuales, privado, ninguna connotación de índole erótico ni pornográfico.

Alega la vulneración del principio de legalidad, como asimismo el derecho al debido proceso y especialmente, la garantía del respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y la garantía de inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.

Explicita que la resolución recurrida se cita como fuente legal, el “artículo 121 letra d) de la ley Nº 18.834”, por contravenir, a juicio de la fiscalía administrativa, el artículo 61 letra g) e i) de la ley 18.834 en relación con el artículo 62 Nº 4 de la ley 18.575, la infracción grave del principio de probidad administrativa, lo que en los hechos no se relaciona con sus obligaciones funcionarias dentro del servicio conforme a los cargos imputados (letra g e I del artículo 61 de la ley 18.834).

Explica que en el sumario se reconoce como hecho indubitado que las pertenencias halladas se encontraron en su casillero y que al momento de salir de vacaciones se encontraba cerrado con candado. Pero incluso más, aunque estos casilleros hubiesen estado abiertos, ninguna persona, ni autoridad alguna puede, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, atribuirse el derecho a registrarlo o revisarlo, lo que atenta contra el principio y garantía constitucional del artículo 19 Nº 4 de la Constitución Política del respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y de su familia, y también del artículo 19 Nº 5 del mismo texto constitucional.

Alega que más aún en el sumario, aunque se omite, pero se puede desprender que los hechos investigados, dicen directa relación con la comisión de un delito, específicamente, adquisición o almacenamiento material pornográfico infantil previsto y sancionado en el artículo 374 bis del Código Penal.

Aclara que la calificación de un hecho que reviste las características de delitos no es materia ni competencia del Hospital, sino que es materia y competencia de los Juzgados de Garantías y del Juzgado Oral en lo Penal, quienes determinan y sancionan si los hechos denunciados e investigados por el Ministerio Público son delitos.

Remarca que conforme a la jurisprudencia penal califica como ilícita aquel medio probatorio aportado por las partes o los funcionarios al proceso obtenidas con inobservancia de garantías constitucionales”

Hace presente, que se encuentra en la hipótesis del artículo 120 de la ley 18.834 que señala “…Si se le sancionare con la medida de destitución como consecuencia exclusiva de hechos que revisten caracteres de delito y en el proceso criminal hubiere sido absuelto o sobreseído definitivamente por no constituir delito los hechos denunciados, el funcionario deberá ser reincorporado a la institución en el cargo que desempeñaba a la fecha de la destitución o en otro de igual jerarquía…”, dado que si el sumario y la sanción dice relación con el hallazgo de tales CD y DVD en su casillero, donde se da inicio al sumario administrativo y, paralelamente, los mismos hechos, dan inicio a una investigación de carácter penal donde he adquirido la calidad de imputado por el presunto delito de adquisición o almacenamiento de material pornográfico infantil, sin haber hasta la fecha objeto de formalización.

Seguidamente sostiene que los hechos se encontrarían prescritos, por haber transcurrido el plazo de 5 años.

Solicita se ordene a las recurridas a dejar sin efecto la Resolución Exenta Nº 1153 de fecha 6 de abril de 2022 dictada por el Sr. Director del Hospital Luis Calvo Mackenna don nombre reservado, que aplica la medida disciplinaria de destitución al funcionario y recurrente; y se ordena dejar sin efecto la Resolución Exenta Nº 698 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente con fecha 20 de mayo de 2022, que confirma la medida disciplinaria al recurrente, y a consecuencia, se ordene dejar sin efecto, en todas sus partes, el sumario administrativo instruido por Resolución Exenta N.º 468 de fecha 28 de enero de 2022, dictada por la Sra. nombre reservado, directora (S) del Hospital, y que se ordene la reincorporación del actor a la institución del Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, al cargo que desempeñaba en la fecha en fue separado de la institución y se instruyó sumario (28 de enero de 2022), y se ordena a las recurridas a restituir y pagar al recurrente nombre reservado, el 50% de sus remuneraciones que le fue privado de percibir según constan resolución de la fiscalía administrativa, desde el día 28 de enero de 2022 hasta la fecha de su destitución, y asimismo, se ordene el pago íntegro de su remuneración desde la fecha de su destitución (31 de mayo de 2022) y hasta la fecha de su reincorporación efectiva al Servicio, con costas.

