MARFRIG CHILE S.A. con LEGALES SPA

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de enero de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que recurre de protección David Saldías Candía, abogado, en representación de Marfrig Chile S.A en contra de Servicios Integrados de Información S.A., y en contra de Legales SpA en razón del acto ilegal y arbitrario consistente en la publicación de la supuesta morosidad, vulnerando las garantías constitucionales contempladas en el artículo N°19 4 y 21 de la Constitución Política de la Republica.

Refiere en torno a los hechos, que la factura N°3073 por $3.546.200, objeto de la publicación morosa, se generó el día 12 de julio de 2019 por la sociedad Grúas Tecnosic SpA. Indica que su parte pagó un anticipo de $2.713.200 restando únicamente por pagar un saldo de $833.000.

En cuanto a la cesión y pago del saldo de la factura, expone que el 22 de agosto de 2019 es notificado por Tesorería General de la República del embargo a la empresa que emitió la factura Grúas Tecnosic. Con fecha 26 de agosto de 2019 su parte pagó a Tesorería la suma adeudada que se encontraba embargada.

El mismo día 22 de agosto más tarde, fue notificado de la cesión de la factura de la empresa Tecnosic a la recurrida Legales Spa, por correo electrónico al que se adjuntó una anotación en el Registro Público Electrónico de las Transferencias de Crédito, en que consta que la referida cesión fue practicada el día 22 de agosto a las 17:02:19.

Señala que el acto es ilegal, porque los artículos 4 y 17 de la Ley N°19.628 denominada “Ley Dicom”, que modificó la ley N°19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, señala taxativamente las obligaciones de carácter económico, financiero, bancario que pueden publicarse y no se encuentra la factura impaga, por su parte el artículo 4 dispone que: “El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello”.

Por lo tanto, al no encontrarse la factura dentro de las calidades enumeradas en el artículo 17 de la ley, para que procediera la comunicación y posterior inclusión de ésta en la base de datos de Dicom era necesario que en ella constara el asentimiento expreso del deudor lo que no ocurrió.

Solicita se les ordene a las recurridas que retiren la publicación realizada y se abstengan de continuar publicando la factura Nº3073 emitida por Grúas Tecnosic Spa en éste o en cualquier otro registro, con costas, y en definitiva, reestablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, evacúa informe Matías Correa Cruz, abogado, en representación de Legales SpA señala que la factura se encuentra válidamente emitida y cedida, se le notificó a la recurrente de la anotación de la cesión en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos que lleva el Servicio de Impuestos Internos, por lo tanto al día siguiente hábil pudo oponerse u objetar el crédito de la factura, señalando precisamente el embargo, lo que no ocurrió, por lo tanto la cesión se encuentra perfeccionada.

En cuanto a la aplicación de la Ley N°19.628, señala que no resultan aplicables a la sociedad recurrente atendida su calidad de persona jurídica, por cuanto además la Corte Suprema ha señalado en reiterada jurisprudencia que los datos personales a los que se refiere la ley dicen relación con otros aspectos y solo con personas naturales.

Tercero: Que en el informe, Hans Hanckes Estefan, en su calidad de gerente general de Servicios Integrados de Información S.A. (SIISA) señala que el recurso debe ser rechazado porque su representada accedió al requerimiento de publicación por los antecedentes que tuvo a la vista y el acrediticio del Servicio de Impuestos Internos sobre los eventos asociados a la factura, documento este último el cual permitía establecer dos hechos indubitados: Uno, que la factura Nº 3073 no había sido rechazada dentro del plazo lo cual se traduce a que se tiene y debe tenerse la factura por aceptada, y el otro, que la factura fue efectivamente cedida con fecha 22 de agosto de 2019.

Cuarto: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que el recurso debe ser necesariamente rechazado pues no se advierte ningún acto ilegal o arbitrario por parte de las recurridas. Por de pronto, Informes Legales S.A. no ha hecho otra cosa más que ordenar la publicación de una morosidad que mantiene a su respecto la recurrente. Pero sea como fuere, la Ley 19.628, que es aquella normativa que el recurrente dice haberse infringido por las recurridas, no se aplica a las personas jurídicas, como queda claro de la lectura de la letra f) de su artículo 2º, de la historia fidedigna de su establecimiento y de lo que se ha dicho reiteradamente por los tribunales de justicia a este respecto. Del mismo modo, nunca ha podido afectarse el derecho a la honra, garantizado en el Nº 4º del artículo 19 de la Carta Fundamental, pues las personas jurídicas no son titulares del mismo;

Sexto: Que en cuanto a Servicios Integrados de Información S.A., sólo se ha limitado a publicar datos que le han sido proporcionados por Informes Legales S.A., en cumplimiento de su giro comercial;

Séptimo: Que, finalmente, acontece también que, ante tanta discrepancia en las circunstancias fácticas que rodean la cesión y el pago de la factura que origina el crédito que se publica, las que no es posible entrar a dilucidar por esta vía, no es dable soslayar que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso.

Luego de lo dicho, acontece, entonces, que los derechos que la actora solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse a través del presente arbitrio, ni del modo que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, el legislador ha dispuesto expresamente procedimientos legales de lato conocimiento destinados a esclarecerlos, tales como aquellos que prevé la Ley 19.833, los que no pueden ser sustituidos por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización;

Octavo: Que en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente recurso.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida el 12 de septiembre de este año, sin costas por haber tenido el recurrente motivos plausibles para litigar.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-87067-2019.