Que se acompañaron al recurso de protección los siguientes documentos:

1.- Copia resolución exenta N.º 468 de fecha 28 de enero de 2022 que instruye Sumario.

2.- Copia del Memo N.º 2 de fecha 28 de enero de 2022, de nombre reservado a nombre reservado.

3.- Resolución de Fiscalía Administrativa de fecha 28 de enero de 2022 que priva al recurrente del 50% de sus remuneraciones.

4.- Copia resolución de la fiscalía administrativa de fecha 17 de febrero de 2022 que formula cargo único al recurrente nombre reservado.

5.- Copia de Resolución Exenta N°1153 de fecha 06 de abril de 2022, del Director del Hospital Luis Calvo Mackenna que aplica la medida disciplinaria de DESTITUCIÓN.

6.- Copia de la resolución exenta N.º 1894 de fecha 27 de mayo de 2022 en la cual consta que el recurso de apelación jerárquico fue rechazado por el S.S.M.O., por resolución exenta N.º 698 de fecha 20 de mayo de 2022.

7.- Acta de notificación de fecha 31 de mayo de 2022, respecto de la resolución exenta N.º 1894 que rechaza el recurso de apelación subsidiario interpuesto ante el Servicio de Salud Metropolitano Oriente. (S.S.M.O)

8.- Liquidación de remuneraciones de nombre reservado del mes de diciembre 2021.

9.- Informe de primeras diligencias de la POLICIA DE INVESTIGACIONES de fecha 01 de febrero de 2022.

10.- Certificado de antecedentes de nombre reservado de fecha 9 de junio de 2022.

11.- Certificado de matrimonio de nombre reservado con doña nombre reservado.

12.- Certificado de nacimiento de nombre reservado.

13.- Certificado de nacimiento de nombre reservado.

Con fecha 29 de julio de 2022 se acompañaron a los autos los siguientes documentos:

A) Resolución Afecta Nº 7/2022, del Hospital Luis Calvo Mackenna, con toma de razón de la Contraloría General de la República de fecha 26 de julio de 2022.

B) Acta de Notificación de la Resolución Afecta Nº 7/2022, del Hospital Luis Calvo Mackenna, con toma de razón de la Contraloría General de la República SEGUNDO: Que compareció don nombre reservado, médico, director del Hospital Luis Calvo Mackenna, evacuando informe y solicitando que el presente recurso sea rechazado en todas sus partes.

Sostiene que resulta contradictorio que la actora accione ante un proceso administrativo que a la fecha no ha concluido, ya que el proceso administrativo sancionatorio de destitución de don nombre reservado, se encuentra en etapa administrativa de toma de razón de la Resolución Afecta N°7 /2022 por parte de la Contraloría General de la República. Que, a su vez, el actor interpuso reclamo administrativo de nulidad, el cual se encuentra en plena tramitación en la misma Contraloría, cuyo informe fue evacuado e ingresado mediante Ord N° 380 /2022 de ese servicio, dando respuesta a las mismas alegaciones, que se contienen en el presente recurso.

Afirma que el acto administrativo que genera el sumario administrativo es plenamente legal, toda vez que el Director del Establecimiento como Jefe del Servicio, posee la facultad que se encuentra señalada en el artículo 25 F de la Ley 19.937 y artículos 23 letras c) y f) del D.S. 38 /2005 del Ministerio de Salud, plenamente concordantes con lo señalado en el inciso segundo del artículo 31 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone: "a los jefes de servicio les corresponderá dirigir, organizar y administrar el correspondiente servicio; controlarlo y velar por el cumplimiento de sus objetivos; responder de su gestión y desempeñar las demás funciones que la ley les asigne.

Precisa que no es arbitrario, ya que la resolución que ordenó el sumario se dictó en mérito del hallazgo de material de contenido prohibido, desconociéndose en ese momento quien era el dueño de casillero, cuál era el propósito de dicho almacenamiento, las razones de por qué se encontraba guardado en las dependencias del Hospital Luis Calvo Mackenna.

Descarta la alegación de la recurrente, en el sentido que se le practicó un registro ilegal de su casillero y con ello se violentó su derecho a respetar su vida privada y a la honra de la personal y de su familia, inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.

Expone que el mismo reclamante lo reconoce en su presentación, los hechos que generaron el movimiento de casilleros, se debió a una remodelación del sector que usan habitualmente los funcionarios u operarios de aseo, proyecto que significaba una inversión en los sectores de RR.HH ( $43.512.841) y de la Unidad de Finanzas ($47.569.933), la cual no podía postergarse o dilatarse más allá de los plazos comprometidos, de manera que existía un interés público y compromisos de fondos públicos para el financiamiento del proyecto, descartando desde ya, una persecución personal para con el funcionario reclamante.

Manifiesta que, no hubo registro en el sentido de buscar dentro de las pertenencias específicas del funcionario nombre reservado, para encontrar algo que lo perjudicara. Lo que se hizo en estricto rigor fue remover los casilleros, para lo cual previamente se tuvo que vaciar y limpiar cada uno de los casilleros para luego trasladar los muebles a otras dependencias, para ello se levantó acta, que fue firmada por los funcionarios a cargo de la diligencia.

Aclara que el señor nombre reservado no hacía uso de un sólo casillero, como lo señala su presentación, sino que luego del sumario, se concluyó que hacía uso de tres casilleros en distintos sectores del Hospital Luis Calvo Mackenna, y no se encontraba en el espacio habilitado para todos los funcionarios que desempeñan su labor en la Unidad de Servicios Generales del Hospital Luis Calvo Mackenna.

Indica que el casillero que guardaba las especies de don nombre reservado, no tenía individualización del funcionario reclamante, ni candado ni medio de seguridad que impidiera su registro. Es por esta razón se abrió, registró para determinar la individualización del funcionario que hacía uso de ese casillero, luego se procedió a ver los videos.

Asevera que los CD encontrados contenían imágenes que atentan contra los derechos de los niños y esta situación pone en serio peligro a los usuarios que constituye la población infantil del área oriente, en consecuencia, se configura la falta a la probidad. Además, se llamó a Investigaciones de Chile, quien previo levantamiento de acta retiro los CD del Hospital y pasó los antecedentes al Ministerio Publico, quien abrió carpeta de investigación Causa RUC N° 2200126194-4, año 2022, Fiscalía Local de Ñuñoa.

Argumenta que se ajustó plenamente a derecho, el curso del sumario administrativo, manteniendo el reclamante las posibilidades de ejercer su derecho a defensa y presentar prueba, así por medio de su abogado nombrado al efecto, tuvo la posibilidad de responder los cargos, reponer y apelar de la resolución que adopta la medida de destitución, recursos que no fueron acogidos por el Director del Hospital Luis Calvo Mackenna, en primera instancia y Director del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, en segunda instancia. En este sentido se cumplió con el debido proceso y derecho a defensa.

Arguye que nunca se investigó, ni formuló cargos y sancionó por el delito de tenencia de material pornográfico infantil que sanciona el Código Penal, como afirma el reclamante, por cuanto esa materia y todas sus incidencias son de competencia en la investigación de la Fiscalía y en el juzgamiento de los Tribunales con competencia penal.

Explicita que el motivo de la destitución se encuentra plenamente justificado en mérito del sumario ordenado al efecto, ya que el actuar del Sr. nombre reservado, no se ajustó al que debe tener todo funcionario que trabaja en la administración pública y en particular en un hospital pediátrico de referencia nacional y de alta complejidad.

Adiciona que la nueva autoridad tuvo en consideración al momento de resolver que en su hoja de vida aparece sanción a don nombre reservado, impuesta por Resolución 2384/2015 por haber dañado intencionalmente las calderas del Hospital Luis Calvo Mackenna, hecho que perjudicó a los usuarios y funcionarios que no contaron con el servicio de agua caliente, siendo sancionado con censura mediante sumario administrativo ordenado por Resolución Exenta N° 858/2014 y que consta sumario administrativo ordenado por Resolución Exenta N°3297/2019, ante reclamo de doña nombre reservado familiar de una paciente Ayinray Díaz nombre reservado del Hospital Luis Calvo Mackenna, en cuanto denunció haber escuchado a un funcionario del Hospital (Sr. nombre reservado) de la Unidad de Servicio de Generales, pedirle a una TENS del Hospital, se le permitiera mudar a un niño o dejar ver cómo lo mudaban. La denuncia fue investigada por medio de un sumario que finalmente fue sobreseído, por Director de la época. Adjunto copia de la denuncia.

Concluye que las explicaciones y descargos realizado por don nombre reservado, por intermedio de su abogado en el último sumario, no fueron suficiente para que tres autoridades que conocieron y evaluaron los argumentos presentados por el Sr. nombre reservado, resolvieron que el actuar del recurrente constituye falta de probidad.

En consecuencia, no se ve derecho alguno amenazado, puesto en peligro o conculcado por un actuar arbitrario o ilegal de la autoridad, que sancionó al Sr. nombre reservado, con la medida disciplinaria de destitución.

Que el recurrido Hospital Luis Calvo Mackenna acompaño a estos autos los siguientes documentos: 1.- Copia del recurso de reclamación administrativo, interpuesto por don nombre reservado; ingresado a la Contraloría General de la República bajo N° R003352/2022 2.- Copia de Ord N°380/2022, que da respuesta por parte del Hospital Luis Calvo Mackenna.

3.- Copia de comprobante de envío y recepción de expediente sumarial seguido en contra de don nombre reservado ordenado por Resolución Exenta N° 468 /2022 en la Contraloría General de la Republica para trámite de toma de razón.

4.- Copia Resolución 2384/2015 del Hospital Luis Calvo Mackenna, que aplica medida de censura a don nombre reservado.

5.- Copia de reclamo de doña nombre reservado familiar de una paciente Ayinray Díaz nombre reservado del Hospital que dio lugar a sumario administrativo ordenado por Resolución Exenta N°3297/2019.

6.- Copia digitalizada de sumario administrativo ordenado Res Exenta N°468 de fecha 28/01/2022, en virtud del se sancionó a don nombre reservado por falta de probidad.

Con fecha 25 de julio de 2022, se acompañaron bajo apercibimiento legal, la siguiente documentación:

1.- Copia del oficio 5206 /2022 emanado de la Contraloría General de la Republica, que se pronuncia desestimando recurso de reclamación administrativo, interpuesto por don nombre reservado; ingresado a la Contraloría General de la República bajo N° R003352/2022, por medida de destitución aplicada por el Hospital Luis Calvo Mackenna.

2.- Copia digitalizada de sumario administrativo ordenado Res Exenta N°468 de fecha 28/01/2022, en virtud del se sancionó a don nombre reservado por falta de probidad.

TERCERO: Que compareció informando don Fernando Ortiz Alvarado, abogado, en representación del recurrido Servicio de Salud Metropolitano Oriente, solicitando que sea rechazado el recurso en todas sus partes, por los motivos que señala.

Sostiene que los hechos y las peticiones que se formulan en el presente recurso exceden las materias que deben ser conocidas en este tipo de acción constitucional, atendida su naturaleza cautelar, toda vez que ellos dan cuenta que, lo que se pretende por la recurrente, es constituir una nueva situación jurídica y no cautelar de un derecho preexistente e indiscutido de aquellos susceptibles de proteger por esta vía.

Alega la falta de oportunidad en la interposición del presente recurso, pues el recurrente señala que los videos fueron revisados el 28 de enero de 2022 y el presente recurso fue presentado en el mes de junio de 2022. Por lo que la extemporaneidad resulta evidente ya que los actos fueron conocidos con mucha antelación a la presentación del presente recurso y la justificación que realiza el recurso a esos actos en una fecha posterior.

Detalla que los cargos en el sumario se le notificaron con fecha 17 de febrero de 2022, presentando sus descargos con fecha 2 de marzo de 2022 con patrocinio de abogado. Se recibió el sumario a prueba con fecha 11 de marzo 2022, notificándosele a su apoderado, quien contestó los cargos y se certificó que no solicitó pruebas durante ese probatorio con fecha 25 de marzo de 2022. El informe fiscal del 28 de marzo de 2022 propuso la destitución, fue aprobado por el abogado del Hospital el 29 de marzo de 2022, dictándose la primera resolución exenta de destitución con fecha 06 de abril de 2022, resolución que fue motivo de reposición con apelación subsidiaria el 20 de abril por parte del apoderado del recurrente. Mediante Resolución Exenta N°1434 el Director del Hospital negó lugar a la reposición elevando la apelación para ante el Director del Servicio de Salud Metropolitano Oriente quien denegó la apelación subsidiaria mediante Resolución Exenta N°698 de 20 de mayo de 2022.

Sustenta que el presente recurso no es la vía idónea para conceder lo pedido por el recurrente, al corresponder sean vistos y resueltos en juicio de lato conocimiento de nulidad de derecho público y no en este recurso de protección destinado a dar respuestas rápidas para restablecer el imperio del derecho de situaciones meridianamente claras a un derecho indubitado firme y acreditado, lo que no ocurre en la especie. Así el derecho a la función pública que eventualmente sería materia de destitución por sumario aún se encuentra pendiente en el trámite de toma de razón, no obstante, la Contraloría General de la República ha desestimado un reclamo formulado por el recurrente ante ese órgano contralor por motivos idénticos al del presente recurso.

Agrega que el proceso administrativo sancionatorio no ha concluido y se encuentra en la etapa administrativa de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, de la Resolución Afecta N°7 /2022 dictada por el Hospital Luis Calvo Mackenna por lo que el proceso sumarial que se impugna aún no se encuentra a firme, por lo cual la destitución aún no produce sus efectos en caso de agotarse la vía administrativa y judicial.

Precisa que los derechos alegados han sido rechazados en sede administrativa por la Contraloría General de la Republica la que se pronuncio acerca de la legalidad y ausencia de arbitrariedad en dicha sede. En efecto, el recurrente sostiene que sus pertenencias fueron revisadas de manera ilegal y que las fotos y videos, que fueron encontrados por funcionarios del hospital es material de carácter familiar e íntimo, de modo que se habría vulnerado su derecho a la privacidad e intimidad. Dicha revisión se efectuó en dependencias del Hospital Luis Calvo Mackenna que es un organismo público, donde se desempeña el recurrente, no se trata entonces de una situación que se encuentre comprendida en la esfera de la vida privada del recurrente funcionario público, como lo afirma en el recurso, estimándose por esta parte, que no se reúnen en la especie los requisitos para configurar una infracción a tal garantía constitucional de vida privada y de la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, puntualizando que el casillero ubicado en las dependencias del Hospital Luis Calvo Mackenna organismo público de salud, no puede ser catalogado como parte del hogar del inculpado, no siendo efectivo tampoco que se produjera una violación a una comunicación privada, puesto que, en este caso, solo se accedió a material audiovisual, que fue colocado voluntariamente por el propio recurrente, en un bien de propiedad estatal.

Afirma que se demostró que el recurrente de acuerdo al mérito del proceso sumarial infringió el principio de probidad, cuando en el ejercicio de las funciones públicas el funcionario utiliza personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales, ello ocurre cuando dispone del casillero institucional, al que tuvo acceso en razón de sus funciones, no destinándolo a ningún fin público como se acredita de sus declaraciones y del mérito del sumario seguido en su contra donde se logra acreditar el cargo formulado y que dice relación con utilizar bienes institucionales para fines ajenos al servicio y no llevar una vida social acorde a la dignidad del cargo, al disponer de un casillero del establecimiento en el cual cumplía sus funciones, para el resguardo de más de cien videos personales, cuyo contenido no es materia de evaluación en ese sumario sino del Ministerio Público ya que el cargo imputado no dice relación con la comisión de un delito, sino a la infracción de sus deberes funcionarios.

Sostiene que la evaluación de su actuar se encuentra pendiente en el órgano contralor por una parte, para el total agotamiento de todos los actos administrativos dictados dentro de dicho procedimientos reglado entre ellos el de rechazo de la apelación subsidiaria que intentara el recurrente respecto a la destitución decretada por el jefe superior del Hospital.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por una parte, de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que dicho aquello, en cuanto a los requisitos de fondo de la acción de protección constitucional y sin perjuicio de lo que se dirá al respecto, es necesario establecer, atendida la alegación de extemporaneidad formulada por el recurrido Servicio de Salud Metropolitano Oriente, que la acción de protección ha sido interpuesta ente esta Corte con fecha 25 de junio de 2022 respecto a la aplicación de sanción disciplinaria de su destitución del servicio, ordenada mediante Resolución Exenta N° 1153 dictada por el Sr. Director del Hospital Luis Calvo Mackenna , de fecha 6 de abril de 2022 y que le fue notificada al recurrente con fecha 31 de mayo de 2022, por lo que se ha interpuesto dentro del plazo de 30 días corridos que establece el Auto Acordado de la corte Suprema sobre el recurso de protección de garantías constitucionales, por lo que no resulta extemporáneo.

SEXTO: Que en relación a la cuestión de fondo que plantea el recurrente mediante su acción constitucional, cabe establecer que lo que se pretende es dejar sin efecto un sumario administrativo legalmente tramitado y afinado que estableció la sanción de la destitución o cese de funciones de recurrente, por haber incurrido en las conductas que en el mismo se establecieron, en el que tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa e interpuso todos los recursos administrativos de revisión que establece la Ley N° 18.834 sobre el estatuto administrativo, según da cuenta la extensa documentación acompañada a estos autos y finalmente correspondió a la Contraloría General de la Republica la toma de razón de los actos administrativos respectivos, impugnados en esta sede, por los que de conformidad a lo establecido en el articulo 11 de la Resolución N° 6 de la Contraloría General de la República, de 2019, los actos impugnados se encuentran amparados en el principio y presunción de legalidad, por los que medida sancionatoria de destitución ordenada mediante la Resolución Exenta Nº 698 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, de fecha 20 de mayo de 2022, se encuentra ajustada a derecho.

SÉPTIMO: Que en consecuencia, se puede razonablemente concluir que en el caso de autos, los recurridos Hospital Luis Calvo Mackenna y Servicio de Salud Metropolitano Oriente, no han incurrido en los actos arbitrarios e ilegales que denuncia el recurrente, motivo por el cual no se han transgredido ni perturbado los derechos constitucionales del artículo 19 números 4° y 5°, que manifiesta habrán sido conculcados.

Y teniendo además presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra del Hospital Luis Calvo Mackenna y Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

Se previene que la Ministra señora Sabaj estuvo por rechazar el presente arbitrio teniendo además presente que:

1° Claramente de acuerdo a la naturaleza de la acción deducida se evidencia que el acto respecto del cual se recurre, no reviste la calidad de terminal, que dé por concluido el procedimiento sancionatorio en contra del actor, razón suficiente para desestimar el presente arbitrio.

En efecto, es dable señalar que corresponde a la Contraloría General de la República, en uso de sus facultades, determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos, ordenando a los servicios la instrucción de procedimientos disciplinarios o incoándolos por sí misma.

Es así como se ha constatado que la resolución que se impugna a través de este arbitrio constitucional forma parte del procedimiento disciplinario instruido por la recurrida, sin embargo, la misma no constituye un acto terminal de dicho sumario administrativo, sino sólo una actuación dentro de un proceso que fue afinado con posterioridad, toda vez que dicha actuación fue tomada de razón por la Contraloría General de la República con fecha 24 de julio de 2022, encontrándose por tanto sometido bajo el imperio del derecho, no advirtiéndose por parte de la entidad fiscalizadora reproche alguno a su respecto.

De esta forma, la resolución impugnada al constituir un acto intermedio o trámite en el respectivo proceso disciplinario carece de la aptitud necesaria para vulnerar el ejercicio de cualquier derecho constitucional.

2° En efecto, se ha verificado que se han cumplido los trámites preceptuados en la Ley N° 18.834, habiendo utilizado el recurrente todas y cada una de las instancias de defensa dentro del procedimiento sumarial.

3° No obstante lo anterior, se debe tener presente que el recurso de protección no es la vía para solucionar conflictos sometidos a normas y procedimientos establecidos al conocimiento de organismos competentes que actúan dentro de sus atribuciones legales y bajo el imperio del derecho, por lo que esta acción cautelar no puede tener por objeto pronunciarse sobre la eventual responsabilidad administrativa del actor, menos aún si la resolución impugnada constituye una actuación dentro de un procedimiento que, como se ha indicado, concluyó mediante la posterior toma de razón de parte de la Contraloría General de la República.

4° Que, por otro lado, el recurrente en todo momento tuvo la oportunidad de hacer valer sus alegaciones, presentar pruebas y fundamentar alegaciones.

5° Que, además, aparece de manifiesto que las resoluciones se encuentran debidamente fundadas por cuanto se refiere a los hechos y al derecho por lo que no es posible alegar su falta de fundamentación.

6° Que por lo demás, se ha verificado que la recurrida al dictar la resolución impugnada, lo ha hecho en uso de sus atribuciones conferidas en la ley. Asimismo, dicha actuación no puede ser calificada como arbitraria, puesto que la resolución que se impugna no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que constituye el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada, la normativa vigente y el ejercicio de las atribuciones de la autoridad recurrida.

7° En el contexto descrito, el contenido del recurso evidencia que el ámbito bajo el cual se pretende la actuación de este Tribunal, excede los márgenes de la acción cautelar que describe el artículo 20 de la Carta Fundamental, que comprende sólo situaciones inequívocas de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo, y que no se encuentran bajo el imperio del derecho, cuestión que no acontece en la especie, donde los antecedentes evidencian que existió un sumario ajustado a los hechos y al derecho.

8° Sin perjuicio de lo anterior, sólo a mayor abundamiento, cabe consignar -en relación a las garantías que se citan como vulneradas, que la del numeral 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, sólo resulta protegida por la acción constitucional que consagra el artículo 20 del referido cuerpo fundamental, en su inciso cuarto, si bien invocado, no se configura, toda vez que conforme antes se expuso la autoridad que dictó la resolución recurrida era aquélla contemplada por la normativa pertinente.

En cuanto a la del numeral segundo de la misma norma, ésta requiere que ante casos similares o idénticos la interpretación de la norma no sea hecha de manera uniforme, lo que no se desprende de los antecedentes agregados a la causa.

9° En efecto, es del caso enfatizar la naturaleza esencialmente cautelar de la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental y, particularmente, en la circunstancia que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Expresado, en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones o reconocimiento de derechos.

10° Así las cosas, aparece que el asunto propuesto a través de esta acción constitucional rebasa sus límites y propósitos para cuyos fines este procedimiento tutelar no resulta idóneo, lo que deja de manifiesto que no existe un derecho indubitado a su respecto, toda vez que para acceder a lo solicitado justamente se requiere un pronunciamiento en tal sentido.

11° Que lo cierto es entonces que el recurrente pretende que esta Corte declare la existencia de un derecho, lo que no es posible por este medio, ya que no encontrándose indubitados los derechos y obligaciones del recurrente, es parecer de esta Corte que éstos deben ser discutidos en el procedimiento que corresponda, por lo que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito -como ya se ha dicho- es que la Corte tome medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

12° Que, en conformidad a lo antes referido, al no haberse recurrido respecto de un acto terminal, aunado a que la recurrida actuó en el ejercicio de sus facultades, de conformidad a la normativa legal vigente y no haberse acreditado la existencia de un derecho indubitado, no se configura a su respecto, un acto u omisión ilegal y arbitraria, por lo que corresponde rechazar el recurso.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción Abogado Integrante Oscar Torres Zagal.

N° Protección 87.100-2022.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, doce de abril de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.